Ríos de sangre

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El País

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Por Juan Diego Quesada –

La construcción de una hidroeléctrica en una zona pobre y rural de Guatemala enfrenta a muerte a los campesinos con la empresa

El día que supo que en el río de su infancia iban a instalar una hidroléctrica, a doña Rosa se le secó la garganta. Esa noche no pegó ojo. David Chen, el mecánico dentista, tampoco pudo conciliar el sueño.

En el fulgor de su oficio, había colocado coronas metálicas en los dientes picados de toda la región de Alta Verapaz, pero ni en esos agujeros con caries había encontrado algo tan negro como lo que se avecinaba.

Cuando vio llegar, en el horizonte, a la maquinaría que iba a drenar el río, este hombre de pelo a tazón, como el de los frailes que llegaron a Guatemala hace 500 años, levantó una barricada. En ese momento pasó de ser un protésico dental respetado a un insurgente, de hombre de bien y pacífico a bandolero escondido en la sierra.

Su cuñado, Victoriano, en plena agitación, se asomó a la puerta y dijo que no le parecía mal que construyeran una presa en el río si eso ayudaba a que dejaran de ser pobres.

Al fin y al cabo —explicó con la oratoria expansiva que le caracteriza— la obra venía acompañada de empelo y progreso. Recordaba que algo así había dicho el presidente de la República, Otto Pérez Molina.

Una marabunta enloquecida se sintió traicionada por sus palabras y quemó su casa. A la mañana siguiente, Victoriano agarró lo que poco que le quedaba entre las cenizas, un gallo y una becerra a la que alimentaba con pan duro, y se fue para no volver.

Cerca de donde los obreros de la hidroeléctrica comenzaron a trabajar, el joven Carlos Isaías tenía una huerta en la que cultivaba piñas. Una tarde quiso comprobar el estado de las frutas y se internó en los terrenos privados que había comprado la empresa.

Alguien, no se sabe quién, le disparó desde lejos. La bala anónima le alcanzó una vértebra. El muchacho pasa día y noche tratando de recuperarse en un hospital ortopédico de la Ciudad de Guatemala.

No se rinda, le dicen las enfermeras, sea fuerte, luche, quizá algún día vuelva a caminar.

En el lugar donde se pretende levantar una obra de ingeniería que retrata un salto en la historia, del molino a la energía gravitatoria de las hidroeléctricas, las familias todavía cocinan y se guían en la noche con fuego, como en la Edad de Piedra. “Y así vamos a seguir. Aunque se acabe de construir, no vamos a tener luz”, cuenta David Chen, el antiguo mecánico dentista, en Monte Olivo, una comunidad indígena situada en Cobán, a más de 200 kilómetros de curvas de Ciudad de Guatemala.

Esta es tierra de grandes maratonianos en alpargatas. En la carretera que lleva hasta allí se suceden corredores en el arcén al límite de sus fuerzas, encogiendo los gemelos para superar empinadas cuestas. “¡Fuerza, cabrones!”, les anima un camionero con el pulgar en alto, como un césar compasivo. El coche bordea una montaña y accede a una vereda arenosa, cortada en seco por un puesto de control que los lugareños de Monte Olivo han levantado en mitad del camino. Chen y los suyos controlan el paso de cualquier vehículo, día y noche, aunque su cometido principal es que la maquinaria de la empresa no pase y prosiga la construcción de la presa de Santa Rita.

Los vehículos que logran cruzar esta especie de frontera rural (“Se prohíbe el paso desde las 18:00 por seguridad”, se lee en un cartel), en su mayoría microbuses que conectan el campo y la ciudad, dejan tras de sí un reguero de polvo que acaba alojado en la garganta. La sensación de ahogo en Monteolivo es constante y contagiosa desde que aquí se erigiera el núcleo de mayor resistencia a la construcción de la hidroeléctrica, un proyecto financiado por el Banco Mundial.

