Una visión general de la represión en Costa Rica

chinchillaJosé Solano

Costa Rica se encamina hacia un Estado cada vez más represivo. Las causas de esta ruta se deben, entre otras cosas, al crecimiento de la política del miedo a nivel internacional producto de la Guerra contra el Terrorismo inventada por los Estados Unidos, así como a formas autoritarias de los gobiernos neoliberales nacionales, especialmente recrudecidas en las últimas dos décadas contra el movimiento social, mismo que se mantiene en un estado de resistencia en contra de las políticas decadentes del sistema imperante.

La represión, igualmente, es reflejo de las políticas imperialistas como la Ley Patriota, aplicada a partir del 12 de setiembre de 2001 en los Estados Unidos, lo que ha significado una limitación a las cacareadas libertades y garantías de los ciudadanos norteamericanos establecidas en su Declaración de Independencia y en su Constitución Política. Esto repercute irremediablemente en un país altamente dependiente como Costa Rica, el cual, dentro de su política interna, se ve presionado directa o indirectamente a crear un marco jurídico encaminado en esta vía. Pero sería ilógico pensar que esto es una mera consecuencia de un contexto internacional complejo pues haría caer este análisis en un determinismo sin sentido. Al desarrollo político y económico global, hay que agregarle una situación regional y local muy concreta, es decir, las prácticas autoritarias y la reaccionaria postura de las clases dominantes.

En el caso del autoritarismo, es claro que los países latinoamericanos se han acostumbrado a un fenómeno histórico visto como natural: el caudillismo. Ese caudillismo, nacido con las guerras de independencia, ha sido el causante de gobiernos de “mano dura” que han sustentado desde los gobiernos más progresistas, hasta las dictaduras más violentas, el militarismo institucionalizado es el andamiaje de estos procesos históricos. En el caso costarricense, este no ha sido un fenómeno de peso aunque no deja de tener cierto impacto.

Históricamente, Costa Rica ha crecido al amparo de figuras políticas de un fuerte método de gobierno. Con Braulio Carrillo, pasando por Juan Rafael Mora y Jesús Jiménez y el periodo del militarismo liberal inaugurado por Tomás Guardia, el decimonónico se forjó por medio de la limitación de las garantías que ampararan la independencia del país. Sin embargo, durante el XIX, estas limitaciones no se daban precisamente por una incursión a gran escala de las ideas revolucionarias europeas sino más bien a una lucha encarnizada entre la misma oligarquía familiar que tenía métodos diferentes para enriquecerse, que al fin y al cabo, el objetivo era la riqueza por medio del cultivo del café.

Es en el siglo XX cuando las manifestaciones autoritarias van a tomar un matiz diferente, exceptuando la dictadura de los Tinoco que mantiene las características del siglo anterior. A partir de este momento, la incursión del movimiento obrero y la llegada de las ideas anarquistas y comunistas, van a traer un efecto violento sobre las luchas de la clase trabajadora, manifiesto principalmente en la Gran Huelga Bananera de 1934, aunque nada se debe envidiar durante los años de la llamada época socialdemócrata costarricense fundada por la Segunda República de Figueres Ferrer, bastaría citar la represión en Cartago por la electricidad donde inclusive hubo muertos o la lucha contra ALCOA.

Es quizás, a partir de la década de los años ochenta, con la llegada del neoliberalismo y los intereses privados, privatizadores y de desmantelamiento del Estado Social de Derecho, que la represión gira hacia formas más sutiles (con la aparición de nuevas técnicas de desmovilización, incluidas en la misma ley) que se incursionaban con el método violento. Los casos más sonados durante los ochenta y noventa son, quizás, los de Viviana Gallardo o los cuatro ambientalistas muertos a manos de la Stone Forestal.

Sin embargo, debe hacerse un hincapié en el caso de Gallardo pues marca un hito en la forma de reprimir, dejando de manifiesto que la Fuerza Pública dejó de ser un simple cuerpo de policía encargado de la seguridad ciudadana para convertirse en una entidad que puede llamarse protomilitarista, hermanado a las cúpulas empresariales que dieron la orden de asesinar a Viviana. Este fue un caso eminentemente político, una violación flagrante a los derechos humanos y una persecución y criminalización de un grupo de carácter revolucionario.

Es por eso que en el país predominan los sectores más reaccionarios desde el plano económico y lo manifiestan, en última instancia, desde lo político. Las cúpulas empresariales, amancebadas con el capital transnacional, deciden el contenido y la forma del gobierno. Si algo se sale de sus manos, garrote y en el peor de los casos, aunque no tan común, muertes. Obviamente esto último se debe a características particulares que tiene Costa Rica pero que, como se vio, no escapan a esta lógica de las demás oligarquías latinoamericanas.

Tomando en cuenta este escenario, es importante reconocer que este fenómeno no es nuevo, lo que se vive actualmente forma parte de un complejo entramado sociohistórico que tomó fuerza en las últimas décadas, caracterizándose por nuevas tácticas represivas que van desde la persecución, indexación de líderes comunales, sindicales, ambientalistas, político partidistas y de colectivos autónomos; hasta el uso de la fuerza en las calles contra personas indefensas, en las prisiones y la muerte de las mismas. Aquí se trata, pues, de una estrategia para mantener los negocios paralelos de los gobernantes frente a los grupos contestatarios que resisten perder lo que queda de la institucionalidad solidaria de antaño.

Esta represión se manifiesta de muchas formas, la más evidente es la violencia física directa en las manifestaciones del movimiento social. Mas debe reconocerse que todo lo anterior (políticas imperialistas restrictivas internas y belicistas externas, autoritarismo histórico regional y defensa de los intereses de la clase burguesa) forma parte de un conjunto de mecanismos de control de la población. Ese control violento se hace en contra de los grupos sociales concientizados que avanzan en la vanguardia del país, pero existen otras medidas, más cotidianas, que buscan ejercer mayor vigilancia de los sectores cada vez más descontentos y que estarían propensos a tomar consciencia de su situación objetiva de la realidad.

En esta última línea, existen medidas represivas que se complementan con la intervención manipuladora de los medios de comunicación sobre la inseguridad ciudadana. Acciones como las requisas personales o vehiculares, allanamientos, cámaras de seguridad en las vías públicas, entre otras, son parte de un conjunto de mecanismos que utiliza la clase económicamente poderosa para mantener su statu quo, aunque sean ellos mismos los culpables de la inseguridad que disfrazan con políticas de combate a la misma, y que no son más que formas de dominio y explotación social.

En resumen, la represión debe ser vista desde diferentes aristas. Por un lado la violencia abierta en las calles y barrios cuando se tambalea el poder; y por otro, medidas implacables que forman cada vez más parte de la cotidianidad frente a un aumento de la percepción de la inseguridad, pero que es más inducida que una realidad. Sin embargo, son las de la cotidianidad las más preocupantes porque son las que, poco a poco, justifican medidas represivas cada vez más abusivas y violentas. Es por ello que se ve la necesidad de analizar más en profundidad las medidas del día a día llevadas a cabo por una policía más militarizada que antes y una clase poderosa cada vez más temerosa de perder sus intereses económicos.

Tomado Revista Amauta.org

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