70 Aniversario de la Revolución Guatemalteca de 1944

arhterDr. Sergio Guerra Vilaboy* / Especial para Con Nuestra América[1]

Guatemala: a revolución del 20 de octubre de 1944.

Ese proceso de cambios radicales, sin precedentes en la tierra del quetzal, se produjo en el contexto creado por el fin de la Segunda Guerra Mundial y la bancarrota del fascismo a escala internacional , que estimuló la rebeldía popular en América Latina y provocó la caída sucesiva de dictaduras y regímenes tiránicos avalados con largos años de represión y terror. Con intensas jornadas revolucionarias y populares se puso de manifiesto el significativo crecimiento de las organizaciones de izquierda, de las fuerzas obreras y del movimiento democrático.

Entre 1944 y 1947 las masas populares, de un extremo al otro del continente, se lanzaron enardecidas con consignas antioligárquicas y antifascistas, en reclamo de una mayor democratización de la sociedad, de elecciones libres, en favor de la plenas actividades de los partidos y sindicatos, así como por la satisfacción de reivindicaciones sociales y nacionales de envergadura y contra la asfixiante dominación de las grandes potencias capitalistas. Los cambios trajeron aparejado un nuevo impulso al nacionalismo populista, cuyas últimas manifestaciones cayeron a mediados de los cincuentas víctima de sus propias debilidades e inconsecuencias, así como de la intolerancia de Estados Unidos sumido en la Guerra Fría con la Unión Soviética.

Oleada democratizadora de posguerra

La magnitud del movimiento democratizador de mediados de los años cuarenta, a pesar de su carácter espontáneo, obligó a la oligarquía, aliada al capital norteamericano, a hacer en muchos lugares importantes concesiones a los trabajadores y al pueblo en general, restableciendo las libertades e implantando una legislación social que a veces excedía sus intereses clasistas. En varios países, los partidos comunistas salieron de la clandestinidad, en algunos casos por primera vez, al mismo tiempo que se constituían sindicatos legales de proyección nacional. A la par se fortalecía el movimiento obrero a escala continental. Ya el segundo congreso de la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL) pudo reunir en Colombia (1944) a centrales sindicales que representaban a buena parte del proletariado de quince naciones latinoamericanas.

El basamento de muchos de estos cambios políticos se encontraba en el relativo auge que experimentaba la economía de América Latina desde la Segunda Guerra Mundial. Incentivado por un inusitado crecimiento de la demanda externa, el sector agropecuario se reanimó -hasta cierto punto también el minero- luego de la prolongada recesión derivada de la crisis capitalista de 1929-1933. Desde entonces, y hasta el fin de la Guerra de Corea, se registró un notable incremento de las exportaciones de materias primas y productos alimenticios latinoamericanos.

También se producía un sensible mejoramiento coyuntural en los términos de intercambio, que contribuyó a propiciar esta ola de relativa prosperidad, la cual se hizo sentir mediante cierta elevación del nivel de vida de la población. Incluso, algunos países europeos tuvieron que liquidar muchas de sus inversiones en América Latina para saldar la deuda adquirida durante la contienda bélica mundial con varias de las repúblicas al sur del río Bravo.

Los renovados aires democráticos de posguerra alcanzaron diferente intensidad de un país a otro. Sus primeros efectos se advirtieron en Centroamérica desde principios de 1944, donde se creó una verdadera situación revolucionaria. Las luchas comenzaron por El Salvador en abril de ese año, cuando se desató una incontrolada sublevación popular que exigía la renuncia de Maximiliano Hernández Martínez, verdugo de miles de campesinos en 1932 y del líder comunista Agustín Farabundo Martí.

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El general Jorge Ubico, dictador guatemalteco.

En el movimiento revolucionario participaban los trabajadores, representantes de las capas medias, jóvenes oficiales del ejército y hasta elementos de la propia oligarquía. Una huelga estudiantil, seguida por imponentes manifestaciones callejeras y una paralización total de actividades, obligó al tirano a huir en mayo de 1944.

Los acontecimientos salvadoreños repercutieron en Honduras y Guatemala, gobernadas a su vez por las dictaduras bananeras de Tiburcio Carias y Jorge Ubico. Si bien el movimiento hondureño no pudo conseguir sus objetivos, a pesar de las impresionantes acciones de las masas populares en mayo y julio de 1944, en Guatemala, en cambio, dio lugar a un proceso de cambios revolucionarios extendidos durante una década, la que el escritor guatemalteco Luis Cardoza y Aragón llamara, parafraseando al Barón de Humboldt, los diez “años de primavera en el país de la eterna tiranía”.[2]

Estallido de la revolución guatemalteca

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El movimiento cívico de 1944.

