Cuando los derechos se reducen a indicadores

campesinosAndrés Cabanas
 
Atravesamos una etapa crítica en cuanto al ejercicio y vigencia de derechos, diecisiete años después de la firma de los Acuerdos de Paz. Esta etapa está determinada por la negación de libertades (incluso las libertades básicas de expresión, movilización, participación); el ataque a organizaciones y dirigencia social (entre otros, ataques económicos); el debilitamiento del poder comunitario y social (cooptación, promoción de divisiones y enfrentamientos, desconocimiento como interlocutor y referente); el incumplimiento de leyes que norman la participación comunitaria: código municipal (autonomía municipal) y leyes de descentralización (sistema de consejos de desarrollo).
La anulación de derechos (o su pulverización, en palabras de Juan Carlos Monedero en España) es consecuencia de la presión de empresas transnacionales y sus intereses, que articulan, bajo una misma lógica de actuación, a las oligarquías locales, el ejército y la economía criminal. 
En esta etapa, el poder político lo ejercen las empresas. El gobierno y el ejecutivo se convierten en Presidente Gerente y Gobierno Gerente. El discurso del desarrollo justifica esta transferencia y dejación del poder: el discurso o la consigna vacía del desarrollo, que apenas logra explicar las contradicciones entre las promesas de bienestar, empleo, generación de riqueza, seguridad y paz que efectúan las empresas y el gobierno, y la realidad de conflictos comunitarios, divisiones, extracción de recursos y pobreza, generada por esas mismas empresas.  
En una situación legal y políticamente anómala, las empresas se permiten sugerir o elaborar leyes. Veamos un ejemplo: para garantizar el plan de expansión del sistema de transporte de energía eléctrica (popularmente, torres de transmisión) sometido a un importante retraso (aproximadamente dos años), la transnacional colombiana Trecsa logra en el mes de marzo de 2013 la aprobación del Acuerdo gubernativo 145-2013 (que declara de “urgencia nacional y necesidad pública la construcción de las obras contenidas en el Plan de Expansión del Sistema de transporte de energía eléctrica”) e impulsa la Iniciativa de Ley de Servidumbres de Transmisión eléctrica.
La combinación de ambos instrumentos debilita la autonomía municipal, al eliminar la obligación de solicitar licencia de construcción a las Municipalidades (negada por muchas de ellas); desconoce el sistema de consejos de desarrollo como interlocutor; judicializa la resistencia y la protesta, al otorgar a un juez de paz o tribunal de primera instancia la potestad de impulsar de forma obligatoria el proyecto, por todos los medios a su alcance (incluido el uso de la Policía Nacional Civil o fuerzas combinadas: militarización del conflicto).
La comparación entre estas normas legales y las vigentes anteriormente es clara: el Acuerdo Gubernativo 137-2011 (previo) menciona de forma explícita los consejos comunitarios y municipales de desarrollo, y refiere que prestarán la colaboración necesaria para el cumplimiento del Plan, siempre que ello no vaya en “menoscabo de los principios de autonomía municipal e institucional”. La autonomía municipal desaparece en el nuevo acuerdo y en la iniciativa de ley de servidumbre. 
Acuerdo gubernativo 2011
Acuerdo gubernativo 2013
Artículo 2. Tutela y apoyo. Las entidades del Estado, autónomas y descentralizadas, así como centralizadas, las municipalidades, los Concejos Municipales de Desarrollo y los Concejos Comunitarios de Desarrollo, en sus respectivas jurisdicciones, en las que las obras del Plan se ejecutarán, brindarán la colaboración pertinente cuando les sea solicitada, para el adecuado desarrollo de dicho Plan, sin menoscabo de los principios de autonomía municipal e institucional.
Artículo 2. Tutela y apoyo. Las entidades del Estado, autónomas y descentralizadas, así como centralizadas, los Concejos Municipales de Desarrollo, los Concejos Comunitarios de Desarrollo en sus respectivas jurisdicciones, en las que las obras se ejecutarán, deberán prestar el apoyo necesario para el adecuado desarrollo de dicho Plan.
Iniciativa de ley de servidumbre
Implica
Artículo 6. Licencias y autorizaciones. Para el desarrollo, ejecución y construcción de las obras de infraestructura de transmisión eléctrica, indistintamente de su nivel de tensión o voltaje, por su carácter de utilidad pública e interés nacional, no están comprendidas dentro de los presupuestos que para el efecto señala el Código Municipal, por lo que no estarán afectas a licencia de construcción, ni pago alguno, y no se requiere más, fuera de ser un Agente del Mercado Mayorista y de la autorización establecida en la Ley General de Electricidad para la utilización de bienes de dominio público, que la resolución otorgada por el Ministerio de Energía y Minas. 
