América Latina en clave feminista: luchas por la despatriarcalización de un continente

Mª Cruz Tornay Márquez
América Latina ha experimentado un cambio de tendencia en los últimos años que se ha concretado en el aumento de representación de los sectores más conservadores y en el posicionamiento en el espacio público de discursos que atacan directamente las luchas por la emancipación y la igualdad de derechos de las mujeres. El intento de desacreditar al movimiento feminista, pero también el incremento de la violencia y la brutalidad en los asesinatos de mujeres, se identifican con una estrategia de repatriarcalización conectada con la nueva fase capitalista y colonial de acumulación por despojo.

Cuando el pueblo colombiano fue convocado al referéndum sobre los Acuerdos de Paz en octubre del pasado año, una parte de los sectores más conservadores centró su campaña por el “No” en la supuesta “ideología de género” recogida en el texto acordado entre las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos y que fue denunciada como una imposición de la guerrilla contra los valores de la tradicional sociedad colombiana. En un intento por acercar posiciones con los promotores del “No”, el presidente Santos aclaró públicamente que los acuerdos sometidos a votación no promovían la “idelogía de género”, dando carta de validez al término popularizado por Jorge Scala, un jurista argentino convertido en gurú de la nueva derecha latinoamericana. La tesis de Scala aparece desarrollada en un exitoso libro[1] entre los sectores más reaccionarios, en el que se presenta la categoría “género” como una invención del movimiento feminista impuesta de manera ideológica que tendría consecuencias desvastadoras para el individuo, la familia y la sociedad.

Meses antes del plebiscito celebrado en Colombia, el Congreso brasileño había llevado a cabo un golpe de Estado disfrazado de impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff. La acusación para desalojar a la mandataria del poder se apoyó en una irregularidad fiscal en relación al presupuesto público; sin embargo, nada en relación a ello fue mencionado el día de la votación, cuando algunos de los congresistas acudieron a la urna invocando a “la nación evangélica y por la paz de Jerusalén”, “la familia cuadrangular” o “el nombre de Dios”. El éxito del juicio político a Rousseff llevó al conservador Michel Temer a ocupar la presidencia de manera interina y a simbolizar en un Gobierno conformado exclusivamente por hombres blancos el escaso interés del Ejecutivo en combatir las situaciones estructurales de discriminación y exclusión que subyacen tras la amplia e histórica brecha de inequidad de la sociedad brasileña.

Si, en el plano político, medidas como la inmediata eliminación del Ministerio de Mujeres, Igualdad Racial y Derechos Humanos de Brasil ya anticipaban el retroceso en algunas de las conquistas del movimiento de mujeres, la teatralidad en el escenario político permitía advertir el protagonismo de una identidad femenina que parecía superada y que se ejemplifica en el papel claramente figurativo y accesorio de las nuevas primeras damas: Marcela Temer y Juliana Awada, esposas de los presidentes de Brasil y Argentina, respectivamente. De manera coincidente con la figura de la más mediática Melania Trump, Temer y Awada personifican un modelo de mujer en el que la combinación de juventud, belleza y rol maternal se convierte en parte de la estrategia de márquetin en la carrera por el ascenso político de sus esposos.

La renovación del discurso patriarcal por parte de fuerzas conservadoras que llegaron al poder con eslóganes de cambio, libertad y progreso ha propiciado un clima sexista donde tienen cabida desde las formas más sutiles de machismo envueltas en bromas por parte de mandatarios hasta la incorporación en la agenda pública de las propuestas de organizaciones conservadoras con una gran capacidad de lobby sobre la toma de decisiones. En Brasil, por ejemplo, la arremetida contra la igualdad de género ha transcendido al ámbito educativo. La organización Escola sem Partido, una entidad no gubernamental pero con influencia en los representantes de la ciudadanía, ha logrado posicionar como “ideología de género” y, por tanto, con el adoctrinamiento que pretenden eliminar de las aulas, los contenidos sobre diversidad sexual, derechos reproductivos o las discusiones en torno a la homofobia o al feminismo.

