Cemento y promesas sin cumplir para los mayas en Guatemala

hjyPor Nelton Rivera – Prensa Comunitaria –

La intención prepotente de instalar y construir la mayor planta de producción de cemento del país desde el año 2003 hasta la fecha generan una profunda conflictividad social, provocada por la empresa y el Estado frente al rechazo y organización de las doce comunidades Kaqchikeles.

La militarización, criminalización, grupos paramilitares, rompimiento del tejido comunitario, desplazamiento de población, sumados a la construcción de esta planta cementera y de una carretera “Anillo Regional” en San Juan Sacatepéquez son los mayores riesgos y amenazas que sufren cotidianamente las comunidades.[1]

El Estado de Guatemala implementa la militarización del territorio de San Juan Sacatepéquez como la única respuesta para garantizar los intereses económicos de la empresa. Buscando la desarticulación de la oposición y resistencia pacifica a la misma, la encarcelación de los principales lideres y lideresas comunitarias, dejando libre el camino para el funcionamiento de la empresa.

Frente a la militarización comunitaria y despojo de los bienes naturales las doce comunidades Kaqchikeles se encuentran en resistencia pacifica, además de la movilización permanente las comunidades trabajan arduamente por consolidar su propio modelo de desarrollo, mismo que pasa por la defensa del agua, la vida y el territorio.[2]

Ubicación de San Juan Sacatepequez

San Juan Sacatepéquez es uno de los 17 municipios que forman parte del departamento de Guatemala, esta ubicado en la región occidental del departamento y su población es mayoritariamente indígena, de ascendencia maya Kaqchikel. En este territorio el pueblo Kaqchikel esta fuertemente organizado en doce comunidades, cada una de estas comunidades cuenta con sus propias autoridades comunitarias, alcaldes auxiliares y comités.

A San Juan Sacatepéquez se le conoce como el municipio de “Las Flores”, en su territorio el pueblo Kaqchikel es uno de los mayores productores de flores, abastecen el mercado nacional y tienen una fuerte producción internacional. Además otra de las actividades económicas son los telares, la producción de muebles trabajados en madera y la agricultura.

La llegada de Cementos Progreso S.A.

En el año 2003 la empresa presentó ante el Ministerio de Energía y Minas –MEM- una solicitud para exploración en los municipios de San Juan Sacatepéquez, San Raymundo y San Martín Jilotepéque. El permiso (LEXR-820) se otorgó el 4 de agosto de 2005 y el 3 de abril de 2006 Cementos Progreso solicitó la licencia de la explotación que a partir de ese momento se llama “San José Micensa” en la finca San José Ocaña, de San Juan Sacatepéquez.[3] Los planes eran que se convirtiera en su planta de producción más grande, produciendo 2.1 millones de toneladas de cemento al año, esperando extraer materia prima aproximadamente por un periodo de cerca de cien años “para atender eficientemente el mercado nacional y regional y que su inversión superaría los U$200 millones”.[4]

La Familia Novella

Para Luis Solano la familia Novella tiene estrechos lazos con la familia Widmann a partir de sus coincidencias y financiamiento dentro del Opus Dei de la Iglesia Católica, siendo los Novella una de las principales financista de su fundación. Además de su trayectoria y participacion anti comunista y contra revolucionaria.[5] Esta relación familiar y empresarial los vincula directamente con la conflictividad generada contra comunidades maya Q’eqchís del Valle del Polochic desalojadas violentamente por los Widmann y la familia Pellas Chamorro (Nicaragua) en el año 2010 para garantizar el funcionamiento del Ingenio Chabil Utzaj.

El matrimonio que se gestó en 1954 entre Maegli Müeller y María Marta Julia Novella Wyld, amplió el poder económico y político de ambas familias. En 1996, obtendrán la presidencia de Cementos Progreso, núcleo de la riqueza del Grupo Novella.[6]

Además son una de las familias que provienen de la oligarquía criolla.[7] Desde 1901 se dedican a esta actividad industrial, primero en La Finca Pedrera – en el norte de la ciudad capital, actual zona 6- y después en Sanarate -actual departamento de El Progreso-. Ante la dificultad de mantener el virtual monopolio que había durado un siglo, se abrió a las tendencias de la transacionalización y en el año 2003 vendió el 20% de su capital a la suiza Holcim, la mayor cementera del mundo. [8]

La Consulta Comunitaria [9]

Ante estas intenciones de Cementos Progreso, las autoridades comunitarias de las comunidades empezaron a buscar información sobre los efectos que la instalación de una planta cementera podría ocasionar en sus vidas, De las reuniones fue surgiendo la idea de organizar una consulta comunitaria, como ya se habían hecho otras en el país. Los representantes comunitarios solicitaron a la Municipalidad que se realizara una consulta, y ésta -en una actitud ambigua- aceptó que se realizara, pero en una fecha demasiado cercana como para que saliera bien: el 15 de abril de 2007.

Buscando información sobre impactos ambientales y cómo hacer la consulta, las autoridades comunitarias se encaminaron a la organización medioambiental Madre Selva, donde les dijeron que tenían que retrasarla, pues no había tiempo para hacer todo el trabajo previo necesario. La Municipalidad primero aceptó retrasarla al 13 de mayo, pero en una sesión cerrada realizada el 27 de abril, el Consejo Municipal acordó revocar la consulta.[10]Ante esta resolución, los vecinos de las 12 comunidades decidieron hacerla ellos solos, por sus medios.

