Lucía Xiloj: “la consulta comunitaria es una práctica y un principio ancestral de los pueblos”

Por Eleanor Katz, Víctor Quilaqueo y Selvin Torres

Como parte de las investigaciones que llevamos adelante en el marco del Voluntariado de Investigación en Ceppas, pudimos conversar con Lucía Inés Xiloj Cuin, abogada maya k’iche’ originaria de Chichicastenango, quien se ha dedicado al litigio en temas de criminalización de defensores y defensoras del territorio, apoyando a comunidades en amparos por la falta de consulta y realizando investigación con algunas organizaciones como Oxfam, Waqib’ Kej y el Organismo Judicial.Lucía Inés Xiloj Cuin, abogada maya k’iche’ originaria de Chichicastenango, se ha dedicado al litigio en temas de criminalización de defensores y defensoras del territorio, apoyando a comunidades en amparos por la falta de consulta y realizando investigaciones con algunas organizaciones como Oxfam, Waqib’ Kej y el Organismo Judicial.

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En los últimos años Lucía Xiloj ha trabajado el tema de la consulta previa y consulta comunitaria apoyando a varias comunidades alrededor del país ante el avance de proyectos extractivos en territorios mayormente indígenas. En la entrevista que realizamos, Lucía enfatizó la importancia que tienen las consultas como prácticas ancestrales en la participación, toma de decisiones y resolución de conflictos en diferentes ámbitos de la vida. Indicó que las consultas comunitarias se llevan a cabo a través de asambleas, siendo parte de las formas en que los pueblos indígenas toman sus decisiones.

Asimismo agrego que las consultas comunitarias son un proceso legítimo propio de los pueblos en donde ellos mismos organizan, convocan y manifiestan su parecer con relación a proyectos e iniciativas que puedan afectar sus territorios. Es aquí donde radica la importancia de estos procesos, siendo un ejercicio de participación y de democracia real en donde los resultados representan la voluntad de una comunidad, de un pueblo o de un municipio.

¿Qué podemos entender sobre consulta? ¿Es lo mismo consulta comunitaria que consulta previa? ¿Cuáles serían las diferencias?

Definitivamente sí tienen sus diferencias. El tema es que la consulta en si es un valor que tienen las comunidades indígenas para tomar decisiones en diferentes ámbitos de la vida tanto personales, comunitarios como individuales para resolver algún conflicto. Es una práctica común que se da en los pueblos indígenas y yo creo que la lucha que tuvieron los pueblos indígenas en 1987 mas o menos para que se modificara o se adoptara el Convenio 169 a través de la modificación y revisión del Convenio 107 trajo como consecuencia que se incluyera ese tema. Sucede con todas las leyes, que se recoge lo que se da en la realidad y se plasma y a veces yo he hecho el análisis y platicado con otros compañeros si el que esté incorporado en el Convenio 169 si no es desde allí que empieza la restricción de los alcances de la consulta. ¿Por qué? Porque se plasma en un instrumento internacional, se le da contenido y se le da alcance. Entonces va como modificando un poquito la forma en que se concibe en la comunidades, porque los resultados de una consulta en una comunidad sí son vinculantes, sí se deben de cumplir. Lo que se adoptó, lo que se decidió, es lo que se va a cumplir. Cuando lo vemos ya en el Convenio 169 hay esa ambigüedad todavía y sobre todo de las personas que tienen que interpretar y aplicar ese instrumento internacional. Por eso decimos si no es ya desde ahí que se partió con tratar de limitar los alcances de la consulta.

La consulta comunitaria entonces tiene esos efectos que se tienen que cumplir, es una práctica y un principio ancestral de los pueblos y eso es lo que se ejerce cuando se llevan a cabo consultas comunitarias relacionadas con proyectos extractivos, por ejemplo, los monocultivos o cualquier otra decisión importante. Estas consultas comunitarias se llevan a cabo a través de asambleas que son las formas en las que los pueblos indígenas toman sus decisiones. Ahí hay un cuestionamiento muy importante y que debe ser explicado. Porque lo que las personas dicen alrededor de las consultas comunitarias que no son legítimas porque hay una participación de niños, jóvenes, ancianos, etc. Pero precisamente es la forma en que se lleva a cabo la consulta en las comunidades. Primero, obviamente las personas mayores participan porque son las que tienen el conocimiento y la sabiduría. Los jóvenes y niños porque son los que tienen que ir aprendiendo de las dinámicas comunitarias y eso es totalmente válido. Por eso, aunque hayan cuestionamientos, las consultas que se siguen llevando a cabo siguen participando niños y todo tipo de personas.

