Guatemala atraviesa por uno de los momentos más complejos para la justicia

Por: Nelton Rivera.

Una delegación de abogados internacionales visitó el país recientemente, su objetivo fue realizar una misión de alto nivel para analizar la precaria situación de los abogados y abogadas vulneradas en el ejercicio de la abogacía, las estrategias de grupos económicos y criminales que buscan revertir los avances en materia de investigación penal y juicios en contra de las redes criminales, mismos sectores que buscan que prevalezca la impunidad.

La misión internacional tuvo como objetivo la visita a la Granja Penal de Cantel y cárcel Preventiva para Mujeres ubicadas en Quetzaltenango, lugares en los que se encuentran recluidos de forma arbitraria 10 presos políticos, entre ellos autoridades comunitarias del pueblo mam de San Pablo, San Marcos, por defender los bienes naturales.

En una conferencia de prensa, realizada en la ciudad capital, la misión internacional de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) presentó su informe que contiene una serie de valoraciones y conclusiones sobre su misión en Guatemala durante su visita del 20 al 24 de febrero del 2017.

En esta misión participó el Dr. Belisario Dos Santos, comisionado de la CIJ, abogado de Brasil y experto en derechos humanos y justicia, el Dr. Jaime Araújo, abogado de Colombia, ex presidente de la Corte Constitucional de ese país y Ramón Cadena, director de la oficina de la CIJ para Guatemala.

Durante 4 días los tres abogados realizaron entrevistas, reuniones, escucharon los testimonios de abogados y abogadas defensoras de derechos humanos, del colegio de abogados, funcionarios del Organismo Judicial (OJ), autoridades comunitarias y presos políticos.

Guatemala está atravesando por uno de los momentos más difíciles, las campañas de difamación y criminalización se dirigen en contra de personas que están jugando un papel importante desde la comunidad, defendiendo los bienes naturales, llegando hasta los operadores de justicia que aún mantienen la independencia, frente a los poderes que cooptan y corrompen el sistema.

Uno de los casos más preocupantes es el de las autoridades comunitarias y ancestrales maya mam del municipio de San Pablo, San Marcos; once personas entre ellas una madre soltera de cuatro hijos fueron criminalizados y judicializados por oponerse a una empresa hidroeléctrica, diez de ellos se encuentran detenidos arbitrariamente en la Granja Penal de Cantel en Quetzaltenango, otro de 75 años de edad fue liberado, pero su estado de salud es complicado. Tres fueron sentenciados de manera injusta, cumplieron la pena, pero son retenidos dentro de la prisión.

Estos casos son reiterativos en varias partes del país, en Huehuetenango, en el territorio norte, las autoridades ancestrales y comunitarias maya q’anjob’al, chuj y mestizas denunciaron la complicidad de los operadores de justicia, Estado y empresarios para perseguir y encarcelar a las autoridades, detrás están los intereses de las hidroeléctricas, alcaldes o redes criminales.

Los juristas harán la solicitud para que el Relator especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, haga una visita oficial a Guatemala.

Prensa Comunitaria
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