Consolidando la Impunidad Empresarial caso TCQ

“La manera como se presentan las cosas no es la manera como son; y si las cosas fueran como se presentan la ciencia entera sobraría”.

Carlos Marx

Por: Edgar Batres – Asesor Bancada Winaq

Durante los últimos años, analistas se han dado a la tarea de posicionar la categorización de los diversos estadios en que se encuentra el Estado de Guatemala, dentro de ellos el más posesionado ha sido el de “fallido” y otros lo denominan cooptado, corrupto, entre otros.

Sin embargo el denominado “Estado fallido” es el que más se adecua a la interpretación de las condiciones en que subsiste, es fallido para las clases desposeídas porque se hunden en la miseria, sin empleo, sin seguridad social, sin justicia, sin educación, sin salud, sin oportunidades para los niños, adolescentes, jóvenes mujeres y ancianos, por supuesto que ese es el Estado fallido, pero es el Estado ideal para la gobernanza de la política de la derecha, consolidada a partir de un estado criollo, oligárquico, tradicional, conservador, patriarcal, patrimonialista y monoétnico, siendo la viva imagen del Estado guatemalteco. En donde los sectores tradicionales han permanecido al acecho del erarios nacional, utilizando diversas figuras para lograr sus intereses de clase, entre subsidios, fideicomisos, concesiones o bien los usufructos, permitiendo con ello la re-capitalización de su fortuna, sin invertir ni arriesgar un centavo de su capital, por si alguna vez lo tuvieron, pero si saqueando de la malaventura del pueblo que paga sus impuesto, mientras ellos evaden.

Han violentado la Constitución Política de la República de Guatemala, entre ellos el artículo 120, siendo objeto de ardid, creando una falsa teoría de la administración de los bienes públicos, en donde el capital apuesta pero no arriesga, quebrantando el estado de derecho y bajo la premisa de la supuesta legalidad se ha entregado recursos del Estado a empresas nacionales e internacionales, sin clausulas de beneficio social o controles de calidad del servicio que prestan.

En ese orden de ideas, actualmente en los tribunales de justicia del país, se lleva el caso penal en contra de la empresa Terminal de Contenedores Quetzal, o TCQ, de capital español, empresa favorecida por un préstamo del Banco Mundial, en donde además de ser prestamista, es accionista del 15% del total de acciones, vaya negocio; ya que por medio de argucias leguleyas creadas en los prestigiosos bufetes jurídicos, fraguaron un certero golpe a la soberanía de los recursos del Estado en desmedro de la Empresa Portuaria Quetzal, que genera utilidades al Estado, corporaciones municipales del departamento de Escuintla, a los trabajadores y comunidades vecinas.

Los ingresos obtenidos durante el año 2015, fueron de Q229,673,834.50 millones, de los cuales fueron 10% para las municipalidades de Escuintla por un monto de Q34, 451,075.13 millones, 5 % a la municipalidad de Puerto de San José, cifra significativa en relación a lo que pretende otorgar la nueva empresa por 21 años de concesión, sumaria solamente 10 millones de dólares para las corporaciones municipales y de esto solamente serán destinados 500 mil para servicios sociales de los municipios y ya no los manejaría el municipio sino otras instancias, lo que resulta desmedro de los recursos municipales del departamento, más contundente no puede estar. El Estado recibió Q. 45,934,766,90 millones de quetzales, además del 5 % para los trabajadores, 5 % de reserva de capital y un 50 % de capitalización para la Empresa.

tcq

Estos montos, con la negociación propuesta por la intervención judicial que defiende los intereses privados y avalada por el Presidente Jimmy Morales por medio del acuerdo gubernativo 151-2016, vulneran los ingresos de los beneficiados que la Empresa Portuaria Quetzal otorga anualmente, también atenta contra la Procuraduría General de la Nación ya que el acuerdo establece:

“articulo 2. La Procuraduría General de la Nación, debe observar que los convenios, contratos, y/o acuerdos a que se arriben con la entidad Terminal de Contenedores Quetzal, Sociedad Anónima, TCQ, sus accionistas individualmente considerados y la Empresa Portuaria Quetzal, cumplan con las normativas técnicas y legales correspondientes y contribuyan al desarrollo económico de la Nación; debiendo informar a la Presidencia de la República, periódicamente de los avances de las negociaciones a que se arriben por las partes en cumplimiento del presente acuerdo”.[1]

Debemos recordar que la Procuraduría General esta para proteger los bienes e intereses del Estado, sin embargo lo que mandata el artículo 2 del acuerdo gubernativo 151-2016, del gobierno de la República de Guatemala, es atender los intereses de la iniciativa privada de un negocio que surgió a la vida pública con incoherencias de origen y por ello en contra de los intereses del Estado, de la empresa portuaria, de los municipios del departamento de Escuintla, que anualmente se benefician con las utilidades y por ende en perjuicio de los trabajadores y vecinos.

