Ante la ruptura del Orden constitucional y el Golpe de Estado técnico institucional

foto1Por la Red de Rebeldía Ciudadana

A finales del año 2014 se hizo evidente que los poderes dominantes y los partidos Líder y Partido Patriota (PP), estaban implementando la captura de los diferentes poderes del Estado en un recorrido ilegal que iniciaron en los años anteriores.

A partir de su influencia y componendas, intervinieron y manipularon la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, rompiendo de esta manera el orden institucional y de legalidad. Al perderse la división e independencia entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, se dio una flagrante violación de la Constitución de la República y del Estado de Derecho. De esta anómala manipulación de las instituciones rectoras de la justicia se desprenden violaciones que contribuyen a reproducir y profundizar los mecanismos de impunidad y corrupción existentes en el sector público nacional y municipal.

Otras instituciones rectoras de un Estado Democrático de Derecho, como lo son Contraloría General de Cuentas (CGC) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), también fueron incluidos en las maniobras de integración acordada entre las fuerzas que pretender dominar las decisiones de órganos que determinan el control de los fondos públicos y de los resultados electorales. Estas instituciones, con su actuar, están confirmando este orden de ilegalidad propio de un golpe de estado técnico institucional; el que se pretende legitimar con la convocatoria y celebración de elecciones el 6 de septiembre.

Los casos de corrupción, tráfico de influencias y pertenencia a redes mafiosas de directivos, políticos, empresarios, jueces y magistrados de instituciones rectoras del sistema político y económico como el IGSS, la SAT, el Banco de Guatemala, el Organismo Judicial y el Congreso, confirma esta ilegalidad imperante. Esta captura de la institucionalidad está avalada por las Cortes (CSJ y CC), al no ejercer la justicia de forma independiente, transparente, pronta y cumplida, reproduciendo el orden de ilegalidad vigente y la ruptura institucional.

Los tres poderes del Estado, violentan los derechos y se burlan de las demandas de la ciudadanía. La propuesta de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, elaborada por la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado, que aglutina a más de 130 organizaciones nacionales, presentada en sus elementos fundamentales por el TSE al Congreso, ha sido sistemáticamente bloqueada por la clica PP-Líder. El Congreso está cooptado y corrompido. No representa las demandas, ni la voluntad popular y legisla contra el pueblo.

El clamor popular para que renuncie y sea enjuiciado el Presidente Otto Pérez Molina fue traicionado mediante una calculada jugada parlamentaria impulsada por Lider y el PP, con la complicidad de diputados intencionalmente ausentes de CREO, GANA, PRI, UCN, VIVA, 4 de la UNE y 9 independientes, que evitó que se retirara la inmunidad a OPM. Se mantiene al frente del Estado un presidente que ha perdido toda legitimidad y que, por lo tanto, gobierna de facto, con el repudio del pueblo.

El actual sistema político ha sido utilizado por la clase dominante para aparentar una democracia republicana a todas luces inexistente. Han prevalecido los intereses particulares y las alianzas del capital transnacional-empresarial-militar-oligárquico, para imponer a la ciudadanía y los pueblos un sistema económico de capitalismo neoliberal mafioso y criminal, que vulnera sistemáticamente la mayoría de los derechos y la declaración de principios estipulados en la actual Constitución y en el derecho internacional. Con la imposición del proceso electoral 2015 persiguen efectuar reacomodos desde estos poderes fácticos para imponer y profundizar este modelo.

El boicot a las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos LEPP, se implementa para favorecer a los capitales mafias y asegurar la continuidad y profundización del modelo de acumulación por despojo, basado en el extractivismo, la destrucción de los bienes naturales y la sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Son previsibles la profundización de la crisis económica y el progresivo empobrecimiento de la población, incluidas las clases medias.

El CACIF por un lado desaprueba y veta las candidaturas de los partidos punteros Líder y UNE; tardíamente se suma a la lucha por las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos; y por otro lado, defiende el mantenimiento del Estado de Derecho y de la institucionalidad cuya ruptura se hecho más que evidente. Por primera vez en mucho tiempo, la dirigencia del CACIF enfrenta una situación política que no puede manejar a su antojo. En el marco de su gastado modelo de institucionalidad republicana, no tiene situados en la contienda a los candidatos electorales que responden fielmente a sus intereses. De nuevo, se perfilan como punteros candidatos que no son de su agrado, los que hacen alarde de autonomía respecto al histórico papel hegemónico del CACIF e inclusive retan y desafían al poderío estadounidense. Existe, por tanto, una disputa del poder hegemónico y de dominación.

