Institucionalidad en trapos de cucaracha, un producto de la derecha guatemalteca

Por Edgar Batres* –

El Estado de Guatemala, tal y como dibuja el comisionado Iván Velásquez de la CICIG, “Guatemala ha sido diseñada para la impunidad”[1]; expresión que puede reflejarse al revisar los acuerdos legislativos 003-2017, 004-2017 y 005-2017 aprobados recientemente por el Pleno del Congreso de la República de Guatemala, para nombrar a funcionarios en instituciones vitales de la administración pública[2], en representación del poder legislativo.

Al revisar la aprobación de los tres acuerdos, la Presidencia de la Comisión de Transparencia y Probidad decidió interponer tres amparos en contra el Congreso de la República ante la Corte de Constitucionalidad, al considerar que estos acuerdos vulneran la Constitución Política, en los artículos 113, “Derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que razones fundadas en meritos de capacidad, idoneidad y honradez” y los artículos 152, 153 y 154 respectivamente.

La vulneración del decreto 89-2002, Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios Públicos; especialmente los artículos 6 que establece; “Principios de Probidad. Son principios de probidad los siguientes; a) El cumplimiento estricto de los preceptos constitucionales y legales; b) El ejercicio de la función administrativa con transparencia.” El 16 que establece “…no podrán optar al desempeño de cargo o empleo público quienes tengan impedimento de conformidad con leyes especificas y en ningún caso quienes no demuestren fehacientemente los meritos de capacidad, idoneidad y honradez.

La Corte de Constitucionalidad resolvió amparar provisionalmente a la solicitud, este resultando es una oportunidad para los objetivos de la Comisión, en cuanto a fortalecer el Estado de Derecho y no seguir con el juego de la derecha tradicional, que ha hecho de la administración pública su botín histórico de corrupción e impunidad.

Por años las instituciones responsables de prestar los servicios sociales, que conforman el andamiaje administrativo del gobierno, han sido objeto de la cooptación por parte de la derecha guatemalteca, quienes al final resultan ser los responsables de la anarquía e ineficiencia en que han venido operando, permitiendo que la iniciativa privada resurja como la salvadora para operar los servicios, sirviendo únicamente para recapitalizarse a costa de la Administración Pública.

Sin embargo como lo exponemos, esa derecha caduca ha tocado fondo, nombrando a diestra y siniestra a personajes que no llenan los requisitos mínimos para optar a puestos públicos, o bien funcionarios obscuros con deudas penales o que han burlado la ley en comparsa para su nombramiento. Afortunadamente esto tiene que cambiar y para ello se debe instrumentalizar y hacer que las leyes estén en favor del Estado de derecho y de sus instituciones, las cuales brindan un servicio pésimo, como el IGSS, RENAP, Migración, ENERGUATE, Ferrocarriles de Guatemala, TCQ, Transurbano; y así la lista puede ser muy extensa que muestra la ineficiencia y caducidad con que vienen operando los representantes de la iniciativa privada que por medio de contratos leoninos, se han apoderado de estas.

Por ello, es importante recuperar la legalidad y fortalecer la administración pública y dar paso al respeto de la legalidad constitucional, recordando que seguimos en la lucha en contra de la impunidad y corrupción, que desde la Comisión de Transparencia y Probidad, Presidida por el Diputado Amílcar Pop de la Bancada WINAQ, evidenciando la constante violación constitucional por parte de funcionarios que se han considerados superiores a la Ley; tal y como ha sucedido con en el nombramiento por parte del Congreso, de los funcionarios en CONAMIGUA[3], RENAP[4] y deJunta Monetaria[5], instituciones vitales para el que hacer de la adecuada administración pública guatemalteca.

Estas instituciones, como el RENAP que está llamada a garantizar la identidad de las personas y lo que ello significa para el resguardo identidad ciudadana y que producto del desorden institucional y anarquía imperante, hay miles de personas que carecen de su carnet de identidad, negando este derecho constitucional y limitando gestiones propias en donde se requiere este documento, aparte de constituir un documento sumamente oneroso para la mayoría de los ciudadanos.

De igual manera sucede con la institución encargada de la atención al Migrante; migrante guatemalteco que a pesar de las condiciones deplorables e infrahumanas que tuvo que enfrentar como “mojado” en búsqueda de mejores condiciones económicas para dar una oportunidad a su familia, porque el Estado de Guatemala nunca se lo brindo y ahora significa un aporte vital para una economía estable por medio de las remesas familiares.

Otro de los nombramientos es para la integración de la Junta Monetaria, nombramiento que se hacía sin considerar la importancia de lo que significa la política monetaria nacional e internacional y por ende el Congreso debería nombrar a los mejores cerebros del país en materia de economía política. El amparo provisional facilita establecer un mecanismo de postulación, necesario para exhortar al Colegio de Economistas para sea parte de esta nueva dinámica, considerando que es la cuna de la ciencia para hacer de la Junta Monetaria el ente que el país necesita para mantener una economía estable y favorezca al pueblo de Guatemala, como establece la Constitución Política de la República.

Con los amparos otorgados, se establece un precedente para que el Congreso de la República, rectifique los procedimientos en que ha venido operando, al olvidar la función constitucional que le obliga para la adecuada formulación de la creación de la Ley y una lección a la derecha enquistada en la administración estatal que ha llegado la hora del cambio

* Asesor Parlamentario WINAQ

[1] http://elperiodico.com.gt/pais/2017/04/03/nota-7-35/

[2] La administración pública (es decir, el estudio detallado de la organización interna del estado) es un área que ha estado dominada por la teoría burguesa (la cual, en general, tiende a ser poco crítica) que, en el mejor de los casos, se ocupa de los problemas inmediatos de la organización del estado. JOHN HOLLOWAY K. http://www.iapqroo.org.mx/website/biblioteca/Fundamentos.pdf

[3] Acuerdo número 003-2017; aprobado el diecisiete de enero, en donde se acuerda declarar electos como miembro titular y suplente por parte del Congreso de la Republica, para integrar el Directorio del Registro Nacional de las Personas –RENAP-.

[4] De los nombramientos de Secretario Ejecutivo y Subsecretario de la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala; juramentados en base al acuerdo número 004-2017; y publicado en lunes 13 de febrero de 2017, en el Diario de Centro América, aprobado en sesión plenaria del Congreso de la Republica el diecisiete de enero de dos mil diecisiete; lo que dio validez a dicha elección.

[5] Acuerdo número 5-2017; aprobado en sesión plenaria del diecisiete de enero dos mil diecisiete y publicado en el Diario Oficial, el siete de febrero de dos mil diecisiete, declarando electos a los integrantes titular y suplente ante la Junta Monetaria.

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