Soñando con un Prebisch ecológico

minaJoan Martínez Alier *

Voy a explicar la diferencia que hay entre las cuentas económicas y las físicas tomando el caso del comercio exterior de Perú, país que tiene déficit comercial físico, como lo tienen muchos países sudamericanos. Es decir, muchas más exportaciones que importaciones, medidas en toneladas. Se exporta como 5 o 6 veces más (en toneladas) de lo que se importa. Y sin embargo, en vez de traducir este exceso de exportaciones sobre importaciones (en toneladas) en un superávit comercial en dinero (o superávit de cuenta corriente, como se le llama al añadir servicios al balance comercial), el banco central de Perú estimaba a finales de 2012 un déficit de cuenta corriente de 3.9 por ciento del producto interno bruto (PIB) y anticipaba un déficit de 4.1 del PIB para 2013, que será mayor si el precio del cobre no va más allá de 3.60 dólares la libra (cuando al 21 de agosto de 2013 está en 3.28).

Así pues, la pauta es muchas exportaciones primarias, medidas en tonelaje (y por tanto, además, muchos pasivos ambientales que no aparecen en la contabilidad crematística), a lo que se suma ahora un ligero descenso de sus precios, y así de un superávit se pasa a un déficit importante de cuenta corriente y, por tanto, a la necesidad de endeudarse exteriormente. Mal camino tanto para la ecología como para la economía. Eso le pasa a Perú por cumplir la regla de San Garabato: compre caro y venda barato. Un santo muy altruista que podría ser el patrón de los exportadores neoliberales latinoamericanos.

La misma regla siguen los posneoliberales. Argentina, Brasil y Ecuador tienen déficits físicos muy importantes (en proporción a su tamaño) en su comercio exterior (muchas más exportaciones que importaciones, en toneladas) y, sin embargo, tienen déficits por cuenta corriente, lo que señala una política equivocada o al menos muy discutible. El extractivismo exportador puede ser criticado sobre todo por sus impactos ecológicos y por los muchos conflictos sociales que causa. Pero también, desde un mero enfoque economicista, por su poca resiliencia o sostenibilidad frente a bajas en los precios de las exportaciones.

Puede haber además un efecto perverso (como ocurrió cuando los pagos de la deuda externa pesaban tanto sobre las economías latinoamericanas), pues se quiere corregir el déficit de cuenta corriente impulsando todavía más las exportaciones de productos primarios. Así se hunden esas economías todavía más en el extractivismo. En pequeña pero muy dolorosa escala es la política del presidente Correa liquidando miopemente la propuesta Yasuni ITT en Ecuador. En gran escala es el plan brasileño de llevar a 250 millones de toneladas anuales la exportación de mineral de hierro de Carajás.

A la Cepal actual, a diferencia de la Cepal de Raúl Prebisch, la especialización en la exportación de materias primas (muchas veces poco elaboradas, como el carbón en Colombia, petróleo de Venezuela y Ecuador, soya y minerales de Brasil y Argentina) no le molesta. Hasta le agrada. Pocas veces habla la Cepal de los costos ambientales y sociales. Son las redes de ONG o de OJA (organizaciones de justicia ambiental), o algunos académicos o Defensores del Pueblo (como hasta ahora en Perú), quienes llevan la contabilidad de los conflictos socioambientales que surgen. El OCMAL (Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina) ha inventariado 186 conflictos activos en estos momentos y el Mapa de Injusticia Ambiental de Brasil, que coordina el doctor Marcelo Firpo Porto, llega ya a los 700 casos de conflicto socioambiental. Con muchos activistas muertos, en años recientes, recogidos en ambos inventarios.

Son esforzados investigadores con escaso apoyo oficial los que tratan de calcular los pasivos ambientales, que se hacen visibles ante la opinión pública cuando algunos jueces (como en Ecuador en el caso Chevron-Texaco) se atreven a calcularlos. En la expropiación de las acciones de Repsol en YPF en Argentina se habló con acierto durante unos meses de los grandes pasivos ambientales de YPF heredados por Repsol más los que la propia Repsol había añadido desde que compró YPF. Esos pasivos ambientales eran tal vez mayores que sus activos. Por tanto, el costo de la expropiación de Repsol podía ser cero. Pero pronto se acalló esta discusión en los círculos de gobierno en Argentina, no fuera que se empezaran a calcular los pasivos ambientales en La Alumbrera (enorme mina de cobre de Xtrata-Glencore) y en la industria de la soya.

En conclusión, tanto en lo económico como en lo socio-ecológico, hay que conocer y medir mejor lo que está ocurriendo con el auge extractivista sudamericano, tanto el neoliberal como el postneoliberal. Incluso en términos puramente económicos se va por una senda peligrosa.

* ICTA-Universitat Autónoma de Barcelona

 

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