Tres tésis sobre el caso Rios Mont

ros2Por Álvaro Velásquez –

Primera tesis. Es un caso de venganza y linchamiento mediático. Muchos sostienen esta teoría: lo que está ocurriendo en Tribunales contra el general Efraín Ríos Mont es una “jugosa” conspiración entre ONGs de derechos humanos teniendo a entidades del Estado como el Ministerio Público, a la Procuraduría de los Derechos Humanos y al cierto jueces del organismo judicial como peones de agentes internacionales, que tienen por objetivo desprestigiar al país y al Ejército con la acusación de Genocidio; cuya esencia es una venganza de ex guerrilleros que perdieron la guerra.

Muchos la han expresado, pero la persona más relevante que lo ha defendido es el Presidente de la República Otto Pérez Molina. El martes pasado en declaraciones para ampliar sus afirmaciones al respecto, sostuvo que “Esa figura (el genocidio) no corresponde a lo que pasó aquí. Quienes insisten en eso solo quieren dañar la imagen del país, poniéndonos al mismo nivel de los nazis y otros, lo cual es un insulto.” Pérez Molina no solo representa al Estado sino en su nombre estuvo presente en el territorio que hoy se disputa judicialmente. Lo que significa que el Presidente cree que aquí hubo, por decirlo así, una “guerra suave y una victoria limpia y rápida” que no merece mayor discusión.

Las variantes sobre los costos de la guerra en esta tesis pro-estatal varían: unos dicen que los excesos tal vez sí ocurrieron pero sin malas intenciones. Que de todos modos las cifras fueron pocas con lo que se alega. Que esa gente estaba en el lugar equivocado. La solución en cualquier caso es perdonar y olvidar puesto que a la generación joven, esas cosas ya no le importan.

Segunda tesis. Sí hay un caso judicial. Centenas de víctimas, sobre todo indígenas, que nada saben de “pactos de impunidad” entre las partes, han decidido que lo ocurrido durante la guerra fue tan cruento y aplastante, que la impunidad consciente no es una opción. Afirman que las pruebas de todo tipo se apilan para quien quiera verlas. Que la tierra arrasada fue una política de Estado.

De su parte, la defensa alega que no hay tal caso, que el encartado ya fue políticamente absuelto porque ha ganado elecciones en dichos territorios y que la población capitalina sintió paz durante su gobierno. Que todo se reduce, a un show. Mientras tanto, juegan al ajedrez legal con el tribunal para evitar o torpedear el juicio.

De su lado, las víctimas dicen: Ríos Mont no es el único responsable de las masacres, pero sí que es simbólico. Y en medio están los “neutrales” quienes piden que también haya ex guerrilleros enjuiciados para supuestamente equiparar las cosas.

Tercera tesis. Este es un juicio al Estado y a su clase dirigente. Se demuestra en el grado de polarización social que acompaña el caso. Que más allá de las simpatías a Ríos Mont o del delito invocado (el genocidio), se nota que enjuiciar a un ex Jefe de Estado, que representó la síntesis de una alianza de poderes que en nombre del anticomunismo luchó para mantener el statu quo, es un juicio histórico que les interpela y por ello es inadmisible.

Eso explicaría que tanto liberales, conservadores, extremistas de derecha, cúpulas empresariales y el gobierno de turno que les representa, todos estén del mismo lado, negando que el costo de su dominio en el pasado inmediato haya implicado terrorismo estatal en vez de un consenso frugal.

En términos teóricos se mide, la capacidad de la democracia de interpelar a la dictadura. Pero en términos democráticos sería el signo de una justicia independiente y madura.

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