“La consulta comunitaria entonces tiene esos efectos que se tienen que cumplir, es una práctica y un principio ancestral de los pueblos y eso es lo que se ejerce cuando se llevan a cabo consultas comunitarias relacionadas con proyectos extractivos”

¿Quién hace esos cuestionamientos?

Por ejemplo el Estado, las empresas privadas y el mismo Ministerio de Energía y Minas cuestionan que esas consultas no son válidas porque hay participación de todo tipo de personas en relación a la edad. Pero es precisamente lo que nutre y le da fuerza a las decisiones que se toman.

¿Cuál sería la definición que están manejando el Estado o estas entidades que cuestionan la consulta comunitaria?

En este caso ya nos vamos a lo que establece el Convenio 169, que establece el tema que las consultas las tiene que realizar el Estado y esa obligación no se la puede delegar ni a una empresa ni a una comunidad. Por eso se dice que las consultas comunitarias no son válidas, porque no vienen de parte del Estado en cumplimiento del instrumento internacional. Por eso decía que sí son diferentes. Hasta la fecha inclusive la Corte ha dicho que es una forma que tienen las comunidades de expresarse y que son legítimas porque se han llevado a cabo a través de sus instituciones propias. El problema aquí es que los efectos todavía son los que aún se discuten. La Corte lo mismo ha dicho para las consultas que provienen del Convenio 169, que estas tampoco tienen un efecto vinculante, entonces ese es el punto a discutir acá. Si los resultados de las consultas van a hacer o no tomadas en cuenta. Aquí lo importante es que vemos en cuanto a las consultas comunitarias que la gente las respeta y está apropiada de ellas, de sus resultados y por eso es que vemos que cada año o se conmemora los resultados de la consulta o la realización de la consulta. No es que, como las empresas y también el Estado cuestionan, que a veces son como impuestas o impulsadas por organizaciones no gubernamentales o por personas que tienen algún interés, no es así, porque las comunidades están organizadas alrededor de esas actividades.

¿Cuál sería el modelo de consulta que el Estado está intentando impulsar o implementar?

Realmente desde el Organismo Ejecutivo y el Ministerio de Trabajo que por ser los órganos rectores del cumplimiento en este caso del Convenio 169, yo considero que ellos no tienen una forma ya pensada de cómo hacer la consulta porque han recogido lo que ha dicho la Corte de Constitucionalidad en relación a este tema. Lo que ha dicho la Corte de Constitucionalidad, en total desconocimiento de la realidad, es que es a través de los sistemas de Consejo de Desarrollo que se debe llevar a cabo la consulta y eso no es así. Si nos vamos a términos del Convenio 169 este dice que es a través de las instituciones propias de los pueblos indígenas que sean estos legítimos. Entonces el sistema de Consejos es una figura impuesta y no significa que porque haya personas indígenas en los COCODE o en los COMUDE, sean representantes legítimos de los pueblos indígenas, porque los pueblos tienen sus propias estructuras. Como sabemos se denominan de diferente manera, en diferentes lugares, son electos de diferente manera y su cargo dura en diferentes temporalidades. Entonces no se puede imponer un solo modelo a través de los Consejos de Desarrollo como también se establece en la Guía Operativa para la consulta que acaba de presentar el Ministerio de Trabajo.

“Lo que ha dicho la Corte de Constitucionalidad, en total desconocimiento de la realidad, es que es a través de los sistemas de Consejo de Desarrollo que se debe llevar a cabo la consulta y eso no es así”

Por otro lado es que también se pretende que haya participación de muchos otros actores que no tienen nada que ver. La consulta en términos del Convenio 169 dice, el Estado y las autoridades o los pueblos indígenas en su conjunto. No empresas, no otros intermediarios, pero en este caso lo que ellos impulsan es que haya participación de la empresa, cuando esta tiene ya un interés muy importante en el proyecto y puede influir mucho en una decisión.

¿Qué nos puedes decir sobre esa Guía Operativa?

