Los primeros frutos del pacto de la impunidad

erPor Gustavo Illescas (CMI-G)

I.
Un 9 de enero con demasiadas coincidencias

El 9 de enero de 2014, Ricardo Sagastume presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) con la intención de reducir el periodo de Claudia Paz y Paz al frente del Ministerio Público (MP).

Por su parte la ex fiscal del MP Gilda Aguilar atacó a Paz y Paz en el programa radial “Contravía” del Grupo Libertópolis. Un día antes de la transmisión Aguilar había presentado una querella contra Paz y Paz, para que se le ordenara un antejuicio y se le juzgara por denegación de justicia e incumplimiento de deberes.

El mismo 9 de enero el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios (TH-CANG) resolvió sancionar a la Jueza Yassmín Barrios por su labor en el Tribunal de Mayor Riesgo “A” que sentenció el Caso por Genocidio. La denuncia fue presentada por el ex-militar y abogado Moisés Galindo, defensor del Gral. Ríos Montt (exp. 98-2013).
Además de la sospechosa sincronía…

Ricardo Sagastume fue candidato presidencial por el Frente de Convergencia Nacional (FCN) cuyo secretario general era el General retirado José Luis Quilo Ayuso, miembro fundador, representante legal y presidente de la Asociación de Veteranos Militares (AVEMILGUA).1
Por el lado empresarial, los vínculos de Sagastume se encuentran cuando en 2007, siendo Director de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), fue barajeado como posible candidato a la vicepresidencia de la República junto a Álvaro Colom, como parte de una negociación entre el CACIF y la UNE. Finalmente la carta del CACIF para hacer cogobierno, fue el médico y empresario Rafael Espada.

Además, Sagastume ha sido abogado de dichos sectores en las acciones legales emprendidas para dejar fuera de la contienda electoral 2011 a Sandra Torres (UNE) y a Álvaro Arzú (PU). Este último es non grato entre el G-8, por diversas razones que no es preciso mencionar acá.
Por su parte, el presidente del TH-CANG que resolvió suspender a la Jueza Yasmmín Barrios un año de su ejercicio como abogado y por tanto como jueza, es Alfredo Marroquín Pineda2, miembro de la Comisión de Postulación del MP recién pasada.

La resolución del TH-CANG solo fue firmada por 5 de los 9 miembros del Tribunal del Honor y el resto ni siquiera razonó el voto. Según Prensa Libre todos tenían relación con el partido de Gobierno. Pero lo que evidenció su actuación parcial respecto al caso por genocidio fue que la noticia sobre la sanción contra Yasmmín Barrios fue dada a conocer hasta el viernes 04 de abril de 2014, un día después de que fueran conocidas las tachas contra Claudia Paz y Paz ante la Comisión de Postulación. Un d{ia antes, Marroquín Pineda habia votado sistematicamente contra la reelección de Paz y Paz.

En el caso de Moisés Galindo, es Secretario y Representante Legal de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), en la que resalta más visiblemente Ricardo Méndez-Ruíz, ex candidato a la alcaldía capitalina 2007 por el Frente Repúblicano Guatemalteco (FRG). Galindo participó como candidato a Fiscal General de la República y Jefe del MP en las actuales elecciones, obteniendo el penúltimo lugar de calificación en la tabla de gradación.

Galindo se graduó de abogado en la Universidad Francisco Marroquín (UFM) y se le recuerda por ser el defensor de Byron Lima Estrada y su hijo Byron Lima Oliva, condenados por el asesinato del Obispo Juan Gerardi Conedera en 1998.

Al respecto Galindo escribió un libro titulado “Ovejas negras en el altar de los sacrificios. José Obdulio Villanueva Arévalo”, publicado en 2010. En los agradecimientos, Galindo expone “a mi profesora de derecho procesal penal -valió el esfuerzo, Brenda-, haciendo casual referencia a Brenda Quiñonez, designada recientemente como magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en sustitución del Magistrado César Crisóstomo Barrientos Pellecer, cuyo suicidio sucedió coincidentemente en esta coyuntura.3

