Potencial cancelación del proyecto hidroeléctrico Oxec causa reacciones perversas

Por Gustavo Illescas y Luis Solano
CMI-Guate

Los empresarios están enojados. Las recientes resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que suspenden el proyecto hidroeléctrico Oxec han provocado una especie de levantamiento empresarial. Las principales agrupaciones que representan intereses de los empresarios e inversionistas en proyectos hidroeléctricos han expresado su inconformidad contra esas entidades superiores en materia de justicia, al extremo de poner en entredicho la suspensión dictada contra el proyecto hidroeléctrico Oxec. Falaz resultan los argumentos empresariales externados, tomando en cuenta datos oficiales.

Asustando con el petate del muerto

La Corte de Constitucionalidad (CC) dictaminó el 17 de febrero de 2017 la suspensión temporal del proyecto Oxec, que involucra tres hidroeléctricas: Oxec I, II y III. El dictamen sigue a la resolución de noviembre de 2016, cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió las operaciones de ambas hidroeléctricas, por violaciones al Convenio 169; luego, al amparo otorgado por la CSJ, el 4 de enero de 2017, que se dio a favor de los comunitarios del municipio de Santa María Cahabón, Alta Verapaz, que se oponen a su construcción porque no hubo consulta comunitaria. Los dictámenes, temporales, confirman que no hubo consulta comunitaria, y ordenan al Ministerio de Energía y Minas (MEM) a realizarla.

El 22 de febrero, las reacciones empresariales no se hicieron esperar. El caso de Oxec evidencia los grandes intereses detrás. Por eso, la Asociación de Generadores de Energías Renovables (AGER) con el respaldo de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), realizó una conferencia donde estuvieron su presidente, Carlos Colom Bickford; el presidente de la Autoridad del Mercado Mayoritario (AMM) y el presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNNE).

La AGER dice que el sector eléctrico está “preocupado ante una posible suspensión de la operación de proyectos hidroeléctricos, que han cumplido con todos los procedimientos que las leyes vigentes establecen, da a conocer algunos de los impactos…”. Como ya se manifestó, la resolución de los entes principales de justicia indica que no habido consulta comunitaria y que ordena realizarla. Pero AGER manifiesta además, con datos que deben ser analizados cuidadosamente, que los precios de la electricidad se incrementarán como resultado de esa suspensión, bajo el supuesto que el costo de producción aumentará.
La situación de la generación, demanda y exportación de electricidad

De acuerdo con datos estadísticos de la Autoridad del Mercado Mayoritario (AMM), a 2016 se observaba una sobre producción de electricidad estimada en 11.1 mil millones de Kilowats hora, de los cuales se consumieron 9.9 mil millones y se exportaron 1.2 mil millones. Las hidroeléctricas produjeron 34%, las termoeléctricas 60% que incluye a los ingenios azucareros que produjeron el 25%.

Fuente: AMM

Según el informe anual de 2016 de la AMM, puede observarse una creciente generación de electricidad con respecto a 2015, mientras que la demanda de energía permanece por debajo de la generación total.

A lo externado por la AGER, se unión la Cámara de Comercio Americana de Guatemala (AMCHAM, por sus siglas en inglés) que emitió un comunicado exigiendo garantías para la inversión extranjera.

En los discursos de la AGER y la AMCHAM, se denotan varios mensajes delicados. Por un lado, se pone en tela de juicio las resoluciones legales de la CC y la CSJ, que obviamente están basadas no en cuestiones meramente políticas sino en argumentos legales claros. De ahí que los dictámenes estén dirigidos al llamado al MEM a que cumpla con la realizar la consulta comunitaria que aún no se hace. Pero por otro lado, se advierte de parte de los empresarios que habrá costos económicos para la mayoría de la población, bajo el supuesto que la suspensión de los proyectos encarecerá la energía eléctrica. Y eso es delicado porque se está señalando a las principales instituciones que administran y aplican la justicia en el país, y a los comunitarios que exigen sus derechos, de ser responsables de esos efectos económicos. Entre líneas, hay un claro mensaje perverso.

