San Juan Sacatepéquez: “la cementera no nos deja vivir en paz…”

Por: Marisol Garces.

Desde hace más de 10 años, las comunidades maya Kaqchikel de la parte norte de San Juan Sacatepéquez se enfrentan a una problemática que ha marcado su vida, su presente y su futuro, debido al accionar de dos proyectos promovidos por la empresa Cementos Progreso: la construcción de la Planta San Gabriel y la carretera privada “Anillo Regional”, que favorece principalmente la conexión de esta planta con otra que opera en el oriente del país.

El 29 de septiembre de 2016, en cercanías de la comunidad Los Pajoques, decenas de trabajadores de la empresa y funcionarios del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda –CIV– llegaron custodiados por la Policía Nacional Civil PNC y el Ejército, con la intención de ingresar maquinaria para terminar el anillo regional por terrenos que son propiedad de personas de las comunidades que rechazaron la venta de la tierra. La presencia de las principales autoridades de las comunidades y la llegada de instancias nacionales e internacionales de Derechos Humanos, lograron bajar la tensión y hacer que se respetara la legalidad y la propiedad de las y los comunitarios.

Sin embargo, el día 10 de octubre 2016, siendo las 5 de la mañana, la señora María Leona Patzán y 6 familiares (en total cinco mujeres y dos hombres), todos habitantes de la comunidad Los Pajoques, se dirigían a su trabajadero para iniciar la jornada cuando se dieron cuenta que había un grupo numeroso de empleados de Cementos Progreso que estaban circulando el camino que conduce al terreno de la familia. Después de preguntar que sucedía los trabajadores de la empresa les respondieron que estaba prohibido el paso, a pesar de que la familia es la propietaria del terreno. Esto significa que sus tierras fueron expropiadas de forma ilegal y arbitraria.

Desde las 5:30 a.m. toda la comunidad se reunió en el lugar para dar apoyo a sus vecinos y poder ver de que manera se lograba el ingreso de la familia al terreno que es propiedad privada de la señora María Leona Patzán y de sus hermanas y hermanos, ya que su economía familiar depende del trabajo en este terreno.

Las personas de la comunidad estuvieron llamando todo el día a la Procuraduría de Derechos Humanos –PDH- para que llegaran a verificar la situación y mediaran para el respeto de los derechos que tienen las personas sobre sus tierras, sin embargo, no se presentaron en todo el día.

Una similar situación se dio en la comunidad Santa Fe Ocaña (cercana a la Cementera y por donde también pasaría el anillo regional en construcción, pero las autoridades comunitarias lograron negociar con los trabajadores de la cementera para que les dejaran pasar a sus terrenos y trabajaderos.

A pesar de los intentos de diálogo en múltiples ocasiones en la comunidad Los Pajoques, no se ha logrado que el Estado de Guatemala obligue a la empresa y sus trabajadores a retirarse de las comunidades, pues están en una actitud intimidatoria, y varios llevan palos, machetes y no se tiene certeza si puede haber trabajadores con armas de fuego, si esto fuera poco estas acciones ilegales se realizan con la protección de la PNC y del ejército.

Para intimidar y provocar a la comunidad, utilizaron al menos cuatro estrategias:

Enviaron a un empleado solo para que pasara frente a las personas de la comunidad, con la intención aparente de provocar reacciones violentas de las personas. Sin embargo, le dejaron la vía libre para pasar garantizando que nadie se le acercara.
En ese momento un dron sobrevolaba la zona grabando toda la situación, quizás con la intención de usar la grabación para seguir criminalizando a la comunidad posteriormente en medios de comunicación o colocando denuncias e iniciar otros procesos penales.
Se hicieron acciones paralelas al mismo tiempo en las dos comunidades: San José Ocaña y Los Pajoques, en terrenos que son propiedad de personas de las comunidades. Esta acción simultánea se analiza como una forma de generar zozobra en las y los pobladores y les deja el sentimiento de que ya nunca podrán vivir en paz.
Los empleados usan tono amenazante y discriminatorio para tratar a personas de las comunidades y especialmente a las mujeres que reclaman su derecho de paso a un terreno que es de su propiedad.

Todas estas acciones son coincidentes con las realizadas en septiembre del 2014 cuando provocaron el asesinato de uno de los jóvenes de la comunidad de Los Pajoques opuestos a la empresa, el resultado tuvo un desenlace fatal con el asesinato de otras personas a quienes la comunidad identifico como integrantes de grupos irregulares armados afines a la empresa, acción que sirvió para justificar una nueva operación militar como la implementada en el último Estado de Prevención en las doce comunidades.

La empresa todo el día mantuvo la tensión y la problemática en esta zona, y a pesar de ser las 8 de la noche, los trabajadores permanecen en el lugar actuando de manera intimidatoria por lo cual las personas de la comunidad se quedaron a hacer vigilia para cuidar el bienestar de la familia y vigilar el respeto a la propiedad privada de las comunidades. Sin embargo existe preocupación de pasar la noche ahí, pues los trabajadores siguen estando armados de machetes, cuchillos y palos.

Frente a esta problemática, no podemos dejar de vincular otra serie de hechos que han ocurrido en estos días, como lo son la campaña de difamación y criminalización, y la acción de desafuero contra el diputado Amilcar Pop, quien ha cumplido el rol de acompañar los procesos de denuncia y pedir el respeto a los derechos de los pueblos indígenas en San Juan Sacatepéquez. En el proceso judicial en su contra se tergiversa el apoyo que Pop dio, cuando una estructura irregular de la PNC trató de detener una camioneta con personas de dichas comunidades, que volvían de la manifestación en el Parque Central del #13J (13 de julio de 2015) en donde se denunciaba la corrupción del gobierno Otto Pérez Molina. En El Periódico se publicó una noticia en la que se afirmó que esta estructura de la PNC funcionaba para realizar secuestros y ejecuciones extrajudiciales y que la detención iba destinada al asesinato de las dos autoridades comunitarias de San Juan Sacatepéquez.

La acción de violación de los derechos ciudadanos indignó a la ciudadanía, y fueron cientos de personas que se acercaron al anillo periférico para mostrar su solidaridad y exigir que se dejara volver a las personas en paz a sus comunidades. El Diputado Pop y la señora Hilda Morales de la PDH, así como otras entidades de derechos humanos, organizaciones de mujeres y estudiantes universitarios mediaron para evitar esta arbitrariedad.

La excusa de la detención de la camioneta era que en su interior iban dos personas acusadas de delitos, sin embargo nunca se mostró una orden de detención o algún documento que comprobara que dicha acción estaba en el marco de la legalidad.

Hoy, a un año de estos sucesos, y después de casi 10 años de recurrentes situaciones de violación a los derechos humanos de las comunidades del norte de San Juan Sacatepéquez, nos peguntamos:

¿Cuándo tendrán tranquilidad las comunidades para seguir con su vida?

¿Cuánto tiempo tendrán que seguir viviendo abusos las personas que viven en el lugar y que tiene tierras por donde la empresa necesita imponer sus intereses económicos?

¿Qué poderes paralelos tiene la empresa para lograr que el sistema de justicia siga cometiendo acciones ilegales de criminalización y judicialización de quienes se oponen a su proyecto?

San Juan Sacatepéquez: “la cementera no nos deja vivir en paz…”

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