Jimmy Morales, un cómico contra las cuerdas

Manuel González Ayestarán
Rebelión

En Guatemala se está librando una disputa entre diversos sectores de sus clases dominantes y de su sociedad en la que se definirá la estructura de poder del país durante las próximas décadas. Por primera vez la red mafiosa, derivada del período de dictaduras militares, ve peligrar su hegemonía política. Guatemala es un país cuya “democracia” descansa sobre el olvido de 250.000 víctimas asesinadas o desaparecidas en el conflicto que marcó a ese territorio durante el período dominado por gobiernos militares socios de Washington.

Actualmente, su sociedad se encuentra en plena encrucijada entre dos proyectos de país. Uno supone una vía de mínimos para garantizar la institucionalidad básica de una democracia liberal, el otro implica el fortalecimiento de la red de impunidad que rige el complejo mafioso-bancario-militar que domina el país centroamericano desde las mencionadas dictaduras genocidas. El primer proyecto se puede decir que arrancó con la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en 2006. Es un órgano de carácter internacional, dependiente de Naciones Unidas (ONU), destinado a apoyar al Ministerio Público y a las instituciones de seguridad del Estado en la investigación de casos ligados a la actividad de cuerpos ilegales y de los aparatos clandestinos de seguridad.

El Cicig fue creado durante el gobierno derechista de Óscar Berger Perdomo, en acuerdo con la ONU, debido a que el elevado grado de enquistamiento de las mafias en el Estado guatemalteco vulneraba en exceso la gobernabilidad del territorio. Esto implica que, desde el inicio de su andadura, este organismo estuvo apoyado por un sector importante de la burguesía nacional interesado en eliminar a estos cuerpos criminales para poder desarrollar sus fórmulas de negocio y fomentar la inversión extranjera en el país. El mismo presidente Jimmy Morales prometió, durante su campaña presidencial de 2015, apoyar a esta institución en la lucha contra la red de enriquecimiento ilícito dominante.

Sin embargo, la actividad de este organismo ha evidenciado la simbiosis existente entre la delincuencia y el poder económico, llegando incluso a señalar al mismo presidente Morales y a sus principales apoyos políticos. Desde entonces, las trincheras iniciales de este conflicto se han desdibujado. “Lo que está sucediendo es que, a medida que pasa el tiempo, no sólo se está trabajando en la desarticulación de los eslabones más débiles de estas estructuras, sino que se está llegando al mismo corazón de las mafias”, explicó la periodista guatemalteca Marielos Monzón a Caras y Caretas. “Cuando estamos hablando del corazón de las mafias estamos hablando del corazón del poder en este país. Es el sector económico más poderoso, integrado por los grupos más vinculados a la represión, que son los militares de la contrainsurgencia más duros y que han mantenido su red de control sin haber sido tocados nunca”.

Morales contra el Cicig

Esto ha provocado una pugna entre diferentes secciones de la burguesía nacional y del aparato estatal que ha derivado en una crisis de institucionalidad que amenaza con paralizar Guatemala. El epicentro del conflicto público se está dando entre el cómico y showman, devenido en presidente, Jimmy Morales, y el actual comisionado de la Cicig, Iván Velásquez Gómez. Velásquez ya había trabajado en el caso que tumbó al expresidente Otto Pérez Molina, el cual terminó implicado en 2015 junto a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en una compleja red de corrupción por cohecho pasivo, asociación ilícita y defraudación aduanera. Por tanto, su precedente como titular del Cicig ya suponía una amenaza intrínseca para Morales, cuyo partido, el Frente de Convergencia Nacional (FCN), fue fundado por integrantes de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), es decir, los militares vinculados a la represión, al genocidio, a las torturas y las desapariciones.

Actualmente Jimmy Morales se encuentra acorralado en el marco de una coyuntura judicial que lo asola por diversos frentes. Por un lado, al poco tiempo de hacerse con la presidencia mediante una campaña política basada en la lucha contra la corrupción, la Fiscalía inició un proceso penal en contra de su hijo, de 20 años, y contra su hermano y mentor político, Sammy Morales, por delito de lavado de dinero u otros activos. Por otro lado, el viernes 25 de agosto, Iván Velásquez junto a la fiscal general Thelma Aldana solicitaron el enjuiciamiento del mismo Morales por presunta financiación ilícita de su campaña electoral de 2015 a la cabeza del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación). El mandatario fue acusado de haber manejado más de 600.000 dólares en gastos de campaña electoral no reportados. Esta situación de asfixia entre la presión judicial sobre los sectores políticos que sostienen a Morales y sobre su propia familia lo ha llevado a buscar personalmente la destitución del comisionado del Cicig.