La historia que ha acabado fracturando el pueblo comenzó en 2009. Por esas fechas, Ceder, una ONG para el desarrollo rural, llegó con una propuesta de la empresa Santa Rita. A cambio de permitir el paso de los ingenieros y obreros que iba a drenar el río Dolores, la compañía destinaría dinero a la compra de fertilizantes y la tramitación del Bono Seguro, un programa gubernamental de becas en salud y educación. En un sitio donde viven 10.000 personas sin hospitales, agua potable, energía y escuelas más que insuficientes, un lugar abandonado por el Gobierno, una cara terrible de la pobreza rural, el asunto se discutió largamente.

Unos estuvieron a favor de aceptar estas condiciones —el 71.7% vive en pobreza general y el 31.4 en pobreza extrema— y otros, los que todavía resisten y han paralizado la obra, dijeron que era una propuesta insuficiente.

El asunto dividió a hermanos, primos, padres e hijos que no se han vuelto a dirigir la palabra.

Federico Ponce Vaides es uno de los presidentes más breves —y olvidados— de la historia de Guatemala. Su Gobierno duró apenas 108 días, de julio a octubre de 1944. Derrocado por un golpe militar, se exilió en México. Su familia lo acompañó pero dejó atrás una hermosa finca, llamada Santa Rita, en la que confluyen dos caudalosos ríos. En ese tiempo la finca todavía no tenía trazados los caminos y había que abrirse paso a machetazos. Ponce Vaides, lejos de su tierra, siempre añoró los días en los que salía a cazar pavas acompañado de dos indígenas con los que se comunicaba en quekchí, una lengua maya.

El expresidente, deprimido y arruinado, hipotecó la finca. Su hijo David Leonel zanjó el crédito una década después tras regresar a Guatemala y tomó el decreto de posesión de la tierra. Durante la larga guerra civil del país, decenas de familias de campesinos que huían del conflicto se refugiaron allí, donde acabaron estableciéndose. La convivencia del finquero con los pobladores apenas existió. En un territorio tan vasto como este no tenían que cruzarse, a caso una vez cada par de años. Con la llegada de la hidroeléctrica, estas familias fueron expulsadas y el conflicto no hizo más que agrandarse.

La pista en Cobán de David Leonel Ponce, el hijo que salvó la honra de un expresidente venido a menos, es difusa. Hay que preguntar aquí y allá un día entero hasta llegar a los bajos de un edificio del cual es propietario. En los relatos de las comunidades indígenas aparece caracterizado como un terrateniente poderoso que comanda un ejército de leales dispuesto a morir por el respeto a los límites de su finca.

Sin embargo, se materializa en el asiento del acompañante de una vieja camioneta que conduce su esposa, una mujer 25 años más joven. Ponce, de 71 años, asoma la mano por la ventanilla y se presenta de esta forma: “Hola, yo soy Leonel. No se asuste por el movimiento de mi brazo, tengo Parkinson”.

Desde que alquiló a la empresa eléctrica unas hectáreas que colindan con el río, Ponce mantiene un conflicto abierto con las poblaciones vecinas. Los moradores del interior de la finca, para evitar su expulsión, se agruparon en una comunidad a la que llamaron 9 de febrero, por ser la fecha en la que se instalaron. El nuevo pueblito se construyó, estratégicamente, en una zona de paso de la maquinaría. Junto a los vecinos de Monte Olivo, comandaron la posición rebelde al proyecto. La policía procedió al desalojo con un mandato judicial —todavía hay rastros de incendios y destrucción de casas— y la veintena de familias que vivían allí acabó desperdigada en las montañas.

El terrateniente dice que “los intrusos” le han robado 100 cabezas de ganado y saquearon un cortijo

“La confrontación es dolorosa para los dos lados pero no me voy a retirar”, dice Ponce en su casa de las afueras de Cobán, donde ha enseñado las escrituras de las tierras y una carpeta llena de documentación con las que quiere acreditar que tiene pleno derecho a hacer con esa propiedad lo que le venga en gana. Dice que “los intrusos” le han robado 100 cabezas de ganado y saquearon un cortijo. En la chapa de su vieja camioneta se aprecian seis disparos de bala de una escaramuza que tuvo con los vecinos.

