Deconstruyendo paradigmas y falacias sobre la relación comercio-crecimiento versus mejoras ambientales

dgrPor Walter Chamochumbi*

Luego de la COP 19 en Varsovia, se reitera que los países industrializados siguen imponiendo su agenda política y económica sobre las propuestas y demandas de los países en desarrollo, y sobre el clamor general de justicia climática y cambio social de las organizaciones de la sociedad civil mundial. Pese al esclarecedor 5to informe del IPCC y de los múltiples cuestionamientos técnicos, políticos y éticos al modelo hegemónico de industrialización y la mayor emisión de gases de efecto invernadero, persiste el negacionismo climático ante la disfuncional relación comercio-crecimiento económico versus cuidado del ambiente. Por ello la necesidad de deconstruir paradigmas y falacias que siguen gravitando en el marco del libre mercado y entrampando las negociaciones internacionales sobre el cambio climático.

El nivel de emisiones de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxidos de nitrógeno (N2O) y otros contaminantes ha aumentado en los últimos siglos, y con la actual brecha en la reducción de las emisiones GEI de los países industrializados: EE.UU., China, Rusia, Alemania, Inglaterra, Australia, Japón, entre otros, las negociaciones sobre el clima no podrán limitar el calentamiento global en menos de dos grados centígrados (umbral estimado para impedir que el planeta se recaliente, implicando una reducción de 25% a 40% de emisiones GEI para el 2020). Lo que evidencia un grave problema sin resolver, porque seguimos dependiendo de combustibles fósiles que contaminan el ambiente y porque las emisiones contaminantes de carbono de los países desarrollados del norte han aumentado, afectando y vulnerando los derechos de millones de personas, sobre todo de los países más pobres.

Al respecto son dos las principales posiciones en debate con profundas implicaciones técnicas, políticas y éticas: i) La relación comercio-ambiente, en tanto aumente el crecimiento económico, se basa -en el largo plazo- en un efecto positivo sobre el ambiente; y ii) El libre intercambio comercial entre países puede tener un efecto negativo sobre el ambiente.

Del efecto positivo de la relación comerciocrecimiento económico sobre el ambiente

Quienes sostienen esta posición suponen que el comercio es un fin en sí mismo, a partir del cual se dinamiza el crecimiento económico de los países y luego las mejoras ambientales a alcanzarse. Se basan en la hipótesis de la Curva Ambiental de Kuznets (CAK), que toma como referencia la medición de la emisión de algunos gases contaminantes a la atmósfera, midiendo que la contaminación aumenta con el crecimiento económico hasta cierto nivel de ingreso (límite) para luego descender. Sin embargo, se ha demostrado con el CO2 -que es el GEI más importante en el problema del calentamiento global- que no se ajusta al comportamiento de “U” invertida de reducción de la contaminación en los países industrializados con mayor crecimiento económico, sino todo lo contrario. De ahí el consenso sobre su no validez (1).