Así, al conocer la petición de enjuiciamiento impulsada por Velásquez y Aldana contra su persona, Morales viajó hasta Nueva York para entrevistarse con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, al que presentó varias quejas sobre la actuación de Velásquez al frente del Cicig, relacionadas con la extralimitación de sus funciones. A su vuelta, sin haber logrado obtener respaldo por parte de Guterres, Morales declaró non grato a Iván Velásquez por “presionar a diputados del Congreso para llevar a cabo reformas constitucionales” y le ordenó salir del país. Sin embargo, esto fue rechazado por la Corte de Constitucionalidad tras varias semanas de intensas movilizaciones populares en las calles en defensa de la actividad del Cicig contra la impunidad.

Según Marielos Monzón, “mientras el comisionado del Cicig y la fiscal general estaban atacando un sector que no era el núcleo duro de poder, Iván Velásquez era una especie de dios bajado del Olimpo en Guatemala y todos, incluyendo los sectores más conservadores y la oligarquía, lo apoyaban. Incluso hubo campañas de protestas durante las cuales era común ver autos de lujo con adhesivos que decían ‘I love Cicig’. Pero una vez que las investigaciones se centraron en la estructura económica que estaba involucrada en estos casos de corrupción, se rompió el amor y el comisionado empezó a ser señalado como parte de un supuesto complot elaborado por la izquierda internacional para colocar un gobierno radical en Guatemala que acabara con los empresarios”.

Finalmente, la Corte Suprema de Justicia autorizó el pasado lunes el antejuicio contra Morales. Por tanto, actualmente el retiro de su privilegio de inmunidad dependerá de lo que se vote en el Congreso guatemalteco en los próximos meses. Este organismo conformará una comisión encargada de elaborar un expediente del caso en base al cual el pleno decidirá si da lugar o no al antejuicio del mandatario. En este proceso se definirá qué estructura de poder hegemonizará el país durante las próximas décadas. Hoy es evidente que Morales y el complejo corrupto económico-militar-bancario al que representa perdieron el apoyo del establishment internacional y de un sector de la burguesía nacional que ve mayores ganancias en la vía de los negocios legales que en la red mafiosa actual.

Todo ello hace que el país esté en riesgo de aislamiento internacional y de paralización económica si el sector de Morales logra imponerse en esta pugna. Esto también desembocaría en una suerte de purga contra sectores políticos progresistas y contra defensores de derechos humanos, líderes indígenas y campesinos, así como contra fiscales y periodistas -como Monzón-, actualmente amenazados de muerte por las mafias.

Posibles salidas

Marielos Monzón ha sido amenazada en varias ocasiones debido a sus investigaciones realizadas en el marco de la memoria histórica. En 2002 su vivienda fue allanada sucesivas veces por encapuchados que llegaron a encañonar a su propio hijo, que entonces tenía nueve años. Recientemente ha visto aparecer su nombre junto a los de otros periodistas y defensores de los derechos humanos en una lista intimidatoria que fue difundida en un diario nacional, y que a su vez ha sido entregada a personas acusadas de narcotráfico.

Según la periodista, actualmente se ha configurado en Guatemala “un pelotón proimpunidad compuesto por una gran asociación entre militares de la contrainsurgencia acusados de graves violaciones a los derechos humanos; militares, tanto retirados como de servicio, vinculados a grandes casos de corrupción, junto a políticos, empresarios evasores de impuestos y banqueros”. A este bando debe agregarse también el sector del narcotráfico, el cual conforma un capital emergente cuyas estructuras también están siendo atacadas por esas mismas investigaciones. Así, con todo ello se conforma un bando muy fuerte en favor de la impunidad.

Este conglomerado actualmente está defendiendo, a través de sus grupos mediáticos y políticos favorables, que la lucha contra la corrupción esté generando el cierre de empresas y la paralización de la economía. Ellos sostienen que la actividad del Cicig está provocando que nadie se atreva a hacer negocios en Guatemala. Sin embargo, para Monzón, lo que está sucediendo es que “ellos ven peligrar su manera de hacer negocios basada en los sobornos, las coimas y la corrupción”. Para la columnista de Prensa Libre, este sector está dando un mensaje aun mayor moviendo los hilos de su títere, Jimmy Morales, ante el organismo designado por la ONU. En palabras de Monzón, este mensaje podría sintetizarse en “este es nuestro país, ustedes acá no tienen cabida, tampoco tiene cabida la democracia, ni la lucha contra la impunidad ni la defensa de los derechos humanos. Este es nuestro país y no se toca”.

Por otro lado, si la agenda de lucha contra la impunidad se impusiese, Guatemala comenzaría a recuperar sus instituciones y a dilucidar posibilidades de desarticular esos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos. “Dependiendo de cómo se resuelva este conflicto, sabremos quién gana en Guatemala: las mafias o la gente que quiere cambiar el país”, concluyó Monzón.

Hurron Daily Tribune

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