Cuatro actos de infamia que no tienen perdón

Marco Fonseca

Los cuatro actos de infamia que se cometieron en el gobierno entre agosto y septiembre de 2017, y que abajo analizamos brevemente, constituyeron un intento vil y deliberado por legalizar, nada más y nada menos, que la criminalidad misma. No hay perdón para estos actos de infamia y vileza porque, además de constituir una afronta directa contra la ciudadanía misma y sus demandas desde 2015 son también, en su esencia, fundamentalmente maliciosos. La irreversible deshonra en que han caído tanto diputados/as como presidente ha empujado a mucha gente dentro de la ciudadanía, finalmente, a perder ilusiones de reformismo institucional. El Paro Nacional evidenció una pérdida de credibilidad institucional a tal punto que, aunque en casos aislados hayan sido actos cometidos por equivocación o estupidez, fueron cometidos colectivamente con intención maliciosa y criminal. La dignidad es irreversible porque, de manera personal e institucional desde congreso hasta presidencia, estamos hablando de algo que va más allá de un «Pacto de corrupción». Estamos hablando de una dinámica política que es simplemente irreductible a lo moral e incorregible dentro de las instituciones del Estado neoliberal existente o por acción simplemente judicial de las mismas como lo han querido hacer el MP y la Cicig. Para entender lo que ha pasado, pasemos un recuento rápido de esos cuatro actos de infamia que, como un todo, constituyen una negación, una restauración dentro de la restauración, para negar lo poco legal que en el Estado neoliberal de derecho todavía intenta negar la posibilidad de la institucionalización total del crimen como modo normal de legalidad.

Primer acto de infamia: la solicitud de retirarle el derecho de antejuicio a Morales que la Corte Suprema de Justicia avaló y transfirió al Congreso para su consideración porque, según la Comisión Investigadora del Congreso, había evidencias suficientes de financiamiento ilícito y era por tanto recomendable retirarle la inmunidad al presidente. La respuesta del Congreso, el 11 de septiembre, se dio cuando 99 diputados/as de las bancadas mayoritarias votaron a favor de mantener la inmunidad de Morales y solo 25 diputados/as votaron a favor de retirársela. Aunque la falta de 105 votos dejó este «archivo» abierto para una futura reconsideración, el acto infame ya de todos modos había sido cometido. Y a la percepción de corrupción por financiamiento ilícito que ahora pesa sobre Morales se añadió la revelación, el 12 de septiembre, de que Morales había recibido encima de su ya inflado salario básico ocho pagos del ministerio de la Defensa, de Q50 mil cada uno para un total de Q450 mil, por un llamado «bono de responsabilidad». Aunque Morales haya ya devuelto este dinero, este acto infame ya también había sido cometido.

Segundo acto de infamia: el 13 de septiembre 107 diputados/as también de las bancadas mayoritarias (FCN-Nación, UNE, MR y AC), pero incluyendo incluso gente de «izquierda» (Winaq), votaron a favor de la iniciativa de ley 53-52, Decretos 14-2017 y 15-2017, que reformaban o adicionaban el artículo 407 incisos O y P del Código Penal sobre el financiamiento ilícito y los artículos 50 y 51 del Código Penal sobre conmutación de las penas y los delitos inconmutables. Con el primero, de un pincelazo, le quitaban la responsabilidad financiera a los secretarios generales de los partidos dominantes en el Congreso, actualmente acusados precisamente de dichos crímenes en la última campaña electoral de 2015 (y algo que también es retroactivo para campañas anteriores), y ponían la responsabilidad más bien sobre el contador u otra persona «directamente» implicada de las agrupaciones políticas. Y con el segundo, con la propuesta de aumentar de 5 a 10 años la conmutación de penas, estaban esencialmente dejando no menos de 404 delitos sin peligro de resultar en prisión y con derecho a pagar una simple caución económica. Esta contra-reforma criminal constituye, así, la esencia de ese proceso de intentar legalizar el crimen y, de paso, invalidar el trabajo de la Cicig y las demandas de la ciudadanía desde 2015. Este «Pacto de Corruptos» es, en efecto, un plan que se había fraguado semanas antes de su ejecución el 13 de septiembre y que también habían contado con el aval, indirecto, del Cacif por medio de su pieza principal en el gobierno, Julio Héctor Estrada, quien fue ministro de Finanzas, así como asesor y coordinador de la Presidencia de Morales hasta el 19 de septiembre (ver https://nomada.gt/?p=53716).

Algo interesante fue escuchar la defensa de esta maniobra hecha por Amílcar Pop, del partido Winaq, cuyo razonamiento sobre la contra-reforma del primero de los decretos se queda no solamente corto, sino que es patéticamente insuficiente para justificar la aprobación de esta legalización del crimen. De acuerdo a Pop el problema del financiamiento ilícito y la responsabilidad de la secretaria general de un partido se reducen a esto:

«Si un alcalde recibe unas vacas de un productor de amapola, por qué tengo que ser yo como secretario general responsable de este hecho. El que debe de ser juzgado es el que recibe ese financiamiento» (ver https://www.plazapublica.com.gt/node/12997).