Sandino, un hijo de 23 años al que llamó así por el revolucionario nicaragüense, es quien está al cuidado de la finca. El muchacho intenta retomar el control del territorio para que vuelva a iniciar el proyecto. En un juzgado, los vecinos presentaron una denuncia en su contra por el asesinato sin esclarecer de un hombre en un tiroteo y le culpan de estar detrás de esa bala sin nombre que se incrustó en la espalda de Carlos Isaías, el joven que no ha vuelto a caminar. Sandino y su cuadrilla se enfrentan constantemente a los que pisan sus dominios. Los agricultores de Monte Olivo que tienen allí sembradíos incursionan de vez en cuando sabiéndose que se juegan la vida. La muerte, en ese caso, no es más que un encuentro fortuito entre unos y otros.

Ponce padre sostiene un arma del calibre 22 en unas manos que nunca se están quietas: “Sería duro perder un hijo, pero ni él ni yo nos vamos a echar atrás. Esa tierra nos pertenece”.

No es día de visita en la cárcel de Cobán pero la abogada le ruega al guardián: “No sea malito, déjenos entrar”. Salvado el escollo, estamos en el patio de la prisión. Los presos están tumbados en el suelo, como iguanas al sol. Un recluso, por unas monedas, busca a Timoteo Chen, el único encarcelado por la resistencia a la hidroeléctrica. Diversas organizaciones sociales lo consideran un preso político.

Pero la justicia guatemalteca, al menos el fiscal de la zona, lo tienen por un asesino. Chen fue detenido por el crimen de Guillermo Bol, un empleado de la empresa. El trabajador, en agosto de 2013, cruzó el puesto de control de Monte Olivo a bordo de una camioneta de transporte público. Iba a cobrar un cheque.

Bol fue bajado a la fuerza. En un momento dado disparó con una pistola que llevaba encima y el tiro fue a parar al patio del colegio. Es factible que Bol temiera ser linchado e intentara disuadir a la multitud. La bala perdida, la única que percutió, mató a dos niños, de 9 y 13 años, que estaban jugando a las canicas. Cruzó la cabeza de uno, el más bajo, y perforó la garganta del otro, el más alto. Una carambola inaudita, hasta difícil de creer si no hubiera un informe forense y dos tumbas de niños en lo alto de una colina. Los padres los sepultaron juntos en un cobertizo de madera con placas de mármol: “Porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Fil 1:21”.

El doble asesinato se convirtió en triple al anochecer. La policía intentó negociar con los líderes de la comunidad para que les entregaran al autor de los disparos pero no hubo acuerdo. Bol murió linchado, atado de pies y manos.

Ese mismo día había viajado hasta Cobán Dinah Shelton, una relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar el conflicto. Paz no encontró. Timoteo dice que estaba con ella y que puede demostrarlo con fotografías y testimonios pero aún así las autoridades creen que fue el principal instigador del linchamiento. Los que sostienen que está siendo víctima de una conspiración, argumentan que él tenía una huerta en los terrenos donde se va a construir la hidroeléctrica y se había convertido en un personaje incómodo.

Enfrenta en escasos días el juicio por el que le piden 20 años de cárcel. Sin embargo, Timoteo sonríe, como despreocupado. La abogada Carmen Cotiji le dice que hay que prepararse para la vista oral, que la empresa va a presentar un par de testigos que aseguran haberlo visto estrellando una piedra contra la cabeza de aquel hombre. Pero no puede ser, dice la abogada, el señor murió ahogado. ¿Cómo puede ser eso, si hay una autopsia que demuestra que fue golpeado por un gentío? “Bueno… yo he oído que ese día llovió mucho, tanto que, como estaba atado, no pude subirse a un lugar más alto y se ahogó”. La abogada parece estar tirando de ese humor patibulario que utilizan los inspectores de homicidios más veteranos. “No, hablo en serio”.

