Guatemala: crónica de un despertar ciudadano

Por Ana Silvia Monzón(i) –

Desde la segunda mitad del mes de abril de este año, las calles y plazas de Guatemala dan cuenta de movilizaciones ciudadanas inéditas. Miles de personas cuyo perfil corresponde a las clases medias, urbanas, mestizas, fueron convocadas a través de las redes sociales siguiendo consignas como •Renuncia YA, •JusticiaYA, •Otra GuatemalaYA, entre otras, y expresando su hartazgo ante las evidencias de corrupción que, de acuerdo con investigaciones realizadas por el Ministerio Público-MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala-CICIG(ii), involucraban no sólo a mandos medios, sino a la Vicepresidenta y el Presidente de la República.

Uno de los hallazgos más graves fue la red de defraudación tributaria que implicó el desvío de millones de quetzales, que deberían invertirse en servicios públicos de educación, salud, vivienda e infraestructura productiva, a los bolsillos de un puñado personas que llegó a constituir una estructura paralela denominada “la Línea” que funcionaba, como expresó uno de los fiscales a cargo de ese proceso, como una empresa compleja e ilícita.

¿Cómo llegamos hasta aquí?

Guatemala es un país cuya historia republicana –desde la segunda mitad del siglo XIX- ha estado marcada por regímenes autoritarios, con breves interrupciones, la más relevante fue la década 1944-1954 cuando se planteó un proyecto nacionalista que intentó una vía de desarrollo interno que permitiera remontar el atraso y la precariedad que mantenían excluida a la mayoría de la población, sobre todo indígena y rural.

Las acciones y decisiones tomadas durante esa década de primavera en el país de la eterna dictadura, como la nombró el escritor Luis Cardoza y Aragón, constituyeron un desafío al gobierno estadounidense que intervino violentamente, defenestrando a un presidente electo popularmente, desmantelando los logros de la Revolución del 44 e inaugurando una sucesión de presidentes militares o civiles que respondían a élites profundamente antidemocráticas. Estas, justificándose tras el argumento de un comunismo inminente si se permitían las demandas sociales, recurrieron al cierre de espacios para la movilización social y política ciudadana, así como al uso de la represión en el marco de una política contrainsurgente que cobró la vida de 200 mil personas, dejó una cauda de 45 mil desaparecidos/as, y miles más de personas desplazadas tanto a nivel interno como a otros países.

Estas cifras del horror incluyen masacres, violaciones sexuales, aldeas arrasadas, secuestros, torturas dirigidas contra la población civil, la mayoría indígenas del altiplano guatemalteco, aunque prácticamente no hubo lugar en el territorio que se librara de ser afectado por la violencia.

En ese contexto, el control de la población y de las instituciones estatales pasó a manos del ejército cuyos integrantes, con escasas excepciones, empezaron a ocupar puestos en distintos niveles y ámbitos del Estado, y en los espacios locales de poder (municipalidades, gobernaciones, por ejemplo). A las tareas de mantener el orden y la seguridad, el Ejército sumó actividades económicas y en su seno se gestó una trama de intereses personales en contubernio con empresarios, situación ampliamente conocida, pero ahora demostrada con las pruebas aportadas por la CICIG-MP.

En 1985, luego de uno de los períodos más represivos en la historia reciente a manos de gobiernos militares, una Asamblea Nacional Constituyente diseñó, con escasa participación ciudadana, una nueva Constitución que posibilitó la llegada de un presidente civil e inauguró un régimen de transición a la democracia. Se sentaron las bases para que, diez años más tarde, se firmaran los Acuerdos de Paz los cuales constituyen el cierre formal del conflicto armado interno y, para muchos, la esperanza de un Estado que velara por el bien común.

El proceso de la firma de estos Acuerdos incorporó, aunque tardíamente, a la sociedad civil; y tomó en cuenta una serie de demandas para la reforma del Estado, la inclusión de mujeres y pueblos indígenas, y algunos cambios en la estructura económica para cerrar las brechas de desigualdad social, sin embargo, éstos sólo han sido cumplidos superficialmente. No se han tocado las estructuras de poder.