Los proyectos suspendidos no están produciendo, hay una creciente generación de electricidad con varias tecnologías, los precios se han mantenido relativamente estables y hay proyectos solares y eólicos venideros. Pareciera entonces que el caso Oxec ha afectado poderosos intereses que ha obligado a las máximas agrupaciones empresariales a pronunciarse.

Otros pronunciamientos

Cuando se dio la resolución de la CSJ, en enero, Javier Zepeda, director ejecutivo de Cámara de Industria de Guatemala, reaccionó indicando “que les preocupa ver cómo se toman decisiones…sin considerar el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual refiere que la falta de consultas populares no es motivo para el cese de operaciones”. Sin embargo, el MEM alega que sí hubo consulta y los promotores del proyecto Oxec afirman haberla llevado a cabo como “un proceso de consulta previa de buena fe”.

No obstante, cuando en junio de 2016 las comunidades de Cahabón impulsaron la consulta comunitaria por medio de la municipalidad, los empresarios interpusieron recursos legales para que no se realizara. Las comunidades hacían uso de su derecho a la libre autodeterminación fundamentados en el artículo 28 y 66 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Código Municipal.

En realidad, los empresarios habían limitado su “consulta” a un grupo de pobladores vinculados directamente con la empresa, quienes dieron su visto bueno sin el consentimiento de la mayoría.

Tras la resolución de la CSJ en enero, tanto el CACIF como FUNDESA reaccionaron demandando la reglamentación de la consulta comunitaria, algo que para las comunidades opuestas a proyectos hidroeléctricos ven como una argucia para que se implemente algo que favorecerá exclusivamente a la implantación de esas inversiones sin un asidero comunitario.

¿A quién pertenece el proyecto Oxec?

Es propiedad de la empresa Oxec, S.A., inscrita en Guatemala, pero perteneciente al grupo Energy Resources Capital Corp (ERCC), la cual está registrada en Panamá.

ERCC controla varios proyectos hidroeléctricos en Alta Verapaz, entre estos la Hidroeléctrica Visión de Águila, en la finca Sonte, Cobán (río Sachichaj); los proyectos Oxec, Oxec II y Oxec III, en Cahabón;, Raaxhá, en Cobán; y El Tamarindo, en Baja Verapaz, mejor conocido como Sisimite, en el río Motagua, propiedad de Generadora Nacional (GENASA). Los proyectos Oxec suman casi 100 MW de generación.

Oxec, S.A. tiene como representante legal a José Ernesto Batres González, quien es director de ERCC. El presidente de ERCC es Carlos José Alfredo González Asturias. González Asturias es un empresario agroexportador, y uno de los fundadores del desaparecido Banco de Exportación (BANEX), fusionado con el BancoG&T Continental en 2007. Es uno de los principales socios de la empresa de cerámica Samboro, fundada por el ideólogo neoliberal Manuel Ayau Cordón (ya fallecido) y dirigida actualmente por su hijo Manuel Ayau García. Samboro es uno de los principales usuarios consumidores de energía eléctrica de Guatemala, y uno de los destinos del petróleo que se explota en las cercanías del Parque Nacional Laguna Lachuá, en la FTN, por Latin American Resources (LAR). El grupo Ayau es uno de los principales propietarios y constructores de hidroeléctricas, la cuales comenzaron durante la década de 1990 en el contexto de la privatización del sector eléctrico.

En el proyecto hidroeléctrico Oxec participa el grupo español Cobra, plenamente involucrado en la construcción de los proyectos hidroeléctricos RENACE I-V, de la Corporación Multi Inversiones, del grupo familiar Bosch Gutiérrez, con la cual Fundesa trabaja estrechamente. El presidente de Fundesa es Felipe Antonio Bosch Gutiérrez. El director ejecutivo de Fundesa, es Juan Carlos Zapata Sagastume (hijo del expresidente del Banco de Guatemala, Willy Zapata) quien promueve el proyecto de RENACE desde la Mesa de Competitividad que Fundesa implantó en San Pedro Carchá. La esposa de Juan Carlos Zapata es Marina Lu Dolores Martínez García, Gerente de Comunicación e Imagen Institucional de la Corporación Multi Inversiones y columnista del conservador diario digital republicagt.

https://cmiguate.org/potencial-cancelacion-del-proyecto-hidroelectrico-oxec-causa-reacciones-perversas/

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