Fondo de Pensiones Militar, entre los señalados por el Coronel Rubio Castañeda

Por Gustavo Illescas CMI-G

A vista de pájaro el libro del coronel de infantería DEM, Edgar Rolando Rubio Castañeda, se diferencia de otros escritos por militares al no dedicarse a justificar las violaciones a los derechos humanos cometidas contra civiles por el ejército durante la guerra, ni las trata de equiparar con las cometidas por las organizaciones guerrilleras.

De hecho, la guerra de 36 años aparece periférica en su narrativa -aunque fue combatiente-, y escuetamente acepta que el ejército cometió la mayoría de violaciones a los derechos humanos.

Rubio Castañeda, proveniente de una familia que posee tierras en San Pedro Carchá, Alta Verapaz, reivindica al coronel de la primavera Jacobo Árbenz Guzmán como un modelo a seguir en la institución armada, bajo un discurso nacionalista y anti oligárquico, pero realiza al mismo tiempo una oda al expresidente Alfonso Portillo, señalado de corrupción.

Al presidente Alfonso Portillo, con quien nos solidarizamos y le decimos con humildad lo que escribió Lucio Anneo Séneca, en su libro providencia hace veinte siglos: “¿por qué le suceden a los hombres buenos muchas adversidades? (Rubio: 2017, 25)

Fuera del revelador detalle sobre su afinidad política, que solo viene a confirmar las tendencias que se articulan para la siguiente contienda electoral, su interés es demostrar el poder de la oligarquía y su relación de autoridad con el ejército, así como los actos de corrupción de la institución castrense, fundamentalmente del alto mando militar. Para un análisis de la relación entre oligarquía y estado existen materiales mucho más enriquecedores (algunos citados por el propio autor), y con relación a la alianza oligárquica militar, basta con leer el trabajo de Martín Rodríguez Pellecer “la alianza que ganó la guerra” que resume ese entronque de poder contrainsurgente.

Desde dentro, muy pocos libros han sido críticos al alto mando militar, entre ellos los del Mayor (r) Gustavo Adolfo Díaz López[1] que señala al ex Ministro de la Defensa del gobierno de Vinicio Cerezo, el general de división (r) Héctor Alejandro Gramajo (+); o el del coronel (r) Ricardo Méndez-Ruíz Rohrmoser (+), que siendo Ministro de Gobernación de Ríos Montt cuestiona al gobierno militar anterior para justificar que no le competía responder por las desapariciones forzadas de militantes del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT).

No se trata de procesos contenidos en un expediente, sino de actos sórdidos, incubados por la violencia en el mayor secreto. Podrían ser crímenes políticos o venganzas personales, pero todo ello, indudablemente, se realizó en el más profundo misterio usando procedimientos propios de la corrupción política, o sea que se trata de hechos vergonzosos de los mismos que dieron lugar al levantamiento militar del 23 de marzo que terminó definitivamente con esa situación[2].

Las divisiones a lo interno del ejército de Guatemala no son nuevas, como tampoco los señalamientos por corrupción y servilismo al poder económico. Sin embargo, llama la atención la celeridad con que el Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN) convocó a la conformación de un Tribunal de Honor para que el coronel Rubio Castañeda presente sus pruebas de descargo.
El Instituto de Previsión Militar (IPM) y el caso de Maquisa

Uno de los señalamientos delicados que menciona Rubio Castañeda en su libro Desde el Cuartel, otra visión de Guatemala, es la situación que atraviesa el Instituto de Previsión Militar (IPM).

Fundado en 1966 como un fondo de pensiones para los militares afiliados y sus familiares, tiene como antecedente el Departamento de Previsión Militar creado durante el gobierno de Jacobo Árbenz Guzmán.

En la década de 1980, el IPM comenzó a utilizar los fondos públicos para capitalizar sociedades anónimas de su propiedad, que prestan servicios variados y en las que participan como accionistas militares en activo y retiro, así como civiles. Sin embargo, los señalamientos de Rubio Castañeda se suman a otras fuentes que han detectado anomalías en el manejo de los recursos del fondo de pensiones militar. Dilucidar este aspecto es vital para la moral de los subalternos, que esperan una jubilación y apuestan por una distribución equitativa de las utilidades.

