Las «paradojas» del PNUD en Guatemala: Una aproximación inicial

Por Marco Fonseca

Las «paradojas» del PNUD en Guatemala: Una aproximación inicial
Marco Fonseca

Es imposible hoy hacer una análisis serio y profundo del desarrollo y sus problemas sin hacer un estudio sistemático del extractivismo con las categorías que nos ofrece la economía política crítica. Hacerlo o no hacerlo es una indicación no solo de cuestiones metodológicas y teóricas sino también de presupuestos ideológicos e inclinaciones políticas.

En el INDH 2016 del PNUD se habla de los conflictos por minería, disputas en territorios por hidroeléctricas, conflictos en torno a la caña de azúcar y palma africana e incluso del neoliberalismo y los agronegocios como centro de la cuestión agraria», etc. También se reconoce que «La dina?mica de las protestas sociales ha incorporado ostensiblemente el rechazo a proyectos de industrias extractivas, particularmente de mineri?a meta?lica y de genera- cio?n de energi?a hidroele?ctrica, imbricadas en la mayori?a de casos, con contiendas te- rritoriales de larga data» (p. 13); se habla de «el enorme impacto en las fuentes hi?dricas por el uso desmesurado de agua por parte de las industrias extractivas» (p. 39); y se reconoce, correctamente, que «por la exclusio?n de las grandes mayori?as de la poblacio?n en la definicio?n del horizonte de vida y bienestar deseado a nivel de pai?s, la injerencia en los espacios de vida de la gente es, en si? mismo, un hecho violento» (p. 160). Pero lo que el INDH busca hacer es no solo criticar correctamente la estigmatización de la protesta social «concebida negativamente como algo que propicia el desorden, la anomia y, por tanto, no es deseable ni beneficiosa para una sociedad» sino vincular dicha protesta social y demandas de la población, sobre todo en torno al extractivismo, con «una institucionalidad estatal insuficiente para el cumplimiento de su principal funcio?n, que consiste en garantizar el bien comu?n» (p. 162). Pues el «bien común», como se lo define en la constitución, no es solo el bien de los/as de abajo, de los/s que protestan, de las mayorías sociales. De ahí que el INDH los empresarios, incluso las mineras, reciben también su espacio en el informe, un espacio que articula su demanda por un gobierno que asuma «una posicio?n clara, reguladora y mediadora» para «reducir la conflictividad» (p. 220).

El INDH busca así enmarca los conflictos de clase en torno al extractivismo dentro de la categoría político-económica de la «conflictividad social» generada por los proyectos extractivistas, una categoría tan esencialmente problemática como una vez lo fue la categoría de la «ingobernabilidad» que se manejó en los 80s-90s, que también se reflejó en los reportes tempranos del PNUD y que una vez más reaparece en el informe presente cuando dice:

«Segu?n la Organizacio?n de Estados Americanos –OEA–, «un ambiente de gobernabilidad implica necesariamente una so?lida estabilidad institucional y poli?tica, a la vez que se demuestra un alto grado de efectividad y transparencia en la toma de decisiones y en la administracio?n pu?blica». Se afirma adema?s que: «So?lo existe gobernabilidad en la medida que existe un vi?nculo entre las demandas sociales y las poli?ticas de gobierno» (p. 162).

Según este diagnóstico, y solo en lo relativo a comunidades indígenas, el INDH afirma (citando a James Anaya):

«Guatemala atraviesa actualmente un clima de alta inestabilidad y conflictividad social en relacio?n con las actividades empresariales en los territorios tradicionales de los pueblos indi?genas, que tiene serios impactos sobre los derechos de los pueblos indi?genas y pone en riesgo la gobernabilidad y desarrollo econo?mico del pai?s» (p. 162).

