Terror y rapacidad neoliberal.

guatemala-3Carlos Figueroa Ibarra.

Durante los años del conflicto armado interno, el mayor Otto Pérez Molina fue un  activo participante en la violencia estatal que tenía como objetivo aplastar la oleada revolucionaria que se observó en Guatemala.  Hoy como presidente, encabeza un gobierno encargado de ejecutar una violencia estatal con  cometido distinto: limpiar la mesa para que los grandes capitales  puedan llevar a cabo  inversiones en minería, hidroeléctricas, sistemas de fluido eléctrico y proyectos petroleros, cultivos de gran demanda internacional (commodities), proyectos carreteros etc., El sentido del terror estatal  a finales de los setenta y principios de los ochenta era diferente al que ahora estamos presenciando. En el pasado  la violencia estatal tenía carácter contrainsurgente y se enmarcaba en el espíritu de la guerra fría. En la actualidad la violencia de estado tiene un carácter estrictamente capitalista y se enmarca en el espíritu de la rapacidad neoliberal. Antes se buscaba a través del terror instaurar la estabilidad política de una dictadura que velaba por los intereses de la oligarquía agroexportadora y los de Washington en la región. Hoy se busca a través del terror aplastar la resistencia de la población para facilitar los negocios de las transnacionales y el capital local interesados en acumular vorazmente riqueza.

Los sentidos de la violencia estatal como terrorismo de estado son distintos. Los actores encargados de ejecutarla son los mismos no solamente en términos de sujetos sociales,  sino en personajes que se han reciclado y siguen cumpliendo su función de represores al servicio del gran capital. Allí está el ministro de gobernación, Mauricio López Bonilla,  anunciando que se llevarán a cabo 40 órdenes de captura contra los pobladores de Santa Cruz Barillas en Huehuetenango. Como Pérez Molina, López Bonilla fue un oficial contrainsurgente que ahora diligentemente ejecuta la represión necesaria para realizar los grandes proyectos del capitalismo depredador en los municipios  del norte de Huehuetenango: San Juan Ixcoy, Soloma, Santa Eulalia, Barillas, San Mateo Ixtatán y Nentón. Q´anjob´ales, chujs, poptis y ladinos pobres de esos municipios fueron reprimidos con la presencia de policías, destacamentos antimotines, bombas lacrimógenas, helicópteros. Una publicación  difundida por internet con artículos de Carmen Reyna, Santiago Bastos y Quimmy de León nos da una idea de la sistemática represión que en la región se está observando. El 7 de abril de 2013 fue asesinado Daniel Pedro Mateo, líder q´anjob´al de Santa Eulalia opuesto a la instalación de la hidroeléctrica; 7 de mayo, secuestrado el líder Maynor López; 27 de agosto, nueva detención  de Saúl Méndez Muñoz y Antonio Rogelio Velázquez  quienes había sido liberados después de ocho meses de prisión; 11 de septiembre la jueza Patricia Bustamante deja en libertad a los acusados del atentado del 1 de mayo de 2012 y abre la posibilidad de acusar a uno de los heridos en ese atentado; 28 de septiembre nuevo secuestro de Maynor López en Barillas; 29 de septiembre ante la protesta de la población, el despliegue represivo en San Juan Ixcoy, Santa Eulalia, Barillas y San Mateo Ixtatán.

 

A la represión  ocurrida  en la zona norte de Huehuetenango, hay que agregar la   observada durante 2012. Es evidente que lo que se  está haciendo por parte del gobierno de Pérez Molina es una guerra de desgaste contra la población para agotarla moralmente y finalmente rendirla ante el embate de inversionistas locales y empresas como la petrolera canadiense Loon Energy Corporation, la colombiana Empresa Transportadora de Energía Centroamericana (TRECSA) del Grupo Energía Bogotá, la minera canadiense Creso Resources y la ya conocida Ecoener Hidralia Energía/Hidro Santa Cruz S.A.

 

En Huehuetenango se vive una guerra de baja intensidad. No se hace en nombre del anticomunismo. Se hace en nombre del gran capital. Los motivos son distintos, los represores son los mismos.

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