Aunque la mayor parte de las constituciones del continente reconocen la laicidad de los Estados, es indiscutible la capacidad de los sectores más conservadores de la Iglesia Católica y de la cada vez más influyente Iglesia Evangélica para instalar su discurso en la opinión pública. La defensa del modelo de familia heteronormativa, con el rechazo del matrimonio igualitario, y la oposición a la despenalización del aborto en cualquiera de sus causales son los principales emblemas de los denominados sectores pro-vida y pro-familia. En México, la propuesta presidencial de reconocimiento legal del matrimonio gay y de la adopción por parte de familias homoparentales fue rechazada con la convocatoria realizada por la Iglesia de marchas en decenas de ciudades del país. En Chile, las organizaciones católicas se sumaron a la oposición conservadora para denunciar la inconstitucionalidad de la ley que despenaliza el aborto en tres causales y que fue aprobada por el Congreso a partir de la propuesta realizada por la presidenta, Michelle Bachelet. En El Salvador, uno de los países con la legislación más severa en relación a la penalización del aborto, el proyecto del partido ARENA de incrementar las penas asociadas a la interrupción del embarazo fue respondido con la propuesta del FMLN que contempla cuatro excepciones no punibles y que la Iglesia Católica califica de inmoral y de concesión a las presiones de organismos internacionales como la ONU.

La centralidad del género
en el contexto actual

La palpable regresión en cuestiones relacionadas con los derechos humanos de las mujeres y de la población LGTBI forma parte de un amplio escenario con múltiples aristas pero sostenido en lo que la antropóloga Rita Laura Segato caracteriza como la vertiginosa expansión en el momento actual del “frente estatal-empresarialmediático- cristiano”[2]. La amplitud y heterogeneidad del continente no impide identificar un nexo conector entre las múltiples formas de agresión hacia las mujeres, desde el nuevo protagonismo de la moral conservadora de género hasta la brutalidad de los feminicidios, y que conduce a Segato a situar la “cuestión de género” como la piedra angular del resto de poderes.

Efectivamente, nunca antes habían existido en el continente marcos legislativos que brindaran tanta protección y garantías de igualdad entre la ciu dadanía y que penalizaran las situaciones de discriminación y exclusión. Sin embargo, la aprobación de leyes dirigidas a la promoción de la igualdad o a la erradicación de la violencia, con la incorporación del feminicidio como delito tipificado en algunos casos, no ha impedido que las mujeres sigan siendo víctimas de multitud de asesinatos en los que se cometen formas terribles de tortura y ensañamiento. ¿Qué esconden la brutalidad de los crímenes, la deshumanización de las víctimas o la exacerbación de las relaciones de género más tradicionales? ¿Por qué tanta resistencia al reconocimiento legal a las familias no heteronormativas o al derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos?

La capacidad del patriarcado para reconfigurar su discursividad y actualizar las formas de desigualdad y subordinación por encima de marcos legales estatales demuestra no solo la importancia del género como núcleo fundacional de otros sistemas de dominación, como sostiene Segato, sino también la conexión observada por el portugués Boaventura de Sousa Santos entre patriarcado, colonialismo y capitalismo que ha supuesto la intensificación de las formas de dominación en este momento histórico.

El lenguaje de los feminicidios
en el Estado fallido

El incremento de la violencia hacia las mujeres en un contexto de crisis de mocráticas, Estados fallidos y fase de acumulación por despojo se presenta de forma paradigmática en Honduras. El golpe de Estado perpetrado en 2009 contra el presidente Manuel Zelaya abrió una etapa oscura de vulneración de derechos humanos y privación de libertades en el país centroamericano. La quiebra de la legalidad democrática repercutió en el aumento de la corrupción y la criminalidad en un territorio fuertemente controlado por las maras y el narcotráfico, responsables de las elevadas tasas de homicidios que han convertido a San Pedro Sula y Tegucigalpa en dos de las ciudades más violentas del mundo. Al igual que en otros contextos, la debilidad institucional y democrática del país colabora al fortalecimiento de organizaciones paraestatales que operan amparadas en la impunidad que les brinda la corrupción de las instituciones.
Manifestación en El Salvador por el derecho al aborto. Fotografía: Mari Cruz Tornay.

Los datos evidencian el incremento de la violencia en contextos de Estados fallidos que demuestran escasa capacidad para proteger la vida: el asesinato de 468 mujeres en 2016 convirtió a Honduras en el país de la región con mayor tasa de feminicidios en ese año, según datos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). El 96 por ciento de estos asesinatos quedó impune. La amenaza de las organizaciones paraestatales para la vida de las mujeres es un hecho. Las muertes en escenarios de delincuencia organizada, en los que se incluyen maras o pandillas, extorsión, narcotráfico y trata de personas, se elevaron a 118, cifra muy por encima de los 50 asesinatos registrados como feminicidios íntimos que hacen referencia al crimen cometido por la pareja o ex pareja de la víctima.