“Y entonces ahí es donde nos dimos cuenta que también la Corporación están totalmente ya comprados por la empresa. Pero con la buena voluntad de las comunidades dijeron: ‘no, tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo porque estamos en base de ley, no podemos violar una ley porque se programó’”.[11]

Los vecinos organizados consiguieron el apoyo de la Asociación de Abogados Mayas, la Universidad de San Carlos y la Procuraduría de los Derechos Humanos –PDH-, y el 13 de mayo, como estaba programado, se realizó la consulta comunitaria de buena fe en las 12 comunidades que se estaban organizando en contra de la empresa cementera. En la consulta participaron 8,940 personas, de las cuales 8,936 votaron en contra de la construcción de la cementera y 4 personas votaron a favor de su instalación. El 30 de mayo una marcha llevó el memorial con los resultados a la Municipalidad de San Juan Sacatepéquez. Más tarde con apoyo de la CONIC se entregaron a la Procuraduría de Derechos Humanos, el Congreso de la República y el Ministerio de Energía y Minas.

La empresa no hizo ningún caso ni se dio por enterada de la actividad. Recientemente había conseguido un estudio de impacto ambiental favorable de parte del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (resolución ECM/KC 185-2007-ECMK), y que el Ministerio de Energía y Minas le otorgara la licencia del derecho minero “San José Mincesa”, con base en la resolución número 00805 de fecha 17 de abril de 2007.[11]

30 de junio gran Movilización contra la militarización

En el marco del día nacional e internacional contra la desaparición forzada en Guatemala, el 30 de junio del 2012, las doce comunidades realizaron una de las mas grandes movilizaciones que se han presenciado en el territorio de San Juan Sacatepequez. Más de 18 mil personas del pueblo Kaqchikel, organizaciones campesinas e indígenas y organizaciones populares se sumaron el 30 de junio hace un año para demandar al Estado y Municipalidad el retiro inmediato de la Brigada Militar, el pleno respeto de la Consulta Comunitaria de Buena Fe y la cancelación de la licencia de exploración y explotacion minera de la empresa Cementos Progreso.

Durante esta jornada de movilización el alcalde Gustavo Bracamonte acompañado por el Consejo Municipal ante la presencia de las autoridades comunitarias aceptaron respaldar sus demandas y firmaron un acuerdo para que el día 02 de julio el Consejo Municipal en pleno elaborara un Acuerdo Municipal para solicitar el retiro inmediato de la Brigada militar “Héctor Alejandro Gramajo”. Gustavo Bracamonte se comprometió con las comunidades de San Juan Sacatepéquez de entregar el documento oficial el día 06 de Junio en una nueva reunión en la municipalidad.

Ante la presencia de las autoridades comunitarias concejales de la municipalidad excusaron la inasistencia del alcalde municipal alegando que se encontraba en la ciudad capital participando de una reunión en la casa presidencial, pero que en esa reunión él personalmente haría entrega de dicha solicitud al presidente.[12]

Exactamente un año después, 30 de junio 2013, las demandas y exigencia de las doce comunidades Kaqchikeles continúan sin ser atendidas y resueltas, en una clara violación de los derechos colectivos de los pueblos originarios.

Por otro lado la presión de la empresa Cementos Progreso sobre el gobierno central, la municipalidad de San Juan Sacatepéquez y grupos patrocinados por la empresa afines a Cementos Progreso que continúan haciendo mas profunda la conflictividad, agresiones contra lideres y lideresas comunitarias y violaciones de derechos humanos.


[1] Prensa Comunitaria. Rivera Nelton. Anillo regional aumenta la conflictividad en San Juan Sacatepéquez. Guatemala 25 de mayo 2013.

[2] Prensa Comunitaria. “Sembrar un árbol para cosechar Vida” Doce Comunidades Kaqchikeles. Guatemala 8 de junio 2013.

[3] Mario Celada Villatoro. Criminalización, control social y represión de las comunidades en resistencia De San Juan Sacatepéquez, Guatemala y su lucha contra la cementera, 2006 – 2010-.

[4] El Periódico. Sección Estrategia y Negocios. Guatemala 25 de enero de 2005.

[5] El Enfoque. Solano Luis. Valle del Polochic: el poder de dos familias. 9 de mayo 2011.

[6] Ibidem.

[7] Casaús Arzú, Marta Elena. Guatemala: Linaje y racismo. Guatemala: F&G Editores, noviembre de 2010, 4ta. Edición.

[8] Mario Celada Villatoro. Criminalización, control social y represión de las comunidades en resistencia de San Juan Sacatepéquez, Guatemala y su lucha contra la cementera, 2006 – 2010-.

[9] Análisis sobre San Juan Sacatepéquez. Equipo de análisis e información “La Movilización Comunitaria”. Santiago Bastos, Quimy De León, Dania Rodríguez. Guatemala 2013.

[10] Mario Celada Villatoro. Criminalización, control social y represión de las comunidades en resistencia De San Juan Sacatepéquez, Guatemala y su lucha contra la cementera, 2006 – 2010-.

[11] Entrevista a vocero y lider comunitario, Doce Comunidades Kaqchikeles de San JuanSacatepéquez. 2012.

[12] Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej. Consejo Municipal da la espalda a las Comunidades en San Juan Sacatepéquez. 7 de julio 2012.

www.albedrio.org

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