Transnacionales y transformaciones en las comunidades locales: el caso Hidro Santa Cruz

hidrsanPor Andrés Cabanas* 

Buenas tardes. En esta ponencia reflexiono sobre las tres interrogantes planteadas por los organizadores, que considero muy pertinentes:

¿Hasta qué punto y en qué forma los mega-proyectos transforman las estructuras territoriales tradicionales?

¿Los mega-proyectos impuestos en contextos como el guatemalteco, pueden considerarse como un desastre ambiental y cultural en las comunidades en los cuales son implementados?

¿Cómo se reorganizan las instituciones comunitarias a causa de la amenaza que constituyen los mega-proyectos y qué efectos tienen estos sobre la unidad comunitaria?

Parto de un cuestionamiento previo y una aclaración necesaria, que derivan en una hipótesis.

El cuestionamiento

¿Un proyecto hidroeléctrico de solamente 4.9 megavatios (el proyecto Cambalam I realizado por la transnacional española Ecoener Hidralia Energía Hidro Santa Cruz en Barrillas) puede considerarse de gran impacto sobre las comunidades y la organización social?

¿Un proyecto hidroeléctrico es semejante en sus impactos a un proyecto minero y extractivo de gran extensión o a cualquier otro megaproyecto?

¿Por qué un pequeño proyecto hidroeléctrico, de relativo impacto físico medioambiental, está generando una profunda oposición comunitaria y ha derivado en asesinato, capturas, conflictividad e ingobernabilidad?

La aclaración

Cambalam no es un pequeño proyecto, de impacto reducido. Hidro Santa Cruz no es una pequeña empresa, innovadora, ecológica, amigable, preocupada por el medio ambiente.

No puede considerarse un proyecto pequeño el que invierte más de 30 millones de dólares, frente a una asignación (situado constitucional 2013) de poco más de 13 millones de quetzales para la Municipalidad de Barillas. Es decir, no es pequeño un proyecto que tiene diez veces más inversión que el presupuesto anual de la administración pública local.

No puede considerarse proyecto pequeño el que contrata entre 60 y 100 agentes de seguridad para proteger su beneficio.

No puede considerarse proyecto pequeño aquel que ofrece 2 millones de quetzales a la Municipalidad para la firma del convenio, y calcula ingresos anuales superiores a los ocho millones de quetzales, además de un millón de euros a través de los Mecanismos de Desarrollo Limpio (Protocolo de Kyoto).

No es una empresa pequeña ni responsable aquella que, según fuentes de Torre de Tribunales, gasta 3 millones de quetzales en la defensa de los dos acusados de asesinato el primero de mayo (guardias de seguridad), contratando a uno de los equipos de abogados con más influencia en el sistema de justicia.

No es una empresa pequeña la que desarrolla otros intereses económicos: cascadas en secuencia sobre el río Cambalam; hidroeléctricas en varios departamentos.

La categoría Poder corporativo, utilizada entre otras por Susan George, nos lleva a analizar empresas vinculadas e interconectadas (en intereses, actores y propiedad), en un marco de Poder corporativo global, que sigue una lógica coincidente de actuación e implantación.

Hidro Santa Cruz es parte de este conglomerado corporativo. La consideración y el análisis de Hidro Santa Cruz y Cambalam como proyecto aislado no responde a la realidad del funcionamiento de las empresas. Específicamente, los intereses conexos a la hidroeléctrica de Barrillas son: minería, mercurio, energías renovables y privatización de agua (áreas de experticia de Hidralia Energía y de máximo interes del sector energético español), mecanismos de desarrollo limpio (como estrategia de acumulación no como responsabilidad ambiental) entre otros. Los actores coincidentes con Hidro Santa Cruz son sobre todo los vinculados al sector energético español, el gobierno de España, el gobierno de Noruega (cofinanciador), la Corporación Interamericana para el financiamiento de infraestructuras, y más.