Timoteo escucha la conversación sin ninguna mueca de asombro. Voy a salir pronto, todo va a salir bien, dice a continuación. “Claro, claro. No tenga pena”, insiste la abogada. Este hombre tras las rejas, a un centímetro de un precipicio, está mostrando una agradable sonrisa.

Jorge Manrique es el gerente de la Hidroeléctrica Santa Rita S.A. Está sentado en una mesa de la cafetería del aeropuerto internacional de la Aurora, en Ciudad de Guatemala. A su espalda, a través de un ventanal, se ve el final de la pista de despegue, el lugar exacto en el que los aviones echan a volar.

—¿Cuáles son las características de la hidroeléctrica?

—Es una pequeña hidro de 23 megas. La presa tiene entre 10 y 13 metros. Es un proyecto menor comparado con otros que se desarrollan en Europa o Estados Unidos. No va a embalsar el agua, usa la que le llega ese día.

—¿Cómo afecta a las comunidades la construcción de la hidroeléctrica?

—Yo solo veo beneficios. Ustedes han visto las condiciones de vida de la gente. Una pobreza extrema, no tienen agua potable, no tienen desagüe, trabajo, una hambruna enorme. El proyecto proviene empleo. Nosotros hemos firmado un convenio social de apoyo mutuo con las comunidades. Con donaciones de fondo a largo plazo. Los líderes decidirán en que obras se invierte dinero: salud, colegios…

—¿Quién manejará esos fondos?

—En vez de que la empresa maneje esos fondos, invitamos a ONG a que participen de esas decisiones y el manejo del dinero y que también aporten. Por eso jalamos a la municipalidad. Todo eso está hecho, todo eso va a funcionar.

—¿Cómo está la obra ahora mismo?

—Está parada. Se inició la construcción pero estos grupos de oposición tienen su estrategia. Dejaron que se arreglara el camino de acceso y una vez que comenzó la construcción propia quemaron la maquinaria. Ahora tenemos una situación dónde un pequeño grupo ilegal en Monteolivo tiene controlado el acceso al área desde hace un año. Y el Gobierno no tiene la capacidad de decir la ley es esta, este es un camino público y hay que respetarlo. ¿En España el Gobierno permitiría que alguien bloquee un camino público un grupo armado? Aquí con toda la mala publicidad que le han hecho al Estado, es incapaz de ir y sacar a esa gente porque le acusarían de violar derechos humanos. Nosotros no vamos a entrar para provocar una espiral de violencia.

—¿Cuánto empleo va a generar el proyecto?

—Durante el periodo de construcción se empleará a 250 personas. La gente de las comunidades no tiene la preparación técnica en obras y vamos a establecer un programa de capacitación.

—Es irónico que no vaya a llegar luz a las comunidades.

—Las distribuidoras son las que llevan la electricidad. Por ley, nosotros como generadores no podemos proveer energía a los consumidores finales.

David Chen es uno de esos tipos a los que no se les puede llamar consumidor final porque no tiene luz ni nada que se le parezca. La justicia le persigue por la quema de la maquinaría y anda a salto de mata, pero se ha dejado caer por la comunidad para explicar a los visitantes el conflicto (“el mundo tiene que saber lo que nos está pasando”).

El hombre que ya no planea volver a colocar implantes dentales trepa por agilidad por una pendiente hasta llegar a una colina, desde donde divisa la gran hoya gigantesca, montañosa, selvática, que nos rodea. A ras de suelo, unos pequeños montículos, coronados cada uno por una flor. Son tumbas.

El conflicto está tan enconado que Chen no ve otra salida: “Si algún día usted vuelve y ve la hidroeléctrica funcionando, es que yo estoy en uno de estos hoyos. O ellos o yo”.

Fuente: www.elpais.es

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