Primero, la Guía Operativa está como en un ámbito jurídico un poco ambiguo porque no se ha emitido ningún acuerdo de la presidencia que le de validez jurídica y que sea de cumplimiento obligatorio. Sin embargo, el Ministerio de Energía y Minas ha dicho que lo va a usar en ocho proyectos, hablando del área ixil y creo que en Cahabón. Esa guía se efectuó lamentablemente con engaños para la población porque lo que se hizo fue hacer como un análisis de los avances que tenía el Convenio 169, así se convocaba a las comunidades para que participaran en el proceso. Analizar cómo estaba el avance del cumplimiento del Convenio 169 pero lo que estaban haciendo era al final una validación del contenido de la Guía y eso sin consulta a los pueblos. Por eso es que 48 cantones y otras comunidades hicieron público su rechazo a ese documento, porque se decía que se había realizado con construcción de estas autoridades y eso era falso.

Segundo, es que establece que se hace en cumplimiento de la sentencia Oxec. Acá tenemos que tener claro que la sentencia Oxec es la primera sentencia que decía que la Corte en esa resolución iba a ser aplicable a todas las consultas previas y a todos los pueblos indígenas. Tampoco era de cumplimiento obligatorio porque no había tres sentencias con ese mismo sentido, pero rápidamente lo cambiaron. Luego se pierde la naturaleza de la consulta previa porque se va a aplicar también a proyectos que ya están autorizados y se toma como un requisito de un procedimiento, no como un derecho fundamental. Establece que independientemente de los resultados, los proyectos van a continuar y no se hace lo que se debería hacer, de dejar en pausa todos los que ya están autorizados y los que están en operación para hacer una revisión real, porque es una violación de un derecho fundamental como se concibe la consulta y a partir de ahí hacer el análisis pero no se hace.La Guía al final solo viene a legitimar esas autorizaciones ya dadas. Entonces es un documento que violenta todos los principios establecidos en el Convenio 169 porque también habla del sistema de Consejos de Desarrollo por ejemplo, habla de la participación de muchos actores. Hubo una primera versión que yo pude ver en donde decía que la empresa iba a participar en la firma del acuerdo que se tuviera sobre los resultados. Ya la versión final ya no establece eso, ya solo establece Estado y pueblos indígenas. Si hubieran publicado esa versión anterior hubiera estado mucho más grave.

¿Cómo se organizan las comunidades para poder llevar a cabo la consulta? ¿Cómo se fueron organizando? ¿Cómo fue el proceso?

Es en cada comunidad. Al final incluyeron como el tema por ejemplo de minería o hidroeléctricas o cualquier otro tema en las formas de decisiones que ellos hacen a través de sus asambleas comunitarias. Entonces la forma de organización es muy normal, lo que se hace siempre cuando se toma una decisión importante en las comunidades es que sus autoridades convocan, dan a conocer que hay una problemática y las propias personas dicen, bueno vamos a hacer esto para resolver esa problemática. Entonces es tomar la decisión de que van a llevar a cabo una consulta comunitaria y se hacen las disposiciones para eso: poner una fecha, quienes van a participar, a quienes se van a invitar. La diferencia de las formas de tomar decisiones en otros ámbitos es que para establecer y para que tenga un impacto más bien político y que llegue el mensaje a las autoridades es que se hace una convocatoria más pública en donde se invita a que participen como observadores, no como personas que van a tomar la decisión a organizaciones no gubernamentales, a personas individuales, a la misma Procuraduría de los Derechos Humanos. Para que sean garantes del proceso que se está llevando a cabo y que puedan ser observadores de la forma en que la gente participa, de que no hay coerción, de que hay una expresión de su opinión de manera libre. Pero yo creo que no es una cuestión que implique a las comunidades un esfuerzo o una organización mucho más compleja porque ya están acostumbrados a tomar o hacer esas asambleas para tomar decisiones en sus comunidades.

Nombras a las autoridades y a toda la gente, también hablas del rol de los y las observadoras. En el sentido de esta multiplicidad de actores ¿cómo ves la participación de las mujeres en estos espacios de toma de decisiones y participación?

En este caso siempre hay participación de algunas organizaciones que apoyan el tema legal de las consultas por esa represión en contra de estas o por la pretensión de deslegitimarlas. Esa participación también hay que tomarla en cuenta, es importante. El tema de las mujeres por su participación y por su presencia en mayor cantidad digamos es importante. Pero no solo es en cuanto a números sino también en el rol de empujar las mismas consultas en el ámbito familiar, en el ámbito comunitario y es un tema muy interesante porque las mujeres también son las que a veces reciben los mayores impactos de ciertos proyectos. Porque dejan de tener acceso por ejemplo a los bosques en donde ellas recogen algunos alimentos o algunos insumos que utilizan en sus hogares o en el tema del agua se ven más afectadas. Por lo menos evidencia más la afectación de la falta de esos recursos y hay una participación importante de las mujeres.

