El canal de Nicaragua y China

canal1Por Álvaro Velásquez –

La Asamblea Nacional de Nicaragua dio luz verde a que a una empresa china con sede en Hong Kong, comience los estudios para la construcción del Gran Canal de Nicaragua. Apuesta en la que el gobierno sandinista de Daniel Ortega se ha involucrado. Otra ley aprobada el año pasado crea la Autoridad del Gran Canal que prevé una participación para el Estado nicaragüense del 51% en dicho proyecto.

El grupo chino que hará la inversión es el HK Nicaragua Canal Development Investment Co. Limited (HKND Group), cuyo estudio de prefactibilidad debe estar listo para mayo del 2014. Porque el proyecto contempla un canal húmedo para naves y uno seco ferroviario. Además de oleoductos, puertos, zonas de libre comercio tanto en el litoral Caribe como en el Pacífico y dos aeropuertos internacionales en cada punto, demorará unos 10 años en construirse y costará 40.000 millones de dólares.

Se prevé que el Gran Canal saque a Nicaragua de la pobreza e incluso atraiga a miles de trabajadores centroamericanos. Triplicaría el PIB nicaragüense que actualmente anda en 5.2%. Si bien el tamaño de su economía no es comparable con la de Guatemala, sus indicadores sociales y de seguridad son mucho mejores que los nuestros, por ejemplo, su población estudiantil alcanza el 90% y un gasto en salud de 3% del PIB.

Por ello, da risa escuchar cuando el anticomunista más duro nos dice: “¡vaya que no somos como Nicaragua!”, cuando nuestros datos son de vergüenza mundial y la cosa es aquí en Guatemala conviven Miami y Haití en solo país.

Como sea, dentro de Nicaragua él Gran Canal cuenta con el respaldo de todos los grupos políticos así como de las Central Sandinista de Trabajadores (CST) y la Coordinadora Sindical de Nicaragua (CSN) quienes anunciaron su “apoyo patriótico” a la ley. Sin embargo la derecha liberal y a la disidencia sandinista, así como el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) han presentado diversas objeciones relacionadas con la soberanía nacional y/o con los precios de mercado de las propiedades (la ley prevé expropiaciones y compraventa a precios catastrales), además del sistema de escáneres que preciaría ad-valorem los productos en las aduanas. Ciertamente el inversor exige que Nicaragua ponga sus reservas internacionales como garantía. Es decir, hay razones válidas pero también oportunismos para las oposiciones.

Y ya en el ámbito internacional las objeciones que se han escuchado son dos: 1) La cuestión geoestratégica con Estados Unidos; 2) el conflicto limítrofe con Costa Rica. Con respecto al primer punto el Departamento de Estado no se ha pronunciado. El embajador estadounidense en Nicaragua dijo que había sido informado pero que la idea le parecía interesante. Se sabe que el hecho de que el Gran Canal haya sido concedido a un grupo privado calma los temores estadounidenses pero nadie niega que el propio gobierno chino tenga claros sus intereses en el proyecto.

Solo esa hipótesis, inviabilizaría cualquier participación de Taiwán en la licitaciones del Canal Seco guatemalteco, porque para ellos sí sería una competencia innecesaria con Beijín.

Parece que el mundo gira alrededor de China, mientras que nosotros, por lealtad ideológica y migajas, seguimos con Taiwán. ¿Y Costa Rica?, siendo aliada ya de China en la Región, el canciller tico Enrique Castillo, declaró: “No tenemos objeción sino que vemos con agrado y entusiasmo que Nicaragua pueda construir una obra que contribuya a su desarrollo”, siempre que no afecte los derechos costarricenses en las riberas del San Juan.

Nota. Un lector me cuestionó mi supuesta hipocresía de oponerme a las inversiones extranjeras o concesiones en Guatemala y apoyar la de Nicaragua. Le respondí lo siguiente que creo que complementa este artículo. “Guicho. Nadie sensato se opone a las inversiones extranjeras. los demócratas renegamos eso sí de las condiciones en que estas se realizan, que son al menos cuatro condiciones que en Guatemala no se cumplen: 1) respeto a la soberanía nacional y sus leyes. 2) respeto y cuidado del medio ambiente; 3) respeto de las comunidades donde se realicen y 4) derechos humanos y laborales. Por lo general alguna de esas condiciones presenta déficit porque a la larga hay negocio perfecto. Pero en el caso guatemalteco, el modelo neoliberal y sus leyes y las élites voraces que las han impuesto, han tenido tres actitudes con respecto a las IED: a) Venta al mejor postor y barateado los recursos nacionales (Minerías); b) Concesiones simuladas y ajenas al Congreso de la República o de cualquier gesto de transparencia (Puerto Quetzal); c) renuncia del Estado a cualquier participación decorosa. Con esa política de pantalones bajos, toda IED es rapiñosa y golondrina a los socios locales que tienen sus cuentas en Bahamas o Panamá les dejan migajas del negocio pero los hace más millonarios. En el caso del Gran Canal, para la envergadura del proyecto se prevé una Concesión de 50 años, prorrogables bajo requisitos más estrictos que un cruce de cartas. Un proyecto donde la Asamblea Nacional vuelve legitimo cualquier iniciativa. Aquí, ni toman en cuenta al Congreso ni la clase política es seria en nada.

www.albedrio.org

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