¿En qué nos afecta la elección del próximo/a Fiscal General?

Juan Pablo Muñoz /Ceppas

El 16 de mayo del año en curso vence el periodo para el cual fue nombrada Thelma Esperanza Aldana como Fiscal General y Jefa del Ministerio Público de Guatemala. Por lo menos 15 días antes, una Comisión de Postulación debe presentar a Jimmy Morales una nómina que contenga 6 candidatos, para que entre estos el presidente decida quién será el próximo responsable de dirigir la política de persecución penal del país.

La Comisión de Postulación que se encargará de conformar la lista de aspirantes a ser electos por el Presidente tendrá 15 miembros y será presidida por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia; además, participarán los 12 decanos de las facultades de Derecho de las universidades del país y los presidentes de la Junta Directiva y del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados.

Dicha comisión será convocada por su presidente y deberá elaborar los perfiles e instrumentos de evaluación para que los profesionales del Derecho del país puedan postularse, recibirá los expedientes, los evaluará, los ponderará y elaborará el listado final que enviará al Ejecutivo. Para ello, tiene por lo menos 4 meses previo al vencimiento del periodo vigente de la actual Fiscal General, por lo que tiene para empezar a trabajar a más tardar el 17 de enero próximo.
La figura del Fiscal General en Guatemala

Desde la Constitución de 1945, Guatemala cuenta con la figura del Ministerio Público y del Fiscal General de la República (MP). Sin embargo, hasta 1994 su papel fue totalmente anodino, debido principalmente a que el proceso penal guatemalteco era inquisitivo. Esto quiere decir que el juez ejercía funciones de investigación y que la mayor parte de acciones se realizaban en forma escrita y secreta, es decir, mediante memoriales que se dirigían al juzgador. Ante ello, la fiscalía no hacía más que realizar escritos y plantear sus posiciones respecto de determinados temas que le eran requeridos o porque así lo mandaba la ley.

Sin embargo, en 1992 se promulgó un nuevo Código Procesal Penal, el cual entró en vigencia en 1994. Según este manual de procedimientos, frente a la comisión de un delito el juez debe ser un espectador imparcial entre dos partes que deben convencerlo respecto de la culpabilidad o no de una persona; dichas partes son: quien acusa y quien defiende. Dicha situación excluye que el juzgador tenga algún tipo de injerencia en la investigación criminal, para no prejuiciarse.

Por lo anterior, surgió la necesidad de una institución especializada en persecución penal, la cual consta de dos fases: dirigir la investigación criminal y acusar a quien considerara responsable de un delito. Estas funciones le fueron asignadas al MP, por lo que se le separó de la Procuraduría General de la Nación y se le otorgó institucionalidad y patrimonio propios.

A pesar de ello, el MP siguió siendo por casi 15 años una institución inútil para los propósitos de la consecución de la justicia. Además de que era muy poco profesional estaba terriblemente cooptada por el crimen organizado, al punto de que los fiscales generales intencionalmente desaparecían pruebas en los casos que le convenían a las mafias que los patrocinaban. Los fiscales distritales y de sección trabajaban directamente para grupos paralelos y amenazaban a denunciantes y víctimas de delitos y protegían a los imputados. Hacia el periodo del Fiscal Juan Luis Florido, los niveles alarmantes de impunidad en el país llegaron al 98% (delitos patrimoniales, delitos contra la vida, violencia sexual, etc.), siendo incluso totales en casos de violaciones a Derechos Humanos y delitos de cuello blanco.

Una serie de casos de alto impacto, vinieron a demostrar cómo la criminalidad controlaba a la fiscalía. Casos como el asesinato de Monseñor Gerardi, en 1998, o el asesinato de los diputados al PARLACEN, casi 10 años después, evidenciaron que el MP no solamente no estaba preparado técnicamente para realizar su labor sino que estaba políticamente intervenido para ser infuncional.

Cuando en 2007 entró la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, dicho proceso empezó parcial y lentamente a cambiar: la CICIG con un MP vendido a la delincuencia no puede trabajar. El declive de fiscales mafiosos como De León Argueta, Juan Luis Florido y Conrado Reyes empezó. Una serie de fiscales de carrera comenzó a destacar (como el Fiscal Amílcar Velásquez Zárate). Finalmente, en 2010, entró al puesto la Dra. Claudia Paz, proveniente de círculos académicos y de activismo de Derechos Humanos, quien se centró en la reestructuración institucional y en la modernización de las técnicas y métodos de trabajo.

