Abusos administrativos: los antecedentes policíacos y penales en la Usac

César Antonio Estrada Mendizábal

La burocracia, el poder abusivo de los burócratas y oficinistas, la administración rígida y despersonalizada de organizaciones e instituciones, los funcionarios que aplican ciegamente los reglamentos sin pensar en la condición de los demás, son males sociales de larga data, y en nuestro país, con su autoritaria historia, nos ha tocado sufrirlos especialmente. Es claro que las instituciones, respetando su naturaleza y su especificidad, requieren un orden y un control de sus labores, pero de esto a aceptar medidas innecesarias e impositivas y las decisiones inconsultas de quienes las dirigen hay una gran diferencia.

Este año, por primera vez en la Universidad de San Carlos, se informó de una decisión administrativa hacia su personal, que no debería continuar. En una circular de fecha 3 de noviembre, de la Administración de recursos humanos dirigida a los decanos y directores de unidades académicas, se informa que, para actualizar los datos personales, los trabajadores de la universidad, administrativos y docentes, deberán, entre otras cosas, presentar la carencia de antecedentes penales y policíacos (sic), es decir, los antecedentes respectivos que emiten la Policía Nacional Civil y el Organismo Judicial. En este sentido y para realizar el trámite correspondiente, se presentaron un día a la Facultad de Ingeniería sendas unidades móviles de las antedichas entidades gubernamentales, con la esperada formación de largas filas de profesores y trabajadores administrativos o de servicio.

En Guatemala, todos sabemos de las largas colas y las molestias que muchos deben soportar cada año –aparte de pagar treinta quetzales por cada certificación– para que les sean emitidos los susodichos antecedentes que son requeridos por los empleadores como parte de las solicitudes de trabajo, con el agregado de que ahora también se empieza a poner este requisito, con la excusa de la actualización de datos, a los trabajadores ya contratados con lo cual se menoscaban o se conculcan los derechos laborales.

Por otro lado, es atentatorio contra la dignidad de las personas el tener que demostrar que se está “libre de culpa”, que uno no ha “cometido faltas”, como si no fuera el Estado por medio de sus órganos policiales y del aparato judicial el que se encargara de perseguir, enjuiciar y sancionar a los que cometen algún delito. Es decir, podemos desenvolvernos en sociedad sin andar comprobando que no hay nada que nos lo impida. Y que conste que ser citado por la policía no es prueba de culpabilidad o comisión de delito. Además, debe tomarse en cuenta que un reo que ha cumplido su condena, por ley debería quedar habilitado para reintegrarse a la vida en sociedad sin cargar por el resto de sus días el estigma de su falta. En fin, mucho podría decirse sobre esta temática que más que jurídica o legalista es de interés humano, social y ético.

¿Cómo queda, entonces, la Universidad de San Carlos al pedirle a sus trabajadores que presenten sus antecedentes policíacos y penales? Pues no sale airosa y manifiesta evidentemente una seria contradicción, que no hace a honor a su condición de institución educativa y a su bagaje técnico-científico que haría esperar una administración consciente de la naturaleza de la Institución a la que sirve, pues si un empleado ha quebrantado alguna ley de nuestro ordenamiento jurídico, que se enfrente a los tribunales y se ventile su caso; si tiene algún antecedente de orden penal, fue condenado y ha satisfecho su pena, el Derecho y el sentido común dicen que puede reinsertarse en la sociedad; si, como en la gran mayoría, no tiene ningún reclamo legal, entonces, con razón, en cualquier caso, que se le deje tranquilo, que no se le apremie y no se le haga pasar por la incómoda necesidad de tener que demostrar su inocencia o que es digno de confianza. Después de todo, en su ámbito laboral, la universidad está al tanto del desempeño de sus trabajadores y debería poder resolver cualquier situación irregular que se presentara en la realización del trabajo. En cambio, la Usac debería concentrarse en asegurar que el perfil de los profesionales contratados sea el adecuado para el puesto por ocuparse, que sea la idoneidad lo que determine la contratación, vigilar para que no se interpongan el intercambio de favores o el clientelismo, y no poner requisitos innecesarios como este de los susodichos antecedentes.

En el caso de la Usac –o de cualquier universidad o centro educativo que procediera igual– a todo lo anterior se agrega una situación muy preocupante e incluso bochornosa: ¿cómo es posible que una institución educativa pida a sus profesores que presenten sus antecedentes policíacos y penales?, ¿acaso no confía en ellos?, ¿no tienen por misión ser educadores, intelectuales independientes y orientadores, hacedores de ciencia?, si algún profesor no realiza bien sus labores académicas, ¿no se le puede abordar, dialogar y resolver cualquier situación que lo amerite? Una universidad que no conoce a sus profesores, que no puede dar fe de ellos, no anda bien encaminada. La moral del profesor, que desde hace años ha sido puesta en entredicho por otras disposiciones internas que no le dan su lugar, también se ve afectada cuando ve que su Alma máter no está muy segura de él, que tiene sus dudas y no le da el reconocimiento que merece. Después de todo, si un docente o un académico no es idóneo, si no da la talla intelectual o ética, si no realiza su trabajo como es de esperarse en una universidad, ¿cómo es que llegó a ser contratado y por qué continúa laborando? Soluciones hay.

La administración, todo el andamiaje administrativo y de servicios de una organización depende de sus dirigentes, de quienes están para tomar decisiones que tienen que ver con la vida y la esencia de la institución y de sus miembros. La Universidad de San Carlos es pública y es autónoma, es decir, puede dictarse sus normas para el mejor cumplimiento de sus deberes. El órgano que la gobierna es el Consejo Superior Universitario integrado por el Rector, quien lo preside, los decanos, los representantes docentes y estudiantiles de cada Facultad y de los colegios profesionales. Ellos tienen la obligación y el deber de establecer adecuadamente las pautas y los lineamientos universitarios que orienten las actuaciones de la administración de forma que respeten la especificidad y la naturaleza de una Casa de estudios superiores. A los miembros de la población universitaria nos toca velar y garantizar que esto sea así, asegurando que desatinadas medidas como esta de pedir los antecedentes policíacos y penales no se repitan.

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