El movimiento revolucionario guatemalteco de 1944 puso fin a la dictadura oligárquico-proimperialista de Jorge Ubico, iniciada en 1931. Los factores que aceleraron la caída de este viejo régimen represivo estaban relacionados con las transformaciones económicas, sociales y políticas que a escala nacional e internacional se produjeron con la Segunda Guerra Mundial.

Al margen de esos cambios, el clima internacional adverso a los regímenes fascistas y dictatoriales, estimuló la rebeldía del pueblo guatemalteco y despertó las inquietudes y aspiraciones democráticas de amplios sectores populares. Los primeros brotes oposicionistas aparecieron en 1942 en la Universidad San Carlos de Guatemala, donde se organizaron los estudiantes encabezados por Mario y Julio César Méndez Montenegro, José Manuel Fortuny, Alfonso Marroquín y Manuel Galich. Las protestas universitarias detonaron finalmente como repercusión de la caída en el vecino El Salvador de la dictadura de Hernández Martínez.

La tarde del 24 de junio de 1944 los estudiantes, maestros y profesionales guatemaltecos se lanzaron a las calles, amenazando al gobierno de Ubico con una huelga general si no aceptaba las reivindicaciones académicas y magisteriales, entre ellas la autonomía universitaria y otras peticiones democráticas. A estas protestas, el dictador respondió de la forma acostumbrada.

La dictadura implantó el estado de sitio y suspendió las inexistentes “garantías constitucionales”, bajo cuyo amparo se inició la persecución contra estudiantes y maestros, muchos de los cuales tuvieron que refugiarse en embajadas extranjeras y abandonar el país. La brutalidad de la reacción gubernamental alentó nuevas protestas en otros sectores de la población capitalina, manifestaciones que fueron acalladas brutalmente por el ejército (25 de junio), ocasionando la muerte de la joven maestra María Chinchilla.

Ese mismo día, algunos de los participantes en las manifestaciones redactaron un histórico documento conocido, por el número de firmantes, como el Memorial de los 311, que exigió la inmediata renuncia de Ubico. Al día siguiente, se desencadenó una inesperada huelga general que paralizó el país durante una semana, hasta que el 1 de julio de 1944 el dictador tuvo que dimitir. El vasto movimiento opositor, en el que ocupaban sitio no sólo representantes de las capas medias y los trabajadores urbanos sino también elementos progresistas de la burguesía, obligó a un relevo de figuras en la conducción del gobierno. Por ello, desde el 4 de julio el general ubiquista Federico Ponce ocupó la presidencia.

Para tranquilizar al país, el nuevo gobierno militar puso en vigor ciertas concesiones a la oposición, haciendo algunas reformas que no alteraban la esencia del sistema de dominación oligárquico-imperialista que apoyara a Ubico. De esta manera, el general Ponce autorizó la libre actividad de los partidos políticos, eliminó la censura y convocó a elecciones generales. En estas circunstancias, los exiliados pudieron regresar, se reanimó la lucha política y se fundaron nuevos partidos.

Los más importantes eran aquellos que aglutinaron a las figuras que habían sobresalido en la campaña antidictatorial. Nos referimos al Frente Popular Libertador (FPL), formado por estudiantes y profesionales jóvenes de ideas democráticas y el Partido de Renovación Nacional (PRN), integrado por otros elementos de las capas medias y la intelectualidad, en particular maestros, los cuales también pretendían modificar el asfixiante régimen político. Ambos partidos postularon como candidato a las elecciones fijadas para diciembre de 1944 a Juan José Arévalo, un carismático profesor universitario radicado en Argentina.

Las exiguas conquistas democráticas arrancadas por el pueblo al general Ponce comenzaron a resquebrajarse cuando los altos mandos militares comprendieron que el movimiento de masas escapaba a su control y que peligraban las posibilidades de supervivencia del régimen. A las pocas semanas de su llegada al poder, el general Ponce desató una escalada represiva contra los partidos democráticos y fuerzas revolucionarias, cuyo punto culminante fue el asesinato del director del diario oposicionista El Imparcial.