A casi veinte años de suscritos los Acuerdos, el balance es negativo: los indicadores de educación, salud, vivienda, participación e ingresos apenas han variado. La desnutrición crónica afecta a un 50% de niños/as, 5.3 millones de niñas, niños y adolescentes están fuera de la escuela(iii), la mortalidad materna es una de las más altas de Latinoamérica, mujeres e indígenas no están representados en los espacios de toma de decisiones, la pobreza alcanza a un 65% de la población y más de un millón de personas ha optado por migrar en condiciones de vulnerabilidad, ante la falta de oportunidades de desarrollo. Asimismo, la violencia tanto estructural como social es una de las más altas en la región, la tasa de jóvenes, entre 18 y 21 años, que murieron por violencia alcanzó, en 2012, 55 por cada 100,000 habitantes comprendidos en ese grupo etario.(iv)

Ante esta situación ha habido una permanente protesta: movimientos de pueblos indígenas que resisten los proyectos extractivos en sus territorios, de mujeres que insisten en la inclusión y demanda de una respuesta del Estado a una agenda largamente postergada, de víctimas de la guerra que exigen justicia, de jóvenes y trabajadores dos de los grupos más afectados por las medidas económicas neoliberales que, paradójicamente, se implementaron al mismo tiempo que los Acuerdos de Paz.

Por otro lado, los factores de poder expresados en partidos políticos e instituciones del Estado, se fueron corrompiendo. Los mecanismos para elegir representantes en todos los organismos (legislativo, ejecutivo y judicial) fueron pervertidos. No ha valido el mérito sino el tráfico de influencias, tal como lo demostró la magistrada Claudia Escobar quien, en el 2014, renunció al cargo de reelección de su judicatura denunciando vicios e irregularidades en el proceso de integración de la Corte Suprema de Justicia. Esta postura le valió intimidaciones y persecución. Como sucedió también a la primera mujer en ser designada como Fiscal General, Claudia Paz y Paz, quien impulsó cambios en una de las entidades clave para impartir justicia, y sustentó la demanda contra exmilitares por el genocidio del pueblo ixil durante el conflicto armado interno. Aunque un tribunal presidido por la Jueza Yasmin Barrios dictó, el 10 de mayo del 2014, una histórica sentencia condenatoria, ésta fue revocada por la Corte de Constitucionalidad. Esta decisión fue respaldada políticamente por las élites que niegan el genocidio. El organismo judicial quedó en entredicho pero guardando las formas. Tanto la Fiscal como la Jueza fueron perjudicadas, la primera con una salida anticipada de su cargo, y la segunda, con la pretensión del Colegio de Abogados de sancionarla por faltar el respeto a uno de los abogados defensores de los militares.

El ambiente político empezó a tensarse a medida que se acercaba la convocatoria a elecciones. La posibilidad de que ganara el partido en el gobierno, que ya había mostrado serias deficiencias en el manejo de lo público, impunidad ante las leyes electorales, además de sospechas cada vez más fuertes de corrupción, o un personaje que no proviene de las élites tradicionales, sino de un grupo de poder local, ostentando una fortuna de orígenes poco claros, y cuyo partido venía trabajando en alianza con el partido en el gobierno, con diputados a quienes más tarde se vinculó con delitos como lavado de dinero y tráfico de influencias, contaminó cada vez más el proceso electoral.

Las gotas que colmaron el vaso

Al contexto brevemente descrito se sumó la intención, expresada por el aún presidente Pérez Molina, de no renovar la presencia de la CICIG en Guatemala. Ante esta negativa, hubo reacción de los grupos sociales pro derechos humanos, y también presiones de Estados Unidos, país que ya había anunciado la intención de invertir USD 5 millardos en Centroamérica (Plan Alianza para la Prosperidad)(v) particularmente en los tres países del denominado Triángulo Norte, lugares de origen de cientos de miles de migrantes indocumentados, y de miles de niñas/niños cuya migración irregular provocó una crisis en la frontera de México-Estados Unidos, en el 2014.

