¿Retorna la derecha en América Latina?

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Un barrio llamado América Latina. La letra del Nocturno a mi barrio de Pichuco Troilo reza, en lo casi pertinente, cuando algunos le reprochan al músico haberse ido de su barriada: “¡Pero si siempre estoy llegando!” ¿Se ha ido, escapado o evaporado alguna vez la derecha de América Latina? parecería una pregunta tan o más apropiada que el título que encabeza este artículo. Una primera aproximación conceptual intenta evitar sustancializaciones: en la política existen derechas, en plural, no una sola. En lo político, existe modernamente un posicionamiento básico y estructural de derecha que alimenta a esas derechas situacionales y persistentes. Existen derechas reaccionarias y conservadoras, también modernizantes y ‘democráticas’. Las hay, en América Latina, con inclinaciones ‘nacionalistas’ y otras con sólida vocación de entrega transnacional. Nos brincamos los comportamientos de derecha que se pueden determinar en relación con los desafíos de sexo-género, adultocentrados, étnicos y religiosos, o militar-civil por citar cinco.

‘Derecha’ se puede aplicar asimismo a una sensibilidad cultural. A un ethos, si se quiere. Difusa, por generalizada y poco conceptualizada, pero vigorosa porque compromete las existencias particulares y sus identidades y, por supuesto, alimenta las tramas sociales institucionales. En este último sentido casi nadie en América Latina se escapa de comportamientos derechizantes. Tienen sus raíces en la Conquista y la Colonia y sus alcances son los que justifican la pregunta alternativa del primer párrafo: ¿Se ha ido, escapado o evaporado alguna vez la derecha de América Latina? El planteamiento equivale a la cuestión: ¿Ha roto, alguna vez y para siempre, consigo mismo América Latina? Por supuesto, si somos culturalmente de derecha, no existe una sola América Latina. Es decir ‘América Latina’ es un nombre cómodo para designar una zona geográfica, pero no humana, o sea político-culturalmente articulada. El punto afecta a la región y a cada uno de sus países.

Nos aproximamos así a un intento de determinar el posicionamiento político básico de una ‘derecha’ en América Latina. Desalojando discursos que ligan izquierdas y derechas en las sociedades ‘modernas’ con visiones igualitarias u horizontales contra visiones verticales y discriminatorias, o que se distinguen por la búsqueda y uso de poderes cohesionadores (articuladores, en realidad), que sería el criterio ‘de izquierda’, por oposición a poderes  discriminadores, cuyo ejercicio determinaría a la derecha, nos interesamos en las condiciones sociohistóricas para que estos ‘poderes’ sociales (socioeconómico, político-cultural, simbólico, local y transnacional) se hagan efectivos con su doble alcance: prácticos y legítimos.

Ya adelantamos un punto: las derechas y la derecha nunca se han ido de su barrio latinoamericano porque forman parte significativa de su cultura o sensibilidad dominante (y de dominación). Sus grandes motores iniciales son la gran propiedad agraria y masculina, el catolicismo patriarcal y autoritario y la superioridad étnica eurocentrada. Los tres motores contienen violencia extrema y legitimada en términos absolutos. Violencia extrema quiere decir una furia ciega respecto de sus alcances y que, por ello, puede resultar autodestructiva. La imagen que muestra a las derechas latinoamericanas yéndose o debilitándose no capta su poderío cultural ni el carácter extremo de sus violencias: para las derechas, ‘conscientes’ o irracionales, es preferible una América Latina completamente destruida que una sin discriminaciones. De hecho, si las discriminaciones se atenuaran o iniciaran el camino hacia su extinción, el Dios que late en el corazón de la cultura de derecha latinoamericana destruiría al subcontinente tal como Yahvé destruyó a Sodoma y Gomorra.

La cuestión anterior puede parecer pintoresca, además de exagerada. Pero es sencilla de ejemplificar. En un país como Costa Rica, sólidamente conservador, y cuyos dirigentes hablan de una democracia centenaria (tiene, en realidad, algo más de medio siglo), lo que supondría embrionariamente al menos una cultura de derechos humanos, la demanda para legalizar las uniones de homosexuales es objetada eficazmente desde un posicionamiento nuclear: la pareja es naturalmente heterosexual y alterar este dato llevaría a la destrucción de la civilización y de la especie. Contra este argumento, que puede trasladarse a la fórmula “O familia heterosexual… o la muerte”, que puede parecer grotesco, pero que expresa la mayoría de costarricenses, resulta inútil esgrimir razones. En la práctica y en la legislación vence su irracionalidad. El ‘argumento’ se emplea no solo contra los homosexuales, sino que alcanza a las demandas de las parejas que buscan tener descendencia mediante el procedimiento de fecundación in vitro. Si cumplieran su deseo, ellas, una minoría ínfima, alterarían la voluntad de Dios y destruirían desde su base el orden de su creación.

