Conflictividad en Huehuetenango: leyes y Estado a favor de las empresas

prensa comunitaria

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Por Andrés Cabanas – Guatemala, 15 de mayo de 2014

Las acusaciones directas a líderes sociales, la amenaza de nuevos estados de excepción (dos años después del estado de sitio de Barillas), la continuación de la persecución judicial, el incremento de la presencia militar en los territorios (destacamento con 150 efectivos en San Mateo Ixtatán), configuran una nueva fase ofensiva, de las empresas y el gobierno, en Huehuetenango.

Esta fase de agresión tiene como objetivo aplicar la ley, recuperar el poder del estado y el control del territorio, como advierten columnistas de prensa y mediadores de opinión, para garantizar la implantación de grandes negocios: los pendientes, sobre todo en el ámbito de la generación de energía eléctrica; y los nuevos y multimillonarios, apenas esbozados, como el gasoducto binacional (uno de cuyos trazados plantea atravesar el departamento), la posible exploración del rentabilísimo gas de esquisto, la gestión privada del reservorio de agua, entre otros.

La renovada etapa ofensiva, en un marco de agresión permanente, se facilita por el cambio de Jefatura en el Ministerio Público y la exigencia a la nueva Fiscal General para que priorice la persecución penal de dirigentes opositores a empresas transnacionales. Cuenta con una operadora política de excepción, la Vicepresidenta Roxana Baldetti, que asume el discurso de aquellas. Se refuerza y legitima en el marco de la alianza gobierno-ejército-transnacionales-empresarios locales: alianza firme aunque no exenta de tensiones por el control de negocios y los costos de la represión directa, asumidos por agentes del estado y no por las empresas.

Suman, además, a favor de la ofensiva:

los tiempos políticos y económicos de las empresas, sumamente cortos (necesidad de retorno casi inmediato de inversiones);

el tiempo electoral y la necesidad de reequilibrar la correlación de fuerzas a favor de sectores aliados al actual gobierno y el grupo de poder hegemónico (por tanto, la crisis y disputa del control del estado para la acumulación);

el temor a la consolidación de las resistencias territoriales y lo que el analista Edgar Gutiérrez define como rápida transición de reivindicaciones de defensa de los recursos y el territorio a propuestas de organización política a partir de la identidad de los pueblos y comunidades;

la necesidad de medidas ejemplificadoras: es decir, la afirmación del poder del Estado y las empresas frente a resistencias activas y protagónicas. Huehuetenango, bajo ciertas condiciones modelo de resistencia (consultas comunitarias masivas, construcción de proyectos políticos desde el poder territorial) quiere ser convertido en modelo de implantación para las empresas.

La generalización de la persecución

El alcance de la ofensiva no está en discusión: se amenaza con la implantación de estados de excepción y la restricción de libertades; se avala la remilitarización de territorios; se insiste, especialmente, en agilizar procesos judiciales, por tres medios:

hacer efectivas todas las órdenes de captura (Roxana Baldetti, vicepresidenta);

promover nuevas capturas y procesos a partir de las demandas interpuestas por las empresas, fundamentalmente por delito de terrorismo (solicitud de la Cámara de Industria de Guatemala);

concluir –con condenas- los procesos judiciales abiertos.

Se amenaza así con llenar las cárceles de presos políticos, generalizando la tensión y el miedo en la población, y sancionando la participación social y la dinámica ascendente de defensa de derechos, defensa del territorio y de un nuevo proyecto organizativo y de vida.

Solamente en el caso de Santa Cruz Barillas, sufren persecución directa:

Caso
Estado
Afectados
Detenciones durante Estado de Sitio (mayo 2012) Pendiente del acuerdo de reparación con tres agraviados (un auxiliar fiscal y dos miembros de las fuerzas de seguridad) y la posibilidad de una apelación que condenaría al proceso a su reinicio, en un marco indeseado de incertidumbre jurídica y mayor presión de los operadores de justicia. 8
Sindicaciones a Rubén Herrera, caso 2009 (supuestas amenazas a ejecutivo de Hidro Santa Cruz) Procesado en libertad, pendiente sentencia definitiva. 1
Persecución contra miembros de Sociedad Civil Barillas (supuesta detención ilegal de trabajadores de Hidro Santa Cruz, abril 2013) En proceso, en Huehuetenango. Procesados con arraigo domiciliario. 4
Recaptura de Saúl Méndez y Rogelio Velásquez Procesados encarcelados en Huehuetenango desde agosto de 2013. En ambos casos es su segundo encarcelamiento (2 de mayo de 2012 a 9 de enero de 2013 por vez primera). Saúl tiene además pendiente el proceso por supuesta quema de maquinaria en marzo de 2012. 2
Capturados por supuesta quema de maquinaria, marzo 2012 (capturados el 2 de mayo) Procesados en libertad. Pendiente resolución definitiva en Tribunal de Mayor Riesgo. 3
Ordenes de captura Vigentes. Más de 23
Nuevas demandas promovidas por actores empresariales y de gobierno Desconocidas.