En este plan se contemplan, entre otros ejes, el “mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia, y fortalecer instituciones para aumentar la confianza de la población en el Estado”. La presencia de la CICIG y de un Ministerio Público con credibilidad es clave, desde la lógica de la inversión estadounidense, para garantizar el cumplimiento de esas metas, y también los objetivos económicos incluidos en ese Plan.

En el mes de abril, luego de varias presiones diplomáticas, incluida la visita de funcionarios estadounidenses de alto nivel, la posición del presidente Pérez Molina era la misma. Se leía entre líneas, la negativa a la presencia de la CICIG porque se arriesgaría la impunidad, lograda hasta ahora teniendo de su parte a un sistema de justicia corrupto. En la segunda semana, el 16 de abril, tuvo lugar un hecho que desencadenó el principio del fin: la revelación pública de que, Juan Carlos Monzón, el Secretario privado de la entonces Vicepresidenta Roxana Baldetti lideraba una red de defraudación tributaria. Hasta hoy, este personaje continúa prófugo. Nuevos hallazgos y capturas de funcionarios de la Secretaría de Administración Tributaria, del Instituto de Seguridad Social, de altos personeros del banco central, y de personas vinculadas con la “Línea”, caldearon los ánimos de la ciudadanía.

Múltiples voces y diversos cuerpos políticos en las plazas

Las primeras convocatorias para manifestar contra estos actos de corrupción provinieron de feministas y activistas que –aunque en escaso número- empezaron a reunirse en las calles aledañas al palacio nacional, cada medio día y cada tarde, con cacerolas, con pancartas y tambores, a viva voz, expresaron su crítica a estos actos de corrupción, síntoma de un sistema putrefacto.

Las clases medias urbanas han sido políticamente conservadoras, racistas y clasistas. Generalmente objetan la movilización de organizaciones sociales campesinas, indígenas, sindicalistas, o de mujeres, ya que no se reconocen en su resistencia. Sin embargo, al sentirse burladas por los actos de corrupción que también han tenido impacto en su vida cotidiana, al corroborar el enriquecimiento ilícito y descarado de funcionarios de alto nivel, tomaron las calles. Primero con cautela, con el temor de encontrarse con esos otros y otras cuyos discursos les parecen demasiado radicales. La desconfianza era mutua, pero el hartazgo pudo más, y las plazas empezaron a identificarse como el lugar de encuentro cada sábado por la tarde. La concentración ha sido voluntaria, pacífica, sin liderazgos que hegemonicen la palabra. Alrededor de esa cita semanal han surgido iniciativas diversas porque es mucha la necesidad de reflexionar, analizar y aprender. Han sido muchos años de silencio relativo, de dar la espalda a la historia, de vivir realidades paralelas marcadas por brechas sociales, culturales, económicas y políticas que parecen insalvables.

Pronto, empezaron a multiplicarse las formas de expresar el rechazo a la clase política, por ejemplo, creación de colectivos alrededor de propuestas específicas (mujeres, jóvenes, artistas), la elaboración de pancartas con frases ingeniosas y consignas que luego se compartían por distintos medios, los conciertos musicales, la pintura, la caricatura, el performance y una intensa producción y difusión de ideas, de mensajes y de pronunciamientos. También se fueron sumando las manifestaciones en las plazas locales en todo el territorio, y de los/las migrantes en otros países.

A medida que se conocían detalles de los montos defraudados, de los mecanismos que utilizaba la Línea y de los personajes involucrados, la indignación y la asistencia eran mayores. Han acudido personas de todas las edades, mujeres y hombres, indígenas y mestizos, estudiantes de todas las universidades –incluidas las universidades privadas-, viejos activistas y militantes, jóvenes que apenas están descubriendo la realidad. Un encuentro inusual en una sociedad excluyente.