Pero no hay una sola consideración conceptual sistemática sobre lo que economistas reconocidos como Bertola y Ocampo llaman la «reprimarización» de ecocomías periféricas como extension violenta de la frontera agrícola en globalización neoliberal como es el caso de Guatemala. Tal ausencia es más conspicua por cuanto que dicha temática ya ha sido parte de discusiones entre gente de la ONU misma aunque en otros países de Latinoamérica como Chile. Ahí sí han expresado interés y preocupación por este fenómeno sistemático del extractivismo en el contexto del capitalismo globalizador. De considerarse las cuestiones del extractivsimo pero bajo otra lupa conceptual, como lo hacen Antonio Rodríguez-Carmona y Elena De Luis Romero en su estudio titulado «Una investigación del impacto de Hidro Santa Cruz y Renace en los derechos humanos de pueblos indígenas» (2016), por ejemplo, los resultados y las conclusiones a que llega el informe del PNUD serían diamétricamente opuestas. Ni siquiera se plantearía la sugerencia de que «hace falta una discusio?n a nivel nacional sobre el desarrollo que se espera generar por medio de la extraccio?n minera, sus costos econo?micos, sociales y ambientales» (p. 222), pues dicha discusión y posible extracción estaría simplemente supeditada a la soberanía popular. A partir de una óptica diferente, sistemática y consecuente con las mayorías sociales, también habría que abandonar por completo la noción común de «desarrollo sostenible» como si no fuera capitalismo corporativo «verde», una noción simplista de «bienestar social» o de la «equidad» como si no fueran noticies de dominación con consentimiento ampliado. Habría que abandonar ideas de algo así como un extractivismo «equitativo» y «justo», un extractivismo producto del «consenso» y la «discusión a nivel nacional», sobre todo si se lo concibe dentro del marco de la globalización neoliberal. Claro, el reporte del PNUD toca la cuestión candente de la «equidad» en el desarrollo y utiliza el enfoque de las capacidades de Martha Nussbaum para hacerlo (p. 53), pero lo hace sin explicar los presupuestos ideológicos de dichos enfoques o de los autores detrás de los mismos como Nussbaum o como Rawls (p. 8, n. 13).

El INDH 2016 del PNUD no contiene, pues, un análisis del extractivismo con las herramientas de una economía política crítica a pesar de referirse al trabajo de reconocidos críticos del mismo como Gudynas y Acosta (p. 48). Caso ejemplar de esto es cuando presentan situaciones como las que se dan en Alta Verapaz «donde operan ma?s hidroele?ctricas y en donde ma?s habitantes (ma?s del 60%) carecen del servicio en su vivienda» (p. 13). Este y otros casos ilustran lo que el informe llama «la paradoja de un país rico, cuyos habitantes tienen hambre» (Recuadro 7.2, p. 185). Pero esa es solo la apariencia del extractivismo que en los ideales liberales de la inversion extranjera «debería» dejar beneficios concretos en los lugares donde opera. En el fondo, sin embargo, de lo que estamos hablando es del despliegue sistemático de un modelo económico excluyente por diseño tanto económico como constitucional. La falla total en conceptualizar las consecuencias anti-democráticas del TLC con EE.UU. (se lo menciona solamente de modo casual y como parte de «los mecanismos hacia una economi?a globalizada a trave?s del Plan Puebla Panama?, suscrito en junio de 2001 (a partir del 2008 es denominado «Proyecto de Integracio?n y Desarrollo de Mesoame?rica»); la suscripcio?n en 2006 del Tratado de Libre Comercio entre Repu?blica Dominicana, Centroame?rica, y Estados Unidos (TLC RD-CAUSA), y por u?ltimo la aprobacio?n del Tratado de Integracio?n con la Unio?n Europea» (pp. 191-192). Pero no hay ninguna reflexión sobre los procesos de desnacionalización que estos acuerdos implican, cómo los mismos han devaluado la soberanía popular y la ciudadanía y cómo han transferido el poder de decisión sobre la economía y la política nacional a agentes transnacionales del capitalismo globalizado. Y el hecho de que no se menciona, ni una sola vez, al Plan Alianza para la Prosperidad, es una omisión muy grave y reveladora. Aunque el informe habla entre comillas de una «vida buena», que no es para nada lo mismo que hablar y conceptualizar el Buen Vivir, se presenta la misma como parte de un marco constitucional y estatal que en sí mismo está en crisis, una crisis que en sus términos más serios y profundos está totalmente fuera de vista en el reporte del PNUD. Aunque se trata la idea del Buen Vivir hasta cierto punto (pp. 47-48), no se sistematiza la idea del Buen Vivir como una economía política alternativa, desde abajo, parte de luchas subalternas más allá de luchas indígenas, es decir, como parte de una articulación anti-globalizadora, anti-neoliberal, contra-hegemónica y fundamentalmente refundacional. Al contrario, se identifica la idea del Buen Vivir con las ideas vagas de «vivir bien o tener una buena vida» (p. 49).