Gilda Aguilar4 es parte de la Liga Propatria5, una organización que surge luego del fracaso de Pro-reforma. El fundador de Pro-reforma fue Manuel Ayau Cordón, fundador de la UFM y candidato presidencial fallido del desaparecido partido Movimiento de Liberación Nacional (MLN).
II
Vientos favorables para los partícipes del pacto
Para seguir con las casualidades, no deja de parecer extraño que luego de que Paz y Paz no fuera incluida en la famosa Lista de los 6, los sectores de poder que fueron señalados de tener demasiados intereses en su defenestración, salgan premiados con algunos resultados inmediatos:
• El 13 de mayo de 2014 se canceló el juicio contra Enrique Ríos Sosa -hijo del Gral. Ríos Montt- y Moisés Galindo -abogado de Ríos Montt- por el caso del desfalco millonario al Ejército de Guatemala cuando ambos eran funcionarios durante el gobierno de Alfonso Portillo (FRG), fundado por el riosmonttismo.
• Dentro de las próximas semanas se aprobará en el Congreso de la República, el paquete de “Leyes de Competitividad” que tanto ansía la oligarquía corporativa, y que desde inicios del gobierno de Pérez Molina se entrampó debido a una serie de negociaciones, entre ellas, la fallida actualización tributaria y las reformas constitucionales. La Organización Mundial del Comercio (OMC) espera que en junio se hagan patente las nuevas reformas económicas. Asimismo, la Gremial de Industrias Extractivas (GREMIEXT) cuenta con el respaldo del gobierno para echar a andar el negocio minero de las principales familias del país y de corporaciones transnacionales.
• La balanza por la construcción del Corredor Interoceánico de Guatemala se inclina nuevamente a favor de Pérez Molina y compañía; así como futuros endeudamientos públicos para continuar con la propaganda electoral de Bob el Constructor o el eventual apoyo a la propuesta de ampliar el mandato de Pérez Molina. El paquete incluye el silencio del MP ante la persecución penal contra el PP una vez pierdan la inmunidad.
La última concordancia podrá ser que el Congreso de la República, liderado por Arístides Crespo (miembro histórico del FRG y ahora parte del PP), de la mano con los diputados miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Luis Pérez y Pedro Gálvez, miembros del PRI (antes FRG), promuevan una nueva Ley de Reconciliación Nacional, que le ponga punto final a la búsqueda de justicia por genocidio y delitos contra los deberes de la Humanidad.
Antonio Arenales Forno, consejero asiduo de Pérez Molina, miembro histórico del FRG y representante del Estado en materia de derechos humanos, ya lo anunció en la recién pasada reunión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuando negó nuevamente el genocidio y cuestionó la “incidencia” de la Corte IDH en el sistema de justicia nacional.
A simple vista se puede percibir una conjunción de hechos y circunstancias que generan suspicacias… Casi puede leerse entre líneas que la nueva consigna del pacto de las élites es: “El General morirá amnistiado”.

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1. AVEMILGUA, creada en 1995 ha sido vital para reactivar jerarquías históricas con comandantes de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) y dirigir acciones proselitistas a favor del FRG. AVEMILGUA presentó varias tachas contra Paz y Paz, entre ellas porque el MP lleva la investigación de la Masacre de Totonicapán en la que se acusa al coronel Juan Chiroy Sal y otros 8 soldados; y por haber investigado el caso por genocidio en contra los generales de brigada José Efraín Ríos Montt, José Mauricio Rodríguez Sánchez y Héctor Mario López Fuentes. El argumento: los militares deben ser juzgados en tribunales militares. Otra de las tachas presentadas contra Paz y Paz es por haber elaborado el instructivo 2-2011, “Instrucción General para la Investigación y Persecución Penal de Graves Violaciones a los Derechos Humanos durante el Conflicto Armado Interno”. ?
2. Marroquín Pineda es cercano a grupos empresariales que confluyen en el Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON) y el Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial (IGDN). ?
3. En 2009 el Magistrado César Crisóstomo Barrientos Pellecer, siendo Presidente de la Cámara Penal de la CSJ, promovió junto a la CICIG la creación de los Tribunales de Mayor Riesgo para conocer casos de alto impacto. Asimismo, Barrientos Pellecer ordenó que era obligatorio reconocer las sentencias de la CorteIDH sobre los casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante la guerra. Desde ese entonces el Magistrado Barrientos denunció una serie de amenazas en su contra pero no fue tomado en serio tanto por el MP, como por la PDH y la CICIG. ?
4. Gilda Isabel Aguilar fue retirada de su cargo como fiscal del MP en Santa Eulalia, por haberle pedido prueba anticipada a un testigo del caso Barillas sin el acompañamiento de su abogado defensor. En agosto de 2012 Aguilar recibió un atentado en Paquix, Sierra de los Cuchumatanes, del cual salió ilesa. Inmediatamente presentó una denuncia en la que acusa al Comité de Unidad Campesina CUC y ha mencionado que cuenta con un testigo protegido pero no ha sido presentado ante el juez para activar el caso. Aguilar ha contado con suficiente moneda para publicar varios campos pagados y organizar conferencias de prensa en lujosos hoteles desde donde despotricó contra Paz y Paz. ?
5. El presidente de la Liga Propatria es Luis González Dubón y uno de sus máximos ideólogos es el criollo asimilado Armando de la Torre, ambos de la UFM. El hermano de Luis González Dubón es Ánibal González Dubón, catedrático del Doctorado en Seguridad Estratégica de reciente creación en la USAC. Otro de los tres catedráticos del Doctorado es Rodrigo Montufar Rodríguez, miembro del claustro de centro de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (EPRI), de la UFM. Montufar Rodríguez es decano de la Universidad Mariano Gálvez y por tanto, formó parte de la Comisión de Postulación actual. Por su parte, el director del EPRI es el Coronel retirado de origen español Pedro Trujillo, columnista de Prensa Libre y co presentador del programa Informe Especial que se transmite en Canal Antigua.

 

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