A pesar de la actual crisis del capitalismo y su relación con la crisis ambiental global, el argumento fallido de la CAK persiste en la lógica de los organismos multilaterales y los gobiernos de los países industrializados del norte, en sus políticas económicas y mecanismos de negociación comercial con los países del sur, y en las implicancias que sin duda se desprenden de la mayor emisión de GEI con respecto al cambio climático, además de los problemas de desigualdad, pobreza y vulnerabilidad ambiental. Sobre este aspecto señalan dos premisas: “La primera que el intercambio comercial y la inversión entre los países aumenta la transferencia de tecnología con lo que los países en vías de desarrollo pueden lograr un mayor crecimiento económico generando un menor impacto sobre el ambiente si acentúan su inserción en el mercado mundial… La segunda que un incremento en el crecimiento económico a raíz de una mayor apertura, genera un aumento en la demanda por calidad ambiental, lo cual se traduce en la exigencia de normas ambientales y regulaciones más estrictas, además de una mayor disposición a pagar por bienes producidos bajo condiciones ambientalmente amigables”(2). Sobre la primera premisa, si bien en general es cierto que el mayor desarrollo tecnológico e intercambio comercial entre países debe promover procesos de transferencia norte-sur, y en esa medida, acortar etapas en el progreso tecnológico de los países menos desarrollados (en vista que las dinámicas de negociación comercial movilizan la inversión de capital y demandan mayores capacidades y competencias en la gestión de procesos y productos para responder a las necesidades de competitividad e inserción comercial global). Es cierto también que existen variantes y condicionantes relacionados con el libre mercado, porque no siempre el progreso tecnológico es lineal y ascendente. De hecho no sólo se trasladan tecnologías más sofisticadas sino también riesgos ambientales inherentes a las mismas (como bien se explica con la “Hipótesis de los refugios de contaminación”) (3). Hay que considerar entonces el contexto de transferencia y aplicación de las tecnologías: su grado de eficiencia, eficacia y adaptación a los países del sur, además de los costos y las condiciones comerciales en que se presentan los procesos de transferencia tecnológica. En esa medida, el progreso tecnológico – a tenor de un mercado desregulado- puede ser complejo, relativo, incluso contradictorio, dependiendo del contexto, los objetivos políticos y económicos, así como de las condiciones de intercambio comercial entre los países que en muchos casos suelen ser asimétricas e inequitativas. Sobre la segunda premisa: “un mayor crecimiento económico genera una mayor demanda de calidad ambiental, mayor exigencia de normas ambientales y regulaciones más estrictas”. Es una afirmación relativa dependiendo de los condicionantes del mercado y de los países en negociación: si son centrales o periféricos. Es la situación de países andinos como el Perú, donde el crecimiento de su economía en las últimos décadas, con un aporte importante del sector minero al PBI nacional, no necesariamente ha significado en términos reales un mayor compromiso y voluntad efectiva de los últimos gobiernos y de las empresas mineras por incorporar y/o aplicar mejoras efectivas en materia de políticas y regulaciones ambientales. De hecho el panorama en las distintas regiones del país sigue dando cuenta de diversos conflictos socioambientales en territorios de comunidades indígenas y en el entorno de operación de las mineras, persistiendo un clima de desconfianza hacia el desarrollo de esta actividad y hacia la responsabilidad y capacidad del Estado para atender las demandas de las comunidades afectadas por la contaminación, así como para -en efecto- hacer cumplir las normas ambientales vigentes y sancionar a las empresas infractoras.

Las empresas mineras por su parte no siempre se han preocupado en lograr un mayor acercamiento y diálogo con las comunidades indígenas y locales, de realizar un mayor esfuerzo de inversión en mejoras ambientales y sociales. Porque si bien la variación del precio de los minerales en el mercado internacional influye en sus condiciones de operación y rentabilidad, en muchos casos su disposición a invertir en mejoras tecnológicas es discrecional, ya que las regulaciones ambientales nacionales resultan flexibles, y no siempre el mercado per se resulta un filtro efectivo. Por consiguiente, prevenir, reducir y/o controlar riesgos ambientales depende más de la voluntad del operador antes que de la exigencia de estricto cumplimiento de las normas y regulaciones de ley o de las propias reglas del mercado. Si bien al respecto pueden existir señales de preocupación en algunas empresas mineras, con el enfoque de responsabilidad social y ambiental, los desafíos a futuro siguen siendo enormes.

En países de América Latina los gobiernos conservadores han aplicado el modelo exportador primario de materias primas (minerales, gas y petróleo) como una medida para lograr el crecimiento de sus economías a corto plazo; sin embargo, ello no ha derivado en una mayor conciencia o voluntad de sus gobiernos de incorporar mejoras ambientales efectivas frente a las externalidades ambientales negativas: al contrario, ha implicado un alto costo ambiental y social, además de problemas de corrupción. De otro lado, la experiencia reciente en países con gobiernos de izquierda tampoco ha implicado cambios sustantivos respecto del modelo extractivista aplicado por los gobiernos de derecha tradicional. Los argumentos esgrimidos para justificar las políticas sociales de desarrollo a corto plazo son discutibles, a propósito de los conflictos socioambientanles derivados del modelo de desarrollo extractivista y de las externalidades ambientales negativas generadas.