El razonamiento irónico de Pop, compartido por los/as diputados corruptos/as, da la sofística impresión de que la actual prohibición del financiamiento ilícito, tal y como la misma se consigna no solo en el Código Penal sino también en la Ley Electoral y de Partidos Políticos y que, a la luz de esto, es algo que la Cicig ha venido investigando desde 2015, conduce injustamente a asignarle responsabilidad criminal a un/a secretario/a general cuando a un «productor de amapolas» cualquiera se le ocurre, por sus propios intereses, donar «unas vacas» para una determinada campaña electoral o candidato/a presidencial sin que éste/a sepa absolutamente nada de dicha donación y la misma se haga por medio de otras personas. De acuerdo a este razonamiento, lo mismo puede decirse si en lugar de «unas vacas», gallinas o cocos una determinada campaña electoral recibe millones de dólares en dinero líquido – y también posiblemente lavado – así como en publicidad y hasta helicópteros y propiedades. Si el/la secretario/a general no «sabe» nada de esto personalmente, si no firma directamente nada, los/as diputados/as corruptos/as se preguntan ¿por qué tiene que ser criminalmente responsable del delito de financiamiento electoral ilícito?

El razonamiento de Pop, que es ampliamente compartido por los partidos del Pacto de la Corrupción, es un razonamiento a todas luces incoherente. Para empezar, la razón por la cual candidatos/as presidenciales o secretarios/as generales (siendo, por el pésimo diseño electoral de la LEPP, la misma persona) no firman directamente nada – lo que no significa que no sepan nada – es precisamente para garantizar que puedan negar su envolvimiento directo en el financiamiento ilícito. Además, el hecho de que secretarios/as generales o candidatos/as presidenciales no sean personalmente responsables de las finanzas de su organización no significa, de ninguna manera, que no sean moral y legalmente quienes también tengan que dar la cara en caso de ilegalidades. En eso consiste el liderazgo político a no ser que estemos dispuestos/as a aceptar la perversa noción de que es perfectamente posible ejercer un liderazgo ética y políticamente digno dentro una organización esencialmente diseñada para ejercer e institucionalizar el crimen. Es obvio, sin embargo, que la responsabilidad de los/as secretarios/as generales no reside en ser o no ser quienes directamente reciben vacas o millones de dólares sino en marcar la pausa, asegurarse de la transparencia, poner a prueba a toda la gente que trabaja para la organización y, en última instancia, respetar las reglas del juego político desde la transparencia hasta los límites en el gasto electoral. O sea que la cuestión del financiamiento ilícito no puede ser irónicamente trivializada como lo hace Pop y los/as otros/as diputados cuando afirman que «son responsables [solamente] quienes están directamente involucrados» en recibir las vacas o las gallinas – las «personas jurídicas» de las que habla el actual Art. 407 inciso N del Código Penal – y no los/as secretarios generales. Pero es en base a este razonamiento espurio que Pop apoyó la reforma al primero de los decretos y luego se congratuló de no haber apoyado la segunda. No solo se trata de un razonamiento legalista y bipolar que parte pelos técnicos, ya no digamos éticos y políticos, para justificar una medida corrupta y criminal, sino que también es un razonamiento ideológicamente malicioso para un diputado que pretende ser de izquierda y que fue electo como tal por sus bases.

Tercer acto de infamia: después de una protesta ciudadana masiva la noche del 13 de septiembre, incluyendo un asedio ciudadano al Congreso, debido al voto a favor de la inmunidad de Morales y al voto a favor de las reformas al Código Penal, el 14 de septiembre el Congreso decidió de nuevo someter dichas reformas a un segundo voto. El resultado en esta ocasión fue 130 votos a favor y ni un solo voto en contra de suspenderlas. Esto estuvo precedido y sucedido por declaraciones de contrición, arrepentimiento, falta de experiencia, falta de conocimiento de la iniciativa e incluso coerción por parte de muchos/as diputados, sobre todo neófitos/as, de las bancadas mayoritarias. Para poder llevar a cabo este voto el Congreso también tuvo que pasar un proyecto de «precedente legislativo» que ahora permite regular el procedimiento a seguir cuando decretos particulares que sean pasados por el legislativo puedan regresar al pleno y puedan ser reconsiderados. Esto fue previamente aprobado por 118 diputados/as. ¿Por qué es esto un acto de infamia? Porque revela la voluntad de torcer y retorcer las leyes de manera arbitraria y conveniente dentro del poder legislativo soberano, siempre y cuando ello sea de su conveniencia y no como resultado de la voluntad ciudadana. Es más, la demanda de la ciudadanía no era que revertieran las contra-reformas sino que renunciaran del Congreso de inmediato. Que no quepa la menor duda, sin embargo, que la estrategia de inmunizar a los/as secretarios generales en cuestión de financiamiento ilícito va a retornar cuando se contrabandee esta medida como parte de las anti-reformas del más reciente borrador de la LEPP que están por «debatir» de nuevo.

