Bonos del Tesoro: cada día huele peor

prens-300x204Isabel Juárez Quevedo.

La discusión sobre la posible aprobación de los Bonos del Tesoro sigue generando expectativas y análisis en diversos ámbitos nacionales. Las dudas, las explicaciones reactivas, las sorpresivas entrevistas cedidas por el Ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, abren la discusión en la calle, la oficina, los medios informativos y las redes sociales.

La posible emisión de bonos ha pasado ya de un tortuoso camino desde la resolución a favor de la Junta Monetaria, para luego regresar al Ejecutivo y ahora que ya se encuentra en el Congreso de la Republica desde el pasado 31 de julio.

En este camino el presidente de la República, Otto Pérez Molina, ya firmó la iniciativa de ley para la emisión y colocación de los bonos el cual incluye una modificación al presupuesto 2013 y que contiene el monto de los bonos del tesoro por Q3 mil 500 millones.

El presidente Pérez ha reaccionado ante los comentarios vertidos sobre el tema en donde hizo un llamado a quienes critican esta medida para el pago de la deuda pública, que si se tienen mejores opciones, que se acerquen para hacérselas saber, pues el Ministerio de Comunicaciones no tiene recursos para el pago de los contratistas, quienes también están presionando para el paro de obras que hoy día están realizando.

Iniciativa de Ley 4729

El proyecto de iniciativa de ley para la emisión y colocación de los bonos del tesoro fue recibido en el Congreso y adjudicado el número de registro 4729, en la cual se indica que los recursos serán para inversión, sin especificar cuál es nueva o pendiente de pago, además de solicitar la aprobación de dos préstamos.

Los prestamos señalados por la iniciativa de ley 4729 son, uno por US$237 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el segundo por US$200 millones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, cuyos fondos irían a financiar el presupuesto 2013.

Los cambios de estrategia

A pesar que el presidente Pérez Molina insiste en decir que no se afectará la estabilidad macroeconómica y que no tienen plan B en caso de que no se aprueben los bonos, la población ha visto en los últimos días situaciones y comentarios con respecto a este proyecto.

Uno de ellos ha sido el cambio de Jefe de bloque del partido oficial, la llegada del diputado Arístides Crespo parece haber dado un respiro al desgaste vivido en los últimos meses y que se acrecentó a partir de este tema. Crespo, aliado del PP y cuya carrera política se desarrolló en el extinto Frente Republicano Guatemalteco (FRG), tiene experiencia en cabildeo y negociación, un reconocimiento ganado como político y como operador político desde el Ejecutivo y mucho más en el Legislativo.

Crespo podría ayudar en mucho a lograr los votos necesarios para que diputados de diversas bancadas den su voto para la aprobación de esta iniciativa de ley. A pesar que los medios de comunicación hoy cuentan con al menos 14 bancadas que se han pronunciado en contra de la misma.

De igual forma, sin tener mayores confirmaciones, se escucha en diversos espacios políticos que otro personaje que esta como operador político y buscando las alianzas para conseguir los votos requeridos en el Congreso, es Roberto Díaz Duran Quezada, quien promueve la creación de una bancada independiente que dé el soporte de los votos para la aprobación del proyecto de ley.

Díaz Duran Quezada fue conocido como un allegado al partido UNE, siendo proclamado como vicepresidenciable de Sandra Torres Casanova, pero luego de la fallida candidatura de Torres, decidió distanciarse de esta agrupación política. Las acusaciones entre bancadas sobre el posible trabajo de este personaje lo vinculan con Une y Todos, recordando al público que Todos se formó luego de un grupo tránsfuga de la Une con el cual ganaron sus curules en las pasadas elecciones.

Líder no se queda atrás, las acusaciones sobre que “no les llegaron al precio” sigue en el aire, desgastando de nuevo el papel de los legisladores, sin importar de qué partido político sean ante los ojos de la ciudadanía.

Los rumores y sospechas

Las estrategias de desgaste tanto a favor como en contra continúan en el ambiente. Por un lado, empresas constructoras siguen haciendo un llamado para que el Estado cumpla con los pagos de obras ya realizadas, todas estas, supuestamente durante las pasadas emergencias de los fenómenos naturales Stand, Mich y Agatha.

Sinibaldi y Pérez Molina insisten en decir a los cuatro vientos que se debe “honrar la deuda”, “poner orden a la casa”, sobre todo porque las empresas ahora están presionando al Ejecutivo el paro de obras que están realizando si los pagos atrasados no se realizan o que en el peor de los casos, dejaran de funcionar y afectaran a cientos de personas que pasaran a engrosar las cifras de desempleo.