El ejemplo referido podría parecer localizado en exceso. Mencionemos entonces una referencia que presente imágenes ‘más políticas’ (aunque las anteriores lo son suficientemente). En la misma Costa Rica, el gobierno sandinista de su vecina Nicaragua en la década de los ochenta fue considerado por la prensa oficial, imposible. No comunista o revolucionario, sino prohibido por irracional e inmoral. Contra él resultaba apropiada entonces cualquier violencia. Todas ellas eran legales y morales. Para quienes, en el Cono Sur, quizás estos ejemplos centroamericanos resulten pintorescos, habrá que recordar que los regímenes de Seguridad Nacional centrados en esa zona arremetieron doctrinalmente contra ‘humanoides’ (terroristas) y no contra seres humanos y que, por tanto, cualquier violencia, incluido el secuestro de niños, en la situación argentina, resultaba legítima y moral. La violencia discriminatoria, criminal e impune, constituye un factor nuclear del carácter de la derecha latinoamericana. Esta violencia no ha abandonado nunca el espacio latinoamericano. Llegó con la Conquista, se confirmó con la Colonia, se escindió con las ‘independencias’, ha debido disfrazarse a veces y recular en otras, en especial durante el siglo XX, pero suele alcanzar siempre, o casi, cuando enseña su perfil más obsceno, legitimidad entre muchos y mayoritarios sectores de la población. La derecha latinoamericana posee uno o varios ganchos culturales que le permiten no solo sobrevivir sino permear cooptar a otros sectores y actores sociales.

La pregunta de este artículo se ha transformado parcialmente ahora en ¿la extrema violencia discriminatoria de derecha está retornando a América Latina? ¿Son señales de este retorno, los golpes de Estado en Honduras y Paraguay, la ofensiva estadounidense, inicialmente fallida, para ‘tutelar’ empresarialmente los regímenes democráticos, el fraude electoral en México y su ingreso a un ‘bipartidismo’ agenciado por corruptos, la dificultad para encontrar un relevo no neoliberal al kirchnerismo en Argentina, la introducción sistemática de sentimientos de inseguridad en la población para estimular la criminalización y militarización de la pobreza, de los movimientos sociales populares y de los flujos migratorios, la insistencia, incluso en los proyectos ‘progresistas’, para exportar commodities (extractivismo) con bajo valor de retorno, la tendencia al aislamiento de los líderes sospechosos de “populismo” o su rechazo frontal cuando parecen no cooptables. Son señales muy variadas que quizás acepten, como la herencia cultural de América Latina, un posicionamiento común aunque complejo.

La mundialización es de derechas. La mundialización en curso, abierta en la década de los setentas del siglo recién pasado, tiene un rostro atractivo: su descanso en el frenesí del cambio tecnológico, en especial de las comunicaciones, le otorga un aire de fiesta. Por primera vez en la historia de la humanidad, es factible, incluso para quienes tengan ingresos menguados, existir en el mundo todo aunque no se sea ciudadano efectivo en parte alguna. El rostro seductor esconde sin embargo una lógica brutal por unilateral: la de la acumulación de capital con predominio del gran capital financiero. Desde ella se ataca sistémicamente a los trabajadores y sus ahorros (allí donde existen), los salarios, la producción de empleo digno (aumenta el trabajo infantil, por ejemplo), se empobrece a sectores de las capas medias y a los jubilados. Esta lógica es de derechas porque utiliza sus capacidades para desagregar a las poblaciones, tornarlas inermes y discriminar a secciones de ellas como ‘población sobrante’. Se trata de una desagregación mundial que afecta tanto a las poblaciones de Europa y Estados Unidos como de América Latina o a China, por citar cuatro regiones. Se puede estar con esta desagregación o contra ella. Ambos caminos presentan un horizonte de ruinas.

Un factor dramático de este horizonte ruinoso es la destrucción quizás ya irreversible del hábitat natural, desafío que ha ganado publicidad en la última década pero respecto del cual no se proponen ni ejecutan políticas públicas globales y efectivas. Desde la primera Cumbre de la Tierra con participación de los mandatarios de las economías más poderosas (Río de Janeiro, 1992) hasta la ‘Cumbre’ Río+20 (2012), sin la presencia de Barak Obama, Ángela Merkel ni David Cameron, el discernimiento político del desafío ha retrocedido y se ha oscurecido. Las organizaciones ecologistas calificaron el último encuentro internacional (Río+20) como un “fracaso colosal”. El dramatismo lo aporta el que el desafío que habría que enfrentar colectivamente es la capacidad del planeta Tierra para sostener la vida en él.

