Un secreto abiertamente nefasto

Por Amílcar Pop Ac (Jefe de Bancada del Movimiento Político WINAQ)

Hemos sostenido que en Guatemala la acumulación de riqueza de unos cuantos se ha erigido, entre otras formas, sobre la base de la corrupción, la evasión tributaria y la defraudación al fisco, sin dejar de considerar, por supuesto, que los poderes económicos y financieros, mediante un andamiaje legal, hecho a su medida, hacen resguardar a través del Estado, no solo lo acumulado, sino también, que sus exorbitantes capitales queden libres legalmente de afectación tributaria. El secreto bancario, facultad que posee el sistema financiero de no revelar los datos bancarios de sus clientes y manejarlos como información privada, es una figura que justamente representa eso.

El debate sobre la regulación del secreto bancario, en Guatemala, aunque pareciera reciente, lo es relativamente. Desde nuestra llegada al Congreso, en 2012, en una frontal lucha contra la corrupción y por la transparencia distinguimos que en el secreto bancario se asientan formas de enriquecimiento ilícito, de lavado de dinero y de una evasión fiscal escandalosa, por ello hemos insistido en la impostergable necesidad sino de eliminarlo por lo menos de regularlo.

Desde nuestra óptica la importancia de regularlo radica no en el mero hecho de que Guatemala salga de las listas negras o grises, o de su pertenencia o no a la lista de países considerados paraísos fiscales sino a un asunto de justicia tributaria y de moralidad delante del país. No se vale que quienes han propiciado su existencia y hoy se oponen, y seguramente se opondrán por todos los medios, a su regulación, se presenten como los adalides del patriotismo, de los reclamos de transparencia y del desarrollo cuando inmoralmente niegan la cuantía de sus capitales con el fin de esconder el origen de los mismos y de no pagar al fisco.

Por todos es sabido que Guatemala padece de crisis presupuestarias recurrentes que dicho sea de paso la corrupción, aunque es un cáncer, no es la única causa. Una causa fundamental, también por todos conocidos, radica en la histórica negación de pagar impuestos por parte de la oligarquía, y más recientemente por parte de los capitales emergentes y también criminales. Para muestra un botón, en términos de recaudación en lo que al impuesto sobre la renta se refiere, el Estado, según un estudio del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales ICEFI, pierde alrededor de 60% de su base potencial, el cual representa el nivel de evasión más alto de América Latina, ello debido a que las empresas evaden el pago del mismo, bajo el amparo impune del “Secreto Bancario”.

Sin duda, el destape de los casos de corrupción en el país, a los cuales hemos contribuido significativamente en su revelación y denuncia para su persecución, más la evidente debilidad institucional de la Superintendencia de Administración Tributaria, para la recaudación tributaria, dan pie a una coyuntura favorable para el debate y regulación del secreto bancario, sabiendo que con ello se proveerá al Estado de mayores controles fiscales y mecanismos eficaces para el seguimiento de los grandes capitales que evaden el pago de impuestos; se aportarán datos en las investigaciones de posibles flujos ilícitos de capitales, y que Guatemala, como Estado, se ajustará al estándar internacional de transparencia y lucha contra la corrupción.

Es evidente, que la lucha por trasparentar el gasto público, contrarrestar el enriquecimiento ilícito, y lograr mayores niveles de recaudación de cara a la inversión social es una tarea y un reto histórico considerando el evidente carácter conservador, patriarcal y racista del sistema político del Estado guatemalteco, sin embargo, tenemos la determinación, de continuar en una lucha impostergable por la transparencia.

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