Violencia, represión, injusticias y paraísos fiscales: la Hacienda San Gregorio

Por Redacción CMI-G

Un breve historial del caso de las injusticias laborales cometidas en la Hacienda San Gregorio Piedra Parada, se presenta a continuación. Un caso que arrastra conexiones entre empresas y grupos familiares que han explotado y violentado los derechos de los trabajadores, y que está marcado por serios casos de violencia y violaciones a los derechos humanos.

El 12 de febrero de 1992 la Compañía Comercial Agrónomo Pecuaria, S.A., (COCAPSA), del Grupo Campollo Codina, y presidida por Ricardo Campollo Codina, despidió de manera ilegal, injusta y masivamente, a 310 trabajadores, en la hacienda San Gregorio Piedra Parada, en el Municipio de Coatepeque, Quezaltenango, encontrándose emplazada COCAPSA (Hacienda San Gregorio Piedra Parada) y vigente una resolución del juzgado segundo de primera instancia y de trabajo de Coatepeque, donde se prohibía a la empresa dar por terminados cualquier contrato de trabajo sin autorización del juez de trabajo.

Con fecha 17 de agosto de 1992, la Sala Primera de la Corte de Apelación de Trabajo y Previsión Social declaró con lugar las diligencias de reinstalación promovidas por los trabajadores. Sin embargo, nunca se hizo efectiva la reinstalación de los trabajadores despedidos. El despido ilegal y masivo que violentó los derechos de los trabajadores de hacienda San Gregorio se hizo efectivo con la intención de violar y truncar el proceso organizativo sindical que llevaban los trabajadores, lo que constituyó una grave violación al Convenio 87 por parte de COCAPSA y del Estado Guatemala, porque no se cumplieron las leyes laborales ni se respetaron los derechos de los trabajadores. COCAPSA implantó una asociación solidarista para contener el movimiento sindical en esa finca.

En la demanda laboral también se incluyó a Óscar Eduardo Ubico de León, quien era el propietario de la empresa Servicios Industriales, S.A., conectada a la Hacienda San Gregorio y a la fábrica de hule Piedra Parada. La familia Ubico de León está vinculada a los Campollo Codina. Uno de ellos, Carlos Roberto Antonio Ubico De León, integra la junta directiva de la Fundación Madre Tierra, presidida por Rosa María Asunción Campollo Codina, que forma parte del Grupo Campollo.

Posteriormente, el 20 de marzo de 1993, desapareció el sindicalista Gustavo Rosalío Vásquez López, después de una actividad de protesta en exigencia de la solución del conflicto laboral de hacienda San Gregorio donde el sindicato completo había sido despedido desde febrero de 1992. La desaparición de este sindicalista no ha sido esclarecida.

Luego, el 6 de mayo de 1993 fue asesinado Adrián Miranda López, miembro del Sindicato de Hacienda San Gregorio, después de haber sido interrogado sobre su actividad sindical. Posteriormente varios afiliados al sindicato fueron amenazados de muerte también.

Finalmente, el 30 de octubre de 1993 es asesinado Velizario López Rojas, del Sindicato de Trabajadores de Hacienda San Gregorio Piedra Parada, estando vigente el conflicto laboral. Es de resaltar que la empresa mantuvo vigente el despido de 310 trabajadores a pesar de existir órdenes de reinstalación.

En 1998, COCAPSA vende la Hacienda San Gregorio al Grupo R.Q., iniciales de Roberto Quintanilla, cuyo nombre completo es José Roberto Quintanilla Paiz, finquero agroexportador. Preside Las Guacas, S.A., y el Grupo R.Q, que concentran sus propiedades en la costa sur y bocacosta. El representante legal de Las Guacas, S.A. es Manuel Alberto Bacaro Pedroza, el mismo de la Compañía Comercial Agrónomo Pecuaria Quihuit, S.A. vinculada a COCAPSA de los Campollo Codina, con sede en Coatepeque.

El Grupo R.Q. adquirió la deuda con el IGSS que arrastraba COCAPSA, y la mantuvo hasta la fecha.

A nombre de José Roberto Quintanilla Paiz se encuentra la sociedad Cadiz Develop Group, inscrita en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas, según documentó la filtración de documentos Panama Papers.

La sociedad Cadiz Develop Group tiene como sedes en Guatemala, la misma de Las Guacas, S.A. y el Grupo R.Q., en la zona 14 de Ciudad de Guatemala, y el bufete Díaz Durán y Asociados-Central Law, dirigido por el abogado Mario Búcaro y Juan Pablo Carrasco que preside la Camara de Comercio Guatemalteco Americana (AMCHAM). El bufete es citado en múltiples ocasiones en los Panama Papers.

La Hacienda San Gregorio Piedra Parada es una finca extensa con plantaciones de hule, especies maderables y frutales que forma parte de varias fincas dedicas a la agroexportación.

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