Para la constitución del desafío ambiental se combinan básicamente tres procesos complejos: el modelo económico-cultural, la polarización social mundial y local que ese modelo contiene, y el costo en términos de hábitat social y ‘natural’ de los dos factores anteriores. Como parte del circuito, la factura en contra del hábitat retorna sobre el modelo económico-cultural reforzándolo y acentuando el carácter de bomba-de-tiempo de la articulación entre los tres procesos. Fijemos la atención solo sobre el tercer factor, ya que sobre la economía política y su costo social desagregador existe suficiente literatura.

La factura sobre el hábitat, que puede acabar con la capacidad del planeta para sostener la vida en él, posee dos componentes articulados: el costo ambiental ‘natural’ y el costo ambiental socio-cultural. El segundo remite a un proceso de estupidización colectiva que bloquea tanto el discernimiento de los desafíos ambientales como su transformación en problemas que deben resolverse urgentemente. En el proceso de estupidización concurren fenómenos como la expansión universal de la forma mercancía y su ethos cultural presentista/inmediatista. Esto quiere decir que pierde peso cultural y personal la voluntad de pensar totalidades sistémicas y sus lógicas estructuradoras. El ‘discernimiento’ se agota en las presencias inmediatas de las cosas bajo su omnipresente y fugaz, aunque brillante muchas veces, empaque mercantil: todo puede accederse, usarse y botarse. En la publicidad televisiva de las economías centrales se enseña claramente el rasgo: las imágenes de la bota deportiva o del auto último modelo se muestran en unos primeros planos que anulan todo contexto e invisibilizan los procesos. La imagen saturadora va acompañada de un texto igualmente totalitario y performativo: el mensaje es evidente: no hay espacio para discernir (pensar) ni tampoco se requiere: se debe comprar y usar ya. El reinado de las mercancías anula el contenido humano de las producciones sociales y afecta el discernimiento estratégico, o sea acerca del ‘sentido’ de la existencia y del mundo. Tiempo y espacio, ya contraídos o anulados por las tecnologías de comunicación en ‘tiempo real’, dejan lugar a un inmediatismo hiperempírico que en la especie humana resulta letal. Al empobrecimiento del discernimiento lo acompaña una sólida desviación de la libido hacia el consumo, la destrucción y la guerra (muchas veces presentada como competencia en sus alcances polisémicos). Competir (véase los juegos electrónicos) tiende a hacerse vínculo o sinónimo de destruir. El carácter potencialmente erótico y articulador de la libido se hace arma de destrucción, ensimismamiento y  autodestrucción. Cuerpos y espíritus privados internamente de solidaridad y compasión (devienen solo ‘gestos’) pierden la necesidad de sentir la integración personal como un valor, es decir como algo deseable. Lanzados opulenta o miserablemente a la ‘conquista del mundo’, los individuos no advierten que su conquista (es decir el triunfo) equivale a su autodestrucción o al suicidio personal y colectivo. No es claro si los banqueros, tecnócratas y políticos comprenden el proceso o es que las lógicas que lo impulsan han escapado de todo control. Las violencias inherentes al sistema se publicitan como ‘la más alta racionalidad posible’.

La presentación hecha en el párrafo anterior es solo un alcance de por qué la mundialización actual es de derecha sin ser ‘tradicional’. Por el contrario, es moderna y se apoya en las muy dinámicas tecnologías de punta. En América Latina, una zona periférica o tercermundista de la acumulación de capital, una mundialización de derecha (que estimula las guerras entre las culturas y grupos étnicos, la reaparición de la tortura contra los vencidos, y el dominio de las cosas (trabajo muerto) sobre el trabajo vivo, etcétera), viene como petición a la carta para las sensibilidades oligárquicas, neoligárquicas y tecnocráticas, se puede incluir entre estas últimas a los militares, radicadas en América Latina y que constituyen a los sectores dominantes y conservadores (aunque ellos mismos se auto designen como modernizadores eficientes). Es el mundo que han deseado siempre. Un mundo en el que cada cual ocupa el sitio que le corresponde porque así está prescrito en el ‘orden de las cosas’. La violencia de la mundialización es enteramente compatible con la violencia tradicional que puede llegar a ser absoluta en América Latina. Y sostiene una relación perfectamente funcional con economías extractivistas que realizan la mayor parte de su valor fuera de los espacios geográficos que lo generan. Algunos de los resultados son un capitalismo de endeudamiento y la insostenible por pésima y explosiva o disfuncional distribución interna de la riqueza producida. Con ello, por referir otro elemento, la no factibilidad de generar empleos de calidad para la población, en especial para los jóvenes.