A este periodo puede llamarsele de dignificación profesional. Muchos fiscales jóvenes empezaron a tomar consciencia de la importancia de su trabajo. Se resolvieron más casos, se desarticularon bandas completas y la confianza de la población en la administrativamente justicia levemente aumentó. Sin embargo, por evidentes razones, la institución se volvió blanco de cada vez más ataques. La propia Fiscal Paz no pudo concluir su periodo, debido a que la oligarquía guatemalteca y los grupos militares que controlan grandes ramales de la criminalidad organizada la vetaron luego de que ganara el caso más importante en la historia del país: el Genocidio contra el Pueblo Ixil.

Durante las elecciones de Fiscal General de 2014, los cuerpos paralelos enquistados dentro del Estado colocaron a la actual Fiscal General Thelma Aldana con la esperanza de que revirtiera todos los casos que involucraban a ex militares y volviera a hacer del MP una entidad inoperante frente al narco y otras expresiones de delincuentes. Sin embargo, en un razonamiento extremadamente hábil, la Fiscal General se desmarcó de la camarilla de Otto Pérez Molina y se alió con el comisionado Iván Velásquez, generándose todos los avances que desde 2015 hemos visto en materia de lucha contra la corrupción y la impunidad.

Es importante terminar este primer artículo de una serie de reflexiones respecto de las elecciones a Fiscal General, indicando que aunque en algunas materias han habido avances, los cuales son importantes pero extremadamente frágiles, en la lógica institucional se ha mantenido también un fuerte componente de criminalización a la pobreza y a defensores y defensoras del territorio. De allí que líderes y liderezas comunitarias puedan ver en el MP más que a un aliado a un enemigo que se plega o que es inerme ante los intereses de las industrias de la muerte, también conocidas como industrias extractivas.
¿Qué es la política criminal del Estado y qué hace un Fiscal General?

Para entender qué hace un Fiscal General, debe conocerse primero qué es la política criminal de un Estado. En términos simples, es el conjunto de directrices y acciones que en teoría y en la práctica, en la formalidad y en la informalidad, a luz pública y en la clandestinidad, adopta un Estado para administrar el poder punitivo, esto es la capacidad de usar la fuerza en contra de las personas que cometen acciones que en una época y lugar determinados se consideran prohibidas.

A nivel formal, los límites de la política criminal del Estado recaen en los convenios y tratados internacionales de Derechos Humanos firmados por Guatemala y en la Constitución Política de la República. A esta dupla se le denomina bloque de constitucionalidad y contiene los parámetros que toda sociedad que aspira a la democracia debe contemplar para castigar los delitos, en un marco de respeto a la persona humana, tanto del victimario como de la víctima.

Corresponde al Congreso de la República definir qué conductas exactamente están prohibidas y cuáles serán las sanciones correspondientes en caso de que efectúen. Claramente, la definición de cuántas y cuáles conductas se prohibirán obedece a intereses políticos puesto que los congresistas provienen de partidos políticos que además de obedecer a sus financistas, tienden a congraciarse con su caudal electoral. Actualmente, en el país hay aproximadamente 330 delitos y unas 60 faltas que pueden ser perseguidas penalmente.

Una vez definidas las conductas prohibidas, el Estado crea los mecanismos para prevenir o reaccionar frente al quebrantamiento de las normas penales. Principalmente, esta actividad le corresponde al Ejecutivo, quien dispone, por ejemplo, de las fuerzas de seguridad para determinar cuántos agentes tendrá a su disposición, qué tan preparados estarán y a qué fenómenos responderán. Evidentemente, esta decisión es puramente política porque un gobierno comprometido con el narcotráfico no perseguirá el trasiego de drogas (o lo hará parcialmente) y uno que permita y promueva la corrupción no pondrá controles efectivos a las aduanas.

El agente de policía, en particular, es muy importante, porque aunque tenga una orientación político criminal oficial, basada en la Constitución y en las leyes, en la práctica puede estar orientado al cumplimiento de órdenes extraoficiales, como tantas se ha visto dentro de la Policía, que posee escuadrones de la muerte avalados por las autoridades superiores. Además, puede dejarse llevar por sus propios prejuicios, por lo que se sentirá más tentado a detener a personas pobres, homosexuales o indígenas que a hombres rubios y en autos de lujo.