En cualquiera de los casos, lo que sigue sin quedar claro ante la ciudadanía es como, cuando, cuanto y a quienes se les adeuda, y sobre todo, que funcionarios comprometieron dinero de arcas nacionales para obras sin ningún respaldo, por lo tanto, es deuda ilegal según la ley.  

Lo último alrededor del tema de los bonos es la supuesta compra de diputados de parte del PP para lograr los votos requeridos, que según Roberto Villate, Jefe de bancada de partido Líder, las cifras van entre Q300 mil a Q500 mil como pago de los favores.

Un rumor que nuevamente levanta el rechazo de la ciudadanía en contra de las y los legisladores, en donde los nombres de estos posibles diputados comprados no sale a luz pero que afecta a muchos otros que han levantado la voz y con argumentos han declarado que están en contra de la emisión de bonos y que sostendrán el voto en contra dentro del hemiciclo el día que dicha iniciativa sea presentada al pleno del Congreso.

Los escenarios posibles, según análisis de la USAC

La casa de estudios superiores estatal ha dado seguimiento a este tema y del cual sigue dando su opinión de rechazo ante la posible emisión y colocación de estos bonos.

Dentro de su análisis, por medio del Instituto de Problemas Nacionales (IPN-USAC) ha establecido cuatro posibles escenarios, los cuales se presentan a continuación:

Escenario 1. Conforme a la Ley. 

En este escenario el Congreso de la República conoce el proyecto de aprobación de bonos y determina que se trata de una operación ilegal, que acarrea responsabilidades administrativas y penales, y que, además, su emisión debilita la estabilidad macroeconómica. Los bonos no se aprueban y la CGC y el MP realizan las pesquisas a fin de deducir responsabilidades administrativas y penales. Este revés debilita seriamente al Gobierno, y abre un periodo de fragmentación del poder, sin que ningún grupo político logre capitalizarlo en el corto plazo.

Escenario 2. Verificación. 

En este escenario el Congreso no aprueba la emisión de bonos y concluye que algunas obras contratadas tenían partidas presupuestarias, pero no fueron pagadas. La auditoría forense de la CGC identifica la existencia y el valor de esas obras, y se reconoce la obligación de pago a las empresas con fondos provenientes del presupuesto ordinario de las unidades ejecutoras. El Congreso ratifica la prohibición de que se realice cualquier trabajo fuera del marco presupuestario. El Gobierno se debilita relativamente asumiendo el búmeran y el Congreso se prestigia, y varios grupos tratan de capitalizar la acción sin mucho éxito.

Escenario 3. Aprobación condicionada.

En este escenario el Congreso autoriza la emisión de bonos y ratifica las condiciones de la opinión favorable de la Junta Monetaria (JM) de que el déficit fiscal de 2013 y 2014 no sobrepase el 2.2 por ciento del PIB, y los ingresos de los bonos se utilicen únicamente para inversión. En este escenario el Ejecutivo tendría que regularizar los pagos de obras devengadas mediante readecuaciones presupuestarias, mientras la CGC y el MP actúan de oficio en relación a la verificación de obras y responsabilidades de los funcionarios. Los bonos emitidos, sin embargo, le ofrecen amplio margen de maniobra al Ejecutivo y crecen las sospechas y denuncias de comisiones bajo la mesa a los congresistas, que aumenta el descrédito de la opinión pública sobre esos poderes del Estado.

Escenario 4. Aprobación sin condicionamiento.

En este escenario el Congreso autoriza los bonos y deja libre o ambiguo el destino del dinero; el Ejecutivo utiliza tales ingresos para pagar deuda que supuestamente se contrajo mediante procesos fuera de la regulación presupuestaria. Hay boicot empresarial (localmente) a la colocación de los bonos y los organismos internacionales de regulación financiera rebajan la calificación del país. La opinión pública está de acuerdo en que ambos poderes del Estado transgredieron las leyes y que al hacer caso omiso a la opinión de la JM ponen en riesgo la estabilidad macroeconómica. Se genera una crisis de gobernabilidad por la ilegalidad de las actuaciones de los organismos del Estado, cuya responsabilidad arrastra, por omisión, a la CGC y al MP. El Gobierno central y el conjunto de instituciones del Estado pasan del estadio de “crisis de confianza” actual a “crisis de legitimidad”, típicamente antesala de una crisis de Estado.”

 

Bibliografía

1.         http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/perez-molina-envia-congreso-iniciativa-bonos-tesoro

2.         http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/lider-reitera-rechazo-emision-bonos-q3-mil-500-millones

3.         http://www.elperiodico.com.gt/es/20130804//232149

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