En el mismo movimiento, sin embargo, aparecen los muy buenos negocios aunque para pocos (por eso es que hay que posicionarse en la cabeza de los gobiernos y de los bancos locales o de sus extensiones transnacionales), y también las réplicas, que a veces se limitan a ser protestas, con contenido popular y humano o ciudadano. Para América Latina los buenos negocios para pocos significan conflictos en el seno de los grupos con capacidad de acceso a posiciones privilegiadas (estatales, geopolíticas, tecnocráticas, eclesiales, culturales). Para ellos, estar en posiciones de mando equivale a tener una mayor participación en las ganancias directas o indirectas de los buenos negocios globales, aunque no puedan conferirles su carácter. Por supuesto esto contiene un enrarecimiento o envilecimiento de la acción política como tal. El mecanismo solo puede funcionar en ausencia de ciudadanía efectiva. Las regulaciones de ley no bastan porque son porosas o porque quienes las administran ingresan de alguna manera clientelar a los buenos negocios. Pero de esto, del adormecimiento y desvirtuación de la ciudadanía (allí donde ella existe) se encargan los mercados, ya por medio de sus efectos hiperempíricos, ya porque plantean esfuerzos de sobrevivencia que exigen todas las preocupaciones y todos los minutos de la gente.

América Latina posee asimismo tradiciones de resistencia, contestación, movilización y lucha popular. Esta tradición, de menor incidencia cultural por contestataria que la oligárquica, por supuesto no cae incontaminada del cielo y debe establecer cada vez una tensión entre sus componentes corruptores (desviaciones como el autoritarismo mesiánico, por ejemplo, o el personalismo, el doctrinarismo, el ritualismo, etcétera) que se trasladan desde el ethos dominante local o que son transferidos sin crítica desde referentes prestigiosos y situacionalmente ajenos al ámbito latinoamericano. Si este fenómeno afecta a las movilizaciones estrictamente populares (luchas campesinas e indígenas, por ejemplo, o las obreras organizadas), con mayor razón debe ser considerado como un desafío por las agrupaciones ciudadanas o sociales (mayoritariamente urbanas) que se declaran modernizantes o progresistas y cuyas dirigencias provienen de los diversos estratos de los sectores medios. En este último caso las tensiones provienen de al menos dos núcleos (si no se considera factores psicológicos individuales): el ethos dominante, que opera en el mismo sentido corruptor con que afecta a los grupos de extracción popular, pero con diversos alcances, y las que provienen de los esfuerzos de cooptación internos o transnacionales. Ejemplos reciente de esta situación, aunque con distinto carácter, son los gobiernos de Lula en Brasil (2003-2011) o del Frente Sandinista en Nicaragua, personalizado en la figura de Daniel Ortega (2007 hasta hoy). Los esfuerzos y mecanismos de cooptación, que pueden estar muy estrechamente ligados con la interpelación, objetiva o subjetiva, del ethos de dominación, se agudizan particularmente en esta fase de mundialización en curso. Debe recordarse que las economías latinoamericanos expresan un peculiar capitalismo centrado en el endeudamiento y que por ello resultan extremadamente vulnerables ante los circuitos financieros transnacionales e internacionales. Así, un partido o movimiento que se presenta inicial y genuinamente como ‘progresivo’ en determinado momento puede adquirir, súbita o gradualmente, un comportamiento de ‘derechas’ o incubar una derechización sectorial en su seno. El justicialismo argentino podría ejemplificar esta referencia. No así las agrupaciones que configuraron los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia en Chile (1990-2010) cuyo ‘izquierdismo’ le fue conferido periodísticamente por los nombres de algunas de sus organizaciones, por el hecho de que eran civiles que reemplazaban a militares furiosamente derechistas, y por una moderada inclinación por cautelar derechos humanos. Esta concertación no requería ser cooptada por cantos de sirena derechistas. Fue siempre de derecha, en el sentido de que confirmaba y  acentuaba a Chile como el país de discriminaciones que fue configurado por la dictadura empresarial-militar de Seguridad Nacional. Aunque se trata de una observación gruesa (lo que significa que amerita más análisis diferenciador de tensiones internas y sectores), se puede ejemplificar con el trato que esos gobiernos de la Concertación dieron a las demandas de los sectores mapuches y estudiantil secundario público para acabar con la discriminación de que eran, y siguen siendo, objeto. Rotunda negativa. A los primeros se les aplicó incluso una ley contra el terrorismo dictada por la dictadura empresarial-militar.

