Los valores en disputa y los intereses creados

Mario Rodriguez

La Guatemala actual funciona a través de pequeños seísmos que poco a poco van resquebrajando es accionar de la vieja política, pero esta se resiste a sucumbir acostumbrada al beneficio que otorga esa forma de gestionar la cosa pública.

Esos acontecimientos que semana a semana perturban la política local, generan dos fuerzas contrapuestas, por un lado un movimiento que intentan remodelar la política y por lo tanto crear un nuevo futuro a través de la lucha contra la corrupción; por el otro lado, la resistencia y contención de los daños por los grupos afectados y sus aliados naturales. Ambos movimientos tienen intereses contrapuestos y de ahí surge la idea bastante extendida y mentirosa que la CICIG y el actuar de Iván Velásquez y el Ministerio Público generan conflicto y enfrentamiento entre guatemaltecos. El conflicto social es otro, histórico y no coyuntural.

Pero sobre esa idea se trata de explicar la política actualmente, porque es funcional para los intereses de los afectados. Con ese relato están generando otras reglas, otras lealtades, otras motivaciones que generan al mismo tiempo nuevas alianzas que hacen confluir naturalmente al crimen organizado, con la clase política guatemalteca, con los empresarios involucrados en los negocios corruptos con el Estado y con una clase de trabajadores estatales que han sido parte de las estructuras oscuras. El objetivo es resistir, mantener el poder y contraatacar, y por decirlo de alguna manera, reciclarse.

En ese camino estos grupos han encontrado el caudillo ideal. El hombre que fue partícipe de la construcción del Estado que vivimos en la actualidad. El impulsor del proceso de liberalización económica y la participación privada en los asuntos del Estado, el que privatizo a dedo las empresas públicas y que permitió que ciertas esferas del poder público quedaran en manos de estructuras militares después de la firma de la paz.

El caso Pandora, es la síntesis de la profunda crisis moral que vive el país y refleja la dificultad que tiene la lucha por remediarlo. Alvaro Arzú, uno de los políticos con mayor poder en el país a lo largo de más de 30 años, se halla en el centro de un caso más de corrupción. Podría decirse que es un asunto menor, por alteración de facturas, contratos dudosos, peculado de fondos públicos municipales y desviación de recursos para financiamiento ilegal a partidos políticos. Pero la magnitud política que adquiere este caso por el personaje involucrado le otorga mayor morbo, en la medida que este caudillo, reproduce los esquemas mentales de políticos y empresarios sobre la conducción de la gestión gubernamental y representa una parte de esa casta conservadora de empresarios y políticos que han hecho fiesta con el Estado. Ni Pérez Molina, ni la pandilla del Mariscal Zabala juntos, reúnen las condiciones para aglutinar a todos en su luchar por la impunidad y en contra la CICIG y el MP. El mandatario también lo sabe y por eso sus amistades actuales.

En esa pelea política y judicial, existen muchos criterios que sirven para los peores propósitos, incluyendo la lucha ideológica, la apelación al nacionalismo y la intervención extranjera, entre otras, que en realidad producen una vergüenza ajena por la falta total de argumentos de defensa existente y que solo sirven para desviar la atención del asunto principal, que son las formas de criminalidad corrupta que han empleado los políticos y los empresarios vinculados al quehacer público para obtener beneficios dudosos, abuso de bienes, creación de empleos ficticios, fraude fiscal, lavado de dinero, manipulación de contratos, apropiación de recursos y acceso al poder por medio de campañas millonarias financiados con dinero de capitales dudosos.

Afirmar que la lucha contra la corrupción afecta directamente a la economía, es otro de los argumentos falaces que circulan por ahí, con el único propósito de ganar la guerra de ideas y los posicionamientos en torno la legitimidad que unos buscan para el accionar de esas redes ilícitas.

Con el correr del tiempo, vendrán otros casos y otros imputados. Las reacciones serán las mismas. Pero aferrarse a este tipo de actividades ilícitas y no combatirlas, nos llevará por un callejón sin salida que impedirá la creación de un proyecto ético de nación, basado en valores sociales y morales que sustenten el bien común en el ejercicio del poder político.

Estamos entonces en la madre de todas las batallas. El resultado de ese proceso tendrá una repercusión estructural en el futuro del país. El dilema es mantener el estado de cosas actual o dar paso a la destrucción del Estado mafioso, sin importar quién tiene que caer.

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