Guatemala: Femicidio, violencia de género, migración y asilo

AP051125016603Julie Abbott* / Especial para Con Nuestra América

Reconstruir lo migratorio entre Guatemala y Estados Unidos  será  una misión que se asuma con pasión.  La comparación de una vía con la otra vía sin duda pasaría por guatemaltecos y guatemaltecas  que  abrazaron el sueño americano mientras  su país de origen era objeto de desmanes corporativos por parte de la United Fruit Co. ; pasaría por los tiempos en que disponibilidad de mano de obra era un aporte al crecimiento económico estadounidense;  pasaría por la tristemente célebre Escuela de las Américas y por el armamento  que hizo posible el genocidio del continente americano.  Probablemente terminaría en la fresca derogación de la apodada  Ley Monsanto: Ley de Protección para las Obtenciones Vegetales.

Antes, no faltaría el capítulo redadas en sitios de trabajo y deportaciones, concretamente los casos Postville/Ohio y New Bedford/Massachusetts  2008 y 2007 respectivamente, que implicaron la criminalización planificada de migrantes guatemaltecos y guatemaltecas, por parte de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE),  según documenta Eric Camayd-Freixas.

Y los niños y niñas: el capítulo de 15,000 menores en un año, 2014, expuestos y expuestas a riesgos de muerte, explotaciones, hambres, deportación;  y este otro particularmente revelador de asimetrías,  “Necropolítica en las adopciones transnacionales de Guatemala”,  investigación publicada por Silvia Posocco  quien señala que, entre 1975 y 2007,  a nivel mundial, Guatemala fue el país con más adopciones transnacionales en relación a su número de nacimientos:  sólo en 2005, registra 3783 menores adoptados y adoptadas por estadounidenses.  Cifra al amparo de un decreto: “Ley de Tramitación notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria” que  facilitó  “un manejo expropiatorio y privatizado de el exceso de vida, consecuencia de la violencia genocida en Guatemala” [traducción de la autora] en otras palabras pormenores de la exportación, la compra-venta de menores.

El abordaje de los casos de solicitud de asilo por parte de mujeres guatemaltecas que han sido objeto de violencia de género, da cuenta de sentencias que han ido y venido en los debates de las cortes federales de inmigración y el Departamento de Seguridad Nacional estadounidenses,  debates que se han detenido en “la categoría”, así:   ¿Merece refugio una mujer que ha sido objeto de violencia de género? ¿Se sostiene su pertenencia a un grupo social particular?

La discusión pasa por la tentación de ajustar las palabras a los prejuicios vigentes con respecto a violencia contra las mujeres y migración.  En el fondo la disyuntiva:  ¿Se humaniza la aplicación de una convención? ,  o ¿se dosifica el cumplimiento de una convención para desestimular la migración?  Migración que además se vincula a crimen y terrorismo con excesiva facilidad, de sept. 11 2001 en adelante.   Si la ley y la aplicación de leyes se devolvieran al sentido y se desapegaran de la obsesión perversa que evoca el poder, entonces bastaría el decir de Rita Laura Segato:  “cuerpo de mujer, peligro de muerte”,  para asumir que en un país con los indicadores de Guatemala, tenemos suficientes estadísticas, tenemos suficientes latencias y tenemos suficiente dolor, para hacer de las mujeres guatemaltecas un grupo social particular, muy diverso sí,  pero bajo amenaza y elegible para protección y refugio.  La investigación “No aceptamos ni olvidamos: Femicidio en Centroamérica 2000-2006”  plantea que “en Guatemala, entre 2003 y 2007 el incremento del número de asesinatos de hombres fue de un 50% y  el de mujeres llegó a un 160% … La tasa de homicidios de hombres se duplicó entre 1990 y 2008, pero en el mismo período la de mujeres se triplicó” (Extraído de http://www.redfeminista-noviolenciaca.org/  “Observatorio Centroamericano para Erradicación del Femicidio y la Violencia contra las Mujeres”). Las muertes violentas de mujeres en Guatemala y Honduras muestran aumentos de 2011 a 2012 y a 2013, no así en El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.   El factor impunidad en relación a los femicidios, lo leemos claramente como una no-prioridad en el imaginario colectivo y lo leemos en la respuesta específica negada por parte del aparato de justicia guatemalteco.  El factor impunidad ciertamente soporta el crecimiento de los femicidios, y ciertamente explica que la gama de escenarios de la violencia contra las mujeres crezca y nos rebase.

En agosto 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resolvió condenar al Estado de Guatemala por omisiones y falencias en la investigación de la desaparición y femicidio de María Isabel Veliz Franco; el contenido de la sentencia evidencia que la respuesta estatal está lejos de corresponder a las necesidades relacionadas con la violencia contra las mujeres.

En 2009 y en 2014 organizaciones feministas y de DDHH han logrado presentar en su justa dimensión el contexto guatemalteco de violencia contra las mujeres y sensibilizar a las cortes estadounidenses, en el sentido de que sus decisiones implementan la posibilidad de salvar vidas.  ¡Y habemus jurisprudentia!

En 2009 una corte estadounidense de inmigración otorgó asilo a la guatemalteca Rody Alvarado; el historial de agresiones y persecución de parte de su esposo, tuvo una primera sentencia favorable en 1996, revocada en 1999 como parte de una prolongada discusión sobre sus posibilidades de autoprotección y su categoría o pertenencia a un grupo social expuesto a – ¿suficiente? – amenaza y persecución. Finalmente en 2010 le fue concedido status de refugiada.   Un 2do caso,  23 de agosto 2014,  Aminta Cifuentes, también  guatemalteca y sus dos hijos obtuvieron sentencia favorable de asilo de una corte federal de inmigración estadounidense; agresiones, secuelas, persecución y pormenores de su fuga, no fueron suficientes para evitar argumentos  que, habiendo  admitido  que el caso visibilizaba violencia y  una sociedad machista, mortal, consideraran que para Estados Unidos una declaración política en relación a la violencia contra las mujeres en Guatemala,  tendría un alto costo en razón de extender la noción de refugio.

Parece demasiado cuido al lenguaje de lo jurídico en sus alcances y aplicaciones cuando va de poder político poco humano;  tanto en Guatemala, bloqueando la conciencia de la dimensión e implicaciones de la violencia contra las mujeres, como en Estados Unidos, donde reinciden en  imaginar que podemos fabricar grupos sociales violentados para acceder al sueño americano.

Referencias

Camayd-Freixas, Eric/ Postville: La criminalización de los migrantes. F&G editores/Guatemala 2009

Possoco Silvia/ Queer Necropolitics Routledge, United Kingdom 2014

Preston Julia /In First for Court, Woman is Ruled Elegible for Asylum in U.S. on Basis of Domestic Abuse/New York Times/Aug,29 2014

Carcedo Ana  et. al./No aceptamos ni olvidamos: Femicidio en Centroamérica, 2000-2006/CEFÉMINA/Costa Rica/2010

*Julie Abbott es feminista guatemalteca.

Publicado por Con Nuestra América

 

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