En medio de un mercado internacional fluctuante, con la incertidumbre de la crisis económica, gobiernos de izquierda y derecha continúan indistintamente impulsando el incremento de sus exportaciones en base a recursos naturales no renovables con escaso valor agregado y alto costo ambiental. Por lo que en tanto no internalicen la variable ambiental en sus programas de gobierno y no desarrollen una estrategia sostenida de diversificación productiva y de transformación selectiva, ni cuenten con un marco estricto de normas y regulaciones ambientales nacionales compatibles con estándares internacionales, seguirán siendo economías vulnerables y dependientes. Hay que desmitificar la idea del progresismo económico neoliberal basado en el argumento simplista de la relación positiva comercio-ambiente. El comercio no es un fin en sí mismo a partir del cual se dinamiza mecánicamente el crecimiento económico de los países, y por ende, las mejoras ambientales y el desarrollo a lograrse. La desigual distribución del ingreso es la variable que afecta el vínculo entre el nivel de ingreso per cápita y la calidad ambiental, siendo este el principal factor negativo sobre el ambiente. De ahí que el PBI como indicador del mejor desempeño económico y el bienestar de un país es insuficiente e inconveniente -per se- para resolver los problemas sociales y ambientales de desarrollo.

El libre comercio entre países puede tener un efecto negativo sobre el ambiente

Al indagar sobre las causas generadoras en la aceleración de la crisis ambiental y los desequilibrios del clima a nivel global, más allá de sectores neoliberales interesados en desconocer o minimizar el problema, se ha encontrado mayor evidencia de la relación directa que existe entre el calentamiento y cambio climático y el aumento de las emisiones GEI provocados por el modelo de desarrollo económico-comercial de los países industrializados y en desarrollo.

Los acuerdos globales sobre el clima, los estándares ambientales que establecen protocolos y límites para las diferentes actividades económicas, los acuerdos, regulaciones y mecanismos de control ambiental más estrictos pueden resultar relativos, como de hecho viene ocurriendo, sino existe real voluntad de los gobiernos de los países para aplicarlos. Seguir persistiendo en la racionalidad económica derivada en la relación comercio-crecimiento de los países, por encima de las consideraciones y límites de la naturaleza y de las externalidades ambientales negativas producidas, en definitiva no compensará el alto costo de deterioro o pérdida de los recursos naturales: daños ambientales irreversibles.

A consecuencia de las actividades extractivas, los impactos ambientales negativos vienen alcanzado tal magnitud que pueden resultar irreversibles. De hecho en Latinoamérica la pérdida de recursos de biodiversidad por la actividad minera, petrolera o forestal es un claro ejemplo. Es así que tenemos recursos naturales renovables cuya tasa de regeneración es mucho más lenta que su tasa de extracción, volviéndolo en la práctica un recurso no renovable: pastos, bosques, suelo agrícola, ictiofauna, etc. El impacto de las actividades extractivas en los ecosistemas dependerá de los procesos tecno-productivos empleados en la extracción de los recursos naturales. Por lo que si no se aplican políticas e instrumentos de gestión ambiental y otros mecanismos ad hoc, pueden de hecho afectar la capacidad de carga de los ecosistemas y en esa medida afectar su grado de resiliencia (estabilidad y equilibrio) e incluso afectarlos de forma irreversible. El costo ambiental por deterioro progresivo o pérdida del recurso natural o ecosistema es tan alto, con respecto a la relación comercio-crecimiento, que el crecimiento económico per se, aun cuando resulte una actividad altamente rentable, no podrá compensar -mucho menos revertir- la afectación del capital natural.

Máxime si reconocemos el imperativo global de priorizar e incorporar estándares de sostenibilidad ambiental para dichas actividades, analizando además sus implicancias con los medios de vida de las poblaciones locales y su aspiración de desarrollo como un derecho fundamental.

