La decisión de la Corte ataca la independencia judicial

Critina Chiquin

Critina Chiquin

Por Impunity Watch

Impunity Watch (IW) externa su preocupación ante la decisión de la CC de denegar los amparos interpuestos en contra de la elección de magistrados de las Salas de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia, ya que dichos procesos mostraron un alto nivel de discrecionalidad, al no privilegiar el ejercicio de la judicatura; patentizaron los conflictos de interés, en tanto que personas que fungieron como postuladoras dentro de una comisión al mismo tiempo participaron como candidatas en la otra; incumplieron las disposiciones legales en torno a los mecanismos para la valoración de los perfiles de candidatos, especialmente en cuanto al requisito de la reconocida honorabilidad y las tablas de gradación; y evidenciaron la cooptación del trabajo de las Comisiones de Postulación por grupos de poder con intereses que influencian negativamente e interfieren en el funcionamiento de los organismos del Estado. Tampoco debe quedar de lado que la magistrada Claudia Escobar Mejía denunció presiones de poderes políticos y renunció a su reelección al considerar que el procedimiento estuvo viciado.

La sociedad civil cuestionó ampliamente los criterios aplicados por las Comisiones de Postulación, respaldándose en pruebas que evidenciaron la permeabilidad de los mecanismos de selección y elección ante intereses particulares, en contravención del derecho interno y los estándares internacionales en materia de independencia judicial, lo cual pone en juego el Estado de Derecho, puesto que se trata del nombramiento de los más altos cargos del Organismo Judicial.

Además, entidades como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la Relatora Especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de jueces y abogados, la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) de Honduras, la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD), la Asociación de Magistradas y Juezas del Órgano Judicial de Panamá (AMAJUP), la Asociación Nacional de Magistrados (ANM) del Poder Judicial de Chile, la Asociación Jueces para la Democracia (JpD) de España, la Unión Internacional de Magistrados (UIM), y la Associação Juízes para a Democracia (AJD) de Brazil, manifestaron su preocupación por la falta de cumplimiento de los estándares internacionales mínimos para la selección de autoridades judiciales, porque no se privilegió la independencia judicial, y porque no se dio el valor que merece a la experiencia en judicaturas: de 126 magistrados titulares y 84 suplentes sólo 30 fueron reelectos, y entre éstos únicamente algunos tienen carrera judicial.

La decisión de la CC de denegar los amparos, tomada por el voto de los magistrados Alejandro Maldonado Aguirre, Hugo Pérez Aguilera y Roberto Molina Barreto, hace dudar de su imparcialidad y objetividad, ya que el hecho de que la selección de candidatos no fuera justificada en forma individual ante la opinión pública, debió ser suficiente para revertir ambos procesos por la inobservancia del
principio de publicidad contenido en la Ley de Comisiones de Postulación.

IW exhorta a los actores involucrados a realizar las reformas legislativas que garanticen el ejercicio real de la independencia judicial, privilegiando la aplicación de la Ley de la Carrera Judicial; y eliminando los espacios para la discrecionalidad, las negociaciones políticas y la influencia de los grupos de poder.

Impunity Watch

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