Criminalización de la protesta indígena se intensifica

kk6Por Louisa Reynolds – Guatemala, 17 de abril de 2015

Actual gobierno encarcela a líderes indígenas sin pruebas y acusa a organizaciones de derechos humanos de promover el terrorismo.

La mañana del 19 de marzo, los pobladores de Santa Eulalia, municipio ubicado en la Sierra de los Cuchumatanes, en el norteño departamento de Huehuetenango, se encontraban entusiasmados. Se habían reunido frente a la municipalidad para exigir la reapertura de la radio comunitaria Snuq Jolom Konob, que había sido cerrada dos meses atrás por el alcalde Diego Marcos.

Fundada en el 2000, Snuq Jolom Konob significa “Cabeza de Pueblo” en la lengua maya q’anjob’al, en referencia a la gigantesca escultura monolítica que existe en la zona, de la cual sólo queda la cabeza. Desde su creación, Snuq Jolom Konob había transmitido su programación desde las instalaciones de la municipalidad.

Con la participación de voluntarios indígenas, la radio transmite en q’anjob’al y ha jugado un rol vital en salvar esta lengua maya —hablada por casi 100,000 personas en los pueblos de San Pedro Soloma, San Juan Ixcoy, Barillas y Santa Eulalia— de la extinción.

También ha permitido que la comunidad q’anjob’al exprese su oposición a la construcción de una represa hidroeléctrica en el río Cambalam que ha provocado el desplazamiento de familias locales. En el 2011, el gobierno del presidente Otto Pérez Molina otorgó la licencia a Hidro Santa Cruz, subsidiaria de la corporación española Hidralia Energía, para construir la represa sin haber obtenido el consentimiento previo e informado de las comunidades locales, de acuerdo con el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El asesinato del líder de la comunidad Andrés Francisco Miguel en mayo del 2012 por guardias de seguridad armados, empleados por Hidro Santa Cruz, generó una serie de protestas en el norte de Huehuetenango que enfrentaron una dura represión del gobierno central.

Pérez Molina declaró Barillas en estado de sitio, suspendió los derechos constitucionales y puso la zona bajo control del Ejército. En escenas que recordaban los ataques contra las comunidades indígenas durante los 36 años de guerra civil, soldados y policías allanaron la localidad, derribaron puertas sin órdenes judiciales y amenazaron a las mujeres con violarlas.

Fueron detenidos 19 líderes indígenas y llevados a una cárcel de alta seguridad en Ciudad de Guatemala, acusados de delitos que van desde robo armado hasta terrorismo. Algunos fueron finalmente liberados debido a la falta de evidencias luego de haber permanecido encarcelados por más de 150 días y otros todavía esperan ser juzgados.

Según el procurador de los derechos humanos, Jorge León Duque, fueron violados los derechos fundamentales de los detenidos porque no se les informó los motivos de su encarcelamiento y no se les permitió acceso a traductores a pesar de que su lengua materna era q’anjob’al.

Presos políticos

Bajo el clima de represión que soportó la comunidad q’anjob’al desde que se otorgó la licencia a Hidro Santa Cruz para construir la represa, radio Snuq Jolom Konob era el único medio que tenían los pobladores para expresar su descontento y planear actividades de resistencia.

Fue tan fundamental el papel que jugó la radio que cuando el alcalde Marcos, que pertenece al partido opositor Lider y está a favor de la represa, decidió cerrarla por la fuerza el 20 de enero, la población de Santa Eulalia estaba dispuesta a dar la vida por defender la emisora.

Durante un enfrentamiento entre pobladores y empleados municipales, fue baleado Pascual Basilio Pascual Diego, de 20 años. Su padre, Domingo Antonio y otros testigos, responsabilizaron al alcalde. Pascual Diego murió en un hospital dos meses después.

El 19 de marzo, comunicadores voluntarios, respaldados por la población de Santa Eulalia, trataron de reabrir la radio Snuq Jolom Konob. Sin embargo, el alcalde y los empleados municipales les impidieron la entrada y hasta la fecha la radio permanece cerrada.

“Lo de la radio se circunscribe en el marco de una agresión permanente del Estado guatemalteco en contra de nuestros pueblos ancestrales que se han organizado para defender el agua, los cerros, la Madre Tierra, los bosques, la vía en sí”, dijo Rigoberto Juárez Mateo, representante del Gobierno Plurinacional de la Nación Q’anjob’al, Chuj, Akateka, Poptí y Mestiza de Huehuetenango.

Ante la cercanía de las elecciones generales previstas para setiembre, Juárez teme que las acciones represivas contra líderes comunales se intensifiquen y se disfracen como violencia política.

El 24 de marzo, cuatro días después que fuera entrevistado por Noticias Aliadas, Juárez y Domingo Baltazar, otro líder q’anjob’al, fueron arrestados sin orden judicial por efectivos policiales en Ciudad de Guatemala, luego que viajaran a la capital para reunirse con organizaciones de derechos humanos que están documentando las violaciones a los derechos humanos cometidas contra su comunidad. Durante el incidente, el abogado Ricardo Cajas fue atacado físicamente por los dos agentes cuando les exigió que mostraran la orden judicial y leyeran sus derechos a Juárez y Baltazar.

