Hijos de las guerras

er5Por Tom Hayden

Las decenas de miles de niños centroamericanos que fluyen hacia la frontera norteamericana son refugiados de la violencia y la crisis económica provocada por décadas de desatinada política exterior de EE.UU.

Al contrario de los centroamericanos, a decenas de miles de cubanos se les ha dado la bienvenida durante décadas como “refugiados del comunismo” y se les ha concedido un status inmediato, lo que creó un boom derechista en Miami después de su llegada. Pocos conservadores asegurarían que esos exiliados cubanos eran una “sangría para el contribuyente” o una amenaza para el “modo de vida” norteamericano. Sin embargo, han dado refugio a camarillas de terrorismo anticastrista, han convertido al sur de la Florida en su santuario para sus numerosos complots y han construido un “lobby cubano” que ha distorsionado durante años la política norteamericana con dinero y votos.

No solo los exiliados cubanos han sido integrados de manera cálida aquí, sino también cientos de miles de judíos soviéticos. “balseros” vietnamitas y muchos otros provenientes del lado perdedor en guerras en las cuales EE.UU. participó muy activamente. Hace más de dos siglos, Thomas Jefferson creó un refugio para miles de refugiados irlandeses católicos después del fracasado levantamiento nacionalista de 1898. La entrada de esos inmigrantes irlandeses tuvo gran oposición con el pretexto de que contaminarían la cultura anglosajona con su reproducción excesiva, inmoralidad y delitos.

Los actuales refugiados infantiles provienen de tres países pisoteados por los militares norteamericanos, desde la contrainsurgencia hasta la guerra contra las drogas; las corporaciones norteamericanas, que buscan obra de mano barata y recursos; y la acción política afirmativa que favorece a oligarcas y latifundistas. Los niños también huyen de los cárteles centroamericanos de las drogas subsidiados por los consumidores norteamericanos.

Muchos culpan a la violencia pandillera, incluso en un reciente artículo en la revista Nation, de ser una causa de la huída de refugiados, en vez de considerarla un síntoma maligno. Las pandillas en cuestión fueron formadas en Los Ángeles por una generación anterior de niños salvadoreños que huían de la intervención militar de Ronald Reagan y la subsiguiente guerra civil. Arrestados en Los Ángeles, los “frutos de la guerra” fueron deportados a su país de origen, lo cual desató un círculo vicioso que incluyó el renacimiento de los escuadrones de la muerte y gobiernos derechistas. Como no había una red de seguridad debido a los recortes neoliberales a la asistencia social, el resultado fue la encarcelación masiva y, en múltiples casos, las ejecuciones e incineración de encarcelados que pertenecían a pandillas. El abandono oficial y la violencia oficial fueron las causas del caos que hizo que muchos huyeran.

Honduras, el epicentro de la actual crisis de refugiados, es una antigua supuesta “república bananera” que fue la base de las guerras de Estados Unidos en Centroamérica durante la década de 1980. Apenas en 2009, EE.UU. apoyó un golpe militar en contra del gobierno democráticamente electo de Manuel Zelaya, incluso después de que el presidente Obama lo describiera como un “golpe de estado”, por lo cual se debía haber suspendido la ayuda militar norteamericana. Desde que se realizó ese golpe hondureño, se ha desatado una ola de represión contra las organizaciones de la sociedad civil y periodistas. Miles de niños de la calle sin hogar no tienen adónde ir, ya que no existen los programas sociales.

El Salvador fue el escenario de otra intervención militar norteamericana en la década de 1980, la cual provocó 75 000 mil muertes. La violencia pandillera surgió en el vacío de la posguerra, aunque ha sido muy reducida por los propios miembros encarcelados, apoyados por Homies Unidos y activistas progresistas aquí en Los Ángeles. El gobierno de EE.UU. no ha reconocido la tregua y paso adelante salvadoreño con significativos programas de rehabilitación y empleos.

En Guatemala, elementos religiosos derechistas de EE.UU. apoyaron a una junta militar que mataron al menos a 200 000 indígenas en la década de 1980, un genocidio por el cual el presidente Clinton se excusó posteriormente.

El discurso irracional de la política norteamericana borra todos estos antecedentes, y en su lugar echa la culpa política al presidente Barack Obama por una política de deportación más indulgente. Sin embargo, al combatir la narrativa republicana con un lenguaje duro propio, Obama pierde apoyo constantemente entre los latinos y la mayoría de los demócratas. Tan solo la semana pasada, Obama prometió en la Casa Blanca a defensores de los derechos de los inmigrantes que había dejado de esperar por los republicanos para la reforma inmigratoria y que iba a realizar su propia acción ejecutiva, construyendo acerca de la protección para miles de jóvenes indocumentados por medio de la Ley del Sueño. Él neutralizó ese mismo mensaje al pedir $3,7mil millones para un proceso expedito de deportación para niños en la frontera. En efecto, Obama pareció ceder a la pequeña banda vociferante en Murietta, California, a quienes sin duda les gustaría ver deportado al propio Obama a algún lugar de África.