En todo caso, una vez que se ha cometido un delito, la noticia puede ingresar al sistema de justicia penal para que subsiga una respuesta, la cual puede ser de eficacia o de impunidad. Aquí entra a funcionar el Ministerio Público, como responsable de la política de persecución penal, cuya conducción le corresponde al Fiscal General.

La política de persecución penal no es otra cosa que el conjunto de disposiciones políticas, técnicas y administrativas que determinarán cómo la institución actuará frente a la comisión de los delitos que llegan a su conocimiento, para darles una respuesta. Su formulación debe tomar en cuenta tres elementos: tipos de delitos que se conocen (análisis de fenómenos y redes criminales), tipos de respuestas que se pretenden dar (métodos de trabajo y análisis legal) y cantidad y calidad de recursos con que se cuenta (personales, materiales y financieros).

Como se dijo, en el país son prohibidas unas 390 conductas (delitos y faltas). Del total de los hechos delictivos que se cometen, probablemente sólo 20% llegue a conocimiento del Ministerio Público; al restante 80% se denomina cifra negra.

La institución debe dar respuesta a todos los delitos que conoce (que ronda los 400,000 nuevos casos anuales, más los que se arrastra de años anteriores). Sin embargo, atender efectivamente al 100% es imposible no solamente en el país sino en todo el mundo. Por ello, es indispensable que se prioricen los casos más graves y urgentes, asignándoles más recursos institucionales, para que los demás sean atendidos conforme a las posibilidades y necesidades materiales del país. Esta organización del tipo de respuestas que se quieren dar es la principal labor del jefe/jefa del Ministerio Público.

– El Congreso crea, modifica o elimina los delitos que puede perseguir y prestablece el tipo de respuestas que puede ofrecer a la población. – El Presidente, además de nombrar al Fiscal General, es quien asigna presupuesto y controla a los agentes de policía que auxilian en tareas de investigación, detención y resguardo de posibles implicados en delitos. – El Organismo Judicial le da la razón, validando o no sus peticiones y argumentos a través de resoluciones y sentencias.

Es por lo anterior que es fundamental que sea un ente independiente, técnicamente preparado y éticamente apto para ejercer el poder que la Constitución y las leyes le asignan. De lo contrario, se convierte en un mero instrumento de los gobernantes de turno para cuidar a sus amigos y financistas y atacar a su competencia, como ocurrió durante sus primeros 25 años de existencia (1994-2009).

La política criminal del Ministerio Público

Cientos de miles de casos ingresan anualmente como noticias o denuncias al Ministerio Público. Algunos son muy graves (como un asesinato o una violación) y otros no tanto (como el robo de una billetera en una cola del Transmetro o una amenazada devenida de una riña entre dos vecinos). Sin embargo, graves o no, la obligación de la institución es darle una respuesta a todos y cada uno de ellos, por lo que necesita organizar idóneamente sus limitados recursos para lograrlo.

Esta posibilidad y necesidad de organización para dar respuesta a todos los casos que se le plantean constituye el centro de la política criminal de la fiscalía. Un Fiscal General debe conocer qué recursos materiales y humanos posee y la cantidad y calidad de delitos que se cometen para decidir:

– ¿En cuáles fenómenos criminales va a concentrar más recursos o personal más especializado debido a la mayor capacidad de daño que generan a la población en general? (Narcotráfico, Corrupción, Extorsión, Violencia Sexual, etc.). – ¿Qué delitos no tan graves pueden ser analizados globalmente para darles una respuesta satisfactoria genérica? (Robo de celulares en una avenida del país, asalto a buses urbanos en una zona determinada, daños a la propiedad en un sector específico, etc.).

Además de ello, con base en las leyes que lo rigen, debe instruir a su personal sobre qué delitos debe investigar para buscar una sentencia condenatoria y qué delitos en cambio puede tratar de resolver en forma rápida, si es posible por mecanismos simplificadores e incluso por la vía de la conciliación. En todo caso, en este mismo sentido, debe decidir también qué delitos son tan difíciles de probar que intentar hacerlo es una pérdida de tiempo por lo que es mejor pedir la clausura provisional e incluso su cierre definitivo o archivo.