Tres días después, se presentaron ante el juez Otto Felipe Vásquez quien expidió medidas cautelares en vez de prisión preventiva. Sin embargo, cuando abandonaron el tribunal fueron detenidos nuevamente por la policía. Juárez y Baltazar son acusados de secuestro e instigar actividades criminales, cargos que ambos niegan.

En declaraciones desde la cárcel, Juárez afirmó a la periodista Andrea Ixchiú: “Nosotros nos consideramos como presos políticos. Aunque esté aquí tras las rejas insisto que es urgente que nuestros pueblos y nacionalidades ancestrales reorienten su lucha. La autodeterminación es el camino. No hay de otra porque no hay un Estado para nosotros. El Estado se ha fundamentado más que nada para reprimir, para dañar, para expropiarnos de lo poco que tenemos”.

El mismo día en que Juárez y Baltazar comparecieron ante el juez Vásquez, fueron liberados y nuevamente detenidos, el cadáver del líder q’anjob’al Pascual Pablo Francisco fue hallado en la aldea Chancolín, en el municipio de Barillas, con signos de tortura. La comunidad responsabiliza a Hidro Santa Cruz de su muerte y el incidente ha exacerbado las tensiones entre el pueblo q’anjob’al, la empresa y las autoridades.

Las acciones represivas contra líderes de comunidades indígenas opuestas a las industrias extractivas y proyectos de infraestructura a gran escala se han incrementado dramáticamente bajo el actual gobierno, aseguran organizaciones de derechos humanos.

Según la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (UDEFEGUA), 657 activistas en derechos humanos fueron víctimas de ataques en el 2013, número que aumentó a 810 en el 2014. Esta cifra —la más alta desde que UDEFEGUA empezó registrar tales incidentes en el 2000— incluye siete asesinatos y 21 intentos de asesinato.

Uno de los peores casos de violencia desatada por el actual gobierno contra la protesta indígena fue la masacre de ocho manifestantes en el nororiental departamento de Totonicapán. Soldados armados con fusiles israelíes Galil dispararon contra líderes campesinos durante el bloqueo de una carretera contra el aumento de los precios de la electricidad en octubre del 2012.

“Este gobierno ha militarizado todo; ha usado la fuerza y la represión en muchas protestas y movimientos sociales”, dijo Norma Sancir, periodista del medio independiente Prensa Comunitaria, quien fue detenida durante cinco días en setiembre del 2014 por cubrir manifestaciones pacíficas en el oriental departamento de Chiquimula.

Mal periodismo

Observadores internacionales y organizaciones no gubernamentales también están en la mira. En julio del 2014, a dos integrantes de las Brigadas Internacionales de Paz que acompañaban el violento desalojo de una protesta antiminera en la localidad de La Puya, en el municipio de San José del Golfo, a 28 km al noreste de Ciudad de Guatemala, les fueron retiradas sus visas de residencia y les informaron que debían abandonar el país en una semana.

El ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla dijo que el caso debe servir como “advertencia” para todas las organizaciones internacionales y acusó a ciudadanos extranjeros de incitar las protestas y manipular a la población local.

Una tendencia preocupante en el marco del actual clima de criminalización de líderes y lideresas sociales ha sido el hecho de que tanto manifestantes como las organizaciones de derechos humanos que los apoyan hayan sido calificados de “terroristas” por el gobierno de Pérez Molina, discurso del que han hecho eco los medios de comunicación y comentaristas de derecha.

El programa “Suecia financia terroristas en Guatemala”, transmitido por los periodistas Sylvia Gereda y Pedro Trujillo del Canal Antigua TV en marzo del 2012 es un claro ejemplo de esto. El reportaje acusaba a la Embajada de Suecia de entregar dinero a “organizaciones que promueven la inestabilidad política, terrorismo y debilitan el Estado” a través de proyectos de cooperación que apoyan a organizaciones de la sociedad civil en el municipio de San Juan Sacatepequez, a 31 km al norte de la capital, donde comunidades indígenas desde hace ocho años protestan contra la construcción de una fábrica de cemento de propiedad de Cementos Progreso. Aquella vez, el relator especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión, Frank La Rue, consideró el programa como un ejemplo de “mal periodismo”.

El Canal Antigua TV pertenece al ministro de Energía y Minas Erick Archila Dehesa y los críticos señalan este caso como una clara demostración de cómo los principales medios de comunicación son usados para hacer eco de los intereses corporativos.

“Los medios están monopolizados y todo aquel que se opone a los megaproyectos que van en contra de la libertad de los pueblos, es terrorista”, dijo Norma Sancir. —Noticias Aliadas.

Fuente: www.noticiasaliadas.org

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