La mención de la situación chilena facilita introducirse al menos a otra situación que contribuye a opacar la dificultad contenida en la pregunta: ¿Retorna la derecha en América Latina? Se trata de la cuestión democrática. Durante la segunda parte del siglo XX América Latina combinó regímenes democráticos restrictivos (centrados en la realización de elecciones periódicas), como el de Costa Rica, o de partido único o estatal, como México, con dictaduras militares o familiares abiertas (situación centroamericana) o personalizantes, como en Paraguay (el general Stroessner y su partido Colorado eran reelectos [1954-1988] una y otra vez), y, desde 1964 y hasta 1990, localizadas principalmente en Sudamérica, por las dictaduras empresarial-militares de Seguridad Nacional. Al hacer éstas del terror de Estado un factor sistémico de su dominio político, reintrodujeron y revaloraron, por contraste, en la agenda política los temas del Estado de derecho, derechos humanos y del régimen democrático de gobierno. El tema de una ciudadanía efectiva no contó con la misma suerte. Para un imaginario poco informado o que no quiere estarlo, como el periodístico, fue cómodo posicionar al régimen democrático como ‘de izquierda’ y al terror de Estado como ‘de derecha’ (no siempre con un alcance peyorativo, porque este terror de Estado habría facilitado poner ‘orden’ en sociedades caóticas). De esta manera los triunfos civiles en las urnas (bautizados, como correspondía a la ignorancia programada como un “retorno de la democracia” o un acceso a ella para la situación centroamericana o haitiana) facilitaron hablar de ‘izquierdas’ que no lo eran. Eran llanamente civiles y partidos que sucedían a feroces dictaduras empresarial-militares, pero que no necesariamente gobernarían para articular positivamente a sus poblaciones, sino que podían, y quisieron, optar por mantener las políticas públicas que generaban y reproducían discriminaciones. Hubo elecciones, hubo gobiernos civiles, hubo recambios de gobierno previstos por la legislación, pero no se dieron, o aparecieron como chispazos, cambios significativos en la línea derechizante de políticas discriminatorias y socialmente represivas y en la ausencia de ciudadanía efectiva. Se llamó a este estilo neoliberalismo y su carta de intenciones fue conocida como Consenso de Washington (1989-1990). Así como un sector mayoritario de la población chilena debió soportar a los gobiernos civiles de la Concertación, Argentina debió sobrellevar y resistir durante 10 años al ‘justicialista’ Carlos Ménem, gobernante “estrella” del área a criterio del FMI. Civiles o ‘justicialista’ ninguno de estos gobiernos fue de izquierda o centro-izquierda. Fueron gobiernos de derecha porque esa era la exigencia del período ‘consensual’ y porque los fragmentados sectores populares salían de derrotas y aplastamientos y estaban, muchas veces, además de golpeados, diezmados y fracturados, aterrorizados.

Sucesos en el siglo XXI. La novedad de la transición entre siglos fue avisada por Venezuela. El Polo Patriótico de ese país logra llevar en 1998 a la presidencia a Hugo Chávez quien, al año siguiente, sometió a un referéndum una nueva Constitución que permitiera avanzar en una Revolución Bolivariana. Fue el primero de los gobernantes claramente no deseados (algunos de ellos se transformarán después en indeseables) por el establishment geopolítico y económico-cultural impuesto por EUA al subcontinente y protagonizado localmente por las oligarquías y neoligarquías sitas en el área. Lo seguirán cronológicamente Lula (2003), Néstor Kirchner (2003), Evo Morales (2005), Tabaré Vásquez (2005), Manuel Zelaya (quien de candidato del statu quo se transformará en presidente prescindible), Manuel López Obrador (quien casi arriba a la presidencia de México en el 2006), Daniel Ortega (2007), Fernando Lugo (2008) y José Mujica (2010). Si se imagina la política como una única línea ideológica que posee un centro y una derecha y una izquierda, todas estas personalidades, y muchas de las fuerzas electorales que les permitieron ganar, son de izquierda en relación con sus predecesoras. Fueron electos, especialmente los primeros, por el fracaso de los lineamientos neoliberales para transitar hacia el crecimiento económico con alguna justicia social. Pero si uno se imagina la política de izquierdas como centrada en los rupturistas valores de la articulación (integración) social inclusiva y la configuración de una ciudadanía efectiva, y la cultura correspondiente, la caracterización izquierdizante, e incluso social, deja de ser igualmente clara. Es cierto, son temas mayores y las realidades que se descargan sobre cada uno de estos gobernantes son diversas. Se podría transar diciendo que varios de ellos son de alguna manera de izquierda y también que, de otras maneras, no lo son. Tal vez la época (población y sus formas de organización e identitarias incluidas) no permite ser de izquierdas. Al menos en América Latina que es económicamente una región periférica cuyo pasado político-cultural reciente incluye las dictaduras oligárquicas a secas, las especiales dictaduras de Seguridad Nacional, los regímenes democráticos restrictivos y el Consenso de Washington. Y cuya sensibilidad fundante sigue siendo, sin que sea factible medir su erosionamiento potencial, la gran propiedad excluyente y patriarcal, el desprecio/intolerancia étnico y social y el clericalismo católico.

