Manos a la obra consolidando el pacto de corruptos

Por Mario Rodríguez

La red vial del país está a punto de desaparecer. El gobierno, con su incapacidad manifiesta tapa hoyos, abre contratos y paga deudas a empresas que han construido las carreteras en los últimos 20 años, las cuales ha durado menos de lo previsto. Utilizan esa situación como pretexto para consolidar una alianza estratégica que incluya impunidad, negocios y más cooptación.

El modelo de negocios que proponen los empresarios es una estafa más. El estado invierte, el sector privado construye y cobra peaje. Los usuarios pagan el doble, primero a través de los impuestos y luego por las cuotas que impondrán las empresas que administraran las rutas. Mientras tanto el país se endeuda a través de los bancos privados. Y casi todos salen ganando.

Inversión pública y aprovechamiento privado. Una privatización en todo el sentido del término a través de construir y después rentabilizar el uso y su mantenimiento. Una doble ganancia. A poco no.

Y para obtener el combo completo, el gran empresario aprovecha la coyuntura y apela sin tapujos a una alianza con el gobierno para superar la crisis. El presidente es respaldado, los empresarios ganan contratos públicos para construir infraestructura vital para sus negocios y de paso, mantienen el mismo sistema de cooptación del Estado que tan bien les ha funcionado. Eso implica impunidad con certeza jurídica.

El empresario Felipe Bosch lo dijo sin ambigüedades: “yo no lo tomo como un guatemalteco corrupto, no lo tomo como un político corrupto”, refiriéndose a Jimmy Morales. Un gesto que sella el pacto.

Por si alguna duda había, la Corte Suprema de Justicia comenzó despejando el camino de los antejuicios. Morales en su discurso apeló a la unidad, a que lo dejen trabajar, como si tuviera unos meses en el cargo, pero también preguntó “qué hay que hacer”, “qué tenemos que cambiar” para reconstruir la red vial.

Para sellar esta convivencia de conveniencia, el impresentable Vicente Fox puso la guinda en el pastel, diciendo que la lucha contra la corrupción debe ser fundamental, pero no a costa de destruir la economía, ni de afectar el prestigio personal de los políticos, en clara referencia al alcalde, al presidente y a los empresarios involucrados en hechos de corrupción. Economía selectiva podría llamarse.

Ante las justificaciones tan peculiares que han dado los empresarios, los políticos y los jueces, queda claro que a estos señores no les avergüenza reconocer públicamente que sus prioridades son los negocios, aun cuando sea dinero corrupto; algo queda deben pensar.

Para sellar ese pacto, recurren a frases bastante socorridas, que por la frecuencia que se usan ya nadie cree, pero que igual las utilizan con evidente superioridad, pues nos consideran poco menos que mulas: por ejemplo, la muy usada expresión “hay que traer inversiones a este país, para salir de la pobreza”; y esas inversiones solo pueden venir “con certeza jurídica, respetando el estado de derecho y la presunción de inocencia” apostillan para que todo quede más claro.

En este pacto pretenden capitalizar la precariedad de la situación para consolidar su modelo económico, a través de normalizar la política de la corrupción y privatizar las ganancias en este nuevo festín que se recetan a través de la obra pública.

Basta ya. Llevamos décadas aplicando la misma receta. Y por si no lo sabían, nunca ha funcionado.

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