Cuarto acto de infamia: la ciudadanía se volcó a las calles de manera masiva durante el Paro Nacional del 20 de septiembre para demandar la renuncia de Morales. Este fenómeno tiene continuidades con 2015 y también cambios significativos, pero no hay duda que estamos entrando a una nueva etapa de la guerra de posiciones. ¿Y cuál fue la respuesta de un Congreso claramente sorprendido y, a todas luces, intimidado por la reacción rápida y masiva de la ciudadanía? Rápidamente organizaron un segundo voto sobre levantarle el derecho de antejuicio a Morales. Pero ni siquiera la protesta masiva del Paro Nacional que sacó a las calles a más de 200,000 mil personas en todo el país (dato de la Procuraduría de los Derechos Humanos) fue suficiente para persuadir a los/as honorables diputados/as de la corrupción para quitarle el derecho de antejuicio a su presidente. Tan rápido fue este acto de infamia que, una vez iniciada la sesión plenaria, la votación directa no tomó ni siquiera 10 minutos y el resultado de la votación de los/as 112 diputados/as presentes fue así: 70 votaron a favor, 42 en contra y 46 diputados/as estuvieron ausentes garantizando con ello la victoria de la impunidad. De nuevo las bancadas de FCN-Nación, Movimiento Reformador, UCN y TODOS entrecruzaron brazos y así, como próceres y héroes de la nación, confirmaron su «alianza de la impunidad» y cerraron filas en torno a Morales. A diferencia del primer voto, con el pragmatismo que caracteriza su versión de extremo centrismo, esta vez la UNE abandonó la corriente dominante y votó junto a Convergencia y Encuentro por Guatemala a favor de levantar la inmunidad presidencial.

¿Cómo podemos juzgar estos actos de infamia recientes que han de nuevo motivado el alzamiento de una ciudadanía indignada? Creo que la respuesta está dada en un editorial de Plaza Pública que, por su absoluta certeza, me tomo la libertad de reproducir:

«No hay perdón posible. No son faltas. No son pequeños descuidos. No es una venialidad. Human Rights Watch dijo que es uno de los atropellos más flagrantes al Estado de derecho que hemos visto en los últimos años en la región. Las organizaciones sociales nacionales hablaron de un intento de imponer una dictadura de criminales. Otros sugirieron que nos colocaba en la senda de un golpe de Estado. No, no fue una travesura, una niñería, un despiste: fue el uso cínico y alevoso del poder para legalizar la infamia.

Dejemos a un lado las formalidades, es decir, la mascarada, las mayúsculas: Padres de la Patria, Legisladores, Representantes Popularmente Electos. Conocemos el Fraude en el que se fundan. Dejemos de fingir que creemos que son políticos: una gran mayoría son criminales, delincuentes, truhanes, rateros: arteros y fingidores. Aprueban leyes y dávidas con ese gesto del asesino que le saca filo a su cuchillo. Ellos son el naufragio de la historia.» (ver https://www.plazapublica.com.gt/node/12990).

Pues porque no hay perdón es que la ciudadanía demanda justicia y transformación. La Refundación política del siglo XXI, sin embargo, ya no puede sacar su derecho de la Constitución neoliberal del pasado, sino solamente de una Asamblea Plurinacional Constituyente, democrática y participativa, del porvenir. La ciudadanía irrevocablemente indignada no puede comenzar su verdadera tarea antes de despojarse de toda veneración supersticiosa por el Estado neoliberal de derecho y la ilusión del cambio o la reforma dentro de sus laberintos claroscuros. Mientras que las protestas del 2015 todavía recurrieron casi exclusivamente a las consignas de la justicia y la transparencia como una demanda universal para deslegitimar al gobierno criminal de Otto Pérez Molina y, así, apaciguar el grito de la indignidad, la articulación del poder constituyente en el presente ya no puede quedarse con eso y – para recordar a Marx – «debe dejar que los muertos entierren a sus muertos, para cobrar conciencia de su propio contenido». Por eso es que las demandas ciudadanas que surgieron de la plaza, no solo el 14 y 15 de septiembre sino también en el Paro Nacional del 20 de septiembre, son extremadamente importantes: 1) renuncia del presidente Morales y el resto de su gabinete; 2) renuncia de los/as 107; 3) reformas profundas y estructurales a la Ley Electoral y de Partidos Políticos; todo lo anterior como precondición para 4) una Asamblea Constituyente Plurinacional que es el único espacio donde es posible entablar un diálogo democrático, multisectorial, incluyente y participativo.

Vamos Guatemala hacia la #RefundaciónYa desde abajo, democrática y rupturista

Marco Fonseca es Doctor en Filosofía Política y Estudios Latinoamericanos por parte de la York University. Actualmente es instructor en el Departamento de Estudios Internacionales de Glendon College, York University. Su libro más reciente se titula «Gramsci’s Critique of Civil Society. Towards a New Concept of Hegemony» (https://goo.gl/Oeh4dG).

https://marcofonseca.net/

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