¿Retorna entonces la derecha? Pues no, porque nunca se ha ido. Pero se anima, eso sí, a dar golpes de Estado, a anatematizar cualquier política de integración social como “populismo”, a insistir en que la justicia comienza y termina en las leyes del mercado global, y que el ALBA, Cristina y López Obrador, por citar tres referentes, son corruptos demenciales. Por algún motivo, que aquí no se analizará, Lula no fue, para la prensa dominante en el subcontinente y en el mundo, ni corrupto ni demencial. Tampoco, aunque ya sabemos que no pertenecen al grupo de los no deseados, lo fueron Aylwin ni Frei ni Lagos en Chile. Menos Bachelet. Esto quiere decir que algunos de los políticos no deseados inicialmente fueron recorriendo un camino que los torna aceptables y, en cierta manera (el sistema siempre duda si el político tiene pasado sindicalista), legítimos.

Examinemos sumariamente, para terminar este esbozo, la cuestión de los golpes de Estado. Como se recordará, la Constitución chilena de 1980 incorporó a la legalidad los golpes de Estado militares. Fue una ocurrencia mundial inédita. Esta legislación quiso ser asumida por los militares brasileños, pero no tuvieron éxito en el intento. En Chile, reformas constitucionales de la década de los noventa eliminaron la posibilidad de un golpe de Estado constitucional. Pero tras el punto estaba la sensibilidad de derecha: la Constitución debe expresar el verdadero orden del mundo. Si un presidente (civil) lo rompe, es deber de los militares interrumpir su gobierno y retornar al país a la Verdad, la Belleza y el Bien.

Lo que se quiso, quizás ingenuamente, fuera un verdadero golpe de gracia contra los golpes de Estado y los regímenes de facto fue la iniciativa de los gobiernos civiles en el seno de la OEA para aprobar un Carta Democrática Interamericana. Lo consiguieron en septiembre del 2001. Aunque en esta Carta ‘la’ democracia (representativa) aparece como respuesta para todos los males habidos y por haber aquí solo interesa su artículo 21. Dice: “Cuando la Asamblea General, convocada a un período extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato.// El Estado Miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia de derechos humanos.// Adoptada la decisión de suspender a un gobierno, la Organización mantendrá sus gestiones diplomáticas para el restablecimiento de la democracia en el Estado Miembro afectado”.

Menos de un año después, en abril del 2002, empresarios y militares intentaron un golpe de Estado en Venezuela contra Hugo Chávez. Fracasó debido a la reacción popular y al apoyo de militares leales. Pero la OEA ni se reunió ni condenó el golpe. Por el contrario, varios de sus Estados miembros, México, Colombia y El Salvador  apoyaron al gobierno golpista. EUA mostró su preocupación por los “actos de violencia que han causado una cantidad de víctimas” y expresó “su deseo de que la excepcional situación que experimenta Venezuela conduzca en el plazo más breve a la normalización democrática plena”. Esta declaración, que no menciona para nada el golpe de Estado, fue respaldada y ampliada por la prensa estadounidense (CNN The New York Times, por ejemplo) que apoyó al que parecía naciente gobierno golpista. Los enemigos de Chávez en el interior de Venezuela hablaron no de golpe de Estado sino de “vacío de poder”. Es una muestra del hipócrita pero a la vez convincente uso del habla dominante en América Latina. Como el ‘vacío de poder’ se frustró, los enemigos de la administración Chávez retornaron, aunque después de un largo y autoimpuesto receso, a la pugna electoral. Pero no abandonarán su violencia. Ellos tienen sus razones para considerarla legítima y hasta obligatoria. En realidad, para ellos los violentos son los ‘otros’. Las derechas no hacen más que defenderse.

Cualquiera sea el caso, el ‘vacío de poder’ venezolano ya había demostrado que para algunos Estados, en la práctica, incluyendo al más poderoso del continente, los papeles que se firman en la OEA carecen de todo valor si de enfrentar a quienes se considera enemigos del establishment se trata.

