La libre expresión en Guatemala y el mundo

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En un sinnúmero de países a nivel mundial, se han creado asociaciones y organizaciones con el propósito de defender los derechos humanos y en particular, el derecho a la libre expresión de comunicadores, periodistas, escritores, artistas y afines, quienes en el ejercicio de su profesión han sido víctimas de agresiones y amenazas directas o veladas al ejercer su derecho de expresar sus ideas, convicciones o al denunciar públicamente actos anómalos o ilegales.
 
En Guatemala existen entidades que dedican sus esfuerzos a hacer visibles estos hechos mediante denuncias y exigencias públicas a las autoridades competentes y responsables de velar por el respeto a la libre emisión del pensamiento. Aún así, todo ello no ha sido suficiente.
 
La libre expresión del pensamiento es un derecho inherente al ser humano, sin embargo, la evolución civilizadora y de conciencia se ha forjado con ordenamientos diferenciados a lo largo de la historia de la civilización.
 
En los albores del siglo XXI, este ordenamiento tiende a globalizarse atendiendo al inminente y acelerado desarrollo de la tecnología, que disipa fronteras geográficas con relación a la comunicación a nivel mundial, pero todo esto sigue siendo insuficiente.
 
La misma historia nos demuestra que los intereses económicos, políticos y su consecuente correlación de fuerzas nos han llevado a polarizaciones que desembocan en guerras,  y en miseria y pobreza que contrastan con la opulencia de unas minorías, lo cual agudiza las desigualdades humanas.
 
Han surgido innumerables expresiones aberrantes de opresión provenientes no sólo de gobiernos sino también de corporaciones trasnacionales y grupos de poder económico que actúan impunemente en su afán de eternizar sus privilegios injustamente ganados. Las expresiones de los sectores sociales mayoritarios han sido criminalizadas en nuestro país como una forma de silenciar el descontento masivo en contra de prácticas empresariales que atentan contra la vida humana, animal, vegetal y mineral. Las voces que se han alzado para denunciar atropellos de esta índole han sido amenazadas, víctimas de atentados  y en otros casos, silenciadas para siempre. 
 
En consonancia con lo planteado por la Carta Magna del PEN Internacional de Escritores, el Centro PEN Guatemala cita lo conducente:
 
4) El PEN defiende el principio de la transmisión, sin barreras, del pensamiento, dentro de cada nación, así como entre los pueblos del mundo. En esa medida, sus miembros se comprometen a oponerse a toda forma de supresión de la libertad de expresión en el país y dentro de la comunidad a la cual pertenecen, así como en el ámbito mundial dondequiera que ello sea posible. El PEN se declara, por lo tanto, partidario de una prensa libre y se opone a la censura arbitraria en tiempos de paz; cree en el avance necesario del mundo hacia formas políticas y económicas altamente organizadas; y hace imperativa la libre crítica de los gobiernos, de las administraciones y de las instituciones corruptas. Y, puesto que la libertad implica restricción voluntaria, los miembros se comprometen también a oponerse a los males de una prensa libre, tales como las publicaciones mendaces, la falsedad deliberada y la distorsión de los hechos con fines políticos y personales.
 
El subrayado pretende enfatizar nuestra posición en contra de  individuos y entidades, que a la sombra de poderes ocultos dirigen sus amenazas mediante calumnias, injurias y falsedades, en publicaciones o campos pagados y derechos de respuesta que pretenden la “distorsión de los hechos con fines políticos y personales”. 
 
En virtud de lo señalado instamos a  las asociaciones de Defensa de los Derechos Humanos, Ministerio Público,  Asociación de Periodistas de Guatemala, APG y a CERIGUA a formar un frente común que denuncie, exija con firmeza la investigación, el juicio y castigo para los responsables, ya que es momento de detener la criminalización de que han sido objeto comunicadores y líderes en resistencia a las políticas de opresión y agresión provenientes del gobierno, de empresas privadas locales y extranjeras, así como de consorcios y corporaciones transnacionales mono y oligopólicas que a diario atentan contra la vida humana y la naturaleza.
 
Instamos a conformar una comisión representativa de defensores de la libre expresión del pensamiento que se haga presente ante las autoridades competentes: Corte Suprema de Justicia, Congreso de la República y  Organismo Ejecutivo y exija ser escuchada.
 
  Centro PEN Guatemala
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