Diálogo o impunidad en Santa Cruz Barillas

Prensa Libre

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Por Andrés Cabanas

Las recientes convocatorias a mesa de diálogo realizadas por Otto Pérez Molina (3 de septiembre) y un Tribunal de Mayor Riesgo (11 de septiembre) tienden a consolidar el poder de la transnacional Ecoener Hidralia Hidro Santa Cruz, y dejan en la impunidad los abusos cometidos por empleados y dueños de la misma.
La consolidación del poder de la empresa se produce porque ambas propuestas de diálogo (en el caso del Tribunal, literalmente Orden) le otorgan estatus de Parte negociadora y la sitúan al mismo nivel que población, autoridades comunitarias y municipales, incluso autoridades de gobierno: es decir, equiparan a una transnacional que se guía por la lógica del beneficio con poderes locales y comunitarios históricos y legítimos.
La impunidad se refuerza porque las llamadas al diálogo o las órdenes para dialogar ignoran y hacen tabla rasa (al menos en su convocatoria y agenda previa) de la violencia ejercida por la empresa y sus acciones en contra de la población desde que se instaló en Santa Cruz Barillas. Así, se corre el riesgo de que Hidro Santa Cruz e instituciones de gobierno utilicen la mesa de diálogo para legitimarse, dejando en el olvido los abusos cometidos para su implantación (coacción, amenazas, militarización del área, chantaje a autoridades, violencia física, violencia contra mujeres…).
Las partes y el problema
La participación de la empresa como parte en los procesos de diálogo fue propuesta inicialmente por Luis Castro Valdivia, uno de los dueños de Hidro Santa Cruz, y es hoy asumida sin discusión ni matices por autoridades de gobierno, sistema de justicia y políticos españoles (visita de diputados y senadores españoles a Huehuetenango, enero de 2013). “Pedimos diálogo, pedimos paz, pedimos libertad y que las cosas se dialoguen y se hablen. No a la violencia. Todos podemos tener nuestra opinión, la que se quiera, pero todos tenemos que sujetarnos a la ley y a la paz (…) De este proyecto nos beneficiaremos todos” requirió Luis Castro Valdivia el 18 de noviembre de 2011. 
Frente a este discurso falsamente equitativo e igualitarista debemos recordar, en primer lugar, que Hidro Santa Cruz es actor externo: no debe desempeñar el mismo papel ni tener las mismas posibilidades de decisión que la población originaria y dueña del territorio.
En segundo lugar, hay que ubicar a Hidro Santa Cruz como el problema a resolver, por lo que no puede ser al mismo tiempo quien debate y decide una solución. Una empresa señalada de imposición, violencia e irrespeto a la voluntad comunitaria no reúne los requisitos políticos ni la calidad moral para ser árbitro del conflicto. 
El poder que se lava las manos
El esquema de diálogo propuesto elude responsabilidades de la empresa y también del Estado guatemalteco, cómplice de la violencia en Barillas por acción y por omisión: por acción a partir de la persecución de líderes comunitarios (que afecta al menos a 20 personas con órdenes de captura, 2 presos políticos, más de 100 líderes amenazados con captura) y del establecimiento de un estado de sitio, mayo 2012, que favoreció la captura de líderes y la impunidad (detenciones arbitrarias, restricción de derechos). Por omisión, al no actuar de oficio ante denuncias públicas sobre violencia ejercida por la empresa. 
Particularmente preocupante es que se decide instalar una mesa de diálogo cuando el sistema de justicia no ha sido capaz de dictar sentencia en el asesinato de Andrés Francisco Miguel (primero de mayo de 2012), que involucra a Hidro Santa Cruz: al menos dos trabajadores, un automóvil y su encargado de desarrollo, el ex militar Juan Garrido.    

Diálogo para fortalecer la vida democrática

Frente a este esquema unilateral se trata de proponer la superación de la violencia y la recuperación de la paz social amenazada por la transnacional.

