Los estados débiles y el crimen organizado en América Latina

protestas_amlatPor Sonia Alda –

Existen una gran diversidad dentro del crimen organizado, sin embargo mas allá de la estructura concreta de cada organización, de las relaciones que establezcan y de las actividades que puedan desempeñar, hay una constante definitoria en todas ellas: la existencia de vínculos de protección y complicidad con la autoridad estatal. Esta es una condición sine qua non para el desarrollo del crimen organizado y, dada la debilidad de buena parte de los estados latinoamericanos, este requisito se cumple en la región.

Dicha debilidad hace a los estados particularmente vulnerables y porosos a la penetración del crimen organizado, a través de la corrupción y gracias a ello es posible que tomen el dominio de determinados territorios y/o instituciones. Así lo ilustra el control que, durante décadas, han tenido los cárteles sobre lugares e institucionales económicamente estratégicos, como en México, o en Guatemala, sólo por poner dos ejemplos denunciados recientemente.

La complicidad con representantes del estado precisamente persigue protegerse eficazmente frente a la actuación del mismo y de otros agentes externos potencialmente nocivos para la continuidad y la expansión de sus actividades. Esta eventual protección se obtiene fundamentalmente por dos vías: por la intimidación que provoca la utilización de la violencia o la amenaza de usarla y por la vía de la corrupción que inhabilite la actuación del estado o de la sociedad civil.

Sin embargo, las imágenes y el mensaje mediático que se difunden a diario, no dejan de trasmitir una idea casi opuesta. Generalmente las noticias muestran que el crimen organizado es un fenómeno que se desarrolla ajeno y al margen de la sociedad del estado y cuando se “encuentran” la relación es conflictiva y violenta. Las confiscaciones y detenciones de narcos, realizadas por la policía y/o el ejército, sin embargo solo expresan una parte de la realidad y no es la más importante. Las armas y la violencia es uno de sus modus operandi, ya que el poder criminal proviene más de su capacidad de lograr apoyo social y de conseguir protección estatal. El objetivo de los carteles no es vivir enfrentado al estado sino aliado con éste.

De hecho las alianzas establecidas por los carteles con determinadas estructuras o representantes estatales explica que, durante siete años, la familia Michoacana o después los Caballeros templarios arrebataran, al estado, el control del Puerto Lázaro Cárdenas, situado en el suroeste del Pacífico mexicano, considerado por el gobierno como “el más importante en cuanto a volumen de carga general, el segundo en manejo de contenedores y el tercero respecto a la mercancía que se importa y exporta desde México”.

En efecto la utilización de este puerto para el lavado de dinero, actividades comerciales ilegales y extorsión no se logró combatiendo a punta de pistola contra autoridades locales, estatales y federales, sino logrando su complicidad mediante la corrupción. Por esta misma vía el crimen organizado, en Guatemala, gracias a la complicidad corrupta de un nutrido número de funcionarios, ha practicado de manera sistemática delitos de contrabando y evasión fiscal, ente otros negocios, en las aduanas.

Las posibilidades de implantación del crimen organizado, en el caso de América Latina, como ilustran estos ejemplos, viene dado por la debilidad de sus estados, quienes proporcionan todos los elementos precisos para lograr sustanciosos negocios ilegales. La protección estatal es una de las ventajas proporcionadas por los estados débiles, pero esto no es la única. Además los criminales cuentan con la infraestructura y los servicios que dichos estados que, aunque débiles y no fallidos, son capaces de garantizar la construcción de puertos o aduanas, o respaldar sistemas financieros, que también utiliza el crimen organizado para el lavado de dinero. Es el escenario más propicio para esta criminalidad pues el estado tiene la suficiente capacidad para sostener un sistema político y económico, pero carece del poder para evitar que el crimen organizado lo use en beneficio propio.

La “recuperación” por parte del estado de este puerto o de las aduanas por el ejército y el ejército y policía, en México y Guatemala, respectivamente, no garantiza necesariamente que ésta sea definitiva. Ello solo es posible mediante un estado capaz de imponer el imperio de la ley para gobernantes y gobernados, en todo el territorio nacional, y disponer de funcionarios con conciencia de servicio público.

Lamentablemente, en este momento, los estados de México y Guatemala no son capaces de alcanzar estos requisitos. La presencia de fuerzas represoras y un nutrido número de detenciones, como ha tenido lugar en los dos países, no resuelve el problema, pues no impide la reproducción de la debilidad estatal.

Es preciso abordar una reforma en profundidad cuyo objetivo final sea reforzar las estructuras estatales, para lograr la implantación de los principios del imperio de la ley y de sistemas de control y transparencia eficaces. Solo así el Estado podrá cerrar los espacios de penetración que el crimen organizado utiliza para lograr, como hasta ahora, su complicidad.

Fuente: www.infolatam.com – 291113

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