La administración Obama está obligada, por razones políticas, a restar importancia a la evidencia de que la deportación de la juventud refugiada ha declinado recientemente. Según datos compilados la semana pasada por Los Angeles Times, las deportaciones desde las instalaciones fronterizas hacia los tres países centroamericanos disminuyeron desde 8 143 en 2008 a 1 669 el año pasado. Ese es un resultado que solo surgió a la luz gracias a una revelación bajo la Ley de Libertad de Información. Y en contra de toda opinión, las deportaciones ordenadas por tribunales bajo Obama disminuyeron en 43 por ciento durante los últimos cinco años, en especial después de que la administración “comenzara a aplicar más agresivamente una política de discreción acusatoria que los funcionarios dijeron provocaría menos deportaciones de inmigrantes ilegales que no cuentan con antecedentes penales”. Los nuevos casos de deportación que fueron realizados por la administración Obama se redujeron de 254 537 a 187,678 entre 2008 y 2013.

Pero si Obama quiere evitar el híper criticismo de que él se ha convertido en “el deportador en jefe”, puede que necesite alterar su actual administración por crisis.

En primer lugar, necesita cumplir su promesa de usar los poderes ejecutivos para ampliar las protecciones actuales de la Ley del Sueño para más del casi un millón de jóvenes indocumentados ya cubiertos o elegibles. Su orden de “deportación diferida” es menos que la legalización y está sujeta a renovarse cada dos años. Los Soñadores bajo esa orden pueden trabajar, pero no votar. A falta de un camino creíble hacia la ciudadanía total, Obama puede ampliar la cobertura a las víctimas de la violencia, trabajadores esclavos y otras categorías. Con un paso así, Obama construirá un electorado de mayor apoyo por medio de la limitación de la amenaza a una población vulnerable. Por otro lado, Obama será acusado de “legalización sigilosa” y de ejercer una “presidencia imperial”, acusaciones que le llegarían de todas maneras. El actual clima de crisis es quizás ideal para extender una mano a los que viven en las sombras del temor.

Bajo el derecho internacional, como ha refirmado recientemente Naciones Unidas, los niños de la frontera tienen derecho a ser clasificados como refugiados de la violencia y la guerra. Pueden ser retenidos en instalaciones de emergencia de tiendas de campaña durante 60-90 días, suministrarles ayuda legal y que sus casos individuales sean arbitrados. (Ver el análisis de Sonia Nazario en The New York Times.) Los que sean considerados refugiados de la violencia o la persecución, tienen derecho a disposiciones de asilo. (A Alex Sánchez, fundador de Homies Unidos, se le concedió asilo en un procedimiento federal en 2012 debido a que sería torturado o matado si se le deportara a El Salvador.)

Defender a niños inocentes obtendrá más apoyo público para Barack y Michelle Obama que deportándolos sin el proceso debido. Él debe considerar viajar a la frontera para dar la bienvenida a aquellos que se les conceda asilo, como una reprimenda presidencial a Rick Perry y Jan Brewer.

Por supuesto, no es probable que Obama haga eso, pero hay más que él debe considerar. Primero, él debiera despedir a Michele Leonhart, la directora de la Agencia de Represión a las Drogas, un símbolo republicano de los numerosos funcionarios federales conservadores que desafían sus políticas. Él debiera consultar a los funcionarios centro y latinoamericanos que están suplicando que termine la violencia de la guerra a las drogas y que se actúe en sus países según sus recomendaciones.

Por último, él debe alejarse del neoliberalismo de la era de Clinton y pasar a la revisión muy prometida de políticas como ALCAN y ALCCA, las cuales causan trastornos, desempleo y el flujo de los refugiados hacia el norte.

Retirarse de la guerra al terror, la militarización y políticas de privatización en Centroamérica será tan complicado como los “redespliegues” desde Iraq y Afganistán. El amplio movimiento por la paz y la justicia tendrá que dedicar su atención al reto. Una política diferente hacia los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos comienza con nuevas políticas al sur de la frontera, pero de la misma manera con un mayor movimiento aquí en el país en contra de las deportaciones, talleres de fugitivos e histeria nacionalista.

Fuente: www.progresosemanal.us

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