Guatemala. Adolescentes en conflicto con la Ley Penal

Por Sayda Monterroso

os y las jóvenes en conflicto con la ley en Guatemala, enfrentan un panorama muy complejo del cual todas y todos tenemos que hacernos cargo.
Ley Penal

El Sistema de Justicia Penal Juvenil se empieza a crear en el 2003 con la entrada en vigencia de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia para niñas y niños que cometían delitos, pero como no toda la niñez acusada de infringir la ley podía ser juzgada, se determinó una edad mínima de responsabilidad tal como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño. En Guatemala, esa edad de responsabilidad es entre los 13 y antes de cumplir los 18 años de edad, a este grupo etario se le conoce como adolescencia.

Para determinar la responsabilidad de un adolescente que se le acusaba de haber infringido la ley, fue necesario crear un sistema de justicia especializado, diferente al sistema penal de adultos, con principios y procedimientos que le permitieran comprender que la adolescencia es esencialmente una época de cambios que trae consigo enormes variaciones físicas y emocionales. En la adolescencia se define la personalidad, se construye la independencia y se fortalece la autoafirmación. La persona joven rompe con la seguridad de lo infantil, corta con sus comportamientos y valores de la niñez y comienza a construirse un mundo nuevo y propio. Para lograr esto, el adolescente todavía necesita apoyo: de la familia, la escuela y la sociedad, ya que la adolescencia sigue siendo una fase de aprendizaje. La adolescencia es la etapa de la vida de toda persona, donde se afianzan los valores, se exploran experiencias y se forma la personalidad, por eso es tan importante el acompañamiento de la familia y la comunidad en esta etapa de desarrollo.

Para responder a estas necesidades en la actualidad no existe una política pública enfocada en la protección de la niñez y adolescencia; de hecho la escasa inversión pública para palear los problemas que sufren niñas y niños en Guatemala nos da un panorama claro del desinterés que existe por parte del Estado para cubrir las necesidades básicas de su desarrollo. A esto se le suma la desintegración familiar y la necesidad que tanto la madre como el padre de familia trabajen para mantener el hogar, en el mejor de los casos, pues muchos niños y niñas a temprana edad deben trabajar para contribuir al sostenimiento del hogar y se ven obligados a abandonar el sistema educativo.

Las y los adolescentes constantemente están expuestos a altos grados de violencia, desigualdad, poca inversión y falta de oportunidades. Sin duda las nefastas debilidades del Estado para garantizar los derechos de la niñez y adolescencia son aprovechadas por las estructuras criminales, quienes les ofrecen a las y los adolescentes una falsa protección, pertenencia, e identidad para involucrarlos enactos delictivos.

Sistema de Justicia Penal
Muchos de los adolescentes que llegan al Sistema de Justicia Penal Juvenil, deberían recibir una atención integral fomentando la responsabilidad alejada de la idea de castigo, restituyendo los derechos que se les han violentado, bajo el principio de interés superior y no discriminación; a su vez, el sistema debería contar con programas socioeducativos que brindaran las herramientas necesarias para insertarse a la sociedad con la participación de la familia y la comunidad. Desafortunadamente el sistema, al igual que muchas instituciones, no cuenta con los recursos necesarios ni con una estrategia para lograrlo.

Según datos que nos brindó la Secretaria de Bienestar Social por medio de un pedido de información pública que realizamos, para agosto del 2017 se registran 1131 adolescentes en los centros de privación de libertad, con capacidad para 710 personas en total, es evidente el problema de sobre población en casi todos los centros. Asimismo, conversando con el Director de Prevención terciaria de la Sub Dirección de Inserción y Resocialización nos comenta que en la actualidad no se cuentan con programas dentro de los centros y las pocas actividades que realizan los adolescentes privados de libertad se limitan a actividades religiosas o actividades que se coordinan con otras organizaciones de la sociedad civil.

Más preocupante aún, es que los adolescentes en conflicto con la ley, se enfrentan a una sociedad indiferente que los ve como algo molesto, y que los degrada a tal nivel que son vistos como los indeseables, que no se les deberían de tener ningún tipo de consideración, sin darse cuenta que la situación que viven es solo el reflejo de la violencia y la falta de oportunidades para su desarrollo integral. La inserción no es falacia o algo utópico, un ejemplo claro son los programas de atención integral delSistema de Responsabilidad de Colombia que utilizan la pedagogía amigoniana para los procesos de inserción social con enfoque restaurativo, que le permite a las y los adolescentes fortalecer sus capacidades y conocimientos.

Sin duda el sistema guatemalteco aún debe trabajar mucho para lograr un proceso de inserción digno, eficaz y que cumpla con una perspectiva de derechos humanos.

Boletín #56
https://www.ceppas.org.gt/article/adolescentes-en-conflicto-con-la-ley-penal/

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