Fuente: elaboración propia

La consecuencia inmediata de la agresión renovada es la ruptura de la tensa paz social vivida los meses pasados y de los acuerdos de septiembre de 2013, construidos entre líderes comunitarios y sociales de los pueblos y comunidades de Huehuetenango, por un lado; y Gobernación Departamental, Ministerio de Gobernación y Presidente Otto Pérez Molina, por otro. Estos acuerdos explicitan que no se producirán nuevas capturas por conflictividad relacionada con empresas. El 8 de mayo de 2014, representantes de comunidades y pueblos de Huehuetenango reafirman la vigencia de estos acuerdos, al plantear:

“El retiro inmediato de las fuerzas combinadas en el territorio Q´anjobal de la Nacionalidad Chuj, en un tiempo no mayor de cinco días a partir del 9 de mayo del año en curso. La suspensión de las actividades hidroeléctricas en el territorio. Que se formalice la mesa de diálogo al más alto nivel entre gobiernos (Plurinacional y el Gobierno de Guatemala) con la mediación de una comisión internacional a través del Sistema de Naciones Unidas”.

El poder transnacional en los territorios: el debilitamiento del Estado como actor social y la negación de la democracia

Para justificar la persecución se repite un guión ya escrito en otros momentos y territorios:

existen líderes buenos que apoyan el desarrollo (a la sazón, representantes legítimos de las comunidades) y líderes malos que lo obstaculizan. A estos es a quienes se persigue;

las empresas defienden intereses nacionales (generación de electricidad; extracción de oro y minerales o construcción de carreteras por parte de empresas privadas); los derechos colectivos de las comunidades (derechos de todos) se oponen a aquellos;

las medidas de fuerza responden a solicitudes explícitas de comunidades y sus autoridades legítimas (o líderes buenos);

no existe represión de derechos, sino persecución a criminales y terroristas;

las leyes están para cumplirse y el Estado debe actuar para garantizar el orden, la certeza jurídica y el estado de derecho, incluso con el uso de la fuerza: el poder coercitivo de la ley, justifican periodistas y académicos.

El discurso reiterado por empresas y autoridades (desarrollo, paz, diálogo, aplicación de la ley, estado de derecho) se contradice con su modo de operar en los territorios.

Las empresas insisten en que cumplen la ley, pero ignoran que la consulta previa, libre e informada es un derecho, y que el convenio 169 –que recoge este derecho- está vigente y debe cumplirse. No se toman en cuenta las consultas comunitarias celebradas en la mayoría de municipios de Huehuetenango.

Las empresas ejercen violencia para su implantación, y se apoyan en estructuras paramilitares.

Las empresas proponen diálogo mientras niegan los acuerdos suscritos en el marco de ese diálogo. Según documentan organizaciones sociales: “Los empresarios, la Municipalidad de San Mateo Ixtatán y líderes comunitarios sostuvieron una reunión a mediados del mes de diciembre de 2013, en la cual se acordó la suspensión de actividades de la empresa hidroeléctrica en el territorio… La empresa hizo caso omiso del mencionado acuerdo”. Comunicado Consejo del Pueblo Maya, 5 de mayo de 2014.

Las empresas solicitan la aplicación de la ley y la actuación del Ministerio Público, al tiempo que amenazan, presionan, sobornan, engañan, por lo que deberían ser investigadas de oficio.

Las empresas imponen un modelo económico y de organización no solicitado, no conocido, no avalado por las comunidades.

Así, se concibe el Estado como instrumento para la acumulación; se elaboran leyes y conforman instituciones reacias a la concreción de derechos, parciales hacia las empresas; se considera la gobernabilidad como generación de condiciones idóneas para hacer negocios, en detrimento del bienestar de las comunidades (gobernabilidad empresarial); la violencia y el uso de la fuerza son medios fundamentales para la acumulación, inutilizando el consenso y la expresión de las voluntades comunitarias; se niega la democracia, en su sentido original (y único) de la misma, es decir, el gobierno de, por y para los pueblos.

Estas condiciones abren escenarios de imprevisible conflictividad.

Fuente: http://www.memorialguatemala.blogspot.co.gt

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