Al IPM lo han corrompido invirtiendo el dinero de los afiliados en Fondos de Pensiones en el Extranjero. Así lo hicieron en Miami con 37 millones de dólares en Pension Fund of America (PFA)[3], cuando los directivos militares, de alta y baja, recibieron 50 mil dólares de comisión por dicha “inversión”, la cual no se ha recuperado en su totalidad. (Rubio Castañeda, 2017. 274)

Tal información se desprende de un cable secreto desclasificado por wikileaks que data del 29 de septiembre de 2003 titulado Military Pension Fund: Military Focus on Recovering Funds, Avoding outside investigation, en el cual el embajador de EEUU en Guatemala, John R. Hamilton, informa sobre la corrupción en el IPM y la posible vinculación de Enrique Ríos Sosa entonces Jefe del Departamento de Finanzas del Ministerio de la Defensa. Según el documento, el IPM posee el 60% de las acciones y el 40% le pertenece a militares en activo y retiro. [4]

Más adelante, el Coronel Rubio Castañeda agrega que hay oficiales que

Han extendido la corrupción siendo juez y parte en unidades económicas y, lo más deshonestos, siendo fraudulentamente accionistas de unidades económicas del IPM, como Afianzadora Solidaria. S.A. (Afissa), Almacenes y Servicios, S.A. (Alsersa), Aseguradora Guatemalteca (AG), Club La Aurora, Hotel Suites Mar y Sol, Insercosa, Inversiones para el mañana (Inverma), y Mayaquímicos, S.A. de las que reciben dividendos por las acciones (robadas) que poseen. (Rubio Castañeda, 2017. 274)

Maya Químicos, S.A. conocida comercialmente como Maquisa, fue la primera empresa en ser creada por el IPM en 1980, con un capital inicial autorizado de Q600 mil.

El único militar en aportar capital fue el entonces Coronel de Ingenieros Ricardo Alfonso Pons Rodas, con Q 240 mil, que fungió como el primer presidente del Consejo de Administración de Maquisa. Pons Rodas es de la promoción 57 de la Escuela Politécnica, junto a Arturo Guillermo de la Cruz Gelpcke, quien años más tarde sería también presidente del consejo de administración de Maquisa.

Luego, cuatro accionistas civiles con un aporte de Q 30 mil cada uno, siendo estos Carlos Eugenio Springmuhl Silva, quien dirigió la Asociación de Amigos del País, fue fundador de la Financiera Industrial, socio de Cementos Progreso y del Grupo Tecún. Su hermana Isabel Springmuhl Silva, es la abuela del diputado Luis Enrique Hernández Azmitia; Enrique Novella Camacho, quien fuera presidente del Consejo de Administración de Cementos Progreso; los hermanos Felix y Carlos Montes Cordoba, fundadores de la Universidad Francisco Marroquin (UFM) y tíos del ex ministro de gobernación Carlos Vielman Montes. Carlos Roberto Vielman Montes, es hijo del coronel Carlos Roberto Vielman Prado y Stella Montes Córdova.

Carlos Montes Cordoba fue miembro de la Junta Directiva del Banco G&T Continental, y su hija Ana Lucrecia Montes Granai está casada con José Raúl González Merlo, fiduciario de la UFM y vicepresidente de finanzas del Grupo Cempro desde 2010 y gerente general de Cementos Progreso.

Otros Q240 mil fueron aportados por Erick Fromholt, representante legal de la empresa Nitro Nobel AB de Suecia[5], dedicada a la producción de nitroglicerina. En junio de 1984 el capital autorizado de Maquisa ascendió a Q 1,100,000.00[6] y para 2011 asciendia a Q14 millones 750 mil.

En 2005 un artículo de Carlos Menocal publicado en Prensa Libre, titulado el IPM tiene un emporio, menciona que en 2004 Maquisa obtuvo ingresos por Q 22 millones y entregó al IPM Q 3 millones en concepto de ganancias, pese a que supuestamente el IPM poseía el 81.3% de las acciones de la empresa.

Como accionistas de Maquisa, Menocal menciona a una serie de militares retirados conocidos en la política guatemalteca, entre ellos prófugos de la justicia por casos de corrupción en el presente o ligados a proceso por crímenes cometidos durante la guerra.