Si el Estado tuviera que activar sobre el ejercicio de la consulta, sobre ese derecho ¿cómo debería ser una consulta?

Primero es que hay una posición de algunas comunidades que no quieren que se establezca una forma de llevar a cabo la consulta para que se respete lo contenido en el Convenio 169. En todo caso si se emitiera una ley tendría que ser una ley muy muy general que establezca y pienso que así se llevaría de llevar a cabo la consulta de manera ideal, con base en lo que yo he escuchado de las comunidades es que se respete el tema que se haga a través de sus autoridades legítimas. Eso es un paso importante y que no se trate de imponer figuras como los COCODE. Luego que se respete su forma de llevarla a cabo, que no se unifique un procedimiento porque en las comunidades las decisiones se toman de diferentes maneras. A través de las asambleas comunitarias pero siempre tienen un cambio, entonces que no se intente unificar, eso es otro punto fundamental. El tema que la participación también sea de todas las personas, que se tomen la opinión de los niños porque evidentemente con información todos pueden tomar una buena decisión. Ahí lo que hace falta es que el Estado informe, eso es lo que hace falta y que informe claramente sin ningún engaño.

Lamentablemente por el tema racista que impera en nuestro país se piensa que la gente no va a entender o no importa si la gente recibe información o no, la cosa es imponer porque así ha sido siempre. No se toma en cuenta la decisión de los pueblos indígenas, entonces que haya una información clara, pertinente y previa a esas situaciones. Porque ya ahorita las comunidades dicen para qué vamos a participar en un proceso en donde la decisión ya está tomada y la verdad que la naturaleza del Convenio es eso. Las discusiones que se dieron para aprobar decía que realmente los pueblos puedan decidir cuando la autorización final no ha sido dada, para que tengan una posibilidad real de influir en esa decisión, de lo contrario no vale la pena realmente. Entonces con unos cuantos principios que establezca el Estado, debería de efectuar la consulta. Lo otro tal vez lo más complicado, es qué va a pasar con los resultados. Entonces si estamos en un Estado democrático y como dice nuestra constitución en donde realmente el poder radica en el pueblo y evidentemente cuando hablamos de eso también tenemos que tomar en cuenta a los pueblos indígenas y lo tenemos que reiterar porque muchas veces no se piensa de esa manera. La decisión que se tome, es la decisión que debería de cumplirse, los efectos de la consulta tendrían que ser efectos de que se tomen en cuenta realmente. Porque si no, no tiene ninguna razón de ser y sobre todo para los pueblos indígenas que siempre han estado excluidos en esos espacios de toma de decisión. Entonces lo que ellos digan debería de influir y tomarse en consideración realmente. Ese es el punto principal porque puede ser el procedimiento de participación a otras personas pero si los resultados dicen que se van a tomar en cuenta, va a ser aceptado. El tema fundamental es qué va a pasar con los resultados.

“Entonces si estamos en un Estado democrático y como dice nuestra constitución en donde realmente el poder radica en el pueblo y evidentemente cuando hablamos de eso también tenemos que tomar en cuenta a los pueblos indígenas y lo tenemos que reiterar porque muchas veces no se piensa de esa manera.“

¿Consideras que conocer el instrumento, el Convenio 169, es suficiente y necesario? ¿Consideras inclusive si el Convenio es un buen instrumento para el derecho a la consulta y la participación?

Yo creo que la Declaración de las Naciones Unidas ha avanzado un poco más en ese tema porque habla más claramente de la libre determinación, habla más claramente de los resultados y del consentimiento que debería haber en ciertas actuaciones. Entonces yo pienso que como base está bien, pero no es suficiente. Tampoco es suficiente que se conozca porque yo he tenido la oportunidad también de trabajar con fiscales, abogados de la Defensa Pública Penal, con jueces y todos conocen los instrumentos y lo que falta ahí es el tema de darle los efectos reales que tienen esos instrumentos internacionales. La voluntad de querer hacerlo porque vigentes están, ratificados están y son muy claras las disposiciones de los instrumentos. Entonces es la voluntad de quererlos aplicar.

Fuente: https://www.ceppas.org.gt/article/entrevista-con-lucia-xiloj-la-consulta-comunitaria/

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