Libertad para Saul y Rogelio (visión comunitaria del rescate de la justicia)

rubenPor Andrés Cabanas –

Las presiones y amenazas hacia jueces, la falta de idoneidad y capacidad de operadores de justicia, las negociaciones secretas entre abogados, gobernantes y partidos políticos (la justicia concebida como botín político, presente en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia), son apenas la punta del iceberg del problema mayor: el sistema de justicia como operador de intereses particulares/empresariales, favorecedor de la persecución a dirigentes y organizaciones sociales, legitimador de la reducción de derechos colectivos a favor de los derechos de las empresas.

Abundan procesos en los que jueces, fiscales, abogados y/o magistrados actúan a favor de las empresas, en contra de dirigentes, comunidades y organizaciones en resistencia a la implantación de proyectos. Claudia Samayoa, de la Unidad de Defensores de Derechos Humanos, UDEFEGUA, explica que desde el año 2012 se contabilizan “cientos de procesos de denuncia judicial y detenciones ilegales: unos 200 defensores de derechos humanos desde 2012”. Poco importa la endeblez de las acusaciones y que los dirigentes sean liberados meses después por falta de mérito: el daño ya está hecho, tanto a las personas particulares como a la cohesión, organización y resistencia comunitarias.

Este es un aspecto medular: un sistema de justicia que agrede, en vez de garantizar libertades y derechos. Solamente en el caso de Santa Cruz Barillas, en conflicto con una transnacional española, contabilizamos estos procesos anómalos, y las consecuencias adversas de los mismos:

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La segunda captura de Saúl y Rogelio

La persecución a Saul Méndez y Rogelio Velásquez, líderes comunitarios de Santa Cruz Barillas, ejemplifica el operar poco riguroso y parcial de los operadores de justicia. La primera captura de ambos se produce el 2 de mayo de 2012 y se prolonga hasta el 9 de enero de 2013. Son liberados después de una intensa campaña de solidaridad, acciones jurídicas y denuncias a nivel internacional, que reconocen el carácter ilegítimo e ilegal de las detenciones (Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de Naciones Unidas; Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias de Naciones Unidas).

A partir del 27 de agosto de 2013 son acusados en un segundo proceso (linchamiento tumultuario en 2010 en una comunidad de Barillas). En diciembre de 2013 se abre juicio, a pesar de las irregularidades de la acusación, documentadas por el abogado defensor Carlos Bezares:

La acusación no precisa qué habían hechos los acusados exactamente (el contexto era una acción donde participaron cientos de personas).

En el expediente constan entrevistas de autoridades donde dicen que los acusados no estaban en el lugar de los hechos (Juez de Paz de Barillas). Pero se da validez al testimonio de una persona enfrentada con los acusados (familia Reyes) por su oposición a Hidro Santa Cruz.

La acusación se presenta fuera de tiempo. Sin embargo, el Juez dice que no se ve limitado el derecho de defensa.

Se presentan fotografías de los acusados que corresponden a otro hecho investigado (el del primero de mayo de 2012).

Se realiza una prueba anticipada con menores familiares. Sospechamos que les pusieron fotos delante para orientar su opinión.

Se dictan órdenes de aprehensión (agosto 2013) con base en medios de investigación que no son suficientes para la captura. Y se termina con una acusación de lo más débil. Pero el Juez abre juicio.
La Fiscalía General (durante la gestión de Claudia Paz y Paz, a partir de la revisión del expediente realizada por Mynor Melgar en septiembre de 2013) aceptó que el expediente estaba tergiversado. Recusamos a la Fiscalía, pero esta nueva fiscalía realiza una prueba anticipada con menores familiares de las víctimas.

Es evidente la implicación directa de la empresa, que meses antes de la captura, prepara condiciones. Uno de los capturados, Saúl Méndez, denuncia a periodistas desde 2012 que intermediarios de la empresa lo amenazaron con abrirle un nuevo proceso si no renunciaba a la resistencia comunitaria. La amenaza se materializa un año después.

El fondo del proceso es la persecución a defensores de derechos humanos por tener una posición contraria a una empresa transnacional.

A consecuencia de esta utilización condicionada del sistema de justicia, Saúl y Rogelio acumulan, cada uno, 675 días en prisión.

La desbalanza de la Justicia

Las comunidades perciben el sistema de justicia como factor de persecución, notablemente desbalanceado y distorsionada su imagen original. Llega acompañado de militarización, intimidación y restricción del ejercicio de los derechos civiles y políticos, fracturas sociales, desgaste personal y familiar.

La persecución política y judicial busca debilitar la organización y cohesión social. Afecta a las familias, que ven dificultada su sobrevivencia, y se convierte en instrumento de chantaje de las empresas y todo tipo de intereses particulares.

Es tiempo, sí, del Rescate del Sistema de Justicia, que incluya pero vaya más allá del procedimiento de elección de autoridades. Urge reinterpretar y ampliar el régimen de derechos; garantizar los espacios de decisión de las comunidades; blindar los derechos de participación, organización, movilización y resistencia; denunciar la primacía de la lex mercatoria (Juan Hernández Zubizarreta) sobre los derechos humanos (pactados) y los derechos de la naturaleza (en construcción).

El poder económico, el poder político, el poder de operadores de justicia sobre la vida de las personas trastoca la democracia, la organización, la dignidad y nuestro sentido de vida.

Saúl y Rogelio, los presos y perseguidos políticos, todas y todos merecemos y necesitamos otro sistema de justicia. Necesitamos y merecemos una nueva organización económica y política, de raíz democrática, social y comunitaria, que garantice todos los derechos.

memorialguatemala.blogspot.co.gt

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