Otro ejemplo se refiere al comercio mundial de agroquímicos, como parte del paquete tecnológico de la “revolución verde”, y que desde la década de 1950 han sido promovidos por los países del norte para “modernizar” la agricultura de los países del sur. Hoy en día los agroquímicos son comercializados en todo el mundo por las empresas transnacionales, obteniendo una enorme rentabilidad. Sin embargo, numerosos estudios confirman que varios de estos plaguicidas son altamente tóxicos (los más conocidos de la “Docena Sucia”) y que pese a ello fueron promovidos y comercializados indiscriminadamente en los países del sur, a bajo precio, con el pretexto de impulsar procesos de modernización y transferencia tecnológica, siendo productos prohibidos en sus países de origen donde existen fuertes regulaciones ambientales y sanitarias. Los perjuicios en los ecosistemas agrícolas, en la economía y salud de las familias campesinas de los países del sur han sido enormes, además de los problemas generados por la mayor dependencia tecnológica, la erosión de recursos genéticos y de conocimientos tecnológicos originarios, entre otras distorsiones junto a los niveles de pobreza que hasta hoy subsisten. Otro ejemplo es la controversia sobre el consumo de los llamados Organismos Genéticamente Modificados, que también son promovidos comercialmente a escala global por las mismas transnacionales de agroquímicos, pese a que también existen fuertes cuestionamientos ambientales y sanitarios al uso de estos productos. En el caso de la actividad minera, los procesos tecnológicos para la extracción y transformación de minerales son muy complejos, de mayor especialización y alto costo de inversión. Las compañías mineras han avanzado en investigación y desarrollo tecnológico, reduciendo los factores de riesgo ambiental asociados a la extracción del mineral en el entorno de operación del centro minero. Sin embargo, por sus altos costos estas tecnologías sofisticadas no siempre se trasladan a otras latitudes. De hecho son conocidos varios casos de mineras que prefieren operar en los países del sur, no sólo porque allí se concentran las mayores reservas mineras del mundo, sino porque además de las concesiones y facilidades que encuentran para operar en estos países, las regulaciones ambientales son menos estrictas pudiendo emplear procesos tecnológicos de menor nivel y bajar costos de inversión en infraestructura y equipamiento, incrementando a corto plazo su rentabilidad. Así, los procesos de transferencia y mejora tecnológica se relativizan, porque prima lo económico aun cuando los problemas generados por el tipo de tecnología y proceso productivo empleado resulten de alto costo ambiental.

A propósito de la hipótesis de la CAK, decíamos que los defensores del libre mercado a ultranza afirman que el comercio asociado al crecimiento económico y al mayor ingreso per cápita revierte al final la tendencia perniciosa de contaminación ambiental. Es decir que el nivel de ingreso maximiza la función de contaminación hasta un nivel crítico -punto de inflexión o ingreso límite- a partir del cual los índices de contaminación luego decrecen. Lo cual se ha demostrado es una falacia, ante la grave crisis ambiental que vivimos hoy con el calentamiento y cambio climático causado por el modelo de industrialización y la mayor emisión GEI. Analizando el caso de la reducción del CO2, que puede permanecer en la atmósfera 100 años o más, resulta improbable prever cuanto tiempo pasaría hasta que la curva de contaminación por este gas pudiera descender progresivamente a escala global. Máxime si los países del norte con mayor responsabilidad en el problema del calentamiento no tienen voluntad real de reducir sus cuotas de emisiones GEI. Por eso en los últimos años se relativizó la aplicación del protocolo de Kyoto, generando hacia adelante poca expectativa sobre el nuevo acuerdo climático que devenga en la COP 20 en Lima y COP 21 en Paris. Lamentablemente es difícil ser optimista mientras sigan primando los intereses económicos sobre los ambientales y sociales.

Queda claro que el problema principal de los países no es el crecimiento económico per se, ad infinitum a costo de la naturaleza finita, porque el comercio y crecimiento económico son sólo instrumentos, medios para lograr un fin mayor: el desarrollo humano sostenible. De allí que el problema central radica en el proceso de acumulación capitalista y en la desigual distribución del ingreso, así como en la falta de políticas integrales e inclusivas en materia económica, social y ambiental. Por tanto es necesario cambiar de paradigma y repensar un modelo de crecimiento relativo para un escenario post extractivista, que en efecto redistribuya, elimine la inequidad social y la pobreza, así como mejore y conserve la calidad del ambiente.

Notas:

(*) Mag. Ing. Agrónomo, Consultor en Gestión Ambiental y Desarrollo.

(1) Ver artículos “Costos de la relación comercio-ambiente: crisis capital y génesis de una antinomia global” y “Comercio internacional y medio ambiente: alcances de la controversia sobre la hipótesis de la curva ambiental de Kuznets y sus implicancias al norte y al sur”, de Walter Chamochumbi (2008 y 2005).

(2) Grossman and Kruegger (1991) y de la Calle (1999), Op cit de Gitli, E. y Hernández, G. (2002), p.14.

(3) La hipótesis se basa en el “efecto desplazamiento”, el cual es perjudicial sobre todo para los países del Sur, porque se desplazan hacia ellos las industrias altamente contaminantes y desechos de los países del Norte (donde existen fuertes regulaciones ambientales). Esta tendencia se conoce como la “Hipótesis de los refugios de contaminación”, es decir, condición por la cual los países del Sur son utilizados como basureros ambientales de los desechos tóxicos y las tecnologías contaminantes de los países del Norte.

Ecoportal.net

 

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