El segundo episodio claramente golpista se produjo en Honduras en junio del 2009. Un comando militar secuestró al presidente Zelaya, lo mantuvo cautivo por algunas horas en una base aérea y por fin, avión mediante, lo depositó en Costa Rica. Los golpistas tampoco hablaron de golpe de Estado alguno. Le llamaron a su acción “sustitución constitucional”. El constitucionalmente ‘sustituido’ Zelaya no es exactamente de izquierda. Su delito fue intentar modernizar en algo el país para ponerlo a la altura de los ‘buenos negocios’ de la época. Eso entraba en conflicto con la forma ‘tradicional’, o sea oligárquica, de hacer buenos negocios. Honduras es una de las tres sociedades más pobres de América Latina y el Caribe. Las otras son Haití y Nicaragua. El 60% de la población hondureña está en situación de pobreza y de ella más de un 36% en la miseria. El 20% más opulento de la población capta 33 veces más riqueza que el 20% más empobrecido. Si se le compara con Uruguay, por ejemplo, en el país sudamericano esta diferencia es de 10 veces.

El golpe de Estado en Honduras mostró patéticamente que el sector de políticos civiles en la OEA, sean o no de izquierdas, no tiene la capacidad para alcanzar sus fines explícitos si EUA y Canadá no están de acuerdo con las acciones a realizar. En Honduras el golpe de Estado, que fue apoyado por la administración Obama, fue exitoso. Zelaya no pudo ser reinstalado en su cargo. Honduras no fue aislada. Los gobernantes ilegítimos y su policía y militares reprimieron duramente la protesta interna y, finalmente, el gobierno espurio, de acuerdo a la  legislación hemisférica, abrió paso a nuevas elecciones ‘democráticas’. Otro punto interesante del golpe de Estado en Honduras fue el papel activo que desempeñaron en la legitimación de la ‘sustitución constitucional’  los aparatos clericales cristianos, en especial la Conferencia Episcopal católica y algunos pastores protestantes. Su papel confirma la tesis de que entre los motores que sostienen la multiforme violencia de la derecha latinoamericana se encuentra un poderoso factor clerical que se apoda a sí mismo ‘cristiano’. Hoy en día, julio del 2012, Honduras destaca por ser el país de América Latina donde se asesina a más periodistas. La violencia no se ensaña únicamente contra los periodistas. Honduras disputa con México el título de ser el país más peligroso del mundo (superando las guerras que se dan en Afganistán e Irak): su tasa de homicidios es de 82.1 por cada cien mil habitantes. La violencia recrudeció con la dictadura golpista inicial y se ha mantenido durante el gobierno ‘constitucional’ de Porfirio Lobo. El Estado hondureño fue reinstalado en la OEA con todos sus derechos el año 2011. Por supuesto sus representantes en ese organismo confirman su total compromiso con los principios de la Carta Democrática Interamericana.

El tercer golpe de Estado explícito es el reciente en Paraguay, contra Fernando Lugo. Aquí se recurrió a un procedimiento jurídico con inspiración empresarial y política y con horizonte electoral. Se acusó en el Senado al presidente electo de “mal desempeño en sus funciones” y velozmente (24 horas) se le expulsó del cargo. Lugo, aislado e institucionalmente sitiado, no se defendió en exceso. Según un sondeo de opinión, probablemente interesado, un 54% de la ciudadanía apoyó su destitución. La Conferencia Episcopal Paraguaya buscó jugar un papel en la salida de Lugo pidiéndole abandonar su cargo sin resistirse. En esta situación, la OEA, por medio de su Secretaría General, con mayor capacidad relativa que en el caso hondureño porque Paraguay puede recibir sanciones económicas ya que es parte del Mercosur y de Unasur, aunque esto puede jugar también a favor de los golpistas, parece dispuesta a dar largas al asunto (las próximas elecciones en Paraguay son el próximo año) para evitar mostrar otra vez su incapacidad operativa ante estos desafíos. En todo caso la Carta Democrática Interamericana es política letra muerta desde los sucesos de Honduras. En términos más directos, empresarios, oligarcas y militares entienden, desde el año 2009, que de nuevo pueden brincarse los procedimientos institucionales si el Gran Poder hemisférico y mundial lo consiente. Si lo apoya, no existe problema alguno. Nada excepcionalmente novedoso. La situación de Lugo ya estaba anunciada en el intento chileno de incorporar los golpes de Estado en la Constitución y en la práctica de países como Bolivia, Ecuador y Panamá.