El intento de Ponce de establecer un ubiquismo sin Ubico fue respondido por las fuerzas revolucionarias el 16 de octubre de 1944 con un llamado a la huelga general. Por añadidura, en la madrugada del 20 de octubre, parte de la Guardia de Honor se insurreccionó cumpliendo órdenes del mayor Francisco Javier Arana y de un audaz capitán de sólo 29 años: Jacobo Arbenz.

Aunque algunos cuarteles mantuvieron su obediencia al general Ponce, la victoria estaba de parte de los rebeldes pues contaban con el decisivo respaldo popular y el apoyo de la únicas fuerzas blindadas del ejército (12 tanques). El triunfo de lo que desde entonces se conoce como la revolución de octubre de 1944, llevó al poder a una junta integrada por los militares Arana y Arbenz y el líder del Movimiento Cívico Jorge Torriello. El alzamiento cívico-militar que derrocó al gobierno de Ponce se fundamentaba en un heterogéneo frente policlasista, encabezado por la pequeña burguesía, las capas medias y una fracción progresista de la burguesía, forjado al calor de ideales liberal-democráticos y que produjo la más profunda grieta en el orden oligárquico-imperialista de toda la historia guatemalteca.

Entre las primeras disposiciones del gobierno provisional merecen destacarse la disolución del desprestigiado parlamento ubiquista y el descabezamiento del ejército -fueron separados más de sesenta generales y abolido este grado militar-, junto a la creación de una Guardia Cívica nutrida de estudiantes, maestros y obreros. Los objetivos de la revolución de octubre fueron recogidos y ampliados por la Asamblea Constituyente, formada el 9 de enero de 1945, que sustituyó a la anacrónica carta magna liberal por una nueva. La flamante constitución, de corte democrático-burgués avanzado, incorporó a su texto el reconocimiento de la función social de la propiedad y la necesidad de transformar la anquilosada estructura agraria del país.

El gobierno de Arévalo

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El presidente Juan José Arévalo.

En las elecciones presidenciales venció arrolladoramente Juan José Arévalo, quien logró el 83,6% de los sufragios, con lo cual superó ampliamente a sus más cercanos adversarios. La aplastante victoria de Arévalo fue también la del FPL y RN, coaligados en el Frente Unido de Partidos Arevalistas (FUPA), que dominaron el congreso nacional y las municipalidades.

La puesta en vigor en 1947 del Código del Trabajo alentó las adormecidas reclamaciones obreras, abriéndose un período de conflictos y huelgas laborales a lo largo y ancho de la república que, por lo general, terminaban con la obtención de las principales demandas sindicales. La mayor resistencia patronal se produjo donde operaban empresas extranjeras y, en particular, en las áreas dominadas por la United Fruit Company (UFCO), ya que el monopolio frutero estaba habituado a explotar a los trabajadores guatemaltecos sin ninguna regulación.

En 1948, la empecinada negativa de la UFCO a aceptar las reclamaciones de sus obreros desencadenó un conflicto que se extendió a las dos divisiones de la empresa (Atlántico y Pacífico). Para respaldar al consorcio imperialista, la embajada norteamericana se valió de los servicios del coronel Arana, a la sazón jefe de las fuerzas armadas, quien envió tropas a las plantaciones para reprimir a los trabajadores, maniobra que fracasó ante la oportuna intervención del presidente Arévalo. Tras la retirada de los soldados, el conflicto terminó cuando el ministro del Trabajo, Alfonso Bauer Paiz, logró que el 7 de mayo de 1949 la UFCO aceptara un contrato colectivo que satisfizo las principales exigencias obreras.

Este tipo de reveses, junto a la imposibilidad de suceder a Arévalo en la presidencia, empujó al coronel Arana a los brazos de la contrarrevolución. Alentado por la UFCO, la alta jerarquía eclesiástica, la oligarquía y un grupo de políticos derechistas agrupados en el Frente Unido Aranista, el jefe militar fraguó un golpe de estado -el número 28 de los registrados contra Arévalo- para el cual contaba con el respaldo de algunas guarniciones y las armas de la Legión del Caribe que había incautado.

Advertido el gobierno de sus trajines conspirativos, Arana fue muerto al resistir su detención el 18 de julio de 1949. De todas formas, la Guardia de Honor y otras unidades comprometidas, orientadas por Mario Méndez Montenegro, atacaron al Palacio Presidencial, pero fueron aniquiladas el día 20 por las fuerzas civiles y militares leales al coronel Arbenz, ministro de Defensa, al costo de más de 150 muertos y cientos de heridos.

