El objetivo de Venezuela es lograr una frontera de paz con Colombia

Rosita Caldera

La atención del mundo se ha volcado otra vez hacia Venezuela a causa del despliegue informativo que, tendenciosamente, activaron las corporaciones mediáticas de Europa, Estados Unidos y algunas empresas periodísticas suramericanas que mantienen activo su complot de descrédito, injurias y falsedades contra ese país que decidió poner orden en las fronteras siempre abiertas, para instaurar un modelo de convivencia respetuosa, con paz y seguridad para quienes comparten esos territorios tan conflictivos como son las poblaciones fronterizas.

El gobierno del presidente Nicolás Maduro procedió con todo derecho, ajustado estrictamente a la Constitución y a las leyes, y emitió un decreto el 19 de agosto para declarar el “estado de excepción” en la zona fronteriza del estado Táchira, después en Zulia y últimamente en el estado Apure. El objetivo es frenar el desbordamiento hamponil que desde Colombia se ha lanzado contra Venezuela.
Fue una medida acertada. Lo demuestra el estudio reciente de la firma Hinterlaces que revela un 61% de apoyo de la población a las medidas del cierre de fronteras con Colombia
Hacia tiempo que las comunidades de la zona lo estaban pidiendo al ser testigos del incremento en los últimos años de colombianas y colombianos que llegan a nuestra patria. Unos en “son de paz”, pero otros no. Hay evidencias de que el auge delictivo en Venezuela y la modalidad de procedimientos utilizados es el resultado del ingreso del sicariato colombiano a nuestro país; con prácticas morbosas y de ensañamiento poco común. Han sido colombianos los organizadores de bandas criminales que, subrepticiamente, se estructuraron amparados en la generosa y confiada actitud de brazos abiertos con la que Venezuela suele ofrecer acogida.

En los últimos doce años, acciones criminales como el “secuestro Express” y las decapitaciones; quemar, descuartizar y someter a torturas a las víctimas antes de robarlas o matarlas, son ejecutorias de uso frecuente en las bandas colombianas; no había antecedentes de esas prácticas en Venezuela y no se conocían hasta que los investigadores policiales y los cuerpos de inteligencia los detectaron, los capturaron y alertaron sobre estos “modos operandi” tan crueles y deshumanizados.

Nuestras fronteras se volvieron zonas peligrosas, con la población sometida por el temor y el terror. Los cuerpos de seguridad enviados a resguardar el territorio y preservar la vida de las personas, se convirtieron en objetivos a destruir. Nuestros Guardias Nacionales eran emboscados, atacados y asesinados. Fueron víctimas de asaltos para robarles sus armas y pertrechos sin que los reclamos por las vías convencionales de entendimientos y demás procedimientos burocráticos tuvieran ningún efecto; sin que las negociaciones bilaterales pusieran freno a los abusos de la frontera sin ley, dejada al abandono por las autoridades colombianas. Nada le importaba a Colombia. La indiferencia le resultaba conveniente. Indiferente se mantuvo mientras millones de colombianos maltratados, desalojados de sus tierras y sus hogares por los paramilitares, se desplazaban hacia Venezuela para sobrevivir y prosperar. Y se les dio acogida. Son casi seis millones que tienen asegurada la educación desde el preescolar hasta la universidad, gratuitamente, como la asistencia médica, hospitalizaciones e intervenciones quirúrgicas, si lo necesitan; tiene empleo y viviendas; financiamientos y cualquier beneficio social, económico, político y cultural que promueve el proceso iniciado por Chávez y continuado por Nicolás Maduro.

Nunca se ocuparon los medios de reseñar esa extraña situación mediante la cual numerosos colombianos y colombianas abandonaban su país, hostilizados y atemorizados, para encontrar una patria protectora como lo ha sido Venezuela. Ahora se ensañan porque el país toma medidas ante el desborde delincuencial, desatado al calor de una guerra económica en la que las mafias organizadas en la frontera también le están sacando provecho.

Durante años solían verse a las personas acarreando gasolina desde Venezuela para Colombia en garrafones y todo tipo de envases. En vehículos y a pie. Todo ese acarreo y desfile por carreteras y caminos nunca molestó a las autoridades colombianas. ¿Y al presidente Santos? Tampoco le importó. Ahora se supo que una compañía, la “Pacific Rubiales”, creada por los venezolanos Humberto Calderón Berti, el ex ministro petrolero y Luis Giusti, ex PDVSA, compraba toda la gasolina de contrabando y se la vendían a ECOPETROL para que la exportaran como si fuera producto colombiano. Tremendo negocio. Cómo no les va a incomodar el cierre de las fronteras que les impide sacar ilegalmente la gasolina venezolana del más bajo precio para venderla, a millones de millones?. Esas son algunas de las mafias criminales que ahora protestan.

La acción contra todas las prácticas delictivas que adoptó el gobierno venezolano quieren presentarla como “violaciones a los derechos humanos”. Una frase que los manipuladores de la comunicación saben que moviliza sentimientos y eso es lo que están haciendo las corporaciones periodísticas que conspiran sistemáticamente contra Venezuela, creando falsas interpretaciones de los hechos cuando la verdad es que, Venezuela es el país que mejor trato ha dado a colombianas y colombianos en todos los tiempos.

Rosita Caldera
Periodista venezolana
Analista de Medios de Comunicación Social

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