La cuestión democrática e institucional permite introducir otra discusión sobre el retorno de esta derecha que no se ha ido nunca porque es parte de la estructura de las sociedades latinoamericanas. ¿Por qué son factibles y pueden tener éxito los golpes de Estado derechistas contra gobernantes indeseables? Una parte de la respuesta dice: porque lo que en último término determina qué y quién es ‘indeseable’ en este mundo es la lógica geopolítica y económica de la mundialización en curso. Por el momento, este poderío resulta políticamente incontrarrestable. Lo que solo quiere decir que no se ha trabajado lo suficiente ni bien como para encontrar una respuesta a ese desafío. Recuperando el sentido de este artículo: si existen izquierdas, no están trabajando bien porque no terminan de discernir al enemigo. Cuando esto ocurre, tampoco se tiene buena vista para reconocer a los amigos y su carácter.

Una segunda parte de la respuesta se sigue de la cuestión: ¿cómo es posible que surjan, en países dependientes, candidatos indeseados por el establishment, y que además triunfen? Aquí el primer indicador señala que el posicionamiento neoliberal, que es claramente de derechas, no puede cumplir con lo que promete: crecimiento económico sostenido y mejor calidad de la existencia, incluyendo en esto último derechos humanos. Los candidatos indeseados se favorecen, además, con la geopolítica que, complejamente, decretó, en la década de los ochenta, la democracia (asumida como poliarquía restrictiva) para toda la región. Se pensó, por supuesto, que esta democracia tendría como base económica un también uniforme Consenso de Washington cuya operación automática se seguiría de un Tratado de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Como es sabido, este programa fracasó. Los dos factores, articulados con los que se siguen de realidades específicas (en Venezuela los conflictos entre los grupos poderosos y su corrupción derrumban el statu quo pre Chávez, por ejemplo; en Bolivia solo Evo Morales podía sostenerse como presidente legítimo, etcétera), conducen al triunfo en las urnas, que es un triunfo político, pero no todo el triunfo político, a los indeseados. Por indeseados, éstos son considerados ‘de izquierda’. El drama es que estos indeseados de izquierda tampoco pueden cumplir, al menos en un plazo corto o mediano, como son los períodos presidenciales, objetivos mínimos de crecimiento con alguna equidad y, más allá, con los requerimientos efectivamente de  izquierda de integración nacional y social como paso requerido para las tareas de emancipación. Como este programa no puede realizarse en  plazos cortos porque incluye procesos culturales, a lo que se añade, y no como mera circunstancia, que algunas realidades internas tienen una sólida tradición de efervescencia (situación de Bolivia, por ejemplo), los indeseables para el sistema tampoco pueden alcanzar sus metas (sean éstas o no de izquierda). La senda de ‘retorno’ de la derecha, vía elecciones, vía golpes de Estado, vía remociones constitucionales o trucos ‘legales’, queda así pavimentada. Una precaria y falsa alternabilidad, como en México, puede ser inaugurada. El misterio del obsceno ‘retorno’ de la derecha latinoamericana descansa en lo inmediato en la no factibilidad del crecimiento sostenido con integración social para la realidad del área. Pero en el largo aliento se apoya en una cultura cuyas bases son la gran propiedad agraria y masculina (el culto al patrón a quien se disfraza como “señor”), el catolicismo clerical y patriarcal (que determina lo sagrado y lo obsceno, es decir lo que debe causar repulsión) y la superioridad étnica eurocentrada (que funciona internamente como etnocidio e internacionalmente como obsecuencia con los poderes establecidos). La tendencia sin solución de continuidad a militarizar los conflictos sociales, o sea a aplastarlos sin atacar sus causas, es un corolario de esos tres factores. Los pueblos latinoamericanos continúan siendo, en el siglo XXI, poblaciones fracturadas para quienes los ‘otros’ son peligrosos, enemigos virtuales y, en situaciones de crisis, enemigos reales. Una violenta derecha discriminadora, parlamentaria o no, resulta entonces enteramente funcional para la reproducción de un sistema que entre sus lógicas, locales, globales, contiene la producción de no personas o, en el habla de los paramilitares colombianos, “desechables”. Qué puede y debe hacerse con los desafíos que plantea este al parecer ‘eterno retorno’ de la derecha en América Latina es algo que no puede discutirse en este artículo.
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En este trabajo se utilizó información de M. Alcántara Sáez: “Centroamérica: viejo escenario en tiempos nuevos de crisis”, en Política Exterior 131, septiembre-octubre 2009. La Carta
Democrática Interamericana, http://www.oas.org/charter/docs_es/resolucion1_es.htm
H. Gallardo: Golpe de Estado y aparatos clericales. América Latina/Honduras,
R. Reguillo: La figura del merodeo, una estupidez (entrevista) http://argentina.indymedia.org/news/2011/06/783073.php
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