La Controlaría General de Cuentas, emitió dictamen que establece la “competencia desleal”[2], que atenta contra la Empresa Portuaria Quetzal, siendo vulnerada con la entrada en operación de una empresa de extranjera, con todos los derechos otorgados en forma ilícita, vendiendo la idea que el país se beneficia, esto es falso ya que los únicos beneficios serán para la empresa extranjera, en comparsa con empresarios guatemaltecos tradicionales, funcionarios del gobierno actual.

Para legalizar este negocio, se ha anunciado que al Congreso de la República, será enviada por el ejecutivo iniciativa de ley, para que le de vida legal a un acto ilegal, vaya estratagema de impunidad y de entrega de la soberanía nacional.

Ante esto la propuesta debe ser, el Estado debe recuperar la soberanía de las aguas territoriales y la construcción de la terminal, y hacer que la empresa originaria a quien de forma ilícita se le concedió el usufructo oneroso a la Empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) de origen español, por medio de argucias leguleyas se le otorgaron derechos, siendo acto lesivo al Estado, esta empresa debe reconocer los costes de riesgo de inversión, que corresponden al libre mercado que defienden, de igual manera la empresa APM/MEARKS de capital holandés que compro ilícitamente los derechos de manejo de carga y descarga de contenedores, carece de validez, por lo que debe asumir los costes de una mala inversión y no pretender premiarla en detrimento de los intereses del Estado tal y como lo quieren hacer valer, ya que es un negocio entre particulares y en donde el Estado es ajeno, sin embargo han hecho creer que la empresa estatal no tiene capacidad para operar, situación falsa como lo comprueban los ingresos anuales que ha generado, con la intensión de validar un contrato que el Estado no suscribió con ellos.

De acuerdo al memorándum de entendimiento propuesto por la Procuraduría General de la Nación, según declaraciones, existe una clausula en donde se especifica que de estar enterada de las anomalías la empresa APM/MEARKS, el negocio es nulo, considerando que desde el año 2012 se interpusieron denuncias penales en donde se demostraba las transacciones viciadas que se estaban realizando, la potestad de un sub interventor, para la suscripción del usufructo planeado por intereses ajenos al Estado de Guatemala.

La hipótesis es que la empresa APM/MEARKS sabia lo enmarañado del negocio y por ende fue parte de ello, por lo tanto el Estado es legitimo dueño de la terminal de contenedores y por ende la Empresa Portuaria Quetzal debe tomar posesión inmediatamente de la terminal para operarla por medio de una Junta de Administración mixta; empresa, Estado y trabajadores, para así beneficiar al país como Estado, municipalidades y a trabajadores, como debe ser en una democracia legitima que vela por sus gobernados.

De lo contrario predominara el manto de la corrupción, impunidad y saqueo de los bienes del Estado en donde los únicos beneficiados serán los empresarios que por medio de ilegalidades fortalecen su capital creando hambre, miseria y retraso, quebrantando el Estado de derecho; ese que ellos mismos han creado a su antojo y configurando su ambición personal y empresarial de poder corrupto.

[1] Aunque existen criterios jurídicos arguyen que esto es sujeto a interpretación, en relación a las funciones de la Procuraduría, sin embargo debe de prevalecer los intereses del Estado y del Pueblo de Guatemala ante interés de acciones privadas o extranjeros, tal y como entiendo en el presente caso.

[2]Competencia ilícita. Toda práctica comercial que no respeta las reglas de juego del mercado fijadas por las leyes o establecidas por los usos y costumbres comerciales. Actuación mercantil que con engaño o fraude pretende sacar provecho o causar perjuicio a terceros (consumidores, distribuidores y competidores). http://www.economia48.com/spa/d/competencia-desleal/competencia-desleal.htm

Consolidando la Impunidad Empresarial caso TCQ

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