El período de Arévalo (1945-1951), fase inicial de la revolución guatemalteca, supo aprovechar una coyuntura internacional favorable, creada por los excelentes precios del café, para vertebrar un régimen democrático que consagró importantes derechos a los trabajadores, dio por resultado una efectiva elevación del nivel de vida de la población y permitió la ampliación de las relaciones capitalistas. Entre los logros de esta etapa pueden mencionarse la formulación de una política exterior independiente y la puesta en vigor de una avanzada legislación contenida en la constitución de 1945, el Código del Trabajo (1947) y el del Seguro Social (1948).

Además, se efectuaron importantes reformas económicas, como la ley de bancos de 1946, que dinamizó los créditos a los pequeños productores, se creó una banca nacional estatal y fueron congelados los precios y la renta de viviendas, todo lo cual le trajo aparejado la hostilidad del gobierno de Estados Unidos. Pero a la terminación del mandato de Arévalo, el proceso guatemalteco se encontraba ante la alternativa de conformarse con estas reformas o pasar a cambios más profundos, que transformara la atrasada estructura económica y social del país y creara una nación verdaderamente independiente.

Esta perspectiva se abrió con la victoria electoral del coronel Jacobo Arbenz, en las elecciones presidenciales del 12 de noviembre de 1950, en las que obtuvo el 66% de los sufragios con el respaldo del Frente Democrático Nacional, integrado por agrupaciones políticas y organizaciones sindicales, incluido el Partido Comunista, refundado el 28 de septiembre de 1949. Desde fines de 1952 la organización comunista, encabezada por Fortuny, pasó a actuar en plena legalidad con el nombre de Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), fortalecida con el reingreso de los seguidores de Víctor Manuel Gutiérrez, el más prestigioso líder sindical de Guatemala, que había conseguido el 12 de octubre de 1951 la reunificación del movimiento obrero en la Confederación General de Trabajadores de Guatemala (CGTG).

Arbenz, la radicalización de la revolución y la intervención norteamericana

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Jacobo Arbenz en Quetzaltenango, 1950.

Durante la segunda etapa de la revolución guatemalteca, bajo la presidencia de Jacobo Arbenz, de 1951 a 1954, el proceso se radicalizó. Cediendo a los reclamos de las clases oprimidas, el gobierno se orientó hacia el nacionalismo revolucionario, adquiriendo un definido contenido agrario, antifeudal y antimperialista. En este período no sólo se puso mayor énfasis en la modernización y diversificación de la agricultura, así como en el desarrollo económico del país, sino también se implantó una avanzada legislación revolucionaria que incluía beneficios a los pueblos originarios y la quiebra del dominio oligárquico-imperialista mediante una audaz redistribución agraria.

Por eso se inició la construcción de la carretera del Atlántico y el puerto nacional de Santo Tomás y se concibió el proyecto de la hidroeléctrica Junun-Marinalá, con los cuales se pretendía romper el monopolio norteamericano en los transportes y la electricidad. Sin duda, la medida más avanzada del gobierno de Arbenz fue la ley de reforma agraria del 17 de junio de 1952, que expropiaba las áreas ociosas de los latifundios para intentar dar una solución democrática al problema de la tierra, dominada por los terratenientes nacionales y extranjeros.

La aplicación de la ley no sólo afectó a los grandes propietarios guatemaltecos, sino también a los extranjeros y entre estos a la UFCO. Tan sólo al monopolio frutero le fueron confiscadas 1 859 caballerías en el Pacífico y 1 558 en el Atlántico. En los dos años de ejecución de la inconclusa reforma agraria fue expropiada la cuarta parte de las tierras cultivables y repartidas a más de 100 mil familias -beneficiando a medio millón de habitantes-, de las cuales 30 mil lo habían sido con propiedades del estado.

La creciente agitación obrero-campesina y las expropiaciones de tierras eran más de lo que podía aceptar la vieja oligarquía y el imperialismo norteamericano. Las conquistas de la revolución guatemalteca y la influencia de su ejemplo alarmaron a los enemigos del proceso. Así, mientras se iba cerrando el cerco contra Guatemala organizado por Estados Unidos, las fuerzas progresistas encabezadas por Arbenz se perfilaban como la única alternativa consecuente en lo que constituía ya una nueva fase de la revolución de carácter democrático-popular.