Por encima de las intenciones de la dirigencia empresarial y la intervención estadounidense, la alianza partidaria PP-Líder-militares-mafias se mantiene y continúa con impunidad atropellando lo que queda de la institucionalidad. Y aun así, se alzan voces de los defensores orgánicos de la institucionalidad, demandando “responsabilidad ciudadana”.

Por el lado de los desestabilizadores que burlan a la ciudadanía, por si no llegara a quedar Líder, se proponen el plan B, que consiste en profundizar la maniobra electoral del candidato sorpresa, al que hacen figurar como preferido del electorado, mientras preparan las alianzas para el fraude electoral de la segunda vuelta. Con encuestas amañadas realizadas con escaso profesionalismo, buscan imponernos a un candidato que da risa, cuya parodia encubre las ambiciones sin límite de militares de inteligencia, retirados y en activo, muchos de ellos responsables en los últimos treinta años de la instalación del crimen organizado, de crímenes de lesa humanidad y genocidio, e inclusive del asesinato de Monseñor Gerardi.

Durante el 2015 han seguido las componendas hegemónicas político-partidarias, y de los poderes fácticos, para mantener el orden de ilegalidad, continuar con la corrupción y asegurar la impunidad. A pesar de las innumerables demandas de la población guatemalteca, estos enemigos de la ciudadanía se resisten a abandonar sus planes de control de las instituciones del Estado. Atropellan la soberanía popular y persisten en mantener el control de un Estado al servicio de las mafias y el poder militar. Esto, en la práctica, significa un golpe de estado técnico institucional que viene implementándose gradualmente en las propias narices de los actores políticos, económicos y sociales.

Las elecciones generales del 2015 que pretenden realizar, se enmarcan en una situación de ruptura institucional y del orden del régimen de legalidad. Adicionalmente, lo demuestra el hecho de que a pesar de que la mayoría de los candidatos(as) son personas que carecen de honradez, aptitudes e idoneidad, que tienen demostradas vinculaciones con redes delincuenciales y de corrupción, fueron inscritas y avaladas ilegalmente por las instituciones electorales, judiciales y de control del Estado. En esas condiciones, el proceso electoral debería haberse suspendido.

Lo que no contaban las fuerzas que disputan la hegemonía del poder, es que el pueblo de Guatemala, les pusiera un alto y surgiera en la fuerza de sus demandas, la necesidad impostergable de un verdadero Estado de Derecho y una institucionalidad que responda a los intereses generales de la ciudadanía y los pueblos de Guatemala..

POR TODO LO ANTERIOR:

Nos sumamos al llamado de los pueblos, comunidades, organizaciones y ciudadanía en general a seguir movilizándose, a rechazar el proceso electoral impuesto, y denunciar que el Estado guatemalteco opera hoy en absoluta ilegalidad e ilegitimidad.

Afirmamos que las elecciones 2015 son ilegítimas e ilegales. Demandamos al Tribunal Supremo Electoral que declare su nulidad e instamos a equipos de abogados que coinciden con nuestra posición que tomen medidas jurídicas encaminadas hacia este fin.

Afirmamos que la crisis del Estado y de gobernabilidad, no se solucionará con las reformas a las leyes. El Estado actual debe refundarse mediante una Asamblea Social, Popular, y Plurinacional Constituyente.

Exigimos a la Comunidad Internacional que deje de brindarle soportes de legitimidad al actual régimen y que respalde las demandas de los pueblos, comunidades, organizaciones y ciudadanía en general que exige una profunda reforma y refundación del sistema político y económico del país.

Exhortamos a los partidos de izquierda reconsiderar su participación en este proceso electoral, dado que en las condiciones actuales, legitimarán un proceso que en esencia es fraudulento, ilegal y servirá para la imposición de un modelo económico y político criminal y destructor de la vida humana.

Nos pronunciamos por la unidad en la diversidad, por los derechos de la ciudadanía y de los pueblos de Guatemala, que en estos momentos han demostrado con su rebeldía, que el derecho al bien común está por encima de los intereses que equivocadamente han monopolizado el poder del Estado.

Red de Rebeldía Ciudadana
Integrante de la Asamblea Social y Popular

Red de Rebeldía Ciudadana

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