No todo lo que brilla es oro

533Virgilio Alvarez
Es más que seguro que Ud. que lee estas líneas estudió en un establecimiento privado y que sus hijos lo hacen o lo hicieron también. Nada de extraño en esta afirmación, pues día con día se nos ha venido diciendo que la enseñanza ofrecida por los establecimientos públicos no es de calidad. Y estas afirmaciones no son de ahora, ni siquiera de esta década; son por lo menos setenta años de desprestigio diario y permanente de lo público y reivindicación de lo privado.

Si bien los primeros colegios establecidos en el país fueron católicos, a cargo de curas y religiosas que no fueron expulsados con la Revolución Liberal, es con la llegada de educadores cubanos que, exilados por ser independentistas, se les permite fundar algunos colegios a finales del siglo XIX. Uno que otro establecimiento se irá fundando en los primeras décadas del siglo XX, fuera porque algunos grupos de élite querían enseñanza especial para sus hijos, fuera porque algunos religiosos “bondadosos” querían apoyar educando a niños pobres pues, a pesar de que el postulado liberal de educación laica, gratuita y obligatoria estaría en todas las constituciones políticas que en esos años se redactaron, en ningún momento se han hecho esfuerzos coherentes y reales para lograrlo, con la excepción, claro está, de los 10 años que duró la Revolución de Octubre. No obstante todo ello, no es sino con el triunfo de la Liberación en 1954 que se inicia el boom de la enseñanza privada, alcanzando su ápice luego del terremoto de 1976, cuando los que dirigían el régimen militar decidieron ponerse entre la bolsa cuanto recurso público pudieron, bajo el pretexto de que esa era la única forma de financiar la guerra contra el comunismo.

Es así como si bien en la enseñanza primaria el sector público atiende a un poco más de 80% de los niños, en el nivel medio, en especial en el diversificado, la proporción totalmente se invierte, atendiéndose a menos del 20% de los niños. Es cierto que en la actualidad la proporción de niños de ciclo básico atendidos por el sector público ha aumentado, pero es necesario dejar claro que lo son en una pseudo enseñanza, llamada pomposamente de telesecundaria, en la que escasean desde docentes hasta libros y materiales de trabajo.

Pero resulta que la enseñanza privada no necesariamente es de mejor calidad que la pública, pues muchos de los docentes laboran en ambos sectores y, si bien ellos mismos tienen a sus hijos en colegios y “colegitos” y, según un estudio realizado por nosotros hace algunos años, se dicen a sí mismos maestros excelentes, son ellos mismos quienes afirman que la enseñanza pública (donde ellos laboran) es de mala calidad.

Los gastos en escolaridad privada de los hijos absorben entre el 15% y 25% de los ingresos de las familias, pudiendo llegar a ser una proporción mayor si los padres quieren un colegio “bien”, adonde vaya gente “como uno”, dado que el prestigio de los establecimientos se mide más por el precio que por la enseñanza recibida. Y los dueños de colegios, como todo “emprendedor” que se aprecia, se opone a cualquier evaluación que permita mínimamente transparentar ese mercado, con lo que los padres de familia tienen que escoger colegios con base en ntuiciones y al lenguaje de los precios que supone, falsamente, que a más costo mejor calidad.

Reacias al pago de impuestos, las clases medias no han logrado asumir que el sector público también lo pagan ellos, y que el gasto familiar sería mucho menor y de mejor rédito si en lugar de pagar a un proveedor privado que oscurece y esconde toda información sobre sus procesos escolares, pagasen talvez un poco más en impuestos, pero tendrían la posibilidad de exigir mejor calidad, dado que el prestador del servicio no es un comerciante sino un funcionario público.

Claro, aquí hay un elemento que ha corrompido la ecuación: las plazas de maestros, director y de funcionario público no se obtienen a base de méritos y calidad, sino como supuesta dádiva clientelar. Pero si el ciudadano, pagador de impuestos, también fuese beneficiario de la enseñanza pública, sería también capaz de exigir un sistema profesional de selección de servidores públicos, para este caso los maestros, pudiendo además ponerle un alto al clientelismo político.

De esa cuenta y contrario a lo que se supone, la calidad de la educación solo mejorará si es ofrecida por el Estado, ya que entonces serán los actores más activos: las clases medias, quienes lo fiscalicen.

Tomado de Sigloxxi.com

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