Guatemala: ¿por qué el Congreso dice que no hubo genocidio?

genocidiosJuan Carlos Pérez Salazar

BBC Mundo

“Genocidio” es quizás la palabra que más debate ha causado en los últimos años en Guatemala. Y esta semana volvió a las primeras planas con gran fuerza.

La tarde del martes pasado, 87 congresistas guatemaltecos votaron a favor de una resolución que indica que era “jurídicamente inviable” que en ese país se presentara un genocidio durante la Guerra Civil (1960-1996).

Para el jueves, la reacción en contra de esta postura era de alcance internacional.

Además de miles de protestas por las redes sociales hay una petición de change.org circulando por internet pidiendo firmas en rechazo a la resolución del congreso guatemalteco.

Pero, ¿por qué el congreso guatemalteco saca ahora esa resolución cuando incluso las Naciones Unidas han calificado lo ocurrido en ese país como genocidio?(*)

Ríos Montt

La resolución, aprobada por 87 de los 158 diputados, fue presentada por el derechista Luis Pérez, quien obtuvo su curul en representación del partido Frente Republicano Guatemalteco, fundado por el exgobernante militar Efraín Ríos Montt (1982-1983).

Y cuando en Guatemala se discute el tema de genocidio, el nombre de Ríos Montt -de 87 años- aparece inevitablemente, debido al juicio que, hace exactamente año, concluyó con una condena en su contra por la matanza de 1.771 indígenas mayas-ixiles durante su gobierno.

Por ello, la primera línea de la resolución del Congreso evoca ese “juicio del siglo” para luego indicar:

“(…) No obstante que la legislación imperante da cuenta que los elementos que conforman los tipos penales señalados resulta jurídicamente inviable que se dieran en Guatemala, principalmente en cuanto a la existencia en nuestro suelo patrio de un genocidio durante el enfrentamiento armado interno”.

Luego añade que el debate abierto a raíz del juicio involucra a toda la sociedad guatemalteca, “abriendo así nuevamente la polarización entre hermanos, propiciando condiciones contrarias a la paz y que impiden una definitiva reconciliación”.

Foto Getty Images.

El juicio contra Ríos Montt por genocidio deberá empezar de nuevo en enero de 2015. Foto Getty Images.

Pero ese debate no terminará pronto: diez días después de la condena de 80 años contra Ríos Montt, la Corte de Constitucionalidad anuló el juicio por errores procesales y ordenó uno nuevo, que empezará el 5 de enero de 2015.

Los argumentos a favor

La resolución del Congreso, aunque no es vinculante, causó inmediato rechazo entre los diputados que votaron en contra, quienes dijeron que se ponía “de espaldas a las víctimas del conflicto”.

A eso, un diputado que votó a favor respondió que “los argumentos en contra vienen de la izquierda trasnochada”.

El ponente, por su parte, indicó la necesidad de trabajar por la reconciliación, lo cual, asegura, no se conseguirá con procesos abiertos por hechos que ocurrieron hace 30 años.

“El punto resolutivo lo que habla es que el juicio (contra Ríos Montt) ha abierto de nuevo las heridas, polarización y confrontación”, expresó Luis Pérez a los medios.

Por su parte, el presidente del Congreso, Arístides Crespo -también visto como cercano a Ríos Montt-, indicó que “lo que está diciendo el Congreso es que olvidemos el pasado, que nos pongamos a trabajar, que se busque la armonía, la paz y reconciliación”.

En el pasado, quienes han criticado el juicio contra el general en retiro también han dicho detrás de la condena de genocidio se puede venir el enjuiciamiento no sólo de individuos, sino del Ejército y del propio Estado guatemalteco.

Según la prensa guatemalteca, la mayoría de legisladores de las regiones afectadas por el conflicto armado como (Huehuetenango, Quiché y las Verapaces) votaron a favor de la resolución.

¿Reacción de la derecha?

Sin embargo, algunos críticos de la resolución -comunidades indígenas, partidos de izquierda, organizaciones internacionales- no la ven como un paso hacia la reconciliación, sino como parte de la reacción de poderosos sectores contra la búsqueda de justicia por lo ocurrido durante la guerra civil.

Así es como lo ve Daniel Wilkinson, director encargado para América Latina y el Caribe de Human Rights Watch (HRW), quien dijo a BBC Mundo que esta postura del Congreso encaja dentro de una serie de eventos preocupantes.

Primero -señala- está la anulación del juicio contra Ríos Montt. Luego la reducción -por la misma Corte- del período de la fiscal Claudia Paz y Paz, quien fue crucial para llevar a juicio al militar retirado.

Precisamente, esta semana el presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, escogió como nueva fiscal a Thelma Aldana, de 58 años de edad, quien es vista como afín al gobierno.

Foto Getty Images.

En Guatemala algunos creen que la denominación de “genocidio” a lo ocurrido impedirá que haya reconciliación.

clic La reducción en seis meses del período de Paz y Paz, pero también el hecho de que, a pesar de que decidió presentarse a la reelección, no fuera incluida en la lista final de tres candidatos, despierta suspicacias en el experto de HRW.

“Lo que vemos acá es la reacción en particular contra del juicio por genocidio a Ríos Montt pero, de manera más general, los esfuerzos por llevar ante la justicia a quienes violaron los derechos humanos en el pasado”, expresó a BBC Mundo.

Agrega que entre quienes se oponen están, además de los que cometieron las atrocidades, políticos que creen que estos hechos dañan la reputación del país.

“Francamente están equivocados. Guatemala ya tiene esa reputación, eso no es nuevo. Lo que es nuevo, y reflejaba de manera positiva al país, es que después de años de impunidad total se estaba empezando a progresar en la búsqueda de justicia”, indicó Wilkinson.

Lo que sigue

Como se indicó, la resolución del congreso guatemalteco no tiene carácter vinculante -y por lo tanto nulo impacto legal. Sin embargo, sus críticos temen que contribuya al creciente ambiente de hostilidad que perciben contra la búsqueda de justicia.

Según dijo a AFP Edgar Pérez, abogado querellante de la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR), también formaría parte de un “juego peligroso” de los congresistas para influir en el próximo proceso judicial contra Ríos Montt y quizás beneficiarle con una amnistía.

2014 es visto como un año crucial de elecciones judiciales para Guatemala. Además del ya nombrado reemplazo de la fiscal Paz y Paz, se escogerán jueces para la Suprema Corte y la Corte Constitucional. Los críticos creen que, quienes no quieren que se investiguen los crímenes cometidos durante la guerra civil, van a tratar de poner sus fichas en el sistema de justicia.

Y la resolución del congreso de Guatemala sólo parece haber conseguido que el debate por el tema del genocidio se atice y las dudas crezcan.

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(*) En el informe “Memoria del silencio” publicado en 1999 por su Comisión para el Esclarecimiento Histórico de lo ocurrido en Guatemala durante el conflicto armado.

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