El punto de partida es la definición del marco legal y político para la retirada inmediata y ordenada de Hidro Santa Cruz de Barillas (sin que esta salida evite la asunción por parte de la empresa de las responsabilidades económicas y sociales derivadas de la violencia ejercida). Se considera que la presencia de Hidro Santa Cruz en el municipio altera la vida democrática y la convivencia, lo que hace inviable su permanencia.
El principio fundamental es el respeto a las decisiones comunitarias (consultas realizadas), la identidad y cosmovisión de los habitantes y sus propuestas de desarrollo. Es decir, la recuperación de la voz y la palabra de los actores legítimos: los habitantes históricos, dueños del territorio y decisores de su destino.
El objetivo es sentar las bases para la reconstrucción y el fortalecimiento de la institucionalidad y la vida democrática, a partir de los poderes comunitarios y municipales. Para ello es prioritario el reagrupamiento intracomunitario (actores locales).
En lo inmediato, se deberá responder, entre otras, a las demandas de las comunidades planteadas en el manifiesto de siete de enero de 2013: la desmilitarización de Barillas; la democratización institucional; el fin de la persecución política, la liberación de los presos políticos y el resarcimiento digno para todos los afectados por la empresa, especialmente los presos, expresos y sus familias; la definición de un nuevo modelo de desarrollo (discutido por las comunidades y no por la empresa); el respeto a la voluntad comunitaria.

Estas demandas fueron reiteradas en conferencia de prensa el día 18 de septiembre:
“Nuestra profunda preocupación por la sistemática violación a nuestros derechos fundamentales, por la implementación de proyectos hidroeléctricos en nuestros territorios sin el consentimiento de nuestras comunidades, desconociendo los resultados de nuestras consultas comunitarias, que hemos ejercido desde el 2006. Los gobiernos de turno y las autoridades locales han sido cómplices de las empresas extranjeras, de la represión, persecución legal e intimidación que han sufrido nuestras comunidades al autorizar ilícitamente licencias de hidroeléctricas, imponiendo a la fuerza la privatización de nuestros ríos. Es triste y vergonzoso cómo los gobiernos y sus instituciones se han constituido como operadores políticos de las empresas extranjeras al promover maliciosamente espacios de diálogo, sin la participación de nuestras comunidades afectadas directamente.
Exigimos al gobierno de Otto Pérez Molina que cancele todas las licencias hidroeléctricas, minería y megaproyectos, asimismo respete nuestras formas propias de organización y decisión comunitaria, nuestro derecho a la libre determinación, nuestro derecho al territorio, nuestro derecho al desarrollo propio como pueblos originarios, derechos reconocidos en leyes nacionales como internacionales.
Los pueblos no vamos a aceptar ningún tipo de negociación o diálogo promovido por el gobierno, orquestado con las empresas extranjeras, que sólo vienen a manipular y a confundir a la población pero sobre todo, que no concuerdan con la posición  y decisión de nuestros pueblos.” 
(Comunicado de representantes de comunidades de Barillas y de San Mateo Ixtatán, Asamblea de pueblos de Huehuetenango por la defensa del territorio, ADH, Consejo de Pueblos de Occidente y Norte, representantes de los cuatro regiones de Huehuetenango: Centro, Norte, Huista y Mam).
Los planteamientos para el diálogo de gobierno y Tribunal A de Mayor Riesgo implican, desde un punto de vista político y jurídico, un guiño cómplice a favor de Hidro Santa Cruz, destinado a generar las condiciones favorables para su permanencia en Barillas. Desde el punto de vista humano, son insensibles con la población perseguida, al sentar frente a frente agresores y agredidos, revictimando a estos.
Tal y como está hoy planteado, como instrumento para viabilizar la permanencia de la empresa, con lógica de partes y estrategia de olvido e impunidad, el diálogo parece un ejercicio pomposo y publicitario, pero carente de contenido y viabilidad: no soluciona sino que agrava y retrasa la solución del conflicto en Santa Cruz Barillas.

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