Aunque el informe soslayada de manera sistemática la noción de una polisemia de la Refundación en los debates políticos que surgieron en Guatemala después de abril de 2015, y opta más bien por hablar de una «polifonía de la protesta social», el informe explica dicha «polifonía» no como el resultado de una crisis de hegemonía del Estado (declarar eso sería ir en contra de todo el espíritu del reporte) sino de una simple «falta de espacios institucionales para dirimir los conflictos». En la narrativa del PNUD «Los resultados de privatizaciones opacas y sin criterio sostenible, el impulso desmedido a las inversiones extranjeras que intervienen en los territorios, y la debilidad estatal hacen que el pai?s como lo conocemos hoy sea insostenible en el largo plazo» (p. 274). Pero no se trata de una crisis de hegemonía. «A la fecha no so?lo esta? en juego la legitimidad de las instituciones pu?blicas – y, por lo tanto, la gobernabilidad– sino la sostenibilidad agroecolo?gica del pai?s y sus dina?micas sociales en pos de la construccio?n de la paz». Cierto. Pero lo que está en juego es, de hecho, la viabilidad del Estado como un todo. Y para corregir todo esto no se trata simplemente de «construir (o reconstruir) tejidos sociales desde la esfera pu?blica, que permitan la articulacio?n de objetivos comunes posibles – es decir, potenciar desde el desarrollo humano la capacidad de filiacio?n entre personas y grupos sociales». Pero el PNUD no está hablando de Refundación sino de «redefinir la manera en que histo?ricamente se ha concebido el Estado, y romper con el racismo y las diversas formas de discriminacio?n y violencia» (p. 275). Plantear la Refundación de modo explícito implicaría llegar a conclusiones políticas muy diferentes a las que llega el INDH 2016. Lo que plantea el PNUD es el retorno al pluralismo: «profundizar la democratizacio?n de las instituciones del Estado, para que garanticen una eficaz funcionalidad y para que promuevan un modelo de desarrollo basa- do en los principios de equidad y justicia, lo que implica la sostenibilidad ambiental y el pluralismo social, cultural, econo?mico y poli?tico» (p. 275).

Por tanto, la solución que nos ofrece el PNUD, lo que llaman el «desafío de una democracia en construcción», es decir, la consolidación del modelo democrático pluralista que parte aunque sea con problemas de la transición (entiéndase por ello un modelo poliárquico de democracia), resulta siendo curiosamente igual a la solución que nos ofrece gente como Torres-Rivas, una de las gentes que encabezan al Movimiento Semilla, es sus columnas dominicales. La solución es, de manera breve, un «Estado que promueve el desarrollo humano sostenible», un Estado que «responda al bien común» (tal y como esto está escrito en la Constitución del 85) que se puede lograr, nos dicen, por medio de retomar los Acuerdos de Paz y darle cumplimiento a esa idea constitucional del «bien común». Esto queda claro cuando el informe nos dice: «Necesitamos renovar el pacto social firmado simbo?licamente en diciembre de 1996» (p. 276). Nos quieren persuadir, así, de que esa idea constitucional del «bien común», esa idea noventista de un «pacto social», no está fundamentalmente viciada por el neoliberalismo o por la concomitante protección constitucional y promoción ideológica de un individualismo agresivo, posesivo y consumidor. De esto, por cierto, es lo que trata mi próxima pieza para El Observador.

Sí hay datos e insumos importantes en el INDH 2016. Pero muchos de esos insumos y datos los podemos encontrar en varios otros trabajos incluyendo las encuestas sobre pobreza en Guatemala como la ENCOVI o las estadísticas sobre violaciones a derechos humanos y hechos de violencia durante el «conflicto armado interno» como lo registró la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH). El problema del informe consiste, sin embargo, en cómo sus escritores/as hilvanan estos datos, cómo les intentan dar coherencia y sentido y cómo se los vincula con una proyecto político de Estado muy particular que, por cierto, está por lanzarse a la vida pública como otra opción partidista para las próximas elecciones.

Una lectura serena, sobria y crítica del informe del PNUD no deja duda alguna que el mismo está al servicio de ciertas apuestas políticas en las luchas por el poder que hoy se dan en Guatemala.

Vamos patria hacia la #RefundaciónYa desde abajo, democrática y rupturista

Marco Fonseca es Doctor en Filosofía Política y Estudios Latinoamericanos por parte de la York University. Actualmente es instructor en el Departamento de Estudios Internacionales de Glendon College, York University. Su libro más reciente se titula «Gramsci’s Critique of Civil Society. Towards a New Concept of Hegemony» (https://goo.gl/Oeh4dG).

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