Elimina licencias de construcción (la posibilidad de oposición municipal). 
Contradice Código Municipal y Autonomía Municipal.
Artículo 39. Providencia de urgencia durante la etapa de operación y mantenimiento de la obra. Cuando exista resistencia, obstáculo o ausencia del propietario o proveedor del inmueble (…) podrá solicitar el auxilio de un Juez de Paz o un Juez de Primera Instancia (…) para que ordene el ingreso al inmueble con el fin de garantizar la continuidad en el servicio (…) se podrá solicitar la intervención  de la Policía Nacional o fuerzas combinadas. 
Judicialización de la resistencia. 
Respuesta policial y militar. 
En este marco de legislación flagrante a favor de las empresas, es bueno recordar que la generación y transmisión de energía eléctrica no son proyectos de interés nacional, sino destinados a la exportación y el negocio, porque Guatemala produce más energía de la que consume: según información del Encuentro de la Red Latinoamericana contra Represas y en Defensa de los Ríos, actualmente “se producen en Guatemala 2,700 MW de energía para un consumo interno de 1,500 MW, lo cual significa que las distintas empresas venden el excedente de la producción a través del sistema centroamericano de distribución de energía” (1).
Lo que sucede es sencillo de entender pero no de justificar: empresas y gobierno convierten sus intereses y agendas en intereses de Estado; su modelo de acumulación en modelo de desarrollo; su proyecto político (de minorías) en agenda legislativa y del ejecutivo.
Lo que sucede es que no hemos tocado fondo, a pesar de todas las agresiones y limitaciones al ejercicio de derechos ya existentes. Conviene alertar, sin alterarnos, de una nueva vuelta de tuerca en la conculcación de libertades, autonomía y soberanía: la propuesta de ciudades-modelo, muy avanzada en Honduras, que transferiría porciones de territorio a gobiernos garante (un gobierno extranjero, que puede ser un país o un consejo de personas y empresas), y generaría legislación, fiscalidad e institucionalidad propias en ese territorio.
La propuesta de ciudades modelo está siendo desarrollada en Guatemala por la Universidad Francisco Marroquín (free cities) y su concreción puede implicar el fin de la soberanía, el fin del país como ahora lo conocemos y la recolonización territorial: va más allá del actual despojo de recursos y bienes de las comunidades.
Ofensiva sin fin
La ofensiva neoliberal militarista no tiene intenciones de decrecer. Por el contrario se fortalece en nuevos actores y ámbitos que focalizan sus intereses en Guatemala y la región. Encontramos en  Guatemala tensiones alrededor de proyectos y empresas indias, chinas, brasileñas, rusas, canadienses, españolas, fondos de inversión, proyectos auspiciados por el Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco Interamericano de Desarrollo, en sectores de energías renovables, electricidad, alimentación, infraestructura, comunicaciones, servicios… cualquiera que podamos imaginar.
Ubicamos nuevos actores, contra los que es necesario renovar estrategias de resistencia: es el caso de Colombia, convertida en el mayor inversor en Guatemala a partir de este año, que vincula intereses geoestratégicos (Estados Unidos) y lógicas de expansión paramilitar.
No es lejana la posibilidad de que Guatemala se convierta en experimento de proyectos a partir del fracking, la técnica de fractura hidráulica que inyecta toneladas de agua y químicos venenosos a través de túneles de 2.5 km de profundidad y un kilómetro de ancho para extraer gas no convencional.
No podemos esperar que esta ofensiva disminuya o no esté acompañada del ejercicio de la violencia, que sea dialogante y consensuada, que respete normas democráticas. La violencia es consustancial al capitalismo y el despojo. Es garantía de acumulación. Es permanente. No sustituye sino que complementa el diálogo o lo utiliza de forma táctica. No descarta ningún método: judicialización, deslegitimación, atentados, asesinatos, promoción de enfrentamientos comunitarios y entre organizaciones.
A partir de estos intereses y formas de operación podemos preguntarnos: ¿cómo se entiende desde el poder el ejercicio de derechos hoy en Guatemala? Para las empresas, para el gobierno, para la Cámara de Industria, para buena parte de la comunidad internacional que apoya la expansión transnacional, los derechos son indicadores (como menciona la Corte de Constitucionalidad alrededor del derecho a la consulta, y reiteran columnistas de prensa). No son de obligado cumplimiento, no necesariamente se concretan, no vinculan las políticas públicas y las leyes, los actores públicos y privados. No implican valores ni principios de convivencia. Son apenas indicadores: referentes que se cumplan sí y sólo sí son convenientes a los  intereses de acumulación, lo que nos convierte en una democracia de mercado (Isabel Rauber) y nos precipita a una dictadura de facto.