El territorio se convierte aquí en un lenguaje que expresa la vulnerabilidad y la amenaza sobre la vida por el hecho de ser mujer. Si, en otros contextos, la mayor parte de los asesinatos de mujeres se producen en espacios íntimos a manos de parejas o ex parejas, en zonas con alta presencia de organizaciones paraestatales, como es el caso de Honduras, el mayor índice de asesinatos se registra en calles o vías públicas. La brutalidad y el ensañamiento sobre cuerpos inertes, abandonados pero intencionadamente accesibles a la mirada del espectador, invitan a decodificar lo que la investigadora argentina Karina Bidaseca define como “mensajes simbólicos” escritos sobre los cuerpos de las víctimas[3].

Patriarcado,
violencia y extractivismo

La amenaza de la industria extractivista sobre comunidades, la privatización de la violencia en los territorios donde opera el capital transnacional, el desplazamiento forzado de poblaciones, el asesinato (impune, en muchos casos) de líderes ambientales y el incremento de la vulnerabilidad de las mujeres a la violencia confirman la teoría de la interrelación entre patriarcado, capitalismo y un colonialismo que nunca fue superado. El momento histórico del capital definido por David Harvey como “acumulación por despojo” se presenta en algunos de los territorios del continente en forma de proyectos mineros, hidráulicos, gasísticos o petroleros que comparten la amenaza sobre las formas de vida de los territorios en los que se ubican.

La búsqueda de nuevos yacimientos y la facilidad ofrecida por gobiernos interesados en la inversión de capital extranjero provocan que las empresas extractivas pongan el foco de atención en zonas no explotadas, como habitualmente ocurre sobre los territorios habitados por pueblos y nacionalidades indígenas. Desde la frontera norte de Estados Unidos, con el intento de construcción de un oleoducto en territorio Sioux, hasta el extremo sur del continente, con la afectación de las comunidades mapuches por el proyecto gasístico GNL Talcahuano, la principal amenaza que hoy pesa sobre la supervivencia de las poblaciones indígenas y de la vida en sus territorios es la violencia asociada al extractivismo y al despojo de tierras.

Los asesinatos de las activistas ambientales Berta Cáceres y Lesbia Yaneth Urquía rebelaron la brutalidad de la violencia que sufre la población en su lucha por la defensa del territorio, en este caso ante la amenaza de la presa hidroeléctrica para el pueblo indígena lenca en el noroeste de Honduras. El protagonismo de las mujeres indígenas en la defensa del territorio es consustancial al impacto de la explotación extractiva: las mujeres son las principales afectadas por la pérdida de las formas de vida tradicionales y la militarización.

La retroalimentación entre capital, colonialismo y violencia patriarcal se sucede de manera formidable en las áreas con presencia de industrias extractivas incluso antes del inicio de actividades de explotación. De manera recurrente, las empresas preparan su incursión en el territorio con promesas de creación de empleo o instalación de proyectos sociales en zonas con escasas infraestructuras que tienen por objetivo la captación de voluntades, cuando no la división de la comunidad. La campaña de desprestigio y criminalización de líderes también afecta de forma diferenciada a las mujeres. En los testimonios de activistas de derechos humanos contra las industrias extractivas recogidos por la organización AWID[4], las entrevistadas refieren que en las campañas de desprestigio hacia ellas están presentes las connotaciones sexuales o las dudas sobre su desempeño en los roles familiares y comunitarios.

El inicio de actividades relacionadas con la explotación ha sido relacionado de manera extensa con el aumento de la violencia hacia las mujeres. La contaminación del territorio y el protagonismo que toma la economía monetaria provocan la pérdida del rol social femenino en las comunidades a la vez que aumenta la dependencia del salario de los hombres y, con ello, su vulnerabilidad[5].

Mª Cruz Tornay Márquez forma parte del consejo de redacción de Pueblos – Revista de Información y Debate.

Artículo publicado en el nº75 de Pueblos – Revista de Información y Debate, cuarto trimestre de 2017.

NOTAS:

Segato, R.T. (2016). La guerra contra las mujeres. Madrid: Traficantes de Sueños.
Scala, J. (2010): La ideología del Género o el género como herramienta de poder, Ediciones Logos, Argentina.
Bidaseca, K. (2015): Escritos sobre los cuerpos racializados. Lenguas, memoria y genealogías (pos) coloniales del feminicidio, Universitat de les Illes Balears.
Barcia, I. (2017): Defensoras de derechos humanos confrontando a las industrias extractivas: Un panorama de los riesgos críticos y las obligaciones en materia de derechos humanos, AWID y WHRDIC.
Vázquez, E. (2014): La vida en el centro y el crudo bajo tierra. El Yasuní en clave feminista, Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo, Quito.

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