Este análisis y consideración previa cuestiona ideas preconcebidas, alimentadas por la propia empresa. La idea o el mito de que Hidro Santa Cruz y el proyecto Cambalam representan una pequeña inversión sostenible y respetuosa con el medio ambiente, en ningún caso perjudicial para la comunidad.

La hipótesis consecuente

El cuestionamiento y la aclaración derivan en la siguiente hipótesis: la oposición generada por Hidro Santa Cruz no tiene que ver con el tamaño de la hidroeléctrica ni con el tipo de actividad, sino con su proceder oscuro, su operar violento y la imposición de un proyecto no requerido por la comunidad.

Hidro Santa Cruz y la transformación de las estructuras territoriales tradicionales

El chileno Alejandro Teitelbaum define a las empresas transnacionales como el poder predominante en nuestro tiempo. Este poder se manifiesta globalmente y de forma específica en los territorios de implantación. La diferencia abrumadora entre los fondos de inversión de la empresa y el presupuesto de la Municipalidad mencionado arriba es indicador concreto y manifestación de este poder desigual.

El carácter de poder determinante de las transnacionales implica que imponen modelos económicos –de desarrollo- e imponen asimismo modelos políticos, con su correspondiente institucionalidad. Necesitan modelos políticos propios y específicos que gestionen la implantación y la acumulación económica. Las formas democráticas y las representaciones comunitarias genuinas, autónomas, no son funcionales a los intereses de acumulación de las empresas.

En el caso de Hidro Santa Cruz y de Barillas, el modelo político preferido y definido por la actividad de la empresa, y apoyado en alianzas y/o control del aparato del Estado, tiene estas características:

Desconocimiento de la ley: consultas comunitarias, convenio 169 (que forma parte del bloque constitucional y es de obligado cumplimiento).

Desconocimiento de la autoridad municipal, con tendencia a suplantarla y anularla. Ejemplos de esto: la empresa no acepta la denegación de la licencia de construcción por parte de la Municipalidad; utiliza al Gobernador Departamental y sobre todo al Presidente del Gobierno para lograr los permisos de trabajo; presiona fuera del marco legal y democrático para la firma por parte de la Municipalidad del Convenio que legitima la presencia de la hidroeléctrica, sin consentimiento comunitario ni el consenso de todo el Consejo Municipal.

Desconocimiento de la institucionalidad democrática comunitaria (de por sí debilitada por la cooptación de los partidos y la centralización y corporativización del Estado), representada en el sistema de consejos de desarrollo y las autoridades comunitarias. Cuando los Consejos de Desarrollo (sobre todo los Consejos Comunitarios de Desarrollo, COCODES) manifiestan su oposición a la hidroeléctrica, la empresa promueve nuevas formas organizativas favorables a su proyecto. Las Asociaciones Micro regionales, entidades preexistentes pero inactivas a la llegada de la empresa, y la Camba (Consejo de Asociaciones Micro regionales Barillense) son apoyadas como referente e interlocutor único, para lo que reciben financiamiento.

Al tiempo que apoya una nueva interlocución favorable a sus intereses, la empresa persigue y debilita la organización comunitaria histórica y legítima: a partir del Estado de Sitio de mayo de 2012 se desarticula el Comité de Defensa de los Recursos Naturales (constituido en Asamblea y legalizado y autorizado por la Municipalidad); se favorece el encarcelamiento de opositores; se extienden órdenes de captura (que tienden a promover la desmovilización); se criminaliza (en campos pagados, programas de radio y televisión) a la oposición: terroristas, narcotraficantes, grupúsculos, desestabilizadores, anti desarrollo…; se ejerce violencia física (agresiones sexuales a mujeres y otras); se promueve la división comunitaria. La persecución de la oposición se extiende a las familias de los presos, a quienes se obliga a aceptar la empresa a cambio de la liberación.