A la exigencia de la renuncia de la Vicepresidenta y del Presidente, como un paso para sanear un sistema político corrompido, se fueron agregando demandas más amplias, y más radicales. No sólo un cambio cosmético, sino la refundación del Estado, que pasa necesariamente por la conformación de una Asamblea Constituyente, Plurinacional e incluyente, de un gobierno provisional que surja de la ciudadanía y que lidere la elaboración de nuevas reglas y el consenso para un nuevo pacto social.

En estas condiciones, no queremos elecciones

En el mes de mayo el Congreso de la República, obligado en parte por la tensión social, pretendió resolver la crisis de credibilidad del sistema político llamando a la ciudadanía a discutir y presentar propuestas de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y tres leyes más: de contrataciones del Estado, del sector justicia, y del servicio civil. En pocos días, la universidad estatal conformó la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado que aglutina a personas, colectivos y organizaciones, con el objetivo de plantear reformas que contaran con un respaldo más amplio. Este hecho, de alguna forma, bajó la presión en las calles durante algunas semanas.

Mientras tanto, el proceso electoral seguía su curso, aunque empezó a tomar fuerza la demanda de posponer las elecciones, convocadas para el 6 de septiembre, porque su legitimidad estaba en entredicho. Las denuncias de clientelismo, de irrespeto a las normas electorales; los discursos vacíos de los candidatos, su negativa a tomar en cuenta el reclamo ciudadano, la debilidad de las instituciones electorales hacían inviables, a juicio de varios grupos, las elecciones.

La frase, “en esas condiciones, no queremos elecciones” surgida del colectivo feminista La Cuerda(vi) se colocó en la plaza y, por la fuerza de su contenido y significado, fue adoptada por muchas personas, grupos y colectivos que resumen así su crítica a un sistema político que no muestra signos de cambio, por el contrario, pretende normalizar sus prácticas fraudulentas y excluyentes, basadas en la lógica del mercado y no de la política, actividad y espacio cuya acepción primigenia remite al horizonte del bien común, a la reunión de personas libres que desde su diferencia, participan en la toma de decisiones.

Veinte semanas después de las primeras expresiones de rechazo ciudadano, el balance es complejo y paradójico: la vicepresidenta se vio obligada a renunciar, fue ligada a proceso por tres delitos graves y conducida a una cárcel preventiva; el presidente –que se aferró a su cargo hasta el último minuto- fue despojado por el Congreso, incluidos sus correligionarios, de la inmunidad que le otorga esa investidura y está en los tribunales como sospechoso de delitos relacionados con la defraudación tributaria. Al mismo tiempo se dio posesión a un nuevo presidente, designado y avalado por el Congreso, para que administre el país hasta la toma de posesión de nuevas autoridades en el mes de enero 2016.

La votación se realizó como estaba previsto el 6 de septiembre, y según reportaron los medios de comunicación, con normalidad. Pero algunas acciones violentas y denuncias de compra de votos y otras irregularidades, hacen dudar de esa afirmación. Finalmente, el resultado que da como ganador de la primera vuelta a un personaje desconocido en la política, cuya actividad laboral ha sido la de cómico y productor de televisión, y que es respaldado por un partido formado en el 2008 por exmilitares, augura nuevos escenarios de tensiones y conflictos porque no han sido desarticuladas las redes que mueven los hilos del poder. Las elecciones en estas condiciones refuerzan al sistema político que despliega sus mecanismos para adormecer la conciencia ciudadana que hace unos meses dirigió sus pasos a las plazas. Pero algo ha cambiado, como dice la consigna de un grupo de jóvenes trabajadores y trabajadoras: Guatemala despertó, no nos volvamos a dormir.

(i) Socióloga y comunicadora feminista.

(ii) Las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala firmaron el Acuerdo relativo a la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el 12 de diciembre de 2006, el cual, tras la Opinión Consultiva favorable de la Corte de Constitucionalidad en Mayo de 2007, fue ratificado posteriormente por el Congreso de la República el 01 de Agosto de 2007.

(iii) ICEFI (2015: 3)

(iv) ICEFI (2015:4)

(v) ICEFI (2015:11)

(vi) Asociación que publica el periódico feminista mensual La Cuerda desde 1998.

www.albedrio.org

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