¿A dónde vamos?

CPR

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Miguel Ángel Sandoval
Lo ocurrido en los últimos días en Jalapa y Santa Rosa había sido advertido, no con días, sino con meses y años de anticipación. Todo debido a que una empresa minera, Tahoe Resourses, venía operando en medio de la más absoluta ilegalidad. Esto es que, sin licencia autorizada, inició la construcción de la infraestructura minera. Ello a ciencia y paciencia de funcionarios de por lo menos dos gobiernos.

Mientras, se iba gestando un clima de insatisfacción por parte de comunicados de Jalapa y Santa Rosa. De manera pacífica, con participación de sectores de maestros, Cocodes, sectores de la Iglesia, y del parlamento xinca, se realizaron múltiples actividades para expresar la oposición a los trabajos de la mina. Una de esas actividades que recuerdo con mucha simpatía fue la Marcha de Las Flores, en donde los vecinos dejaron flores al límite de la propiedad de la mina. Hay por ahí algún video y nadie que lo vea puede, en su sano juicio, hablar de terrorismo o cosas por el estilo.

Adelante se realizaron las consultas comunitarias de buena fe, al amparo del Convenio 169, que es bueno recordar, constituye ley nacional, pues aprobado y ratificado tiene esa categoría. Para entonces, varios alcaldes apoyaron algo totalmente legítimo: consultas democráticas organizadas por la población y no por intereses oscuros, como dicen algunos funcionarios que no entienden de la misa la mitad. Estas consultas concluyeron con más de 90 por ciento de oposición a la instalación de la empresa, que como si no era con ella continuó haciendo de las suyas y organizó un grupo de seguridad que por varios años se ha dedicado a provocar, esa es la realidad.

En otras palabras, la ilegalidad de la mina, la presencia de grupos armados al servicio de la mina, el irrespeto de las consultas comunitarias (la voluntad popular democráticamente expresada) es lo que en estos días ha estallado. Ante esto, funcionarios de Estado dicen con la mano en la cintura: “vamos a aplicar la ley, y vamos a deducir las responsabilidades del caso”.

Quiero hacer un par de preguntas sementales: ¿la democracia es únicamente la que entienden los funcionarios o la que ejercen los ciudadanos? ¿Las mineras tienen licencia para disparar y matar a las comunidades que exigen sus derechos? ¿Violar el Convenio 169 se considera legítimo por algunos funcionarios?

¿Sigue creyendo la gente informada que el uno por ciento de regalías es un buen negocio para Guatemala? ¿Siguen insistiendo en que eso trae beneficios a la gente que no quiere ese modelo de desarrollo basado en las limosnas y que destruye el medioambiente?

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