Diferentes Fiscales Generales, diferentes políticas criminales

Lo anterior es válido para cualquier Fiscal General. Como ya se mencionó dos veces en este artículo, los recursos son pocos y los casos a resolver son muchos. Un aspirante a fiscal que ofrezca resolverlo todo no hace más que pura propaganda política y en el supuesto caso de que un buen intencionado lo intentara, no haría más que hacer colapsar a la institución porque entonces no resolvería ni delitos graves ni menos graves.

Esta situación puede observarse en el tiempo cercano. Así, por ejemplo, discursivamente, antes de 2010 los fiscales generales se mofaban de que resolverían todos los delitos, pero en la práctica eran administraciones muy inútiles. A lo sumo, los fiscales de Juan Luis Florido para atrás lograban resolver 2 de cada 100 casos. A ello debe sumársele que muchos de esos casos frustrados fracasaban intencionalmente, porque los jefes del MP y sus allegados exprofesamente escondían pruebas o robaban expedientes para estancarlos, a cambio de coimas o por órdenes del crimen organizado.

Con la llegada de la Dra. Claudia Paz y Paz a esta institución, la situación cambió. Uno de sus primeros actos de política criminal fue determinar que 80% de sus recursos se centrarían en el asesinato, violación sexual, extorsión, secuestro y otros, en tanto que para el restante cúmulo de delitos dedicaría el 20% de recursos, pero maximizando el método de trabajo para abordarlos.

Para efectos prácticos, esta maximización de métodos de trabajo consistió en una reingeniería del modelo de gestión, es decir la línea que va desde la recepción de una denuncia hasta alcanzar una salida positiva. A las personas con mejor empatía se les debía asignar a tareas de trato con las personas para buscar salidas alternativas, a los más sagaces se les enviaría a investigar y a los más elocuentes al litigio.

Gracias a las anteriores decisiones político criminales, el Ministerio Público por primera vez aumentó su capacidad de respuesta, llegando en promedio a 78%. Además, resolvió casos de alto impacto que elevaron la moral de los fiscales porque sintieron por primera vez que podían ser útiles para la sociedad.

Con la transición de fiscalía en 2014, Thelma Aldana sostuvo el mismo esquema de trabajo, aunque no lo profundizó. Sin embargo, tomó la decisión de enfocarse en los casos de criminalidad de cuello blanco o delitos político-económicos, campo en el que ha obtenido muy buenos resultados en términos de investigación penal. El análisis de su eficacia en otras materias es un estudio que se está pendiente de realizar.

¿Por qué nos afecta entonces la elección de un nuevo fiscal?

De lo anteriormente dicho se extrae que la próxima persona que dirija el MP podrá decidir si prefiere dedicarse a investigar a 1,000 ladrones de celulares y carteras en las pasarelas del país o si continúa con la línea de investigar al narcotráfico y a los grandes saqueadores del erario. Puede también decidir si los procesos por violaciones graves a los Derechos Humanos serán engavetadas maliciosamente y en cambio se redoblarán esfuerzos por perseguir a mujeres y hombres que defienden los recursos tierra y agua dentro de las comunidades. Puede decidir también si prefiere llegar hasta las últimas consecuencias contra una persona que compra una ínfima cantidad de marihuana para el consumo o si les aplica criterio de oportunidad y se dirige mejor contra los capos que pasan kilos de cocaína de oriente a occidente del país.

Aunque la criminalización de los defensores del territorio nunca ha disminuido, bajo el perfil de un fiscal general que trabaja o aspira trabajar para las hidroeléctricas o mineras puede ascender exponencialmente en cantidad y brutalidad. El mismo riesgo corren los juicios de justicia transicional porque un abogado egresado de un instituto militar por complicidad gremial cerrará los importantes casos de delitos de lesa humanidad que actualmente avanzan en sus investigaciones e incluso invocará argumentos tales como la ley de amnistía. Ya no se diga lo que pasaría si un fiscal general fuera empleado o parte directa de los ex partidos políticos Lider y Partido Patriota, pues seguramente corrompería la prueba que la CICIG planea e intencionalmente perdería todos los casos por corrupción que se siguen.

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