Ruptura autoritaria o alternativa popular
Diecisiete años después de la firma de la paz, el momento es de polarización, exclusión, violencia institucional, ofensiva sobre los territorios, profunda crisis. Esta crisis estructural puede devenir en cambios profundos: quiebres y rupturas (modificación del sistema económico y político tal y como hoy lo conocemos, con sus marcos de referencia: leyes, partidos, actores, instituciones, modelo económico, constitución).
Los escenarios de ruptura se concretan en: ruptura autoritaria o ruptura/alternativa popular emancipadora (ambas ya procesos en construcción).
La ruptura autoritaria o restauración neoconservadora en palabras de Emir Sader, se legitima tras el golpe de estado en Honduras de junio de 2009 y el fraude electoral de noviembre de 2013, y está avalada por una comunidad internacional progresivamente neofascista. Esta ruptura autoritaria puede profundizarse con violencia contra organizaciones, militarización, adelantamiento de elecciones, golpe técnico, gobierno militar, reformas constitucionales (de nuevo en agenda y discusión pública a partir de la propuesta de José Rubén Zamora y El Periódico) y pretende la reducción de funciones del estado y reducción de derechos, en la línea de la “constitucionalización de la soberanía de las minorías”  (Álvaro Velásquez) que retoma el proyecto Pro Reforma de la Universidad Francisco Marroquín.
La ruptura y alternativa popular emancipadora implica profundizar visiones y proyectos de los movimientos sociales: la defensa del territorio, la autonomía (de cuerpos, territorios y política), la democracia real, funcional y participativa, (“democracia sin fin” en palabras de Boaventura de Sousa Santos), la soberanía, la autodeterminación, el gobierno de comunidades, pueblos y nacionalidades, el cuidado de la vida planteado por el feminismo, el proyecto político de la cosmovisión indígena y el buen vivir.
Implica dar un vida a un paradigma descolonizador, despatriarcalizador y anticapitalista que trasciende por sí mismo el marco de los Acuerdos de Paz y la Constitución de 1985, y plantea un nuevo pacto.  
La ruptura popular emancipadora enfrenta retos múltiples, entre otros:
Concebir luchas integrales (antipatriarcal, anticapitalista y antirracista), así como el neoliberalismo se implanta de forma integral (Gilberto López y Rivas). Integrar luchas implica integrar visiones (lo privado y lo público, entre otras).
Utilizar todos los instrumentos de lucha, de forma simultánea y complementaria: jurídica, comunicación, movilización, electoral, campamentos de resistencia, y otras (después de la firma de la paz se parcializaron y separaron las formas de lucha).
Luchar para superar y trascender lo legal y el actual marco estatal, sin caer en la ilegalidad ni la violencia.
Entender y analizar mejor (para enfrentarlo) el poder corporativo: articulación de la economía criminal con la formal; funcionamiento de los fondos de inversión; conocimiento de las cadenas de propiedad y poder, en un marco de opacidad societaria; reconocer y conocer las estrategias cambiantes del capital.
Formación y análisis político constante, autocrítico, no complaciente. Todo lo contrario a lo que hacemos en el caso reciente de Honduras, donde los vacíos y los silencios sustituyen a los cuestionamientos necesarios: límites de la acción electoral; subordinación del movimiento social al instrumento político; pactos políticos incoherentes…
Ubicar lo electoral en función de las luchas sociales y no al revés (visión táctica estratégica).
Concebir la articulación como vocación política, permanente y sistemática, irrenunciable, sin la cual no hay emancipación.
Politizar la indignación y los estallidos sociales previsibles (por la desatención del estado y la debilidad de referentes organizativos sociales).
La conclusión es que no podemos esperar pasivamente que se modere la ofensiva transnacional autoritaria y pro militar. Debemos creer que podemos transformar, que de hecho ya estamos construyendo y reconstruyendo, que somos sujetas y sujetos de la historia, preparando y provocando el cambio de modelo y el cambio de época. 

[1] Información de Radio Mundo Real. 
 
Presentación en Foro Coordinadora y Convergencia Nacional Maya Waqib´K´ej, Chimaltenango, 27 de diciembre de 2013. 

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