Alfredo Rabbé, Cecilio Peláez, Édgar Dedet, Eduardo Wohlers, Francisco Marín Golib, Hugo Morán Carranza, Jorge Perussina, José Domingo García Samayoa, José Quilo Ayuso, Luis Francisco Ortega Menaldo, Manuel Callejas, Marco Antonio González Taracena, Mario Enríquez, Mario Terraza, Miguel Meléndez, Ronaldo Tobar Barrera y Salvador Castro Olguín, entre otros.[7]

Se desconoce si los socios fundadores de Maquisa vinculados a Cementos Progreso continúan con acciones en la empresa. En el Caso de Nitro Nobel AB, en 1986 fue adquirida por Dino Industries AB y en 2006 por Orica[8], quien no reporta actividades económicas en Guatemala.

En 2005 Maquisa también se vio señalada por la diputada Nineth Montenegro cuando denunció tenía el monopolio de la importación de clorato de potasio, utilizado para la manufacturación de explosivos y fuegos artificiales, y que el Ministerio de la Defensa no contaba con los controles para verificar su distribución ilegal. [9]

Maquisa ha sido la responsable de suministrar explosivos al proyecto hidroeléctrico “Xacbal Delta” ubicado en el municipio de Chajul, Quiche, a la Mina San Rafael y al proyecto hidroeléctrico el Cafetal de la familia Thomae, entre otras.

***

El Estado Mayor de la Defensa Nacional EMDN convocó al Tribunal de Honor, aparentemente sin el respaldo de sus superiores, el Ministro de la Defensa Williams Mansilla Fernández, y el presidente de la república y comandante general del ejército Jimmy Morales.

Cabe señalar que el Jefe del EMDN es Juan Manuel Pérez Ramírez, quien fue sancionado con 15 deméritos junto a otros militares por el extravío de 1,449 granadas en el Comando Aéreo del Norte, en Petén, entre finales de 2012 y principios de 2013, que pudieron haber pasado a manos del crimen organizado[10]. No obstante, el 1 de septiembre de 2016 el presidente Jimmy Morales lo ascendió a General de División, máximo rango al que se puede optar en la carrera militar[11].

El alto mando militar se encuentra tensado ante la decisión que el tribunal de honor pueda tomar, ya que por un lado si sanciona al Coronel Rubio se verá seriamente cuestionado por ocultar un secreto a voces, y por el otro, la pruebas de descargo que presente el coronel podrían abrir la puerta para que se investiguen posibles casos de corrupción en la institución castrense como la que se señala en contra del IPM, que ponen en peligro el fondo de pensiones de los militares en activo y retiro, así como de sus familias beneficiarias.

[1] Guatemala en llamas: visión política militar del conflicto armado 1960-1996 (2008), Editorial Oscar de León Palacios. La rebelión de los pretorianos (2011), Editorial Oscar de León Palacios.

[2] Méndez-Ruíz Rohrmoser, Ricardo. Coronel Ricardo Méndez Ruíz R. Crónica de una vida 1944-1992, años convulsos. Artemis Edinter s.a. Guatemala 2013. Pág. 343.

[3] Los activos de PFA fueron congelados en 2005 por haber realizado recaudaciones fraudulentas por US$ 127 millones con inversionistas latinoamericanos.

[4] https://wikileaks.org/plusd/cables/03GUATEMALA2500_a.html

[5] En 1986 Nitro Nobel AB es adquirida por Dino Industries AB y en 2006 es adquirida por Orica.

[6] El Instituto de Previsión Militar (IPM) suscribió Q 300,000.00 en acciones y Nitro Nobel AB Q 200,000.00.

[7] http://www.albedrio.org/htm/noticias/pl240705-1.htm

[8] Orico se presenta como una transnacional líder en explosivos para actividades extractivas como la minería, petróleo y gas

[9] http://www.prensalibre.com/hemeroteca/ejercito-es-sealado-en-turbio-negocio

[10] https://elperiodico.com.gt/nacion/2016/09/07/sancionados-por-robo-de-granadas-ocupan-altos-cargos-en-el-ejercito/

[11] http://www.guatemala.gob.gt/index.php/noticias/item/3063-presidente-morales-y-vicepresidente-cabrera-participan-en-aniversario-de-escuela-politecnica

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