Se juzga a los genocidas pero se combate a los q’anjob’al que defienden su territorio

rereMarta Molina
La Jornada

Huehuetenango, Guatemala

Mientras prosigue el juicio contra el ex general Efraín Ríos Montt, quien aterrorizó al país durante la dictadura de los años ochenta y es juzgado por crímenes contra la humanidad, el actual gobierno reprime con violencia a la población maya que se organiza para defender sus tierras de la extracción de recursos por compañías extranjeras. A la llegada de un gobierno de ex militares expertos en inteligencia y contrainteligencia, quienes fueron piezas clave durante la guerra, Guatemala se vuelve a militarizar.

Durante años, la población q’anjob’al se ha organizado en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, para defender su territorio contra un megaproyecto hidroeléctrico de capital español en el río Q’ambalam. A pesar de la represión, el hostigamiento y hasta la implantación de un estado de sitio durante 17 días en mayo del 2012, siguen luchando por su río, su territorio y sus derechos. Bajo el lema “Todos somos Barillas” conquistaron la liberación de los presos políticos el pasado 9 de enero, después de 242 días de su detención ilegal.

“El agua es vida y este proyecto sólo nos trae muerte y violencia”, comenta Micaela, vecina de la comunidad Cantón Recreo B, que desde 2007 se resiste a la implantación de la empresa Ecoener Hidralia Energía-Hidro Santa Cruz en el río que pasa a escasos metros de su casa.

El proceso de consultas, la vía del diálogo, la organización comunitaria y la movilización pacífica siguen siendo las formas de lucha de las comunidades aledañas que se oponen a los proyectos hidroeléctricos Q’ambalam I y II. El rechazo a las transnacionales, en concreto Hidro Santa Cruz, se evidenció en varias asambleas comunitarias y Consultas de Buena Fe. Aún así, la empresa empezó a trabajar en la zona.

“Nuestras demandas están no sólo en las actas de las reuniones de los pueblos de Santa Cruz Barillas, que desde 2007 exigen que se vaya la empresa, sino también en las calles y comunidades”, comenta Hermelinda Simón. Consciente de la división impulsada por la empresa y el gobierno, se dedica a tareas de información y capacitación en organización comunitaria para sensibilizar a los vecinos sobre los impactos de los megaproyectos en el territorio.

La empresa promueve su imagen de “limpia y benéfica para la comunidad” argumentando, en palabras de Hermelinda, “que todo lo que genere será para el pueblo, que sembrará arbolitos, dará empleos a los hombres y a las mujeres trabajo porque lavarían sus pantalones”. Pero aún hay comunidades muy retiradas del río y no tienen completa la información. Aprovechando esta situación, “la empresa ha hecho una publicidad tremenda a través de la red de cable y radio local, y ha comprado gente para que vaya a las comunidades a mal informar los supuestos beneficios y nunca las desventajas”. Los líderes comunitarios van comunidad por comunidad y puerta por puerta a informar de las consecuencias del proyecto hidroeléctrico para su vida cotidiana.

Mientras crece la organización de las comunidades aledañas al Q’ambalam, el gobierno inició, en 2011, la persecución penal contra sus líderes. En mayo pasado, Hermelinda, por ejemplo, fue acusada de detención ilegal, narcotráfico, desorden público, coacción y terrorismo. No es la única que recibe estas acusaciones. Según explica Carlos Manuel Bezares, abogado del caso Barillas, el gobierno utiliza la figura de terrorismo para perseguir a las comunidades en resistencia y a las organizaciones, considerando que la toma de carreteras y las movilizaciones son “actos terroristas”, y justifica la represión ante la opinión pública.

Así como sucedió durante la guerra civil, se hostiga a los líderes comunitarios en varias regiones del país. El pasado 4 de octubre, los k’iche organizaron una protesta pacífica en el departamento de Totonicapan contra el alza de tarifas eléctricas, la instalación de hidroeléctricas y la explotación minera. La represión del ejército dejó ocho comunitarios muertos. Esta reconfiguración ideológica del “enemigo” como “terrorista” implica una nueva contrainsurgencia en la que se quiere vincular a los líderes sociales y sus demandas con los intereses del narcotráfico y el crimen organizado. El caso más reciente es el de Rubén Herrera, detenido el 15 de marzo. Oponerse a la empresa puede costar la vida o prisión.

“La compra de terrenos aledaños fue otra estrategia de Hidro Santa Cruz para dividir a los vecinos organizados y asentarse al lado del río”, afirma Hermelinda. Uno de los comunitarios a quien ofrecieron comprarle su terreno fue Pablo Antonio Pablo. Se negó. Tiene 59 años y el pasado 1 de mayo recibió un tiro el brazo cuando asesinaron a su compañero, el campesino Andrés Francisco Miguel. Parece que el atentado iba contra Pablo, por negarse a vender. Un año después pasea por el camino donde fue baleado y cayó muerto Andrés. Ante a una cruz de piedra asegura que si no pierden el miedo no podrán seguir luchando. A sus palabras se suman las vecinas del Cantón Recreo B: “Ya quitaron a nuestros abuelos, abuelas y antepasados de sus casas durante la guerra. ¿Y ahora, a dónde nos quieren mandar?” comenta en q’anjobal una mujer indignada.

“Cuando el pueblo se organiza, sufre represión, aunque sea pacífico”, comenta Pablo. En otras regiones de Guatemala donde se están organizando contra la imposición extractiva enfrentan la misma violencia. El 17 de marzo asesinaron al líder xinka Exaltación Marcos en la comunidad de la montaña Santa María Xalapán, Jalapa, y torturaron a otros tres; regresaban de una reunión donde se discutió la organización de una consulta comunitaria sobre minería en Mataquescuintal.

“Quieren imponernos el miedo, como hicieron los que están siendo juzgados hoy”, comenta Rocael, de 21 años y vecino de Barillas. Lo que cuenta demuestra que la represión no es sólo parte del pasado de Guatemala. En mayo, cuando se anunció el estado de sitio, huyó a las montañas con su mamá embarazada. Otras familias huyeron a la frontera con México. Por primera vez en su vida, Rocael entendió el miedo de sus abuelos durante el conflicto armado (1960-1996), “cuando el ejercito los expulsó de sus casas con el pretexto de que eran guerrilleros y tenían armas”.

“Desde que se vino la empresa está la violencia”, comenta Micaela, vecina y organizadora del movimiento anti-hidroeléctrica. La zona quedó militarizada. Según Bezares, podrían militarizarse otras regiones donde se quiere impulsar proyectos extractivos, por ejemplo La Puya.

Un hombre mayor explica en q’anjob’al que es precisamente en comunidades que sufrieron la guerra donde se implantan los modelos de supuesto desarrollo. El mapa del conflicto armado pareciera coincidir con los proyectos extractivos.

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