La hostilidad de Estados Unidos contra la revolución guatemalteca se hizo más descarnada cuando Washington, el 14 de octubre de 1953, emitió una declaración en la que atacaba al gobierno de Arbenz. Ella formaba parte de un plan intervencionista confeccionado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) –denominado PBSUCCESS- que incluía, en su primera etapa, la firma de un rosario de pactos militares con los gobiernos títeres del área centroamericana -a la vez que se prohibían las ventas de armas al de Arbenz-, para dar la impresión de que estos países eran amenazados por Guatemala. A la par, en estas repúblicas vecinas –donde incluso funcionó una radio contrarrevolucionaria-, se entrenaban grupos mercenarios que en pocos meses deberían invadir el territorio guatemalteco y derrocar al gobierno revolucionario.

El 17 de junio de 1954, haciendo caso omiso a las denuncias de Guatemala en los foros internacionales –como la realizada en la conferencia interamericana de Caracas por el ministro de Exteriores Guillermo Toriello-, se inició la agresión imperialista. Un llamado Ejército de Liberación, concentrado en Nicaragua y Honduras, invadió Guatemala bajo la dirección del ex coronel Carlos Castillo Armas, mientras barcos norteamericanos se aproximaban a sus aguas jurisdiccionales.

En su avance, los invasores ocuparon las poblaciones de Bananera y Morales, aprovechando las instrucciones dadas por Arbenz a sus fuerzas de evitar choques en la zona limítrofe con Honduras, para no dar pretexto a una guerra con este país. Mientras esto ocurría en la zona por donde habían penetrado los “liberacionistas”, aviones mercenarios suministrados por la CIA bombardeaban los días 25 y 28 de junio la capital y otras ciudades guatemaltecas.

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“Gloriosa victoria”, mural de Diego Rivera alusivo a la invasión imperialista que derrocó a Arbenz.

Cuando la invasión parecía flaquear, y la CGT llamaba al pueblo a formar comités de defensa, se produjo la traición de los desmoralizados mandos militares complotados con la contrarrevolución. Ya unas semanas antes de la intervención, el 15 de mayo de 1954, la jefatura del ejército había cuestionado a Arbenz sobre los alcances de su programa y sus vínculos con el PGT, aprovechando la llegada a un puerto guatemalteco del barco sueco Alfhem, portador de armas compradas a Checoslovaquia, entonces un país socialista.

Puesto entre la espada y la pared, el presidente Arbenz se opuso a las exigencias de los altos mandos y prefirió renunciar (27 de junio), considerando erróneamente que su permanencia al frente del gobierno era el obstáculo para liquidar a los invasores y preservar los logros de la revolución. Pero la junta militar que le sustituyó, pronto sustituida por otra más a la derecha, ilegalizó al PGT, persiguió a sus dirigentes y comenzó a negociar con los invasores (30 de junio), mientras Arbenz se asilaba en la embajada de México. Para consolidar su victoria, desde el 3 de julio de 1954 Castillo Armas se posesionaba de ciudad Guatemala con sus huestes a sueldo.

La caída de Arbenz, y la instauración de un gobierno hechura de la oligarquía y Estados Unidos, cerró el breve y único capítulo de serias transformaciones revolucionarias en toda la historia contemporánea de Guatemala. A partir de entonces reaparecieron en toda su intensidad el autoritarismo y la represión sin límites que habían caracterizado al estado oligárquico hasta 1944, lo que fue el caldo de cultivo para el estallido de nuevas luchas revolucionarias que estremecieron al país hasta conseguir los acuerdos de paz de mediados de los años noventa del siglo pasado.

 

San José de Costa Rica, 15 de octubre de 2014

*Presidente de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC)

 

NOTAS

[1] El autor asistió el pasado 14 de octubre en San José al lanzamiento de una edición actualizada de su libro Luchas sociales y partidos políticos en Guatemala, editado en un número extraordinario de Temas de Nuestra América, Revista de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Costa Rica, cuya presentación estuvo a cargo del Dr. Rafael Cuevas Molina, profesor e investigador de esa alta casa de estudios. La actividad fue con motivo del 70 aniversario de la Revolución Guatemalteca de 1944.

[2] Luis Cardoza y Aragón: La revolución guatemalteca, Montevideo, Ediciones Pueblos Unidos, 1956, p. 51.

Publicado por Con Nuestra América

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