Control de los operadores de justicia (para facilitar la persecución y garantizar la impunidad): Policía Nacional Civil, Juez de Paz de Barillas, Centro de Administración de Justicia de Santa Eulalia, Ministerio Público (fiscal Hilda Aguilar), Autoridades del presidio de Huehuetenango, alianzas con redes de abogados con influencia en el Sistema de Justicia (López Villatoro, conocido como el Rey del Tenis por su implicación en el contrabando).

Construcción de una nueva institucionalidad. Es el caso de la Mesa de Diálogo o Trabajo integrada de forma unilateral por actores pro-Hidro Santa Cruz: Gobernador (con delegación directa del Gobierno Central), Asociaciones Micro regionales (reactivadas y financiadas por la empresa), Comisión Presidencial de Derechos Humanos, Comisión contra la Discriminación y el Racismo, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Energía y Minas, y otros. En este marco, el poder de la Gobernación Departamental, como delegación directa del Presidente de la República, excede sus atribuciones legales.

En definitiva, Hidro Santa Cruz pretende establecer en Barrillas un nuevo poder, una nueva legalidad o interpretación de la ley, y una institucionalidad paralela, favorable al desarrollo de su proyecto. Se autoconstituye como el poder: económico, político y normativo.

Empresa y desastre ambiental y cultural

Así, desde la llegada de Hidro Santa Cruz a Barrillas se debilitan la democracia, la autonomía municipal y el poder comunitario (ya precarios) y se fortalece una cultura de uso de la fuerza.

Hidro Santa Cruz opera a través del ejercicio sistemático de la violencia: la empresa se alía con actores violentos a nivel local (red de poder de López Villatoro) y nacional (gobierno de Otto Pérez Molina); utiliza la violencia física como forma de intimidación a los opositores; contrata a una empresa de seguridad que amenaza a la población y a ex militares como operadores políticos (Juan Roberto Garrido, ex capitán, vinculado a Conrado Martínez, el fiscal que antecedió a Claudia Paz y Paz en la dirección del Ministerio Público y fue destituido por sus conexiones con grupos paralelos).

En sentido estricto, la empresa no se instala, no se desarrolla, no trabaja en Barrillas, sino que irrumpe. Irrupción es, en idioma español, “la entrada violenta de algo o alguien en un lugar; la aparición impetuosa o repentina, con fuerza o de pronto”.

La influencia de la empresa en la organización social y comunitaria y en la vida de Barrillas se resume en una triple paradoja y contradicción política:

Hidro Santa Cruz y sus dueños, ajenos al territorio, la cultura y las costumbres de Barillas, actúan como el actor político preponderante.

El actor externo a Barillas, el visitante, impone agendas y se convierte en demandante de los habitantes originales (incluso en los Tribunales).

Los dueños del territorio y las formas de decisión tradicional y comunitaria se ven desplazados por el operar transnacional.

La resistencia y reorganización comunitaria

Frente a esta problemática y a este deterioro de la convivencia, que puede hacerse irreversible, se trata de sentar las bases para la reconstrucción y el fortalecimiento de la institucionalidad y la vida democrática, a partir de los poderes comunitarios.

El punto de partida es la definición del marco legal y político para la retirada inmediata y ordenada de Hidro Santa Cruz de Barillas (sin que esta salida evite la asunción por parte de la empresa de las responsabilidades económicas y sociales derivadas de la violencia ejercida). Se considera que la presencia de Hidro Santa Cruz en el municipio altera y corrompe la vida democrática y la convivencia, lo que hace inviable su permanencia.

El principio fundamental es el respeto a las decisiones comunitarias (consultas realizadas), la identidad y cosmovisión de los habitantes y sus propuestas de desarrollo. Es decir, la recuperación de la voz y la palabra de los actores legítimos: los habitantes históricos, dueños del territorio y decisores de su destino.

El instrumento o el medio para lograr esto es el diálogo y reagrupamiento intracomunitario (actores locales, sin participación de la empresa, y con la discusión de la salida de la misma de Barrillas como punto central). El dialogo no es con la empresa como parte (tal y como propuso el gobierno el 3 de septiembre) sino sobre la empresa como problema.

