Gestión del riesgo e inclusividad

Crelyn Yeritza García

Guatemala se encuentra ubicada dentro del llamado Cinturón de Fuego; rodeado por el oceano Pacífico y Atlántico. Ocupa el cuarto lugar a nivel mundial según el indice mundial del riesgo del año 2016, debido a su posición geográfica y caracteristicas geológicas, además de la situación socioeconómica de su poblacion.

En los últimos días del primer mes del año hemos experimentado variabilidad climática extrema en nuestro país. Autoridades del INSIVUMEH han mencionado que los departamentos que han sido mayormente afectados son: Alta Verapaz, Baja Verapaz, Izabal, Quiché y Petén, principalmente el área rural donde se han reportado inundaciones, desbordamientos de ríos, daños en la infraestructura vial, pérdidas materiales, humanas y de cultivos. Aunado a ello la alteración de la dinámica social en las comunidades por la movilización de familias que se encuentran habitando en lugares de riesgo. Dentro de este panorama hay un grupo poco tomado en cuenta dentro del proceso de gestión del riesgo: Personas con Discapacidad. Esta situación nos hace pensar y repensar: ¿Estamos o no preparados para gestionar el riesgo de forma inclusiva?

Para entrar en materia, es necesario segregar conceptualmente lo que implica gestionar el riesgo. Al hablar de gestión nos referimos en terminos denotativos a la capacidad que nos caracteriza por emprender acciones para el ejercicio pleno de la actividad humana. En cuanto a riesgo, hacemos referencia a una situación o probabilidad de que se produzca un fenómeno con o sin intervención del hombre (natural o humano). Esta probabilidad surge de la unión de las vulnerabilidades y factores ideológicos, físicos, socioeconómicos, culturales, educativos e institucionales.

Por tanto, gestionar el riesgo se convierte en un eje transversal para la gestión del territorio y del desarrollo humano, tanto a nivel nacional como local; bajo la óptica de la inclusión social con grupos vulnerables, como lo son las Personas con Discapacidad a quienes además de invisibilizárseles también se les ha excluido de los procesos de participación anteponiéndoles barreras físicas y sociales que les impiden vivir en condiciones de igualdad en comparación con los demás.

Es importante que al momento de gestionar el riesgo se considere el nivel de dependencia que existe en las Personas con Discapacidad hacia un familiar, así mismo las condiciones socioeconómicas y de infraestructura en la que habitan, puesto que la situación de este grupo se agudiza en relación al área donde habitan y la situacion de pobreza en la que se encuentran inmersos.

Pensemos en el momento de un desastre: todos nos preocupamos por salvar nuestra propia vida, que si bien es válido por la premura del tiempo y el estado de alarma en el que entramos ante un evento inesperado, también implica que olvidemos, por así decirlo, a la Persona con Discapacidad física que no puede movilizarse por sí misma, a alguien con Discapacidad auditiva, visual o intelectual quienes tienen un parcial o total grado de dependencia. Ellos pueden salir lastimados y en el peor de los casos hasta morir por desconocimiento o poca capacidad de respuesta existente.

Ahora tomemos la misma situación a nivel comunitario. He tenido la oportunidad de observar la conformación y capacitación de las coordinadoras locales para la reducción de desastres –COLRED- en el departamento de Baja Verapaz, y ninguna de ellas contaba con algún miembro que tuviera un tipo de discapacidad, desde ahí empezamos a gestionar el riesgo con exclusión, mientras se pierden importantes aportes de quienes viven en carne propia la situación de discapacidad.

Se hace énfasis en la sectorización de la gestión del riesgo en los diferentes niveles de participación ciudadana puesto que esto representa un elemento clave para la implementación de acciones para mitigar el impacto de los desastres provocados por los fenómenos naturales y eliminar las barreras sociales para las Personas con Discapacidad.

En respuesta a la pregunta inicial de si estamos preparados para abordar la gestión del riesgo con inclusividad, condisero que vamos por buen camino puesto que existe apertura de organizaciónes e instituciones para abordar el tema pero aun sigue siendo un reto concientizar y educar a nivel local sobre la discapacidad para que, en las decisiones de la comunidad, sean tomados en cuenta al momento de elaborar los planes de respuesta y mapas de riesgo, a traves de herramientas comunitarias para la identificación de riesgo. Para esto, se hace necesario identificar a las Personas con Discapacidad que se encuentran en la comunidad para luego construir capacidad de respuesta al momento de presentarse un desastre, misma que permitirá crear poblaciones resilientes.

Otro elemento clave lo constituye el marco legal para la gestión del riesgo en nuestro país, iniciado con la Carga Magna que se refiere en sus artículos 1 y 2 a la protección de la persona humana y el papel que juega el Estado como ente garante de seguridad y desarrollo integral de los habitantes. De igual forma el Código Municipal que busca dotar a los gobiernos locales de autonomía en la toma de decisiones, planes, bienes y servicios públicos de la localidad, asi como en temas de ordenamiento territorial de su jurisdicción y la emisión de ordenanzas y reglamentos, lo que es un avance significativo, sin embargo hacer falta que el estado asigne financiamiento para ello. En materia de gestión del riesgo, el decreto 109-96: Ley de la Coordinadora Nacional para la Reduccion de Desastres CONRED integra a organismos del Estado, entidades públicas y sociedad civil organizada con el objetivo de prevenir, mitigar y responder antes, durante y después de un desaste.

Finalmente, y ante la proyección del aumento extremo de la variabilidad climática que podría causar desastres de mayor magnitud, se hace necesario y urgente que estemos preparados para responder de forma inmediata y con inclusividad.

También las personas con discapacidad deben ser dignas de nuestra preocupación.

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