Rompiendo tabúes sobre sexualidad

rdfgPor Louisa Reynolds –

Durante sus años adolescentes, nadie le habló a María López Pérez sobre los cambios que estaban produciendo en su cuerpo o calmó sus temores cuando tuvo su primera menstruación.

“Al maestro con el que estudiaba no le gustaban esos temas, entonces en la escuela no los aprendí. En la casa a veces mi mamá nos hablaba pero era y todavía es bastante tabú”, recuerda López, de 27 años, quien nació y creció en el municipio de Jocotán, en el oriental departamento de Chiquimula.

Hace dos años, López empezó a participar en talleres para jóvenes líderes comunitarios organizados por Tierra Viva, organización guatemalteca sin fines de lucro que trabaja en combatir la violencia y defender los derechos reproductivos de las mujeres.

Luego de asistir a una serie de charlas sobre derechos humanos, ciudadanía, empoderamiento de la mujer, sexualidad y derechos reproductivos, López se convirtió en lo que Tierra Viva llama “agente de cambio” en su comunidad, transmitiendo lo que aprendió a otros jóvenes.

“Cuando entré a Tierra Viva no sabía de los derechos. Sabía que existían enfermedades pero no cómo se contagian. A los jóvenes les interesan los temas de la sexualidad y ahora puedo apoyarlos”, dice.

De acuerdo con López, una mejor educación sexual en Jocotán, donde 80% de la población pertenece al grupo indígena maya chortí, está reduciendo gradualmente los embarazos adolescentes y alentando a las jóvenes a tomar decisiones informadas sobre relaciones y maternidad.

“Hemos logrado que si tienen novio no piensen en casarse tan temprano y que retrasen su momento de reproducción. Las jovencitas han tratado de seguir estudiando y trabajando, y algunas han participado en procesos de incidencia. Vemos que esta situación va cambiando”, señala Alma Odette Chacón, coordinadora de Fortalecimiento Institucional y Comunicación de Tierra Viva.

Resistencia de sectores conservadores

Aunque se han logrado algunos avances, López dice que ha encontrado resistencia de líderes religiosos, padres y madres y hasta de su propia familia.

“A veces les explico a mis sobrinos de 13, 14 años sobre el desarrollo y mi mamá me pregunta: ‘¿Por qué les dices eso?’ Cree que les estoy abriendo los ojos y que van a experimentar. Pero a ellos les interesa el tema y preguntan”, sostiene López.

Rutilia Jiatz, directora ejecutiva de Incide Joven, organización no gubernamental defensora de la educación sexual, indica que se necesita un gran trabajo para erradicar el estigma que está ligado al debate sobre derechos reproductivos. Tanto Tierra Viva como Incide Joven forman parte de la Campaña Nacional por la Educación Sexual, creada en el 2009 por una coalición de organizaciones de la sociedad civil.

“Los grandes aprendizajes que nos han dejado estos años de trabajo es que no sólo tenemos que fortalecerlas a ellas como mujeres jóvenes sino que hay que hacer otros procesos con las personas a su alrededor para que no sean señaladas ni discriminadas por hablar de esos temas”, dice Jiatz.

“Las iglesias son con las que más nos ha costado. Tratamos de hablar de los beneficios de la educación sexual, les decimos que previene los embarazos no deseados y enfatizamos que hay un marco legal que tipifica los embarazos en menores de 14 años como un delito”, agrega.

En un esfuerzo por erradicar el machismo y evitar que las mujeres que participan en las campañas a favor de los derechos reproductivos sean aisladas en sus comunidades, la no gubernamental Colectiva para la Defensa de los Derechos de las Mujeres en Guatemala (CODEFEM), organiza talleres de género dirigidos a hombres.

“Ellas nos dicen: ‘Nosotras sabemos cuáles son nuestros derechos pero nuestros esposos no y ahí está el obstáculo’”, afirma la directora de CODEFEM, Ana María Álvarez.

Educación sexual no es una prioridad

Cifras del Instituto Guttmacher, con sede en EEUU, ilustran por qué es tan urgente la educación sexual en las escuelas del país: Guatemala tiene la tercera tasa más alta de embarazos adolescentes en Centroamérica (144 nacimientos por cada 1,000 mujeres entre 15 y 19 años), la mitad de todas las jóvenes guatemaltecas menores de 20 años están casadas o viven con sus parejas, y aunque 83% de las adolescentes entre 15 y 19 años que están casadas o viven con sus parejas no quieren tener hijos en un futuro próximo, sólo 18% usa métodos anticonceptivos confiables.

En el 2005, el Congreso aprobó una ley de planificación familiar que obligaba a todos los hospitales y centros de salud a entregar anticonceptivos gratuitamente y a las escuelas a proporcionar educación sexual. Sin embargo, la ley recién entró en vigencia en el 2008 cuando se creó la Comisión de Aseguramiento de Anticonceptivos.

Para el 2010, los ministerios de Salud y Educación diseñaron textos y otros materiales educativos para estudiantes de diferentes edades que incluían educación sexual, los riesgos de los embarazos no deseados, y la prevención del HIV/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual. Organizaciones de la sociedad civil participaron activamente en el proceso y proporcionaron información. Una vez que los materiales estuvieron listos, los maestros fueron capacitados sobre su uso apropiado. Se llevaron a cabo talleres sobre la importancia de la educación sexual con padres y madres y líderes comunitarios. Finalmente, se lanzó un exitoso programa piloto para implementar el nuevo plan de estudio en siete de los 22 departamentos del país.

Pero todo el proceso se paralizó en el 2012 cuando el general retirado Otto Pérez Molina llegó a la presidencia. Bajo presión de grupos conservadores, incluyendo la Iglesia Católica así como iglesias evangélicas, el nuevo plan de estudio fue archivado.

“Este gobierno no ha priorizado el tema de la salud sexual y reproductiva. No ha habido voluntad política para seguir avanzando en este tema”, precisó Jiatz.

Para disgusto de organizaciones de la sociedad civil que han defendido con uñas y dientes el derecho de las mujeres a controlar sus cuerpos, en agosto del año pasado, durante la Primera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y realizada en Montevideo, Uruguay, el gobierno guatemalteco aceptó firmar el Consenso de Montevideo que apoya el aborto, los derechos de personas lesbianas, gay, bisexuales, transexuales e intersexuales y el acceso a métodos anticonceptivos pero sólo después de incluir una reserva que señalaba que las familias son las únicas responsables por la educación sexual de sus hijos.

Para Chacón, esta reserva “entra en total contradicción con la Ley de Planificación Familiar. Esto va a repercutir en que las niñas y los varones no tengan acceso a educación sexual y seguiremos con los embarazos adolescentes y la violencia sexual”.

Fuente: ww.adital.com.br

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