Las demandas del 7 de enero, redactadas y planteadas por comunidades de Barillas y entregadas a autoridades de gobierno, constituyen uno de los relatos más precisos de la estrategia ilegítima e ilegal empleada por Hidro Santa Cruz para construir su hidroeléctrica, continúan vigentes en su totalidad y plantean una hoja de ruta para la solución del problema:

“1.Exigimos respeto a autoridades municipales y comunitarias por ser representativas, legítimas y legales.

2. Que se respeten los resultados de las consultas.

3.Que se tome en cuenta lo anunciado por el Relator en cuanto al cumplimiento y respeto a las consultas como medio de consenso para salvaguardar los derechos fundamentales.

4. No a la militarización de nuestro territorio como intimidación.

5. Que se retire la empresa Hidro Santa Cruz de nuestro territorio.

6. Que los presos políticos detenidos ilegalmente sean puestos en libertad.

7.Las órdenes de captura giradas en contra de líderes y lideresas sean retiradas.

8.Que termine la presión, el chantaje y las amenazas en contra de las familias y perseguidos políticos.

9.Pedimos un resarcimiento a las personas afectadas directa e indirectamente por los daños causados”.

En cierta forma, se trata de restablecer un cierto orden natural de las cosas, trastocado por la vorágine desarrollista, cuestionado por la actitud entreguista y dependiente de los poderes políticos (incluyendo el sistema de justicia), debilitado por el traslado a las transnacionales de poderes y espacios de decisión que deben ser exclusivamente de comunidades, instituciones y organizaciones sociales de Barillas y Guatemala.

Conclusión: la lucha no es contra la hidroeléctrica, sino por la dignidad

Para finalizar, es importante reafirmar que la lucha en Barrillas va más allá de la oposición a un proyecto hidroeléctrico. Barillas enfrenta dos visiones de desarrollo, dos formas de entender la organización de la sociedad y de la vida.

En la visión de desarrollo tradicional, compartida por empresa, gobierno y comunidad internacional que apoya el modelo transnacional extractivo, la riqueza se genera a partir de la promoción de industrias extractivas y la generación de energía para estas industrias, sin tener en cuenta la opinión de las comunidades y los derechos de la naturaleza.

La naturaleza contiene recursos que deben ser explotados.

Las empresas transnacionales se conciben (y el gobierno lo acepta sin condiciones) como el actor político determinante, por encima de instituciones democráticas y poderes comunitarios.

Las empresas consideran que el papel principal del gobierno y el Estado es facilitar (de manera legal o a partir del uso de la fuerza) la inversión extranjera. El Estado acepta este papel subsidiario y renuncia a la defensa y promoción de los derechos colectivos.

Las comunidades y organizaciones sociales que rechazan esta visión de desarrollo, el dominio político de las empresas y la subordinación a ellas del gobierno, son consideradas enemigo interno y atacadas.

Para las comunidades, la naturaleza es un sujeto y un ser vivo, no un recurso económico.

La naturaleza tiene valor identitario, cultural, histórico, no solamente es generadora de plusvalía.

La capacidad de decisión de las comunidades es innegociable.

Así, la lucha contra la hidroeléctrica es la lucha por la reconstrucción y fortalecimiento de la democracia, por la preservación del poder comunitario.

Se trata de recuperar la dignidad de los habitantes de Barrillas: la capacidad de tomar decisiones, sin interferencias ajenas, para ser dueñas y dueños de su territorio y su destino.

Centro Universitario de Occidente, USAC, Quetzaltenango
25 de septiembre de 2013

* Ponencia presentada en Seminario Internacional: Organización Comunitaria y Ordenamiento Territorial para la Prevención de Desastres. Universidad San Carlos (Guatemala), Universidad Católica de Lovaina y Universidad de Lieja (Bélgica), Quetzaltenango, septiembre 2013.

www.eltercerexpolioylareconquista.blogspot.com

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